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México está atrapado en el laberinto de sus instituciones. Una
compleja red de reglas informales y formales, complementada
por una ideología política —entendida como el conjunto de percepciones
y formas de ver las cosas compartido por la sociedad mexicana sobre la
naturaleza y la forma de actuar del poder—, ordenaba la manera de hacer las cosas
durante el régimen de la Revolución mexicana. Los actores políticos sabían jugar
con ellas y había estabilidad. Aquellas reglas se habían articulado en una época en
la que todavía México era predominantemente una sociedad rural y la complejidad
incipiente de la sociedad urbana hizo relativamente sencillo su encuadramiento en
organizaciones corporativas. El cambio
demográfico y la urbanización acelerada
hicieron surgir nuevos actores políticos
y nuevas demandas sociales que gradualmente
fueron dejando de ser procesadas
por la compleja maquinaria política
y la estabilidad de la época dorada
se fue disolviendo en movilizaciones de
masas y grupos guerrilleros.

Las reformas emprendidas desde
1977 abrieron el arreglo político y lograron
incorporar nuevos actores al
juego de las reglas formales protodemocráticas;
las reformas de 1996, finalmente,
introdujeron un cambio mayor
en el sistema de reglas, lo que abrió un
espacio de incertidumbre, con resultados
desconocidos hasta entonces por
los jugadores: por primera vez el presidente perdía el control del Congreso y se
limitaba sustancialmente la arbitrariedad de la que había gozado el hasta entonces
prácticamente omnímodo poder del, al tiempo, jefe de Estado y jefe de gobierno. A
pesar de sus taras y de la desigualdad que reprodujo, no se puede negar la eficacia
de la maquinaria de control político, que brindó estabilidad por 70 años con una
utilización muy reducida de la violencia estatal. Se trató de un régimen excepcional
en el entorno mundial de su tiempo y con una enorme capacidad de adaptación.

El presidente de la República era, a la vez, el que tomaba las decisiones fundamentales
en cuanto al manejo de la economía y los derechos de propiedad; el que decidía
cuándo, cómo y cuánto se usaba la fuerza pública; el que repartía el acceso a las rentas
del Estado —tanto a las formales, producto exiguo del débil sistema fiscal y de los
ingresos de los monopolios estatales, como a las informales, incluidas todas las producidas
por la corrupción y la venta de privilegios, que fueron durante un largos años
la principal fuente de ingresos de buena parte de los funcionarios del Estado, al grado
de que quienes ocupaban altos puestos burocráticos o de elección se enriquecían sustancialmente—
y quien arbitraba en última instancia todos los conflictos políticos.

Si se le ve en el largo plazo, la presidencia del periodo del régimen del PRI fue
el resultado de la estabilización de un conjunto de reglas que se fueron creando incrementalmente desde 1824, cuando se imprimió el régimen
presidencial, copiado prácticamente sin cambios del modelo
norteamericano, en el papel de la Constitución. A partir de
entonces y hasta 1935, con el largo intermedio de la {pax porfiriana},
el conflicto entre lo que decía la Constitución y la
operación del arreglo político derivó en lucha de caudillos o
contienda armada. Los civiles no duraban en el cargo pues los
espadones los sacaban, apoyados por sus redes de clientelas, a
las que brindaban protección a cambio de apoyo político. El
primero fue Guerrero, en 1828. Como no le gustó el resultado
de la elección, se reveló contra el ganador y se hizo por la
fuerza con el poder, apoyado por el motín popular.

A la Constitución del 24 siguieron la del 36 y la del 43, pero
ninguna sirvió para estabilizar
la lucha política. Las reglas
formales no satisfacían a
quienes estaba en competencia
por el control del territorio
y la población, pues no existía
un buen sistema de reparto de
las rentas, de ahí que los caudillos
prefirieran utilizar a sus
huestes armadas para hacerse
con el botín de los dineros públicos
y repartirlo arbitrariamente
entre sus clientelas de
manera asaz abusiva.

Sólo después de un periodo
largo de guerra civil
e intervención extranjera,
pudo una maquinaria precariamente
disciplinada, con
proyecto político ordenador,
hacerse con el control del
país e impulsar su idea de la manera en la que el Estado debía
regular los derechos de propiedad. La legitimidad de la coalición
triunfadora, con Juárez a la cabeza, se justificaba en una
forma legal de competir por el poder y acceder a él claramente
democrática. La idea de que el voto universal era la fuente
legítima del poder, y de que éste se ejercía limitado por una
serie de pesos y contrapesos, plasmada en la Constitución de
1857, regía la construcción simbólica del poder de Juárez. Sin
embargo, las reglas establecidas para llevar a la práctica el ideal
político no servían para procesar la disputa real por el poder.
Si el problema de 1824 había sido que el sistema de reparto
no funcionaba y que el tiempo de espera para los perdedores
era un incentivo para la rebelión, a partir de 1857 el conflicto
se daba en la relación entre el ejecutivo y el legislativo, pues
la independencia de los legisladores se convertía en una serie
permanente de obstáculos para el ejercicio del poder, a la vez
que la competencia electoral no se daba entre partidos que
buscaban el voto de sus conciudadanos, sino entre caudillos
capaces de movilizar clientelas y hacer fraudes. Sólo cuando
el fraude electoral comenzó a estar centralizado y el control
de quienes resultaban elegidos quedó en manos del presidente
Juárez, durante la República restaurada, entonces se estableció
un pacto de estabilidad. Díaz perfeccionó el sistema y generó
un complejo sistema de circulación política con él en la posición
de árbitro final, de manera en que todo intento de indisciplina
política en cualquier tramo de la carrera podía resultar
suicida, mientras que la disciplina y la lealtad eran premiadas
con prodigalidad. Así, Díaz controlaba a los poderes formales
del Estado y a los de los estados sin disolverlos y con un aparente
apego irrestricto a la institucionalidad formal.

En, desde mi punto de vista, el mejor tratado de derecho
político que se ha escrito en México, {La Constitución y la dictadura},
Emilio Rabasa argumenta que la dictadura de Porfirio
Díaz fue el resultado del
fracaso de la Constitución
de 1857 a la hora de regular
la disputa política. Para
él los problemas centrales
eran las excesivas facultades
del Congreso para limitar al
ejecutivo, tan amplios que
se convertían en una camisa
de fuerza, y la extensión del
voto: “La Constitución de
1857 otorgando como derecho
e imponiendo como
obligación el voto a todos los
varones mayores de 21 años,
estableció el sufragio universal
en un pueblo analfabeta,
ignorante y pobre, con una
amplitud que no tiene en los
países más cultos de Europa
y América”.

Si se ve históricamente la cuestión, puede que Rabasa tuviera
razón. El régimen de Díaz fue una solución pragmática
y autoritaria a los problemas de gobernabilidad que planteaba
el idealizado orden constitucional.

El programa de Madero no fue otro que el de la Constitución
de 1857: las reglas legítimas ya estaban escritas, sólo
había que cumplirlas. La sacralización del ideal constitucional
liberal había brindado frutos inesperados: en su nombre se
hacía la Revolución. Y Madero llegó a la presidencia a poner
en vigor la Constitución formal. Su problema no fue electoral,
pues accedió a la presidencia con una popularidad y con un
apoyo político que lo hizo candidato único. Nadie le disputaba
la legitimidad. Nadie excepto el Congreso. El Senado era el
mismo elegido para el trunco sexenio de Díaz, para concluir
con el cual fue electo Madero, mientras que la Cámara de Diputados
fue elegida en 1912 y su composición plural implicaba
una mayoría antimaderista que si bien no estaba articulada
para constituir una oposición sólida al presidente, sirvió para
debilitar a Madero y para crear las condiciones políticas para la
rebelión fallida y el golpe militar exitoso. Esa misma legislatura, electa democráticamente, fue la que legitimó la presidencia
de Huerta, aun cuando después el tiranuelo la disolvió.

En nombre de la Constitución ganaron los constitucionalistas,
pero el conflicto entre el ejecutivo había renacido cuando
se le cortaron las ataduras del poder patriarcal y patrimonialista
de Díaz. Y reapareció desde entonces cuantas veces se le
dejó en libertad. El caso de Obregón enfrentado al Partido
Liberal Constitucionalista lo he narrado en estas mismas páginas
hace tiempo: la utilización de modestos cañonazos de
tres y cinco mil pesos —contra los 50 mil que valía la lealtad de
un general de la Revolución— para controlar legisladores interesados
en sus bases políticas locales. Y desde entonces hasta
la fundación del Partido Nacional Revolucionario y la eliminación
de la reelección inmediata de legisladores. El arreglo
informal que se fue construyendo y que alcanzó su madurez
hacia 1946, se basó de nuevo, como el porfiriato, en el arbitraje
centralizado del presidente de la República, la sumisión del
legislativo y el judicial al ejecutivo, las elecciones ficticias. Sin
embargo, fue un avance sustancial en la construcción de un
poder limitado: el periodo presidencial se limitó a seis años de
manera estricta y se creó un mecanismo eficaz para procesar
la sucesión sin grandes sobresaltos y disputas.

Pero volvamos al día de hoy. Una vez eliminado el superpresidencialismo
y en plena vigencia la Constitución de 1917,
igualmente sacralizada como programa, de nuevo está fracasando
para procesar con eficacia el conflicto político. En el
mejor de los casos, lo está haciendo de forma mediocre. De
nuevo se han mostrado sus dos taras históricas, pues desde
1997 se ha reabierto el conflicto entre ejecutivo y legislativo
y en la última elección vimos cómo el arreglo era poco eficaz
para contentar a un perdedor con fuerza. Si las legislaturas de
los últimos 18 años se han comportado de manera parecida a
aquella a la que Comonfort quiso disolver, o a la de 1912, que
debilitó a Madero, o como aquella a la que Obregón sobornó
para disolver las lealtades partidistas, ahora no existen condiciones
para que el presidente encuentre una solución paralela
a la constitucional, ni para que el orden constitucional sea
suspendido por un poder de facto; lo que queda es un ejecutivo
que navega en la mediocridad de una actuación limitada
enormemente por la negociación política desordenada.

Y por si fuera poco, en la elección de 2006 se hizo evidente
que tampoco contenta a los perdedores. La reacción de López
Obrador recuerda, toda proporción guardada, a la de Vicente
Guerrero; no es casualidad. La perspectiva del hombre que llevó
al PRD a convertirse en la segunda fuerza política y estuvo
a punto de hacerse con la presidencia de la República era irse
a su casa. Sólo la resistencia se le presentaba como posibilidad
de permanencia en la escena una vez derrotado.

Es hora del rediseño. Llegó el momento de que sean reglas
claras y legítimas —legales—, las que brinden certidumbre
al intercambio social y no la personalización autoritaria con
privilegios particulares que ha funcionado establemente a lo
largo de la historia mexicana. Se trata de hacer conciliables la
gobernación eficaz con la pluralidad democrática a lo largo
del tiempo. Es decir, estabilidad y eficacia en el marco de una
democracia plural. Y si esto es necesario, es indispensable ver
más allá del arreglo presidencialista.

El arreglo presidencial del tipo que tenemos no podrá
funcionar eficazmente sin recortar pluralidad y ni siquiera
eso garantizaría su operación. El conflicto entre ejecutivo y
legislativo está debilitando seriamente la capacidad de acción
de los ejecutivos de casi todos los países latinoamericanos,
cuando no está afectando seriamente la estabilidad política o
ha sido suprimido a través de imponer la supremacía de un
ejecutivo que margina o maniata al Congreso. Y en México
tenemos enfrente la enorme posibilidad de una sucesión de
gobiernos capaces únicamente de producir resultados mediocres
por el jaloneo desordenado entre fracciones legislativas
poderosas —con posibilidad de veto—, al tiempo que el mayor
poder de los gobernadores, amparados por la forma actual del
federalismo constitucional, también limita al poder central.

La experiencia histórica nos dice que es hora de intentar
otro diseño constitucional para la relación entre poderes. Y hay
dos vías: o se mantiene un arreglo en el que ejecutivo y legislativo
están separados y se intenta un mecanismo que facilite la
cooperación política entre el ejecutivo y el legislativo a través
de la reducción de la representación, o se pasa a un arreglo en
el que el gobierno sea el responsable de mantener la disciplina
en el Parlamento, al tiempo que éste se convierte en lo que debe
ser: la arena de expresión de coaliciones políticas.

La versión radical de la primera opción implicaría formalizar
lo que durante el régimen del PRI se basó en instituciones
informales. Se puede capar al Congreso, disminuir el número
de diputados y concentrar el poder de nuevo en el presidente
de la República pero ahora constitucionalmente. Que de nuevo
la única elección que cuente sea la del presidente de la República,
con la única diferencia de que, ahora sí, la competencia
electoral entre candidatos sea auténtica y no esté predeterminado
el triunfo del PRI. Una opción menos arriesgada y menos
complicada de negociar políticamente sería la de eliminar
la representación proporcional y volver al sistema de mayoría
relativa. Esta solución, se dice, facilitaría la creación de mayorías
en el Congreso. Sin duda, desde Duverger sabemos que un
sistema de mayoría relativa tenderá al bipartidismo, siempre
y cuando los partidos nacionales tengan el monopolio del registro
de candidaturas. El arreglo de mayoría relativa donde el
primer lugar se lleva todo, independientemente de lo cercano
que esté su competidor, en México podría alcanzar para un
sistema de tres partidos, suficiente para que la formación de
mayorías estables siga siendo endemoniadamente complicada.
Además, nada garantiza que un presidente con mayoría en
la primera mitad de su mandato la mantenga en la elección
intermedia. Con el sistema bicameral que tenemos, es muy
probable que la mayoría opositora no sirva para nada más que
para obstaculizar al presidente con el objetivo de desprestigiar
a él y a su partido con miras a la elección siguiente. Los incentivos
para la cooperación son muy bajos y con reelección
parlamentaria se debilita la disciplina partidista y se propicia la negociación individualizada de
lealtades a cambio de prebendas,
pues cada voto cuenta en un sistema
de negociaciones personalizadas,
sin la intermediación de las
maquinarias partidistas.

No hay que olvidar, por lo demás,
que la representación proporcional
fue un elemento fundamental
para acabar con las movilizaciones
populares y el radicalismo
armado de los setenta. Eliminarla
sería como echarle gasolina a
los rescoldos de radicalismo que
sobreviven por ahí. Si bien en el
momento actual de la contienda
política la proposición puede parecerle
atractiva a los tres partidos
mayoritarios y abrirse paso como
reforma, los tres partidos perderían
si se elimina la representación
proporcional. Sería preferible,
entonces, empezar a diseñar un
juego donde los pactos políticos
se negocien en el Congreso y se
reflejen en el gobierno.

Es posible diseñar una nueva
presidencia de la República con carácter de jefe de Estado,
dotada de facultades reales de arbitraje político, con autoridad
sobre las fuerzas armadas y la fiscalía, con capacidad para disolver
la Cámara y llamar a nuevas elecciones legislativas y con
la facultad única para proponer al jefe de gobierno, siempre de
acuerdo al resultado de las elecciones legislativas y de entre los
líderes de los partidos con representación en los diputados.

Una presidencia que si bien perdería la jefatura de gobierno
—pues la delegaría en un diputado capaz de construir una mayoría
parlamentaria a través de pactos y coaliciones— tendría
un enorme poder político, ya que podría hacerle observaciones
a las leyes que le enviara el gobierno una vez aprobadas
por la Cámara y remitirlas al Senado para su arbitraje, tendría
iniciativa de reforma legal o constitucional prioritaria, propondría
al Senado las ternas para ministros de la Suprema
Corte, mantendría sus facultades respecto al nombramiento
de jefes militares, ampliadas hasta la propuesta al Senado del
los jefes de los Estados Mayores de las distintas armas, lo mismo
que de cónsules y embajadores. Sería el responsable último
de la política exterior y, en consultas con el gobierno, tendría
facultad para firmar tratados y acuerdos internacionales, para
que éstos fueran ratificados por el Senado y todas las demás
facultades con las que cuenta en la Constitución actual.

El presidente de la República podría adquirir algunas de las
características simbólicas que ahora se le exigen, aun cuando
no están en la ley. Por ejemplo, la de ser árbitro imparcial en
los conflictos políticos o el de garantizar la neutralidad de
los procesos electorales y, por supuesto,
no podría ser reelecto. Un
presidente de estas características
podría ser elegido a dos vueltas,
para garantizar suficiente respaldo
simbólico a sus facultades, pero
siempre en la medida de que la formación
del gobierno dependa de la
construcción de una coalición mayoritaria
entre los diputados y sólo
requiera del aval presidencial.

Un presidente de estas características
puede ser extremadamente
poderoso. Si utiliza bien sus facultades,
puede ser el actor definitorio
de la política nacional a pesar de
no ser el jefe de gobierno. Al ser un
cargo sin posibilidad de reelección,
en un juego con todos los cargos
electivos sujetos a la posibilidad de
ser reelegidos, sería una posición
de fin de carrera para los políticos,
lo que propiciaría que llegaran a él
preferentemente personas con una
trayectoria pública ya muy conocida
y probada.

En contraste, el jefe de gobierno
es un puesto para ser el centro de una carrera política, el
momento de culminación del ascenso del liderazgo político
nacional. Para ponerlo en términos muy gráficos, la última
campaña presidencial, sin duda acortada a una décima parte
de su duración, hubiera sido una extraordinaria campaña para
jefe del gobierno y sus resultados de lo más interesantes para
poner a prueba la capacidad de construcción de acuerdos políticos
estables. Si bien Calderón y su partido hubieran tenido
la mano para formar gobierno, todo hubiera dependido de
cuál de los dos candidatos principales hubiera negociado en
mejores términos con el PRI para la formación del gobierno y
el establecimiento del programa legislativo. Si López Obrador
hubiera logrado un pacto con el PRI, en un diseño parlamentario,
hubiera sido el jefe del gobierno; en última instancia,
si hubiera quedado como líder de la oposición, su gobierno
{legítimo} dejaría de tener que ser itinerante y pondría su sede
en San Lázaro, convertido en un auténtico gabinete de oposición,
ahora sí legítimo, con recursos para su operación, con
acceso a la información especializada y de gobierno y con el
foro de la Cámara para los discursos de su líder. Todos habrían
salido ganando: el PRI con su participación en la formación
del gobierno,1 Andrés Manuel con su permanencia en la palestra, Felipe Calderón con un gobierno estable con iniciativa
garantizada, y sus respectivos partidos con una presencia parlamentaria
mucho más relevante.

El jefe de gobierno federal podría ser nombrado de entre
los diputados líderes de sus fracciones parlamentarias una vez
instalada la legislatura. El presidente de la República propondría
a la Cámara al líder del partido más votado. Si éste no obtuviere
la mayoría de los votos de los diputados aprobatorios,
descontando las abstenciones, entonces propondría al líder
del segundo partido y así hasta agotar los grupos parlamentarios.
Si ninguno lograre el apoyo de la legislatura para formar
gobierno, entonces se disolvería la legislatura y el presidente
continuaría ejerciendo como jefe de gobierno en tanto se llevan
a cabo nuevas elecciones. Obviamente, el caso extremo se
daría en condiciones excepcionales.

El presidente del gobierno propondría a los secretarios del
gobierno federal a la Cámara y éstos podrían ser o no diputados.
Los secretarios que fueren diputados tendrían voto en
las sesiones del pleno del gobierno; los que no, sólo contarían
con voz. El pleno del gobierno tendría iniciativas legislativa y
de reforma constitucional preferenciales y le propondría al Senado
el nombramiento del secretario de Relaciones Exteriores.
Le propondría también al presidente de la República el nombramiento
de jefes de Estado Mayor y de embajadores para
que éste, de estar de acuerdo, los presente ante el Senado.

El gobierno propondría las leyes de ingresos y el presupuesto
de egresos, el cual, a diferencia de lo que ahora ocurre,
requeriría de la ratificación del Senado, una vez aprobado por
la Cámara.

Un gobierno de estas características tendría posibilidades de
sacar adelante un proyecto de gobierno coherente y de mantener
una coalición estable durante la legislatura. Es posible, sin
embargo, que una crisis económica, un escándalo de corrupción
o una pérdida de liderazgo dentro de su partido por parte
del jefe del gobierno pudieran provocar una crisis. Sería una
crisis perfectamente resoluble dentro de los cauces institucionales,
sin gran riesgo para la estabilidad general del Estado. O
bien se forma una nueva coalición dentro de la misma legislatura,
o se renueva simplemente el liderazgo del partido mayoritario
y, por tanto, cambia el jefe del gobierno o se disuelve la
legislatura y se convoca a nuevas elecciones. Mientras dura la
crisis, el jefe de Estado se encarga del gobierno.

La fuente de legitimidad del gobierno federal sería la Cámara
de Diputados. Sería la elección de diputados la que
definiera quién fuere el jefe del gobierno y cuál partido el
mayoritario en la integración del gobierno federal. Sería en
la Cámara de Diputados donde se negociarían los programas
políticos y las coaliciones de gobierno cuando ningún partido
tuviere la mayoría absoluta de los escaños. Sería la Cámara de
Diputados el espacio directo de interlocución entre el gobierno y la oposición. Las políticas públicas, las iniciativas legales
y las conductas de los funcionarios del gobierno estarían bajo
el escrutinio constante de los diputados, a cambio de una
mayoría preestablecida para sacar adelante un programa de
gobierno coherente.

La Cámara de Diputados sería legisladora única en legislación
ordinaria, salvo en casos de observaciones presidenciales,
y mantendría su actual papel dentro del constituyente
permanente. Perdería, en cambio, la facultad exclusiva
de discutir y aprobar el presupuesto federal. La legislatura
debería tener una duración máxima de cuatro años, con
posibilidad de reelección, pero podría ser disuelta por el
presidente de la República, ya fuere por iniciativa propia o a
petición del gobierno federal, en caso de crisis de gobierno,
nunca menos de un año antes de la elección presidencial, ni
durante los primeros 18 meses después de haber sido instalada
la legislatura.

Los diputados podrían presentar una moción de censura
contra el jefe del gobierno federal siempre y cuando hubieren
pasado al menos 18 meses de su investidura y con
la condición de presentar una candidatura alternativa para
sustituirlo. Tampoco se podrían presentar mociones de censura
menos de un año antes de la elección presidencial. El
presidente de la República no tendría la facultad de oponerse
a la solicitud de disolución de la legislatura planteada por el
gobierno federal. En caso de ser el presidente el que plantee la
disolución, sólo las dos terceras partes de la Cámara podrían
evitar las nuevas elecciones.

Los conflictos entre el presidente de la República y el jefe
del gobierno federal tendrían distintas arenas para dirimirse.
Es muy probable el entendimiento entre ambas figuras si se
trata de personas del mismo partido. Sin embargo, si el presidente
de la República es de un partido y el jefe del gobierno es
de otro, es posible que la capacidad de veto del presidente se
convierta en un obstáculo para la ejecución del programa de
gobierno del ejecutivo. Entonces el Senado se puede convertir
en la arena para dirimir el conflicto entre ambos.

El Senado debería dejar de ser colegislador en materia ordinaria
para pasar a serlo únicamente en materia constitucional,
en los términos del actual constituyente permanente, y en casos
de observaciones presidenciales a las leyes aprobadas por
la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tendría la
facultad de ratificar su ley original con mayoría de dos terceras
partes de los diputados o discutir la minuta del Senado, en cuyo
caso el Senado funcionaría como Cámara de origen de una
nueva iniciativa. El Senado podría tener también capacidad
de iniciativa preferencial ante la Cámara de Diputados, con
minutas aprobadas por la mayoría de su pleno.

El Senado debería recuperar su carácter de Cámara de
representación de las entidades federativas. Para ello se debería
modificar su mecanismo de elección para que fueran
cuatro senadores por entidad electos en listas de representación
proporcional —tal vez con la introducción del sistema
D´Hont o las listas abiertas— y con elecciones coincidentes
con las de presidente de la República aunque con reelección.
2 El Senado conservaría prácticamente todas las facultades
exclusivas que ahora tiene y adquiriría la capacidad de
ser el espacio de negociación de las asignaciones presupuestales
regionales; de ahí la necesidad de que se discuta en él
el presupuesto de egresos.

El Senado seguiría siendo el cuerpo vigilante de la política
exterior, y a él le tendría que rendir cuentas el gobierno en
esta materia; el secretario del gobierno de Relaciones Exteriores
sería nombrado por el presidente de la República, a
propuesta exclusiva del jefe del gobierno, con la aprobación
del Senado.

El Senado mantendría sus actuales funciones en materia de
nombramiento de magistrados y ministros del poder judicial
y de jefes del ejército y la armada, con el añadido de aprobar
el nombramiento de los jefes de Estado Mayor de ambos,
máximas figuras de carácter militar, para que el secretario de
Defensa sea un civil nombrado como los demás secretarios
por el jefe del gobierno.

Otra función importante que adquiriría el Senado sería la
de tener capacidad de veto en el nombramiento del procurador
general de la República propuesto por el presidente de la
República y la de ser el espacio para promover su remoción,
la cual necesitaría de las dos terceras partes de la votación
para llevarse a cabo. También tendría facultades en el nombramiento
de los fiscales de distrito y de los fiscales especiales,
los cuales serían seleccionados entre la terna presentada por
el procurador general para cada caso.

Un arreglo de este tipo sería pionero en América Latina,
donde lo más que se han aventurado a diseñar los constituyentes
son una suerte de {minipremiers} (jefes de gabinete
sin capacidad real de convertirse en jefes de gobierno y que
han fracasado en la práctica a la hora de construir coaliciones
legislativas). Es en ese territorio fallido donde se mueven
las propuestas en la actual ronda de reforma del Estado. Sin
embargo, la posibilidad de construir un arreglo estable, democrático
y eficaz pasa, desde mi perspectiva, por tomar la
decisión de hacer un diseño para el siglo XXI y abandonar
de plano el del siglo XVIII al que nos hemos aferrado. Claro
que es necesario vincular este nuevo arreglo a un diseño
electoral que permita la participación de todos, pero evite la
fragmentación extrema de la representación. El sistema mixto
de mayoría relativa y representación proporcional parece el
más adecuado, siempre y cuando se le reforme para acercarlo
al modelo alemán del cual se copió originalmente. Sólo si
el Estado mexicano rompe con la camisa de fuerza del viejo
presidencialismo podrá desplegar la energía transformadora
que requiere la sociedad. {{n}}

[[1 El PRI —con muchos menos diputados de los que obtuvo, pues sus escaños
se hubieran repartido de acuerdo con la votación que ahora fue presidencial—
hubiera tenido la opción de mantenerse como ahora absteniéndose en
la votación de investidura del jefe del gobierno para permitir el nombramiento
de Calderón, y jugar el mismo papel que juega ahora en la Cámara.]]

[[2 Otra posibilidad, que haría más variado el juego político y le daría poder
de negociación nacional ordenada a los gobernadores de los estados, es que
los senadores fueran electos en el momento de elección del gobernador
del estado. Esta sería una buena opción si se ordenaran los calendarios de
elecciones locales para hacer coincidir la mitad de ellas con las elecciones
presidenciales y la otra mitad con la mitad del mandato presidencial.]]