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En los últimos 35 años la industria petrolera
mexicana se ha caracterizado tanto por la dinámica
de sus cambios como por la continuidad
de sus estructuras y procesos de gobierno. Salvo por
unos cuantos y muy acotados ajustes al marco legal que
norma a esta industria, no se han registrado cambios mayores
a un esquema de gobierno que data de
1958, cuando se terminó de configurar el monopolio
estatal. Una compleja constelación de
restricciones ha frenado la modernización de
la industria petrolera mexicana. Su persistencia
limita las opciones de cambio y hace difícil
encontrar soluciones aceptables a problemas
ampliamente reconocidos. Reflejan sistemas
de creencias, interpretaciones de experiencias
históricas específicas, debilidades institucionales
e intereses particulares. Impiden dar
mayor flexibilidad a un marco institucional
particularmente rígido y merman su capacidad
de adaptación a condiciones cambiantes
de la industria y de su entorno. Dada su importancia,
es necesario comprender mejor el
origen y la naturaleza de estas restricciones para
poder actuar sobre ellas. Su jerarquización
es también indispensable. Los vetos al cambio
estructural ejercidos por corrientes políticas y grupos de
interés aluden selectivamente a ellas.

Gobiernos sucesivos han fracasado en la formación y
educación de la opinión pública en relación a la validez de
estas restricciones, a las formas alternativas de organización
de la industria petrolera y a los costos que tiene para el
país el congelamiento de sus formas de gobierno. Tampoco
han sido capaces de proponer salvaguardas adecuadas
que reduzcan temores fundados al cambio y que protejan
el interés nacional. Un primer paso obligado es elevar la
calidad de la discusión pública sobre estos asuntos. Argumentos
mejor articulados y más sofisticados tendrán que
ser utilizados para justificar y explicar el cambio deseado.
Convendría partir del reconocimiento de que algunas de
las soluciones que en el pasado propiciaron la expansión
de la industria hoy resultan disfuncionales y constituyen
un obstáculo a su desarrollo. Asimismo, no pueden soslayarse
los cambios económicos y tecnológicos que obligan
a modificar estructuras institucionales. La información disponible en los medios es insuficiente y adolece de marcados
sesgos. Ello se refleja en las encuestas de opinión y de
actitudes sobre estos temas, por lo que no debe sorprender que
las posturas predominantes sean contradictorias y tiendan a
polarizarse. Los partidos políticos y sus fracciones parlamentarias
tienen una contribución importante que hacer: elevar
el nivel de la discusión y protegerla de las pasiones políticas
del momento. Sólo de esta manera podrá avanzar la reforma
que la industria petrolera exige.

Conviene, sin embargo, matizar la noción de que la fragmentación
política del Congreso ha sido el principal obstáculo
a la reforma de la industria petrolera. Recordemos que
el gobierno del presidente Fox
nunca presentó una iniciativa estratégica
que permitiera articular
cambios básicos a su arquitectura.
Se limitó a demandar una mayor
participación privada en el sector
energético, sin especificar las formas
que ésta debería asumir ni las
medidas que se requerían tomar
para movilizar a la inversión. Un
par de propuestas específicas fueron
presentadas a finales de esa
administración, cuando su capital
político estaba por agotarse. El
vacío dejado por la falta de una
política energética de largo plazo
inhibió discutir seriamente la dirección,
los límites e instrumentos,
y la secuencia de una agenda
de reformas viables. Resulta obvio
que mientras no se supiera a
dónde se quería ir, difícilmente se
podía llegar a buen puerto.

Las iniciativas estratégicas requeridas
suponen un complejo
trabajo técnico, una intensa tarea
política y una carga legislativa importante. Sin embargo, es
mucho lo que el poder ejecutivo puede hacer por sí mismo.
Su primera obligación es contar con propuestas congruentes,
integrales y detalladas en torno a las cuales puede intentar
la construcción de los consensos básicos necesarios. Su preparación
obliga a precisar los cambios requeridos y explorar
puntos de coincidencia con diversas fuerzas políticas. Propuestas
iniciales pueden corregirse, adecuarse y perfeccionarse
a través del tiempo. Permiten también depurar y mejorar
su fundamentación al identificar los desacuerdos básicos.
Podrían contribuir a reducir las suspicacias que prevalecen
en torno a toda iniciativa en materia energética y moderar la
aguda desconfianza mutua que manifiestan en este campo las
principales fuerzas políticas. En última instancia, es la desconfianza
el principal obstáculo para avanzar en la reforma de una
industria petrolera en crisis.

{{Dinámica del cambio}}

Es usual que las transformaciones institucionales respondan
a grandes retos o a {shocks} externos. Pueden ser también producto
de cambios fundamentales en el entorno internacional.
Las industrias petroleras de Argentina, Rusia y España
ofrecen ejemplos relevantes. En los dos primeros casos las
empresas petroleras estatales, y el sector petrolero en su conjunto,
fueron reestructurados radicalmente como resultado
de un colapso institucional y, en Rusia, después de un colapso
sistémico más amplio. España, en cambio, reordenó los activos
petroleros y gasíferos propiedad del Estado para formar una
empresa petrolera integrada e inició un proceso de liberalización
y privatización bien planeado
cuya instrumentación tomó más
de una década. Respondía así al
reto que suponía su ingreso a la
Comunidad Económica Europea.
Desde esta perspectiva, conviene
comprender mejor tanto las razones
que han impedido a México
transformar y modernizar a Pemex,
y abrir el monopolio estatal
a una mayor competencia, como
identificar los posibles determinantes
que pudieran desencadenar
cambios básicos en su industria
petrolera. Se necesitan mejores
explicaciones de la continuidad
estructural, así como de los posibles
detonadores del cambio.

No obstante sus muy significativas
brechas de desempeño, Pemex
está muy lejos de un colapso
institucional. Esta empresa es una
de las cuatro principales productoras
de petróleo en el mundo. En
2006 produjo 3.5 mmbd de hidrocarburos
líquidos, año en el que
el valor de sus exportaciones de petróleo crudo ascendió a 35
mil millones de dólares. Pemex es una extraordinaria máquina
generadora de efectivo. En 2006 su rendimiento antes de
intereses, impuestos, depreciación y amortización —el Ebitda—
superó los 72 mil millones de dólares, monto sólo inferior
al de Exxon, pero superior en 24% al de Royal Dutch Shell
y 60% mayor que el de BP. En los últimos años un régimen
fiscal confiscatorio extrajo sistemáticamente más del 110%
de las utilidades antes de impuestos. A pesar de ello Pemex
logró invertir 13.8 miles de millones de dólares en 2006, y en
el presente año se tiene presupuestado un gasto de inversión
de 14.5 miles de millones. Bajo estas circunstancias no es sorprendente
que la deuda neta de Pemex haya ascendido a 35
mil millones de dólares al final de 2006, lo que contrasta en
la coyuntura actual con la elevada liquidez acumulada por las grandes empresas petroleras internacionales. Pemex ha sido un fiel agente financiero del Estado: incrementó su deuda no
sólo para financiar su propio gasto de capital, sino también
para pagar impuestos y derechos.

El resurgimiento e intensificación de las preocupaciones
por la seguridad de suministro del petróleo y el gas natural
en los países consumidores plantea importantes dilemas a los
países exportadores. La creciente dependencia de las importaciones
petroleras en Estados Unidos y la perspectiva de que
éstas provendrán de manera preponderante del Golfo Pérsico
son fuentes de serias inquietudes y concentran la atención de
la política exterior norteamericana. En la medida en que las
exportaciones petroleras mexicanas declinen y que esta tendencia
se atribuya a los arreglos institucionales existentes, se
redoblará la presión para que el país modifique las restricciones
constitucionales y legales que hasta ahora han reservado al Estado
el desarrollo de este sector. Además, la incertidumbre que
prevalece en América del Sur, y particularmente en Venezuela,
hará que Estados Unidos centre su interés en México. Preocupa
a los refinadores de la costa norteamericana del Golfo la baja
en la disponibilidad de crudos pesados y extrapesados, dado
que algunas de sus instalaciones más costosas fueron diseñadas
específicamente para procesar crudos como el Maya.

La industria petrolera mexicana enfrenta una coyuntura
crítica. Terminó ya la fase expansiva del ciclo de producción
de petróleo crudo iniciada en 1996. En los últimos 25 años han
sido pocos los descubrimientos significativos de hidrocarburos
y ninguno puede clasificarse como gigante. Las reservas
probadas de hidrocarburos han disminuido rápidamente en
los últimos años y la tasa de restitución de reservas se ubica
en niveles peligrosamente bajos. La vida media de las reservas
probadas ha descendido por abajo del umbral de los 10
años. La madurez de las reservas probadas es preocupante
y las reservas probables se concentran en una región difícil
de desarrollar. Los costos de descubrimiento y desarrollo son
superiores a los reportados por las grandes empresas internacionales.
Los costos de extracción y producción, así como
la intensidad de capital de las actividades extractivas, han aumentado
sustancialmente. Ampliar la frontera de exploración
a estructuras de alto riesgo en aguas profundas va a ser costoso
y su contribución potencial a la capacidad de producción tomaría,
en todo caso, un buen número de años. Por ahora sólo
se cuenta con un número limitado de líneas estratégicas para
hacer frente a estas tendencias.

El reconocimiento de esta coyuntura crítica no ha sido fácil
ni oportuno, y las autoridades no parecen comprender plenamente
las implicaciones que supone administrar reservas maduras.
La manera como los principales actores de la industria
y del gobierno responderán a estos retos es crucial. Pueden
mantenerse prisioneros de una visión de abundancia y falso
optimismo que se basa en un conjunto de supuestos cuestionables.
Sin embargo, la negativa recurrente a reconocer nuevas
realidades entraña serios peligros. Pemex tendrá que destinar
de inmediato más recursos a la inversión en exploración y
producción de petróleo y gas natural. Necesita urgentemente
asignar una mayor proporción de éstos a la exploración y a la
restitución de reservas, protegiendo a su vez los actuales niveles
de producción. Tendrá que hacerlo en una coyuntura que demanda
invertir cuantiosas sumas en el sector de refinación y en
el mantenimiento de infraestructura. La creciente dependencia
en las importaciones de gas natural, GLP y gasolina, así como
la corta vida media de las reservas de petróleo y gas natural
plantean complejos problemas de seguridad energética. A su
vez, la subinversión crónica en la industria de la refinación y en
la construcción de infraestructura —particularmente ductos
y terminales— incrementa costos de suministro y afectan la
confiabilidad del abasto. La edad de un buen número de instalaciones,
aunada a un mantenimiento deficiente, despierta
serias preocupaciones en materia de seguridad. Una mayor
disponibilidad de recursos es condición necesaria, más no suficiente,
para superar con éxito los retos que enfrenta la industria
petrolera. Supone también profundos cambios en el interior
de Pemex debido a que esta empresa no cuenta con la capacidad
de gestión que le permita ejercer, de manera ordenada y
productiva, un gasto de capital mayor al actual.

En ausencia de otros factores, un contexto de precios externos
favorables y una reducción gradual de la producción,
podrían mantener a la industria petrolera mexicana en una
situación manejable, a pesar de su pobre desempeño. Quedaría
así entrampada en una situación de equilibrio de bajo
nivel, ampliándose aún más su rezago frente a la industria
internacional. Continuaría una historia de oportunidades perdidas.
Algunos ajustes secundarios permitirían diferir, una
vez más, los cambios en el gobierno de la industria que ésta
realmente requiere. Las partes más directamente interesadas
—el gobierno federal y los gobiernos estatales, grupos organizados
de consumidores, el sindicato petrolero, el personal
directivo y gerencial de Pemex, y comunidades en regiones
petroleras— derivan importantes ventajas del {statu quo}, dándole
fuerza y estabilidad. Ninguno de ellos está plenamente
satisfecho con el orden imperante, pero todos están conscientes
de los principales riesgos que supone para sus intereses un
cambio de fondo. Romper la inercia de estos intereses es uno
de los mayores retos que enfrenta el Estado mexicano.

Los riesgos de una baja significativa del precio del petróleo,
de un ritmo de declinación de la producción mayor al esperado
y de un aumento sustancial en los requerimientos de
inversión de Pemex subrayan la vulnerabilidad de las finanzas
públicas y de la empresa a una contingencia en la que precios
y volúmenes bajen simultáneamente. En estas condiciones, resultaría
aún más difícil financiar la inversión de Pemex. A este
respecto resulta sorprendente la estimación de requerimientos
anuales de capital de 22 mil millones de dólares adelantada
recientemente por la empresa. Supera el gasto de inversión de
Exxon, la mayor de las empresas petroleras internacionales,
que en 2006 ejerció menos de 20 mil millones de dólares. La
falta de descubrimientos significativos de petróleo, rezagos
en el desarrollo de Chicontepec, bajas tasas de restitución de
reservas probadas y una continua caída en la relación reservas/producción configuran un escenario que podría desencadenar
reacciones tan precipitadas como tardías. La fuerza
de estos factores endógenos no debe subestimarse. Tampoco
sus implicaciones de carácter fiscal. Hacer frente a ellos presupone,
necesariamente, una reforma fiscal que incremente
la carga tributaria de manera sustancial. Obligaría también a
reestructurar a la industria petrolera.

{{Excepcionalidad de la industria petrolera}}

La excepcionalidad de la industria petrolera mexicana se finca
en múltiples atributos. Su origen está indisolublemente asociado
a un evento revolucionario: la expropiación y nacionalización,
en 1938, de una industria en manos extranjeras. Esta
acción obedeció a circunstancias económicas y políticas de la
época, y fue precedida por un vigoroso mandato nacionalista
incorporado en preceptos relevantes de la Constitución de
1917. Es importante reconocer que el nacionalismo petrolero,
que ha marcado a esta industria en otras latitudes, nació
en México. Desde sus orígenes estuvo asociado a un fuerte
estatismo económico y a un movimiento obrero organizado,
subordinado al Estado. Más tarde, la lógica del modelo de
desarrollo basado en la sustitución de importaciones robusteció
a estos tres elementos del Estado corporativo autoritario.
Fue en este marco que se articuló el trato especial que se le
ha dado a la industria petrolera, el arreglo institucional único
al que está sujeta, así como la singularidad de las formas de
control y de gobierno de Pemex. Fue un proceso evolutivo
gradualmente codificado en la propia Constitución y en el
marco jurídico y reglamentario.

La actual arquitectura básica de la industria petrolera
mexicana no quedó plenamente conformada sino hasta 1970,
cuando se dieron por concluidos los contratos de riesgo en
actividades de exploración y producción. La historia legislativa
y reglamentaria de toda esta época fue inequívocamente unidireccional:
los objetivos que se persiguieron fueron el perfeccionamiento
del monopolio estatal y la ampliación de su ámbito.
En cambio los años setenta y los principios de los ochenta estuvieron
dominados por los grandes descubrimientos en las
cuencas del sureste y la expansión acelerada de la capacidad
productiva. Su desarrollo fue responsabilidad exclusiva de Pemex.
No obstante, ésta contó con fuerte apoyo de las industrias
de ingeniería, construcción y servicios petroleros del exterior, y
de financiamiento externo. Fue factible mantener esta exclusividad
puesto que se tenían abundantes recursos de bajo riesgo
y de bajo costo de extracción. No es sino hasta después del colapso
de precios de 1986 que se inicia el debate sobre posibles
cambios en la estructura de la industria y sobre la necesidad de
ampliar la participación privada en su desarrollo.

La excepcionalidad de la industria petrolera se basa también
en características propias de su naturaleza que se manifiestan
en un contexto dado. Una empresa petrolera integrada comprende
actividades de muy diversa naturaleza. La fase extractiva
es un negocio generador de renta económica significativa. En
cambio, sus actividades manufactureras buscan obtener márgenes
que permitan cubrir el costo del capital y una rentabilidad
razonable, y sus redes logísticas obtienen rendimientos necesariamente
regulados. A la complejidad de cada una de sus líneas
de negocios se agregan los requerimientos del manejo integral
de activos muy diversos. El carácter no renovable del petróleo y
el gas plantean problemas particularmente difíciles de resolver.
Destaca la necesidad de definir ritmos de extracción en condiciones
de fuerte incertidumbre y altos riesgos que inciden en
aspectos de equidad intergeneracional y de eficiencia a través
del tiempo. Se requiere también diseñar los mecanismos que
alienten la transformación de un activo en el subsuelo en riqueza
reproducible. Estas decisiones entrañan riesgos que trascienden
los límites de las funciones tradicionales del mercado.

El desarrollo histórico de la industria petrolera mexicana,
la forma como ésta se ha insertado en la economía nacional,
la riqueza de sus recursos, su carácter monopólico y el
patrón de gobierno de este sector industrial han tendido a
aislarlo de las fuerzas del mercado y han permitido a Pemex
encerrarse en sí mismo. En estas circunstancias no sorprende
la ausencia de una perspectiva comparativa que haga posible
identificar cómo se diferencian su estructura, su conducta y
su desempeño respecto a los de otras empresas mexicanas y
en relación a empresas de la misma industria en el exterior.
La comparación permitiría constatar la convergencia de las
estructuras de la industria en todo el mundo y aprender de la
experiencia de las empresas internacionales, así como de otras
empresas estatales de países productores y exportadores. Un
horizonte más amplio contribuiría a mejorar la comprensión
que se tiene del propio Pemex y evaluar formas alternativas de
gobierno de la industria petrolera mexicana. Serviría también
para identificar las razones efectivamente excepcionales que
los definen en esta etapa de su desarrollo.

La ausencia de un contacto cotidiano intenso con competidores
y de una participación activa en mercados competitivos
confinan a Pemex en muchas dimensiones de su quehacer. Las
brechas de desempeño y de condiciones de operación son tan
amplias que la comparación con otros no es considerada como
relevante. Si bien los rezagos tecnológicos y en prácticas industriales
varían por actividad, en todas ellas son significativos.
Tienden, además, a ser agravados por una deficiente gestión
tecnológica y por problemas de administración más generales.
Pemex ha comisionado un amplio número de estudios comparativos
de desempeño. Uno de ellos, por ejemplo, demuestra que
las refinerías de Pemex se encuentran entre las más ineficientes
del mundo. La evidencia de brechas y rezagos es contundente.

El desempeño inadecuado de Pemex está directamente vinculado
a la estructura y los procesos de gobierno de la industria
petrolera. Los principales problemas que hoy enfrenta, así
como su principal reto, se refieren a la arquitectura misma de
la industria. Reformarla es prioritario. Los rezagos de eficiencia
operativa, las deficiencias en la asignación y aplicación del
gasto de inversión, subsidios implícitos de precios, privilegios
sindicales y prestaciones excesivas son formas comunes de disipación
y apropiación de la renta económica del petróleo. Su utilización para financiar gasto público corriente es sintomática
de fallas fundamentales en una amplia gama de políticas
públicas. Los costos de todo ello cobran mayor relevancia ante
las tendencias observadas de la producción y las reservas de
hidrocarburos, así como la debilidad financiera de Pemex.

{{Iniciativas propuestas}}

No hay soluciones sencillas a los complejos problemas que enfrenta
el sector petrolero, por más que haya quienes piensan
que sì las hay, guiados por visiones fuertemente ideologizadas.
Las fuerzas del mercado por sí solas no pueden resolver muchos
de estos problemas, como tampoco podrá lograrse mediante
el uso exclusivo de los instrumentos
de intervención directa
del Estado. Resulta mucho más
difícil construir alternativas pragmáticas
creativas que combinen y
articulen un desarrollo vigoroso
del mercado con una acción estatal
más precisa y eficaz. El cambio
estructural requerido toma tiempo,
por lo que difícilmente podrá
llevarse a cabo en un solo periodo
gubernamental. Además, reformas
que incurren de inmediato
en costos políticos importantes
y cuyos beneficios tienden a ser
cosechados por otros gobiernos,
requieren una visión madura y
responsable, y un verdadero compromiso
de largo plazo.

La transformación de la industria
petrolera mexicana supone
cambios sobre múltiples dimensiones,
que tienden a reforzarse
mutuamente. Algunos de ellos
deberán emprenderse de manera
simultánea, mientras otros presuponen
una secuencia determinada.
Para mejorar el desempeño
de la empresa petrolera estatal es
necesario modificar aspectos fundamentales de su organización
industrial y redefinir las reglas del juego al que está
sujeta. La liberalización de mercados y el marco normativo
que regula la competencia modularán el comportamiento de
Pemex. Nuevas formas de gobierno corporativo y una menor
integración vertical de la industria facilitarán su control
y mejorarán su eficiencia. En la coyuntura actual se necesita
ampliar y fortalecer la acción del Estado y, al mismo tiempo,
alentar el desarrollo de los mercados de productos petrolíferos
y de gas natural. El control estatal de la industria petrolera se
robustece al mejorar la eficacia del gobierno corporativo de
Pemex e introducir un marco regulatorio moderno. Asimismo,
se impone una mayor disciplina competitiva al definir
mejor el ámbito de la empresa y mediante la liberalización
de los mercados. Desde otra perspectiva, los cambios en los
órganos y mecanismos de gobierno de Pemex, y la modificación
de sus fronteras, mejoran la efectividad de las estructuras
organizativas de este agente estatal. A su vez, nuevos mecanismos
reguladores y la liberalización del mercado renuevan el
marco institucional al redefinir y acotar el papel del gobierno
federal. De esta manera, la modernización de organizaciones
e instituciones son la base en las que deberá descansar la reforma
de la industria petrolera.

El esquema planteado permite ver con mayor claridad que los
cambios en la estructura y los procesos de gobierno corporativo
deben ser vistos en el contexto
más general de la transformación
del gobierno de la industria. Es poco
lo que se puede avanzar en la
modernización del gobierno corporativo,
y del otorgamiento de
una mayor autonomía de gestión,
sin cambios más amplios en materia
de regulación y en los patrones
de captura de la renta económica
del petróleo. La composición y
estructura de los órganos de gobierno
son asuntos poco trascendentes
sin modificar sus poderes
de decisión y la naturaleza de sus
relaciones con el gobierno y con
el sindicato petrolero. Es muy
posible que la competencia en los
mercados de productos finales y la
regulación sean insuficientes para
disciplinar la conducta de los órganos
de gobierno de la empresa
petrolera estatal. Una opción que
podría considerarse más adelante
es la participación privada minoritaria
en la propiedad de la misma,
mediante una bursatilización cuidadosamente
controlada. Esta tendrá
que ser evaluada, junto con la
posible apertura a la inversión privada en la industria petrolera,
una vez que se haya avanzado en la reforma de su gobierno. La
reestructuración de los derechos de propiedad de la industria
petrolera debe ser precedida por la adopción de un nuevo marco
regulatorio que codifique políticas públicas de largo plazo y el
desarrollo de instituciones autónomas que garanticen el interés
público. Es por esto que la modificación de dichos derechos
tendrá que esperar a una segunda generación de reformas.

A continuación se proponen seis iniciativas de reforma,
orgánicamente interrelacionadas:

1. {Política energética} congruente con otras políticas públicas
de largo plazo, que dé un claro sentido de dirección estratégica,
proponga una nueva arquitectura industrial, ofrezca nuevas formas de gobierno del sector
energético y cuente con instituciones
que hagan posible su instrumentación.

2. {Reforma administrativa} que complemente
y supla la intervención directa
del gobierno por una de naturaleza indirecta,
que establezca las reglas de operación
de los mercados de hidrocarburos.
Será necesario también hacer una revisión
fundamental de la reglamentación
de carácter general a la que están sujetas
las empresas estatales, incluyendo el
control presupuestal de las mismas, para
restringir y encauzar la intervención administrativa
y política del gobierno.

3. {Reforma regulatoria} del sector
energético que guíe la transición de una
estructura monopólica a una de competencia
regulada, establezca un régimen
de precios competitivos, contribuya a la
creación de mercados y aliente el desarrollo
de nuevos agentes económicos.

4. Fortalecimiento de los {entes reguladores}
del sector energético mediante
la ampliación de su alcance, dotándolos
de recursos técnicos y financieros
adecuados, y garantizando su autonomía
frente a intereses particulares
y gubernamentales. Su ámbito debe
abarcar toda la cadena de valor, desde
las actividades extractivas hasta los
mercados de productos finales de la
industria petrolera.

5. Diseño e instrumentación de un
{régimen fiscal} capaz de capturar la renta
económica de los recursos del subsuelo
y que en las actividades manufactureras
y comerciales sea el mismo que rige en
otros sectores de la economía.

6. Ejercicio disciplinado de los {derechos
de propiedad} sobre los recursos
del subsuelo y respecto de las empresas
del Estado mediante una delimitación
precisa de responsabilidades gubernamentales,
reglas claras de acceso a los
recursos, así como nuevas estructuras y
procesos de gobierno corporativo de las
empresas estatales.

Estas iniciativas son plenamente
compatibles con la preservación de Pemex
como una empresa petrolera integrada,
de carácter dominante, manejada
con criterios eminentemente comerciales
y empresariales, y con una identidad
nacional inequívoca. {{n}}