En los últimos 35 años la industria petrolera
mexicana se ha caracterizado tanto por la dinámica
de sus cambios como por la continuidad
de sus estructuras y procesos de gobierno. Salvo por
unos cuantos y muy acotados ajustes al marco legal que
norma a esta industria, no se han registrado cambios mayores
a un esquema de gobierno que data de
1958, cuando se terminó de configurar el monopolio
estatal. Una compleja constelación de
restricciones ha frenado la modernización de
la industria petrolera mexicana. Su persistencia
limita las opciones de cambio y hace difícil
encontrar soluciones aceptables a problemas
ampliamente reconocidos. Reflejan sistemas
de creencias, interpretaciones de experiencias
históricas específicas, debilidades institucionales
e intereses particulares. Impiden dar
mayor flexibilidad a un marco institucional
particularmente rígido y merman su capacidad
de adaptación a condiciones cambiantes
de la industria y de su entorno. Dada su importancia,
es necesario comprender mejor el
origen y la naturaleza de estas restricciones para
poder actuar sobre ellas. Su jerarquización
es también indispensable. Los vetos al cambio
estructural ejercidos por corrientes políticas y grupos de
interés aluden selectivamente a ellas.
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