Los antecedentes

La migración internacional siempre ha estado determinada en proporciones distintas por la combinación de factores de expulsión y factores de atracción, así como por el aprovechamiento de la mano de obra desplazada, junto al mejoramiento real o supuesto del bienestar de esta última.

En historia continental, el descubrimiento de América estimuló una corriente de inmigrantes procedentes principalmente de Europa y África. Alrededor de 700 mil europeos se trasladaron a América del Norte y al Caribe entre 1650 y 1780, 50% de los cuales había suscrito contratos de trabajo temporales, casi de servidumbre, a fin de cubrir los altos costos de transporte de la época. Al propio tiempo, otras corrientes europeas empezaron a poblar el resto del hemisferio americano. Después cobró vigor el tráfico de esclavos hasta bien entrado el siglo XIX (1840). Pese a la abolición (1807) de ese tráfico, a Estados Unidos ingresaban más de 50 mil personas por año.

Con todo, la primera oleada masiva de migrantes se produce entre 1850 y 1913, asociada principalmente a la liberación inicial del comercio y las perspectivas de progreso en el nuevo mundo, así como a las revoluciones, los conflictos religiosos y la escasez de oportunidades de ascenso social en Europa. A lo anterior se añade la reducción de los costos de transporte al sustituirse los barcos de vela por vapores.

Entre 1846 y 1876 el flujo migratorio promedió 300 mil personas cada año, que subió a más de un millón al comienzo del siglo XIX. La India y China también se constituyeron en fuente de mano de obra barata. En el periodo 1830-1916 alrededor de un millón de hindúes fueron transportados a distintas colonias del imperio británico ­­-incluidas las del Caribe- con contratos temporales de trabajo.1

A partir de 1915 el desplazamiento migratorio se reduce por efecto de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de los años treinta y la aparición de políticas restrictivas en varios países. A pesar del abatimiento espectacular en los costos de transporte, esos fenómenos unidos al agotamiento de las fronteras de desarrollo de los principales países receptores, prejuicios étnicos o religiosos, acrecentaron las dificultades a la migración. Luego el auge de las economías nacionales (después de la Segunda Guerra Mundial), el proteccionismo y a las políticas de corte keynesiano, limitaron o suprimieron muchos de los atractivos de la misma.

La combinación de las fuerzas anotadas cambia poco a poco la fisonomía de las migraciones. Europa, de expulsora se convierte en receptora de emigrantes, como también los países exportadores de petróleo del Medio Oriente, mientras Asia, América Latina y África pasan a ser expulsores netos de mano de obra. Sólo Estados Unidos y Australia siguen siendo atractivos a los flujos de población, a los cuales se añaden después los territorios de la ex Unión Soviética.

Las migraciones en la actualidad

Esos son los antecedentes inmediatos a la segunda gran oleada migratoria internacional que toma cuerpo, como la primera, inducida o acompañada por la libertad transfronteriza de comercio y la implantación neoliberal del nuevo orden económico internacional (sobre todo a partir de 1980). Al parecer la internacionalización económica amplifica, ayer como hoy, los factores de atracción y repulsión que siguen de cerca a las desigualdades de ingresos, bienestar y oportunidades de progreso entre los distintos países.2 Se trata de un cambio estructural de primera importancia que se refleja en alteraciones significativas de las corrientes migratorias con la dramática consecuencia de intensificar las magnitudes alcanzadas por los movimientos poblacionales. Hasta 1980 la migración internacional acumulada ascendía a 100 millones de personas; ya para 2000, la cifra rebasa los 175 millones (con un incremento promedio de 3.8 millones y una tasa de crecimiento del 2.8%, cada año)3 para romper todos los récords históricos.

También el sentido de los flujos migratorios se ha modificado medularmente. En el siglo XIX las corrientes mayoritarias iban de naciones industriales consolidadas hacia naciones en desarrollo semivacías, que calificarían hoy como de economías emergentes (Estados Unidos, Canadá, Argentina, Australia, Brasil, Sudáfrica). En contraste, los movimientos de la población de hoy van de sur a norte, esto es, de la periferia al Primer Mundo. Por eso, mientras en 1960 las naciones en desarrollo retenían al 58% del total acumulado de los inmigrantes (el 42% restante se absorbía en las naciones desarrolladas), ya en el año 2000 las proporciones se habían invertido: 37% en las primeras y 63% en las segundas.4 Las cifras anteriores destacan mudanzas en varios sentidos. En primer término, a la cuantía sin precedente de las poblaciones que se movilizan, se añade la preponderancia de los factores de expulsión sobre los atractivos de los países receptores, fenómeno inverso al de la gran oleada migratoria del siglo XIX.

Asimismo, las presiones migratorias del presente vencen la acción de políticas altamente restrictivas o selectivas5 que no estuvieron presentes con anterioridad. Más aún, las reglas del nuevo orden económico internacional preconizan circulación sin trabas de mercancías, instrumentos financieros y capitales, pero niegan las mismas libertades a los desplazamientos de la mano de obra. La conclusión es inescapable: la marea migratoria latinoamericana de nuestros días está impulsada por el hambre y la desesperanza, resultado de la combinación de las reglas del nuevo orden económico internacional con políticas nacionales asimétricas, volcadas a atender el acomodo externo pero sordas a las demandas de crecimiento y empleo de las poblaciones.6

En efecto, el ritmo de ascenso del ingreso por habitante latinoamericano se redujo en 57% (de 3.17% a 1.37% por año), con resultados aún peores en materia de absorción de la fuerza de trabajo en el sector moderno de las economías de compararse los periodos 1950-1973 y 1973-2001.7 En África las cifras son aterradoras, se pasa de un incremento anual inferior al 1% (0.92%) en el primer periodo a una situación de virtual estancamiento en el segundo (0.19%). Los apremios de la sobrevivencia física impulsan a latinoamericanos y africanos a romper cualquier obstáculo o sanción al transgredir las fronteras políticas; a convertirse en producto legal o clandestino de exportación como medio de atenuar la aguda pobreza familiar y de paso corregir de los desequilibrios macroeconómicos de la balanza de pagos de sus países.8

La emigración mexicana

Hasta aquí se han simplificado a sus rasgos esenciales los cambios en los flujos migratorios de nuestros días. En rigor hay influencias de distinto género que alimentan en la configuración de las políticas nacionales, sobre todo de los países huéspedes. Los factores demográficos influyen, como la caída de las tasas de natalidad y el envejecimiento de las poblaciones, singularmente de los países industrializados.9 En Europa, por ejemplo, junto a restricciones diseñadas para no acentuar el desempleo o recargar las finanzas de las redes de seguridad social, se busca estabilizar a la población emigrada, facilitando la reintegración familiar. En Estados Unidos viene ocurriendo algo semejante; además, el vaivén de las políticas migratorias sea en facilitar el comercio o hacer más estricta la seguridad fronteriza, parece moverse hacia este segundo objetivo a partir de los atentados terroristas de septiembre de 2001.10 En ese sentido, la iniciativa aprobada recientemente por la Cámara de Representantes calificaría de acto criminal desde la entrada ilegal a territorio norteamericano, hasta el dar trabajo y suministrar servicios sociales a los indocumentados. En el otro extremo ha surgido una iniciativa moderada en el Senado norteamericano consistente en otorgar hasta 400 mil visas a trabajadores temporales, iniciar la legalización de 1.5 millones de trabajadores agrícolas y permitir mediante la satisfacción de ciertos requisitos (pago de multas e impuestos atrasados, espera de seis años) el aspirar a obtener la residencia.

Conforme a esta última iniciativa se satisfarían muchas de las preocupaciones mexicanas y, del mismo modo, se atenderían los intereses corporativos o politico-partidarios de Estados Unidos, al asegurar una fuerza de trabajo de bajos salarios que políticamente estaría impedida de votar en el corto y mediano plazos. La seguridad fronteriza quedaría reforzada en algún grado al ganar la cooperación mexicana en programas en ambos gobiernos de la frontera. Con todo, la decisión final parece difícil, podrá inclinarse en diferentes sentidos, cubrir parcialmente los campos a discusión o seguir haciéndose esperar.

Aparte de razones políticas, Estados Unidos objetivamente necesita establecer algún control sobre los flujos masivos de inmigrantes, de ahí las resistencias a conceder amnistía a los trabajadores indocumentados. Sin embargo, lograrlo no sólo depende de disposiciones legales y de acuerdos cooperativos con el gobierno de México en temas de seguridad fronteriza que, hoy por hoy, sólo podría satisfacerse de manera limitada.

En rigor, sería indispensable, por más que parezca utópico, implantar políticas análogas a las de la Comunidad Europea respecto a sus países miembros de menor desarrollo que impulsen la reconstrucción, reconversión o desarrollo del aparato productivo, requisito indispensable a la creación de empleos compensadores del lado mexicano.

La situación de los emigrantes es difícil, excluyente, acaso impropia del país democrático y humanitario que los recibe, que les ofrece puestos de trabajo en número impresionante, pero que les niega muchos de los derechos sociales básicos. El acervo de la población de origen mexicano en Estados Unidos alcanza los 26.7 millones (2003), siendo apenas de 5.4 millones en 1970; los residentes mexicanos alcanzan cerca de 10 millones de personas (2003) habiendo sido menos de 900 mil en 1970. Los flujos anuales han pasado de 27.5 miles en el promedio de 1960-1970 a casi 400 mil entre 2001 y 2003. Los trabajadores indocumentados o ilegales de representar el 40% de los flujos migratorios temporales entre 1993 y 1997, alcanzan el 75% en el periodo 2001-2003.11 El servicio de patrullaje fronterizo aprehendió más de 900 mil inmigrantes ilegales en 2003, de los cuales más de 800 mil fueron mexicanos.12 Esos datos evidencian un problema larvado y desatendido por décadas: el fracaso de las políticas migratorias de ambos países, la falta de acuerdos binacionales de fondo y, singularmente, la ausencia de medidas correctivas de los severos desequilibrios en los mercados mexicanos de trabajo.

Los migrantes son paupérrimos en México y luego viven la marginación en Estados Unidos. En efecto, los mexicanos pobres en ese país (más del 26%) duplican con creces al de otros inmigrantes (12.6%) y a las cifras de la población nativa (11.7%). La cobertura de los servicios de salud excluye al 53% de los mexicanos, cifra que duplica o cuadruplica los coeficientes de los otros grupos mencionados. Aquí la carencia de documentos migratorios, la inserción ocupacional en actividades de baja remuneración y otros problemas, magnifican la exclusión de instituciones sociales básicas. En el sentido apuntado, la proporción de mexicanos que ha obtenido la carta norteamericana de nacionalización es considerablemente más baja -casi 50% inferior entre 1996 y 2000- que la de otros inmigrantes.13

El mercado norteamericano de trabajo mantiene una alta demanda que ocupa al 90% de la población activa mexicana, sobre todo en labores poco calificadas (construcción, preparación de alimentos, limpieza, transporte, producción). En contraste, los salarios son reducidos, entre 50% y 60% inferiores a los del resto de trabajadores e inmigrantes.

Hay factores sociológicos en juego pero ello es atribuible también a la baja escolaridad de los trabajadores mexicanos y a las desventajas de la falta de documentación. Aun así las remesas enviadas a México ascienden a cerca de 20 millones de dólares (2004) que representan alrededor del 35% de los ingresos de los hogares pobres que los reciben. Y sin ese volumen de divisas el déficit de la balanza mexicana de pagos se triplicaría con creces.

En suma, ya sería aconsejable abordar integralmente el complejo problema de la emigración mexicana o latinoamericana a Estados Unidos que se torna explosivo por haberse eludido por décadas, dejando en la exclusión a enormes grupos de la población allá y acá mientras toman prelación separada y dominante cuestiones como las de la seguridad fronteriza para Estados Unidos o la estabilidad macroeconómica en México, con exclusión de la cura al desequilibrio en el mercado de trabajo. Para bien o para mal, los acuerdos o diferendos migratorios a que se llegue, reflejarán la conciliación o las asimetrías en el peso de los intereses, no sólo de los gobiernos, sino de múltiples grupos socioeconómicos, demográficos, étnicos y políticos.

En conjunto, los inmigrantes mexicanos hacen un aporte neto positivo posiblemente pequeño al enorme producto anual norteamericano y representan alrededor del 4% de la población activa de ese país. Al ensanchar la fuerza de trabajo disponible, la inmigración contribuye a mejorar el uso de capital y otros recursos de la economía norteamericana. Sin embargo, aparte de consideraciones relacionadas con la preservación de la cultura y la identidad nacional,14 las principales tensiones y contradicciones políticas nacen de los efectos distributivos del fenómeno de las migraciones. Desde luego ganan los empleadores al disponer de mano de obra abundante, de salarios bajos. Eso mismo hace más competitivos sus costos, sea en los mercados internos o en los internacionales. Por contra, en proporción acaso menor, pierden los trabajadores nativos al resultar en alguna medida desplazados o al ver reducido el nivel y las alzas de sus remuneraciones, principalmente en el segmento de ocupaciones de baja calificación. Los fiscos federal y local pueden ser beneficiarios o perdedores según que los impuestos pagados por los emigrantes resulten mayores o inferiores al costo de los servicios que reciben, aunados al gasto en seguridad fronteriza. Al propio tiempo, las posibles inclinaciones políticas de la población migrante despierta recelos conservadores ya que ofrecer amnistía, residencia podría fortalecer los sufragios de la oposición política actual.15 Esos mismos acuerdos o las discrepancias ideológicas dentro de Estados Unidos determinarán la suerte de los esfuerzos por validar derechos humanos universales -con estatus similar al de las libertades económicas- que, en la actualidad, trabajosamente evolucionan de ser derechos ciudadanos exclusivos a ser derechos de las personas, con independencia de su ubicación geográfica.

Una perspectiva extrema

De validarse el proyecto de ley del representante Sensenbrenner, se acentuarían las normas de la “Immigration Reforms Control Act” de 1986, que ya hacía ilegal emplear a emigrantes no documentados. Desde luego, se perdería total o parcialmente el superávit neto del trabajo de las personas indocumentadas en el producto norteamericano. De otro lado, resultaría en extremo difícil y costoso repatriar a más de 10 millones de mexicanos y un número mayor si se incluyen a otros extranjeros indocumentados. Los trastornos en la economía, asociados a la deportación hasta del 4-5% de la población activa, serían significativos, aunque pudiesen buscarse reemplazos a través de los programas de trabajadores invitados. Actividades y empresas resultarían dañadas no sólo por los efectos directos de ese cambio, sino por cuanto resultaría casi imposible reproducir la distribución actual de los trabajadores indocumentados a lo largo y ancho del territorio norteamericano. Además, la escasez, aunque sea temporal, de mano de obra empujaría salarios e inflación al alza y competitividad a la baja, por lo menos en algunos segmentos del mercado de trabajo y de la producción. A lo anterior cabría añadir el resentimiento y pérdida de popularidad de Estados Unidos en América Latina.

En esa hipótesis, México saldría peor librado. De un lado, la repatriación masiva tendería a cancelar la válvula de escape que provee la emigración a mercados de trabajo altamente congestionados. De otro lado, al menos temporalmente se tenderían a secar las corrientes de remesas que juegan un papel decisivo en financiar el desequilibrio de pagos externos y el sistema de fronteras abiertas. El ajuste inevitable obligaría a reducir el ritmo de crecimiento y a dificultar el combate a la pobreza que castiga alrededor del 40% de la población y absorbe una proporción creciente del limitado gasto público.

También se gestarían efectos indeseados en la distribución del ingreso junto a presiones migratorias intensificadas. Por tanto, habría el riesgo de multiplicar los problemas de las políticas públicas de ambos países que tratan de ordenar y plantear en términos sostenibles y de provecho mutuo el manejo de los flujos transfronterizos de la población. En los términos extremos planteados, la seguridad fronteriza resultaría posiblemente vulnerada, no tanto por la falta de voluntad política de cooperación entre los gobiernos, sino por el empuje irresistible de migrantes desesperados.16 Adviértase, finalmente, que la reestructuración de las políticas migratorias norteamericanas afectará a la economía y a millones de ciudadanos mexicanos. Sin embargo, México no podría influir más allá de la persuasión diplomática y de ofrecer colaboración acotada a sus posibilidades en los programas de seguridad fronteriza. Ojalá la decisión del poder legislativo estadunidense sea realista, promueva la vigencia de los derechos humanos y robustezca los debilitados nexos de solidaridad con América Latina. n