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La democratización de México
ha hecho posible que la Suprema
Corte se desempeñe como un
árbitro final de controversias
y que su papel cobre cada vez
mayor relevancia para la vida
del país. Ello exige, a su vez,
crear un contexto de exigencia,
que tiene que ser informado
y riguroso, por parte de los
analistas, sobre las decisiones del
máximo tribunal.

Nunca como ahora la Suprema Corte de Justicia había atraído los reflectores de
la opinión pública. De hecho, esta frase se ha convertido en un lugar común en
unas cuantas semanas. Con el tiempo iremos asimilando todas sus implicaciones.
Y ello exige un ejercicio de aprendizaje que nos compete a todos: a los ministros y
ministras que están expuestos a un escrutinio sin precedentes; a los magistrados y
jueces inferiores cuyas tareas también serán tocadas por el rayo de la publicidad;
a los estudiosos que deben afinar la mira hacia las tesis y los argumentos que sustentan
las decisiones para criticar sin estridencias y, en la medida de lo posible,
sin aludir a las personas de los juzgadores; a la prensa y a los lideres de opinión,
en general, que deben lograr transmitir asuntos que hasta ahora eran patrimonio
de un gremio de iniciados, y a la ciudadanía que debe habituarse a convivir con
un actor que solía habitar tras bambalinas. Nada que no sea parte del proceso de
consolidación de nuestra democracia constitucional y, por tanto,
nada que deba alarmarnos demasiado. De lo que se trata es de
normalizar una transformación en curso con la responsabilidad
y el cuidado que —al menos idealmente— implica afianzar un
eslabón más de nuestro cambio político. De hecho, en todos los
países que han adoptado el modelo democrático constitucional los
jueces han tenido que aprender a trabajar bajo el escrutinio público
y el resto de los mortales (gobernantes, legisladores y ciudadanía
en general) han tenido que asimilar la presencia e incidencia de
las señoras y señores de la toga.

Lo que me propongo en los párrafos que siguen es evidenciar la
inevitable incertidumbre que acompañará este azaroso proceso de
consolidación. Y de esta forma, implícitamente, redoblar mi llamado
a la corresponsabilidad que nos impone a todos dicho proceso.
Para hacerlo, sin recurrir a mayores detalles normativos, intentaré
reconstruir algunas paradojas que plantean tres asuntos que han
terminado recientemente en la mesa de los jueces supremos: la
inconstitucionalidad de la (llamada) Ley Televisa; la presentación
de (un intento de) una controversia del Instituto Federal Electoral
contra la Cámara de Diputados, y la redefinición del tipo penal
que castiga el aborto en el Distrito Federal (por todos conocida
como “despenalización del aborto”). Sólo este último caso sigue
pendiente de decisión, por lo que al referirlo me concederé alguna
licencia especulativa.

{a)} La decisión de la Corte sobre la inconstitucionalidad de algunos
artículos clave de las leyes federales de radio y televisión y
de telecomunicaciones ha recibido, no sin buenas razones, aplausos
y celebraciones. Para sorpresa de muchos (incluido quien esto
escribe) los nueve ministros que participaron en la decisión nos
recordaron que el Estado mexicano todavía es capaz de poner frenos
a los poderes fácticos. La celebración era obligada porque la
Corte {pudo} decidir lo contrario. En esa {posibilidad} (que, en este
caso, enaltece la decisión adoptada) reside la lección escondida que me interesa advertir: nunca como
ahora había quedado en evidencia el
poder político de la SCJN. Poder puro
y duro: capacidad real de determinar el
comportamiento de otros actores (en
este caso muy) relevantes. Y no hay
que perderlo de vista, poder, que (para
ser tal) se ejerce sobre una base de
discrecionalidad. Después de todo, lo
que hicieron los juzgadores fue ofrecer
una {interpretación} del marco constitucional
para orientar el sentido de una
normatividad con significación en el
diseño de las políticas públicas. Una
interpretación legítimamente contraria
a la que fue adoptada por una mayoría
legislativa obsequiosa y vergonzante. Y
digo {legítimamente} porque era facultad
de los ministros emitirla y porque parece
posible encontrar sus asideros en
las disposiciones constitucionales que le
sirvieron de base. Pero, insisto, no era la
única lectura constitucional posible. De
ahí que la decisión del supremo tribunal
(en una aparente paradoja), a la vez que
levanta nuestro aplauso, debe activarnos
las alarmas: toca a nosotros, mediante
un seguimiento informado y puntual
de sus argumentos y decisiones, acotar
el margen de discrecionalidad en el que
nadan sus interpretaciones.

{b)} El IFE presentó una controversia
constitucional contra el Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación,
aprobado por la Cámara de Diputados
para 2007. La Corte recibió el asunto y,
después de analizar su (im)procedencia,
con una mayoría mínima de seis votos,
lo desechó. En este caso, si mi impresión
es correcta después de echar un vistazo
a los editoriales de las últimas semanas,
la decisión le ha acarreado más críticas
que aplausos al máximo tribunal. Esta
reacción es un poco extravagante porque,
en este asunto, lo que hicieron los
ministros fue aplicar, en ánimo estricto
y rigorista, el texto de la Constitución.
En efecto, si uno busca en la misma,
constatará simple y sencillamente que
ésta no le otorga al IFE la facultad de
iniciar controversias de esa naturaleza.
Y el principio de legalidad dice que las
autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que se encuentran expresamente
facultadas. Así las cosas, desde esta
perspectiva textual y precisa, la SCJN
hizo lo correcto: la decisión contraria
habría implicado que los jueces se erigieran
—ni más, ni menos— en poder
reformador de la Constitución. Sin embargo,
no son diáfanas las aguas de la
ciencia del derecho. Resulta que la decisión
adoptada por la Corte ha puesto
en peligro el principio fundamental que
deben custodiar los Tribunales Constitucionales:
la supremacía de la Constitución.
Supongamos sin conceder
(como gusta decir a los abogados) que
el decreto aprobado por los diputados
sí invadió las facultades que la propia
Constitución reserva para el IFE (que,
no hay que olvidarlo, es un órgano
constitucional autónomo). Pues bien,
en ese supuesto no concedido, por una
cuestión de procedimiento sancionada
por la Corte, la violación a la Constitución
ha quedado firme y está surtiendo
efectos. ¿En dónde queda la superioridad
de la norma suprema? La lección
tampoco escapa de la paradoja: resulta
que no toda interpretación gramatical
y estricta de la Constitución se traduce
en una garantía de su supremacía y vigencia
plena.

{c)} El titular de la CNDH y el procurador
general de la República decidieron
cuestionar la constitucionalidad de una
norma aprobada por una amplísima mayoría
de legisladores capitalinos. Debido
a estas impugnaciones las reformas por
las que en el Distrito Federal es lícita la
interrupción del embarazo durante las
primeras 12 semanas de gestación, se
han convertido en un caso judicial que
promete hacer historia, no sólo por la
sensibilidades que conlleva y que rebasan
por mucho la dimensión jurídica
del mismo, sino porque, incluso en ese
ámbito, la Constitución no dice nada
concluyente. Por lo mismo, para decidir
el asunto, quizá como nunca antes,
los ministros(as) tendrán que realizar
—como diría R. Dworkin— {a moral
reading of the Constitution}. Una lectura
moral que implica interpretaciones que,
por su naturaleza y alcance, poco tienen que ver con las que se hicieron para resolver
el caso de la Ley Televisa: entonces
se trató de encontrar el sentido de
un conjunto de disposiciones que perfilan
la identidad reguladora del Estado
mexicano; ahora se trata de desentrañar,
para definir, los alcances de los derechos
humanos fundamentales de las mujeres.
De ahí que el margen para la discrecionalidad
judicial se amplifique exponencialmente.
Nos guste o no ({les} guste o
no) para resolver este asunto los jueces
constitucionales tendrán que tejer con
hilos que no se encuentran en el texto de
la Constitución: consideraciones morales,
filosóficas, científicas, etcétera, de las
que no son expertos y que pueden empujarlos
a la orilla de la subjetividad. Por
ello, al tratarse de un asunto tan complejo,
para el que la Constitución no ofrece
una respuesta precisa, la Corte debería
presumir la constitucionalidad de la ley.
Después de todo fue aprobada por los
representantes populares con un amplio
respaldo ciudadano. Ergo, tiene una
fuerte legitimidad democrática. He aquí
la paradoja: dada la naturaleza de un tema
tan sensible, en este caso, enmendarle
la plana al legislador, imponiendo una
voluntad contraria a la decisión de los
representantes populares, podría resultar
un acto arbitrario. En este caso, por
tratarse de un asunto en el que está en
juego la ampliación de la agenda de los
derechos fundamentales, el poder de los
jueces exige una actitud prudente. Actitud
que, paradójicamente, por contenida,
termina siendo garantista.

Cuando celebremos que ha llegado la
“hora de los jueces” tengamos presentes
las paradojas y dilemas que estos tres casos
nos ofrecen: como la Constitución
no es un conjunto de normas preciso,
claro y coherente, su interpretación es
inevitable y compleja. De ahí que el poder
de los jueces también sea un poder
político que, como todos los poderes en
una democracia constitucional, debe ser
vigilado y criticado. Pero ese acompañamiento,
para ser efectivo, debe ser informado
y riguroso. Esa es la tarea que nos
toca a los estudiosos, opinadores y, en
general, a los ciudadanos. {{n}}