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DEMOCRACIA: LA TRANSICIÓN INCOMPRENDIDA

POR PEDRO SALAZAR UGARTE

A diferencia de otros procesos de transición, en México no tenemos un diagnóstico compartido acerca del origen, la naturaleza y la mecánica del cambio político vivido. Pedro Salazar somete a revisión algunas de las lecturas que se niegan a asumir que México experimentó una germina transición democrática.

A pesar de los escépticos, la realidad se ha venido imponiendo y con buenas probabilidades lo seguirá haciendo en los años por venir: la condición democrática del sistema político mexicano es un hecho palpable, susceptible de constatación. Incluso aquellos que matizan con adjetivos como «incipiente», «imperfecta», «desdibujada», «de baja intensidad» a nuestra forma de gobierno no pueden prescindir del sustantivo cuando formulan sus análisis. Los ejercicios de descripción y explicación con los que los científicos políticos estudian a nuestra democracia, más allá de los adjetivos, presuponen lógicamente la existencia de su objeto de estudio. Reconocer este hecho es una premisa indispensable para el ejercicio que me propongo realizar en este trabajo: revisar algunas de las «lecturas de la transición» mexicana.

I

Isaiah Berlin, a propósito de la libertad, afirmaba que «cada cosa es lo que es: la libertad es libertad y no igualdad ni equidad ni justicia ni cultura ni felicidad de los hombres ni conciencia tranquila».1 Lo mismo vale para la democracia: dado que cada cosa es lo que es, la democracia no es ni libertad ni legalidad ni justicia ni equidad social.2 La democracia es una forma de gobierno y no una forma de vida o un camino para realizarnos como personas. Si no se distingue a la democracia de otros conceptos (aunque sean afines a la misma) resulta imposible analizar la relación que existe entre éstos y aquélla.3 Es cierto que entre la democracia y otros conceptos existen relaciones (incluso lógicas) pero eso no supone que deban confundirse. Sin embargo, no basta con delimitar la frontera que separa a la democracia de otros conceptos que suelen asociarse a la misma para saber en qué consiste esta forma de gobierno. Necesitamos una noción que nos diga en positivo lo que es la democracia: debemos identificar las condiciones mínimas, necesarias y suficientes, para poder determinar la (in)existencia de esta forma de gobierno en una realidad político/social determinada y para poder distinguir en el plano teórico las diferentes teorías de la democracia. Toda discusión racional y razonable exige que los interlocutores doten a los conceptos de un significado común que les permita construir un diagnóstico sobre lo existente y llevar a cabo un debate sobre sus preferencias. En pocas palabras: los desacuerdos sobre la democracia presuponen un acuerdo mínimo sobre el concepto. Por ello creo que es importante identificar una noción mínima de significado que pueda ser ampliamente compartida para los dos conceptos centrales del debate: transición y democracia. De lo contrario la discusión se torna semántica y aparente: usamos las mismas palabras para referirnos a cosas distintas en las que se mezcla lo que sabemos con lo que queremos y el resultado es un diálogo de sordos.

Con buenas razones muchos estudiosos han visto en la caracterización de la poliarquía que propuso Robert Dahl en 19564 la mejor síntesis de una noción mínima y procedimental de la democracia. En lo personal, prefiero la definición propuesta por Norberto Bobbio en 1984 en su conocido ensayo Il futuro della democrazia porque identifica analíticamente con mayor claridad los elementos mínimos necesarios para hablar específicamente de un sistema democrático. Las garantías institucionales que Dahl propone son fundamentales para toda democracia pero constituyen el corazón de un Estado liberal; en cambio, la caracterización de Bobbio centra su atención específicamente en el sistema democrático. Lo primero que nos dice Bobbio es que la democracia evoca el principio de autogobierno y se refiere, primordialmente, al conjunto de reglas que nos dicen quién está autorizado para decidir  y cómo (bajo cuáles procedimientos) debe hacerlo. Es decir, la democracia es, simplemente, «un conjunto de reglas de procedimiento para la formación de decisiones colectivas»5 que no nos dice nada del contenido o resultado de las mismas (del qué cosa). Al igual que Dahl, Bobbio especifica los que a su juicio son los «procedimientos universales» que caracterizan a esta forma de gobierno.6

Esta definición de la democracia y de los «procedimientos universales» que la caracterizan no adolece de valor axiológico porque no prescinde (no puede hacerlo) de otros conceptos valiosos, como las libertades fundamentales y la igualdad política, pero se limita a proponer una caracterización formal y esquemática de lo que es la democracia moderna. Su virtud reside en limitarse únicamente a describir los elementos indispensables sin los cuales una democracia sería inexistente. Ello aumenta las posibilidades de lograr un consenso en torno a la misma y una vez que superamos el desacuerdo en torno al concepto podemos concentrarnos en las diferencias que caracterizan a las variadas teorías de la democracia. Dichas teorías pueden compararse si comparten un núcleo de significado. De hecho, como ya adelantaba, la otra distinción fundamental está en diferenciar lo que es la democracia de las interrogantes ¿qué tipo de democracia tenemos? y ¿cuál democracia queremos tener? Parece una obviedad: una cosa son las definiciones conceptuales, otra lo que la realidad ofrece y una tercera lo que nos gustaría que hubiera. Sin embargo, tengo la impresión de que muchos de los desacuerdos en torno a la «transición» mexicana derivan de confusiones entre estos planos. Y ello hace difícil compartir un diagnóstico de nuestra realidad que sirva de pauta para una discusión objetiva. Que la democracia pueda ser identificada en sus rasgos fundamentales no impide que existan diferentes diseños institucionales y teorías ideales de la misma forma de gobierno. Lo importante es que se trate de variaciones sobre un mismo tema.

II

Una noción mínima de la democracia también es indispensable para orientarnos en el debate sobre la transición. Tenemos una transición a la democracia cuando un sistema político autocrático (que puede ser de diversos tipos: totalitario, sultanista, de partido único, de partido hegemónico, etcétera) se transforma en un sistema que cumple con las características que he propuesto siguiendo a Bobbio. Una vez que los «procedimientos universales» tienen vigencia efectiva en un territorio determinado (son «el único juego de la ciudad» en palabras de Linz)7 el sistema político es un sistema democrático. Pero el propio concepto de transición amerita una breve reflexión.

En 1986 O’Donnell y Schmitter propusieron una definición simple y contundente: transición es el «intervalo entre un régimen político y otro».8 Es decir, la transición es el proceso de transformación y no la culminación de la transformación misma. Cuando un Estado ya no tiene la forma de gobierno que tenía pero aún no cuenta con las características necesarias y suficientes para que su nueva condición sea tipificada como una forma de gobierno distinta, está transitando. Una vez que su forma de gobierno es una forma nueva y distinta a la anterior podemos decir que la transición ha concluido. Además, como es bien sabido, no toda transición lleva necesariamente a la democracia: es posible transitar de un tipo régimen autocrático a otro o desde una democracia hacia una autocracia. Lo que determina que una transición sea democrática es el puerto de llegada, no su punto de origen ni la ruta que se haya seguido en el trayecto. Por lo que se refiere a los pasos que conducen a la democracia, O’Donnell y Schmitter han sostenido que la transición desde el autoritarismo inicia cuando los líderes comienzan a modificar sus propias reglas del juego (promoviéndose garantías a los derechos políticos) y se caracteriza por la incertidumbre en torno a las propias reglas del juego. Además, según estos autores, durante la transición los actores políticos luchan por redefinir dichas reglas pensando en obtener un beneficio inmediato y futuro. Vale la pena subrayarlo: esas «reglas del juego» son básicamente los «procedimientos universales» de Bobbio. Podemos decir que cuando la «nueva» forma de gobierno cumple con todos y cada uno de los «procedimientos universales», la transición ha concluido; pero cuando sólo algunos de esos procedimientos (que antes no existían) están presentes, la transición a la democracia continúa.

III

Teniendo como punto de partida las reflexiones hasta ahora expuestas es posible afirmar la existencia de un sistema democrático en México. La tesis se sustenta en lo que la realidad arroja: contamos con un sistema de partidos competitivo, con instituciones electorales sólidas, con una opinión pública libre y que ejerce su capacidad de crítica y con una ciudadanía que puede elegir (y, de hecho, elige) entre opciones políticas alternativas mediante el voto. Soledad Loaeza lo ha sintetizado con precisión: «Estamos viviendo en un régimen en el que se respetan las elecciones, en el que intervienen diferentes corrientes de opinión de la sociedad; esta es una sociedad diversa y plural, y esa pluralidad se expresa políticamente en partidos».9 El sistema político mexicano es democrático porque las reglas que determinan quién gobierna y cómo lo hace corresponden a los «procedimientos universales» que caracterizan a esta forma de gobierno.

Si a esta premisa le sumamos otra en el sentido de que «hasta hace algunos años el sistema político mexicano era de tipo autocrático (específicamente era un sistema de partido hegemónico)» tenemos que, por estricta implicación lógica, debemos abrazar la tesis de la culminación de la transición hacia la democracia. Y tenemos que adoptarla en tiempo pasado: México transitó a la democracia porque hoy tienen vigencia instrumentos democráticos para la adopción de las decisiones colectivas que antes no operaban dado que las decisiones se adoptaban autocráticamente. Además, es posible constatar la vigencia de la totalidad de los «procedimientos universales» y no sólo de una parte de ellos. Por si no bastara, una característica particular de nuestra transición fue la transformación gradual de las «reglas del juego» siguiendo la lógica descrita por O’Donnell y Schmitter. Lo que en otro trabajo, con Ricardo Becerra y José Woldenberg, hemos denominado La mecánica del cambio político en México es una descripción puntual de ese proceso: los partidos políticos «produjeron elecciones competidas; las elecciones competidas colocaron a partidos distintos en las posiciones de gobierno y de representación; desde esas posiciones conquistadas, los partidos impulsaron nuevas reformas, nuevas reglas del juego que los fortalece».10 Si, como señala Juan Linz, la democracia se refiere en términos prácticos a la libertad de crear partidos políticos y celebrar elecciones honestas en intervalos regulares de tiempo11 es verificable el proceso de democratización que tuvo lugar en nuestro país en las últimas décadas.

IV

Por lo anterior, es equivocada la tesis central del ensayo «Introducción, transición y democracia» con el que Alberto Aziz Nassif introduce el libro México al inicio de siglo XXI, democracia, ciudadanía y desarrollo12 que él mismo coordinó y en que sostiene que la transición «ni se inicia ni termina, consideramos que continúa porque para concluir hace falta consolidarla y eso pasa cuando se hacen las reformas institucionales y constitucionales que aseguren la permanencia y establezcan un punto y aparte con el antiguo régimen». 13 Para refutar esta afirmación, además de lo antes expuesto, podemos agregar que, como la historia enseña, no existen «reformas institucionales y constitucionales» capaces de asegurar la permanencia de un régimen político de manera indefinida. Nadie niega que la República de Weimar haya sido una democracia aunque su vigencia haya sido tristemente breve (1919-1934) y, para colmo, fuera reemplazada por el nazismo. Es cierto que existen democracias más estables en el tiempo que otras (y que los promotores de la democracia «deseamos» esa estabilidad) pero también lo es que esta forma de gobierno es relativamente reciente. De hecho, si utilizamos el factor tiempo para medir la consolidación de las democracias modernas, tenemos que sólo podemos hablar de 22 democracias estables desde 1950.14 Cabe subrayarlo: nuestro lapso de tiempo para valorar la estabilidad de esta forma de gobierno son menos de 60 años, lo que en tiempos históricos es francamente poco. Por si no bastara, en múltiples ocasiones (con preocupante insistencia hoy en día) hemos sido testigos de fuertes regresiones antidemocráticas en países llamados de «tradición» democrática. Lo que me interesa subrayar es que la consolidación nunca es definitiva y la permanencia es inevitablemente incierta por lo que la tesis de Aziz Nassif nos llevaría por el camino de la transición eterna.

Tampoco es un buen argumento para rechazar la culminación de nuestra transición el que esgrime Aziz Nassif cuando afirma que sigue existiendo una continuidad entre el régimen actual y el «antiguo régimen». Para Aziz, México vive una «dimensión transicional, en donde el viejo régimen y el viejo sistema no terminan de irse, de erradicarse y, el nuevo régimen, el nuevo sistema político, no termina de asentarse y ser dominante».15 Pero, ¿acaso el franquismo terminó con la muerte de Franco?,16 ¿qué podemos decir del caso italiano en el que Gianfranco Fini es simultáneamente líder del partido post-fascista Alleanza Nazionale y vicepresidente del gobierno?, ¿los países de Europa del Este se durmieron socialistas y despertaron democráticos? Las preguntas parecen retóricas pero el cuestionamiento es sólido: los regímenes se transforman pero no renacen y toda transformación implica una cierta continuidad del pasado en el presente en la construcción del futuro. Esto es muy claro en el caso de las transiciones que, como la nuestra, tienen su origen en un «régimen hegemónico de partido de Estado»17 en el que la entidad gobernante perdió su hegemonía y modificó su identidad pero conserva el derecho a participar en un contexto pluripartidista y competitivo. Su lugar en la dialéctica mayoría/minoría dependerá, como para los demás partidos, de los resultados que arrojen los «procedimientos universales». En síntesis: lo que determina el carácter democrático del sistema político mexicano son sus «reglas del juego», no la alternancia ni una hipotética desaparición o transustanciación del PRI.

V

La democracia es necesariamente liberal en sentido político. La democracia sólo es posible sobre la base de las libertades fundamentales (al menos de las que Bobbio llama las cuatro grandes libertades de los modernos: libertad personal, libertad de pensamiento, libertad de asociación y libertad de reunión). El primer teórico contemporáneo de la democracia moderna, Hans Kelsen, lo dejó claro cuando estudiaba y promovía el resurgimiento de esta forma de gobierno en el siglo XX: dado que la democracia sin opinión pública es una contradicción en sus términos (y ésta sólo  es posible en donde existen las libertades de pensamiento, palabra, prensa y religión), la democracia coincide con el liberalismo político, aunque «no necesariamente con el liberalismo económico».18 Las libertades fundamentales son precondiciones lógicas de la democracia moderna.19 Esta afirmación, ampliamente compartida por los estudios, supone que el adjetivo «liberal» es consustancial a la democracia.

Por ello es menos original de lo que parece, aunque no por eso carezca de tino, la tesis de que la transición tiene dos momentos —liberalización y democratización— que fue propuesta por O’Donnell y Schmitter en su trabajo de 1986. Cuando estos autores afirman que la liberalización es el «proceso por el cual se hacen efectivos ciertos derechos que protegen tanto a individuos como a grupos sociales de los actos arbitrarios e ilegales cometidos por el Estado o por terceras partes»,20 lo que describen es el proceso que lleva a la limitación del poder Estado y que es un prerrequisito para su posterior distribución. Pero un Estado liberal (en el que el poder se encuentra limitado) no es necesariamente un Estado democrático (en el que el poder se encuentra distribuido). Ciertamente, sin liberalización no hay democratización pero la fórmula no aplica en sentido contrario: que la democracia moderna sea necesariamente liberal no implica que todo Estado liberal tenga que ser democrático. Por ello, la estrecha relación que O’Donnell y Schmitter encuentran entre ambos procesos sólo es tal si nos colocamos del lado de la democracia.21

Siguiendo este razonamiento tenemos que, cuando Carlos Elizondo y Benito Nacif sostienen en la introducción al libro Lecturas sobre el cambio político en México que «México parece haber llegado a la democracia por una ruta inesperada: la de la liberalización política»,22 se sorprenden de algo evidente. Ningún Estado, al menos que ya sea un Estado liberal, puede llegar a la democracia sin recorrer ese camino. Su descripción de los problemas específicos del proceso liberalizador en los regímenes de partido hegemónico y su análisis del caso mexicano son impecables pero limitados si de lo que se trata es de explicar el proceso de democratización. Los autores diluyen la frontera entre la liberalización y la democratización y al hacerlo terminan por utilizar una sola fórmula de explicación para dos fenómenos distintos. El defecto radica en una defectuosa distinción analítico/conceptual. El breve texto de Elizondo y Nacif describe y explica el proceso que llevó a nuestro país desde un régimen autoritario (con mayor precisión «absoluto» en el sentido de «ilimitado») hasta un régimen liberal, pero no lo distingue del proceso que llevó a la distribución del poder (la transformación de un régimen autocrático a uno democrático). Sin duda el libro cumple con la finalidad de «presentar al lector una serie de lecturas que en su conjunto proporcionan una visión comprensiva del proceso de liberalización política en México»23 pero descuida el proceso de democratización. Aunque este último sólo fue posible gracias al primero, como bien saben Elizondo y Nacif se trata de dos procesos diferentes y por lo mismo exigen explicaciones particulares.

Elizondo y Nacif reconocen que «una democracia supone la existencia de un orden liberal»24 y sostienen que «la democratización de los regímenes autoritarios no sólo supone la celebración de elecciones limpias, sino también el establecimiento de un sistema efectivo de frenos y contrapesos».25 Pero vale la pena reiterarlo: la relación de necesidad que vincula a la democracia con el liberalismo político no opera en sentido contrario.26 Los autores pierden de vista este dato y quizá por ello extienden su descripción explicativa de la liberalización hasta el terreno de la democratización sin reparar en que había que detenerse en el puerto de frontera. La clave de la democratización (no de la liberalización como Elizondo y Nacif erradamente señalan) fue «el crecimiento de los partidos de oposición»27 y la mecánica de reformas (principalmente electorales) que dicho crecimiento llevó consigo y que, a su vez, aumentó la capacidad política de esos partidos. En este caso no se trataba (al menos no como objetivo primordial) de limitar al poder en términos liberalizadores sino de distribuirlo en términos democráticos. La distinción no es ociosa: se trata de dos conquistas diferentes que deben valorarse por sus propios méritos (aunque también sea posible hacer una ponderación conjunta) y, sobre todo, que deben defenderse y profundizarse en sí mismas. La democratización tiene que ver con la autonomía política de los ciudadanos, con el ejercicio de su derecho/poder de participación en la toma de decisiones colectivas, con la construcción de partidos políticos, etcétera; la liberalización tiene que ver con limitaciones al poder que son indispensables para que la democratización sea posible pero que tienen una finalidad independiente. De hecho, aunque parezca paradójico, las limitaciones también van dirigidas al poder democrático: la garantía de las libertades fundamentales exige límites a las decisiones de los órganos de poder por más democráticos que éstos sean. Si no diferenciamos los procesos perdemos de vista sus tensiones.

Creo que es posible afirmar que la liberalización que describen Elizondo y Nacif fue completada por una proceso democratizador que siguió la «mecánica» partidos/reformas/elecciones a la que ya he hecho referencia y que describí con Becerra y Woldenberg en el año 2000.28 Laurence Whitehead para quien es claro que «la liberalización de un régimen autoritario es más un precursor que un sustituto de una posible transición del régimen»,29 en su colaboración al libro que se comenta y que data (en una versión preliminar) de 1994, propone cinco «situaciones hipotéticas» que podían llevar a México por la senda de la democracia. Creo que la tercera «situación (en ese entonces) hipotética» condensaba bien el punto de contacto entre la liberalización y la democratización: «un partido que surge de la oposición democrática (…) aprovecha las oportunidades creadas por la liberalización política y, a la larga, obtiene un mandato electoral y se alterna en el gobierno».30 Whitehead no podía saber que este escenario se cumpliría en el año 2000 pero no dudaba en sentenciar que «desde luego esto contaría como un transición a la democracia plena y convencional».31

VI

A continuación es pertinente detenernos en otro conjunto de «lecturas» que niegan la culminación de nuestra transición por razones de «sustancia». Sabemos que la teoría de la «democracia sustancial» tiene una larga tradición teórica y ha sido una bandera frecuentemente abrazada por los partidos y movimientos de izquierda. De hecho, en sus inicios se presentó como una alternativa a la democracia «liberal» que enfrentaba las concepciones minimalistas o procedimentales de la democracia. Todavía en la actualidad son muchos los estudiosos, políticos y analistas, quienes proponen teorías sustantivas de la democracia como un complemento (ya no como una alternativa) a la democracia «liberal». La tesis central consiste en afirmar que la democracia también tiene una dimensión sustantiva —relacionada con la satisfacción en condiciones de igualdad de una serie de satisfactores materiales mínimos— sin la cual es inexistente. En consecuencia, las sociedades pobres y/o desiguales no son aptas para gobernarse democráticamente. O están condenadas a establecer democracias de «baja intensidad».

Esta es la teoría de la democracia que permea la recopilación de ensayos de Rosa Albina Garavito contenida en el libro Los espejismos del cambio publicado en 2002.32 El texto de Garavito es ideal para evidenciar los problemas que acarrea la teoría sustantiva (o social) de la democracia. En sus palabras, «el país ha evolucionado positivamente hacia un sistema democrático; y sin embargo aún no vivimos una democracia plena». Para Garavito ni siquiera «podemos hablar aún del inicio de la transición» 33 Desde su perspectiva,  el país será democrático cuando, entre otras cosas, se pacte un plan de pago a los trabajadores por la pérdida acumulada de su poder adquisitivo, se modifique el patrón de acumulación capitalista, se revierta la debilidad de las finanzas públicas, se otorgue validez a los acuerdos de San Andrés en materia de autonomía indígena, etcétera. Es decir: la democracia llegará cuando además de las reglas para decidir (quién y cómo) se adopten ciertas decisiones con un contenido preciso (qué cosa) que satisfaga las preferencias de la autora.

Desde mi perspectiva, al proponer una concepción sustantiva de la democracia, como condición para afirmar la existencia de esta forma de gobierno, se desvirtúa el debate: esta posición conlleva un proyecto político determinado que rebasa lo que pueden ofrecer los procedimientos democráticos. Así las cosas, el problema se multiplica exponencialmente: la democracia se confunde con un programa con contenidos específicos que difícilmente despertará un acuerdo generalizado. Aquí el problema no se presenta entre los que promueven y los que objetan la forma de gobierno democrática (desacuerdo que supone un acuerdo conceptual) sino entre concepciones políticas que están fuera de la democracia. De hecho, una de las funciones de la democracia consiste en canalizar institucionalmente esta clase de desacuerdos sustantivos: por ello otra característica definitoria de la democracia es su carácter pluralista.

Lo cierto es que si el contenido de las decisiones sustantivas estuviera determinado de antemano la democracia perdería sentido. ¿De qué sirven los procedimientos universales para decidir si el contenido de las decisiones está definido a priori? La democracia, por definición, debe permitir la posibilidad de alternancia entre proyectos políticos de orientación y contenido diferentes. Por eso la democracia o es formal o no es. La concepción sustantiva de la democracia, más allá de las bondades específicas que pueda tener, se coloca fuera de la definición de la democracia y entra en el terreno de los proyectos políticos en competencia recíproca. Por lo mismo no es atinado evaluar el estado de la transición democrática mexicana teniendo como parámetro la satisfacción de un proyecto sustantivo. Al final solamente tendrían legitimidad «democrática» los proyectos afines a las propias convicciones. No sobra subrayar que el argumento vale para todo tipo de proyecto: ¿por qué si la tesis vale para sostener que la única democracia es «social» no vale para quienes promueven la vinculación entre la democracia y el neoliberalismo? Si afirmamos que donde rige el neoliberalismo es imposible la democracia tenemos que aceptar que los seguidores de Hayek nos digan lo contrario. En ese caso la democracia habrá perdido su valor como instrumento institucional para canalizar proyectos, en este caso «sociales» o «neoliberales», alternativos. Además, como bien señala J. E. Roemer, «debemos (…) afirmar una división del trabajo entre el concepto de democracia y el de justicia con la finalidad de que la pregunta (¿la democracia produce justicia?) resulte interesante».34

Creo que el problema está en otro lado. Una democracia puede existir (como de hecho existe) en sociedades desiguales y con altos índices de pobreza. Ese es el caso, para escapar del circuito latinoamericano, de la India. El criterio que sustenta la afirmación es la vigencia de los «procedimientos universales». Muchos de los países de la «Tercera Ola» se encuentran en este supuesto.35 Son las democracias a las que la ciencia política ha denominado «aparentes», «delegativas», «imperfectas», «incipientes», etcétera, y de las que advierte su fragilidad. Pero la fragilidad de estas democracias no se desprende de la naturaleza específica de la forma de gobierno sino de los niveles de desigualdad y pobreza que marcan los rostros de las sociedades en las que se han establecido.36 De hecho, la fragilidad es un mal endémico de cualquier régimen que se implante en sociedades con esas características: la presión desestabilizadora amenazaría igualmente a un régimen autocrático.37 Lo que entra en crisis es la legitimidad de las instituciones por las condiciones sociales que prevalecen, no en función de sus características específicas. Ciertamente, es posible argumentar que las democracias están sometidas a un escrutinio mayor por la cantidad de bondades que suelen asociarse a las mismas pero, como ya he insistido, la sobrecarga de expectativas es causa y efecto de múltiples confusiones. Quizá el único rasgo propio de la democracia que trabaja en su contra cuando la problemática social apremia es que su complejidad institucional se traduce en una inevitable lentitud de respuesta ante las demandas. Pero de ese diseño complejo depende la bondad más significativa de esta forma de gobierno: su capacidad para canalizar la pluralidad evitando la imposición violenta de las posiciones parciales.

VII

Distinguir el plano de las definiciones del plano de las preferencias no implica la supresión de estas últimas. Como he argumentado, contar con una noción mínima de la democracia nos permite establecer con objetividad si en un determinado contexto sociopolítico se encuentra o no en vigor un sistema democrático y, al compartir un concepto, entablar un diálogo racional sobre nuestras preferencias. Pero nuestro acuerdo no tiene que ir más lejos: es completamente legítimo (e incluso positivo) abrazar una teoría determinada de la democracia (deliberativa, participativa, constitucional, etcétera) y/o adoptar una posición crítica ante las características específicas de una democracia concreta. Sostener que «México es una democracia» es un punto de partida que debe celebrarse sin excesos y que no implica obviar los rezagos o defectos estructurales de nuestro sistema político, renunciar a la promoción de una teoría de la democracia ni abandonar la batalla en pro de un programa de desarrollo social. Simplemente supone que no debemos confundir el análisis de lo que tenemos con la valoración, inevitablemente subjetiva, de lo que nos gustaría tener.

En lo personal prefiero una teoría «constitucional» de la democracia que supone la garantía efectiva de todos los derechos fundamentales individuales contenidos en nuestra Constitución y en los documentos internacionales ratificados por el Estado mexicano: derechos civiles, de libertad, políticos y sociales. Simplemente se trata de la construcción de lo que llamamos Estado de derecho y que, en el caso de México, supone la satisfacción efectiva de un paquete de derechos individuales muy completo. El reto es materializar el proyecto de país que recoge la Constitución de 1917 y del cual la democracia es solamente una parte. Ciertamente, como lo ha explicado Luigi Ferrajoli, la realización de un proyecto como éste implica que no todo pueda decidirse (lo relacionado con la garantía de los derechos de libertad) y que algunas cosas no puedan no ser decididas (lo relativo a los derechos sociales) y ello supone, inevitablemente, limitaciones a los poderes democráticos38 (y, obviamente, a los poderes económicos).

Dado que esta propuesta supone que la Constitución determina el contenido de algunas decisiones fundamentales podría pensarse que debemos hacer cuentas con las objeciones que enfrenta la teoría sustantiva de la democracia. Pero, en realidad, se trata de cosas diferentes. Cuando hablamos de democracia constitucional no confundimos los procedimientos para adoptar decisiones con el contenido de las mismas ni asumimos un proyecto político «de parte». La democracia sigue siendo formal, referida al quién y al cómo decide; mientras que la Constitución es la que delimita el contenido de las decisiones legítimas (el qué cosa). El proyecto político (en este caso liberal/social y democrático) que debe realizarse, por estar contenido en la Constitución, se ubica por encima de las partes y debe servir de guía para las acciones políticas de los distintos partidos. Ello no supone terminar con la pluralidad: son muchos los caminos para alcanzar un objetivo y muy variadas las formas de organizar nuestras prioridades. Nos tardamos muchos años en liberalizar, otros tantos en democratizar y ahora nos hace falta socializar el país. Eso es lo que dice la Constitución. Por aquí podría empezar una discusión democrática. n

1Cfr. Berlin, I., Cuatro ensayos sobre la libertad. Alianza Editorial. 1998.

2En este mismo sentido, cfr. Pintore. A.. Il diritti della democrazia. Laterza, Roma-Bari. 2003.

3En este sentido, cfr. S. Huntington, The Modest Meaning of Democracy, en R.A. Pastor (editor), Democracy in the Americas. Stopping the Pendulum, Holmes & Meier, Nueva York, 1989, pp. 11-28.

4Dahl, R., A Preface to Democratic Theory, Chicago University Press, Chicago, 1956.

5Bobbio, N., II futuro della democrazia, Einaudi, Torino, 1984, p. X.

7Cfr. Linz, J., «Transiciones a la democracia», en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, n. 90. Madrid. 1990.

6Estos procedimientos son los siguientes: a) todos los ciudadanos mayores de edad sin distinciones deben gozar de derechos políticos; b) el voto de los ciudadanos debe tener un peso igual; c) todos los titulares de derechos políticos deben ser libres de votar siguiendo a sus propias opiniones; d) los ciudadanos también deben ser libres en el sentido de que deben estar en condiciones de escoger entre soluciones diferentes, es decir, entre partidos que tengan programas distintos y alternativos; e) tanto para la elección, como para las decisiones colectivas, debe valer la regla de mayoría numérica; f) ninguna decisión adoptada por mayoría debe limitar los derechos de la minoría, en particular el derecho de convertirse a su vez en mayoría en igualdad de condiciones. Bobbio, N., Teoría generale della política, Einaudi, Torino, 1999, p. 381.

8 O’Donnell y Schmitter. Transitions from Autboritarian Rule: Tentative Conclusions, Johns Hopkins University Press. 1986, p. 6. En el mismo sentido, cfr. González. Ma.. S. López Ayllón (editores). Transiciones y diseños institucionales, IIJ-UNAM. México, 2000. p. 7.

 9 El problema, continua Loaeza, «es que como no estamos dispuestos a aceptar que eso es lo que logramos y que la transición es un concepto limitado, que se refiere a un área muy precisa de nuestra vida política, estamos dando vueltas de manera insensata», en Luken, G.. V. Muñoz, Escenarios de la transición en México. Grijalbo. México, 2003.

10Cfr. Becerra, R., P. Salazar, J. Woldenberg, La mecánica del cambio político en México. Elecciones partidos y reformas, Cal y Arena, 2000, p. 34. Una interpretación similar se encuentra en M. Merino, La transición votada. Fondo de Cultura Económica, México, 2003.

11Cfr. Linz, J.. The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis. Breakdown and Reequilibration, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1978; Diccionario Electoral. voz «Transición a la democracia», IIJ-UNAM, TEPJF, IFE, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, pp. 1218-1224.

12Aziz Nassif, A. (coordinador), México al inicio de siglo XXL, democracia, ciudadanía y desarrollo, CIESAS, Miguel Angel Porrúa, 2003.

13Ibíd., p. 17.

14Cfr. Dahl, R., How Democratic is the American Constitution, Yale University Press, 2001. pp. 82-83 y 123.

15 Aziz Nassif, A., op. cit., p. 18.

16 Basta con recordar la trayectoria de Manuel Fraga durante el franquismo y su activa vida política en tiempos democráticos en Galicia para captar el sentido de la interrogante.

17 Aziz Nassif. A., op. cit.. p. 7

Kelsen. H., General Theory of Law and State. Cambridge, Harvard University Press, 1945.

19Cfr. Bovero, M., Contro il governo dei peggiori. Laterza, Roma-Bari, 2000.

20O’Donnell y Schmitter, op. cit.. p. 7.

21Esto no implica negar que la democratización, como sostienen O’Donnell y Schmitter. pueda fortalecer a la liberalización. Lo que se afirma es que en esta dirección la relación no es necesaria.

22 Elizondo, C.. B. Nacif (compiladores). Lecturas sobre el cambio político en México. CIDE. FCE. 2002. p. 13.

23Ibíd., p. 23. Las cursivas son mías.

24Ibíd., p. 17.

25Ibíd., p. 19.

26Los llamados «Estados liberales clásicos» del siglo XIX y algunas de las que ahora llamamos democracias antes de la universalización del sufragio son un claro ejemplo histórico de esta afirmación teórica.

27 Elizondo, C.. B. Nacif, op. cit., p. 25.

28Cfr. Becerra. R., P. Salazar, J. Woldenberg. op. cit.

29Elizondo, C., B. Nacif. op. cit., p. 139.

30Whitehead, L., «Una transición difícil de alcanzar: la lenta desaparición del gobierno de partido dominante en México», en ibíd., p. 140.

31Ibíd. p. 141.

32Garavito, R. A., Los espejismos del cambio. UAM. México, 2002.

33Ibíd.. p. 29.

34Cfr. Roemer, J.E., «Does the Democracy Engender Justice», en Shapiro, Hacker-Cordón (editores), Democracy’s Value. Cambridge University Press, Cambridge, Mass., 1999, p. 57.

35Cfr. Huntington. S., La Tercera Ola: la democratización a finales del siglo XX. Paidós. Barcelona, 1998.

36 Eric Hobsbawm sostiene con razón que «La principal razón de la caída de la República de Weimar fue que la Gran Depresión hizo imposible mantener el pacto tácito entre el Estado, los patronos y los trabajadores organizados, que la había mantenido a flote». Hobsbawm. E., Historia del siglo XX. Crítica. 1995. p. 143.

37 El propio Hobsbawm menciona que la Gran Depresión se tradujo en «la caída casi inmediata y automática de los gobiernos que estaban en el poder, principalmente como consecuencia de golpes militares. (Pero) es necesario añadir, por lo demás, que en Chile y Colombia la transformación política se produjo en la dirección opuesta». Ibíd.

38 Retomo esta tesis de la teoría de los derechos fundamentales que en los últimos años ha venido desarrollando Luigi Ferrajoli. Cfr. Ferrajoli, L., Diritti fondamentali, Laterza. Roma-Barí, 2001.