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En junio pasado la Suprema
Corte decidió declarar
que el Instituto Federal
Electoral no puede interponer
controversias constitucionales.
Esa decisión puede tener
efectos negativos para
el desempeño del conjunto
de los órganos autónomos
que contempla la Constitución.

Una semana después de cosechar tantos aplausos por la forma en que se resolvió el
asunto de la Ley Televisa, la Suprema Corte decidió un caso de suma importancia
para la compresión contemporánea de la división de poderes en México; se trataba de
dilucidar si el Instituto Federal Electoral (pero, por analogía, también el resto de los
órganos autónomos que prevé la Constitución mexicana) tenía legitimación activa para
interponer controversias constitucionales.

La pregunta central que tenían que discutir los ministros consistía en si el IFE era o
no un sujeto legitimado para acudir al mecanismo de las controversias constitucionales
previsto en la fracción I del artículo 105 constitucional. Un par de meses antes había llegado
hasta la Segunda Sala de la Suprema Corte un asunto parecido, ya que la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había promovido una controversia constitucional
contra el poder ejecutivo federal. En
la sentencia de la sala tres ministros (Aguirre,
Azuela y Franco González Salas) consideraron
que la CNDH no tenía facultades para interponer
controversias, contra dos de sus colegas
(Góngora y Luna Ramos) que dijeron que sí
contaba con dicha facultad.

El tema, por tanto, pintaba complicado para
el IFE, pero la decisión de su Consejo General
para promover la controversia (tomada también
en una decisión dividida) era correcta si se atendía
a los criterios jurisprudenciales que desde
2006 había sostenido la Corte. De hecho, el IFE
podía legítimamente albergar esperanzas de que
su controversia sería admitida en vista de que la
Corte había reconocido anteriormente legitimación
activa o pasiva dentro de las controversias
a órganos tales como las delegaciones políticas
del Distrito Federal, la Comisión Federal de
Competencia Económica, el Tribunal Electoral
del DF, etcétera. ¿Cómo podía suponer el IFE
que a los ministros les parecería más relevante
admitir una demanda, pongamos por caso, de la
Delegación Tláhuac, que una promovida por el
órgano encargado por mandato constitucional
de organizar las elecciones federales?

El ministro instructor (Góngora) admitió
inicialmente la demanda pero, previendo que la Segunda Sala revocara su acuerdo, otro
ministro (Gudiño) solicitó que el tema fuera objeto de estudio por parte del pleno de la
Corte. En las dos sesiones que le dedicó el pleno de ministros al asunto (los días 11 y 12
de junio de 2007), hubo varios elementos que llamaron la atención. Uno de ellos es que
una muy relevante tesis de jurisprudencia invocada por el ministro Cossío, que daba
fundamento para admitir la controversia, fue calificada por el ministro Azuela de “tesis
cachirul” (sic). Es decir, Azuela sostuvo que el criterio jurisprudencial relevante para
el caso no debía ser tomado en cuenta. De esa manera se restaba una parte importante
del fundamento jurídico empleado por el IFE en su demanda.1

Otra cuestión llamativa fue que la ministra Luna Ramos, que había considerado procedentes
las controversias promovidas por los órganos constitucionales autónomos en el
caso de la CNDH, cambió su criterio sin ofrecer argumentos convincentes, inclinando
de esa forma (junto con el voto del presidente Ortiz Mayagoitia) el resultado final de la
votación. El lector podría muy bien preguntarse, ¿cómo es que un ministro de la Corte cambia de criterio sobre un mismo
tema en el curso de dos meses, sin que
haya habido ningún cambio legislativo
o jurisprudencial que lo justifique? La
conclusión podría ser que ese ministro
o ministra no había estudiado bien el
asunto la primera vez, o que se apega a
lo que algunos autores llaman la “ética
de la congruencia”, que deben observar
siempre los jueces constitucionales en
sus votaciones.

Una tercera cuestión llamativa es la
falta de precisión con que los ministros
hicieron la caracterización de los órganos
constitucionales autónomos. En las sesiones
se llegó a sostener que en México
todas las universidades públicas autónomas
(que suman varias docenas en la
República) son esta clase de órganos, lo
cual no es preciso. La Constitución mexicana
prevé, al día de hoy, solamente cinco
órganos constitucionales autónomos:
el órgano encargado de la información
geográfica y estadística (conocido como
INEGI según su ley orgánica), los tribunales
agrarios, el banco central (conocido
como Banco de México), el IFE y la CNDH.
Nada más. No hubo en las sesiones
del pleno de la Corte alguien que fuera
capaz de explicar algo tan sencillo.

Al momento de tomar la votación
los ministros quedaron sumamente divididos;
el resultado fue de seis votos en IFE y cinco a favor. Es decir, el IFE perdió
el caso por un solo voto en el primer
{round}, pues al no admitirse la demanda
ni siquiera fue posible analizar superficialmente
si tenía razón en sus argumentos
de fondo (relativos a una posible
invasión de competencias por parte de
la Cámara de Diputados).

Para la mayoría de ministros la demanda
no fue procedente porque el artículo
105 constitucional no menciona
expresamente a los órganos constitucionales
autónomos dentro del elenco
de sujetos legitimados para interponer
controversias constitucionales. Es decir,
los ministros hicieron una interpretación
puramente gramatical, letrista, de
la Constitución. En otros casos no han
aplicado la misma interpretación; por
el contrario, con frecuencia la Corte
elabora conceptualizaciones que están
lejos del tenor literal de la Constitución,
sin que muchos de los ministros
que votaron contra el IFE hayan tenido
el menor inconveniente en hacer uso
de técnicas hermenéuticas mucho más
“libres” o “abiertas”.2

¿Qué panorama se perfila después de la
sentencia? Lo que queda es un horizonte
preocupante para el conjunto de órganos
constitucionales autónomos, pues gracias
a la sentencia de la Corte quedaron sin un
mecanismo apropiado de defensa frente
a los demás poderes del Estado mexicano.
Algunos ejemplos concretos servirán
para justificar este diagnóstico.

Supongamos que el día de mañana el
Congreso de la Unión legisla para que
ya no sea el IFE quien determine los
distritos electorales federales, sino que
lo haga la Secretaría de Gobernación,
contrariando el mandato del artículo 41
fracción III de la Constitución que dice
que será precisamente el IFE el órgano
competente para realizar dicha determinación.
¿Qué podría hacer el IFE para
defender su competencial constitucional?
Nada, según el criterio de la Corte.

Supongamos que al día siguiente el
Congreso de la Unión modifica la Ley
Orgánica de la CNDH para establecer
que todas las recomendaciones del {ombudsman}
nacional deben pasar por el visto
bueno del presidente de la República.
¿A qué remedio judicial podría acudir la
CNDH para defenderse de esa inconstitucional
intromisión en su autonomía?
A ninguno, según los ministros.

Supongamos que en un tercer día de
actividad febril en el Congreso se decide
que la información estadística que
levanta el INEGI deba someterse a la
consideración de la Secretaría de Desarrollo
Social a fin de que pueda ser considera
como información “oficial”. ¿Qué
podría hacer el INEGI para zafarse de
ese yugo inconstitucional? Nuevamente:
nada, más que resignarse, gracias a la
sentencia de la Corte.

A partir de la sentencia de la Corte
sería esperable que los legisladores se
pusieran manos a la obra y reformaran
la Constitución para incorporar expresamente
a los órganos constitucionales
autónomos dentro del elenco de sujetos
legitimados para interponer controversias
constitucionales. De esa manera se
permitiría una correcta defensa del esquema
de división de poderes que prevé
la propia Constitución. Y ojalá que lo
hagan pronto. n

 

1 Quizá en otro momento sea necesario
exponer el tema de las tesis jurisprudenciales
“cachirules”, puesto
que dicha expresión de Azuela tiene
importantes repercusiones sobre la
seguridad jurídica de todos los que
llevan asuntos ante la SCJN.
2 De hecho, la Corte ha sostenido, por citar un
ejemplo, que las controversias constitucionales
sirven para proteger el “bienestar de la persona
humana”, concepto que no aparece en ningún
precepto de la Carta Magna.