LOS AVATARES DE UNA JUSTICIA POSPUESTA

POR GUSTAVO HIRALES M.

LOS ANTECEDENTES

“Lo que resiste apoya”, fue la frase proverbial del entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, para justificar la reforma política de 1977 ante las críticas provenientes de sectores derechistas del PRI y del PAN y de las cúpulas empresariales. La Secretaría de Gobernación y la dirección del Partido Comunista Mexicano llegaron al consenso —que no fue fácil ni cómodo— de la conveniencia política de que la reforma fuera acompañada de una amplia amnistía para los que, considerando cerradas las vías legales para la lucha política, habían tomado las armas.

La iniciativa de amnistía presentada por el ejecutivo y aprobada por el Congreso de la Unión en 1977 benefició a los presos, a los perseguidos (“prófugos”) y a los exiliados de la guerrilla, en relación con los delitos del fuero federal presunta o realmente cometidos por aquéllos. La amnistía excluía de sus alcances a quienes se hubieran visto involucrados en hechos de sangre, con excepciones: algunos de los considerados en este supuesto podrían también recibir el beneficio, en dependencia de la valoración que de cada caso hicieran las autoridades correspondientes. Al final salieron todos los presos que teóricamente podían ser beneficiados con la amnistía.1

Sin embargo, ni en la ley federal de amnistía, ni en las amnistías locales, se mencionó la cuestión de los desaparecidos, difundida gracias al activismo de Rosario Ibarra y demás familiares de las víctimas. Tampoco fueron sujetos de amnistía los jefes y agentes de las fuerzas de seguridad, ni sus superiores, lo que obedeció, seguramente, a que no había razón para incluirlos, en tanto el gobierno no admitía que, en el combate a la guerrilla, se hubieran cometido —o se estuvieran cometiendo— delitos.2 Oscar Flores Sánchez, procurador de López Portillo, acuñó la frase de “no hay desaparecidos, los desaparecidos murieron en enfrentamientos…”. Incluir a los integrantes de los aparatos de seguridad y a los mismos gobernantes en la amnistía, hubiera implicado reconocer lo que el gobierno negaba con vehemencia: los excesos de la “guerra sucia”.

Además, nadie los acusaba, formalmente, de nada. Nadie tiene el registro de las denuncias que —por hechos relacionados con delitos de la autoridad en la guerra sucia— llegaron ante el Ministerio Público, pero una cosa es demostrable: ninguna prosperó.

Estaba fresca la memoria de la actitud de los órganos de procuración de justicia y del poder judicial en los acontecimientos de 1968, cuando ambos se pusieron al servicio del titular del poder ejecutivo para convertir a las víctimas en victimarios, justificar la prisión política, la persecución y las matanzas, blindar la impunidad y convertir a la ilegalidad y a la violencia —al menos temporalmente— en una segunda naturaleza del Estado mexicano.3

El reverso de la amnistía fue también claro: quienes no se acogieron política y formalmente a sus beneficios y compromisos implícitos fueron combatidos sin piedad y sin tregua. Eso, y la enfermiza intransigencia de una guerrilla ya muy degradada, es la razón por la que, aun después de la amnistía, siguió habiendo violencia, muertos y desaparecidos.

La cuestión de los desaparecidos se mantiene latente durante los gobiernos de De la Madrid y Salinas. Rosario Ibarra no permite que el tema se olvide, aunque tampoco logra que se abra una investigación oficial. Carlos Salinas crea la CNDH con el objetivo, entre otros, de que resuelva la cuestión, pero luego pierde interés en el tema, el que prácticamente se cancela con la salida de Jorge Carpizo de la CNDH. La presentación de los desaparecidos no era entonces —ni ahora— una demanda de amplio soporte social, y algunos de los eventuales afectados en una investigación a profundidad aparecían en ese tiempo como aliados políticos del presidente. A Ernesto Zedillo apenas se le planteó el problema, pues ése y otros temas cercanos quedaron subsumidos en el gran torbellino del levantamiento zapatista y sus repercusiones.4 Tampoco hizo por aclararlo.

Un efecto de la alternancia

La derrota del PRI en la contienda presidencial de 2000 y la subsecuente alternancia en el centro del poder posibilitan la reapertura del tema de los desaparecidos y, más allá, la saga de los abusos y atrocidades cometidos en defensa del régimen autoritario. El triunfo de Fox actualizó el dilema que se había venido planteando en su entorno de campaña: ¿Comisión de la Verdad o (atenerse al) marco jurídico vigente? Una Comisión de la Verdad, sin poder legal, correspondía a una visión más testimonial o propagandística del problema; mientras que la misma Comisión de la Verdad, pero con poderes plenipotenciarios, implicaba un orden jurídico distinto al que priva en México.

En cualquier caso, el poder ejecutivo tenía las palancas y los resortes para impulsar la revisión y la investigación de los abusos del pasado, por la fuerza y la legitimidad democrática con la que llegaba al poder Vicente Fox, porque la alternancia rompía con la cadena transexenal de lealtades, vínculos y complicidades históricas de los gobiernos priistas entre sí y con sus guerreros sucios. También porque el Ministerio Público de la federación depende de él. A diferencia de lo que ocurrió en otros países, y debido en parte al tiempo transcurrido, algunos de los presuntos culpables o habían muerto o estaban viejos y achacosos, y en todo caso habían ido perdiendo fuerza en las estructuras del poder. Como se habían vuelto marginales, el costo político de actuar en su contra era menor.

Legalmente existían dudas sobre la procedencia de encausar a los responsables, pero en favor del esclarecimiento de los hechos jugó la presencia de una Suprema Corte de Justicia renovada, que no se sentía ligada al pasado autoritario y que deseaba también legitimarse, explorando los límites de lo legal, como lo acreditó con el fallo que permitió extraditar a España a Ricardo Cavallo, el torturador argentino detenido a fines del gobierno de Zedillo.

A favor de una solución definitiva al tema de los crímenes del pasado jugaban, además, los acuerdos y tratados internacionales, que comprometían de una parte y justificaban de la otra al nuevo gobierno en materia de derechos humanos. La opinión pública y los medios, en sus sectores más activos e influyentes, estaban también por la investigación de los hechos y el castigo a los responsables. Tras algunos titubeos acerca de cómo abordar el espinoso tema, y en medio de revelaciones sorpresivas sobre algunos casos de desaparecidos (por ejemplo el de Alicia de los Ríos, sacado a la luz por Sergio Aguayo5), el gobierno federal le pide a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que culmine la investigación acerca de las desapariciones forzadas (iniciada en 199D, garantizándole todo el apoyo y el acceso a los archivos gubernamentales hasta entonces secretos. Un objetivo adicional era el de ubicar la realidad y magnitud del problema.

La investigación de la CNDH y su posterior informe y recomendación en noviembre de 2001 comprobaron que, en efecto, hubo una “guerra sucia” (esto es, además de la represión “legal”, una represión ilegal, clandestina, criminal y generalizada de las fuerzas coercitivas del Estado en contra de la disidencia armada) y que, como producto de ella, hubieron al menos cerca de tres centenares de personas desaparecidas, en casos plenamente documentados (además de la existencia de una cantidad similar de casos insuficientemente documentados y del registro concomitante de otros atropellos, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales de militantes, etcétera).

La documentación de las violaciones procedía en parte de los familiares de las víctimas, pero en su aspecto fundamental se encontró en los propios archivos del Estado y en particular en los de la Dirección Federal de Seguridad (resguardados por el CISEN). Tales resultados fortalecieron la apuesta por la sanción legal —no sólo moral— e inclinaron la balanza hacia la figura de una Fiscalía Especial, única capaz de dar cauce institucional e inmediato a la demanda de justicia.

Nacimiento de la Fiscalía Especial

El 4 de enero de 2002, el presidente Vicente Fox nombra fiscal especial, para la investigación y castigo de los presuntos delitos cometidos contra “movimientos sociales y políticos del pasado”, a Ignacio Carrillo Prieto quien, después de un inicio un tanto errático (declaraciones de que los desaparecidos podrían estar vivos, en manicomios o en la condición de “indigentes”, etcétera), conforma su equipo de trabajo y se concentra en lo que será, sin duda, su principal objetivo: detectar, registrar y documentar ministerialmente los probables delitos cometidos por servidores públicos en la etapa en cuestión, de modo que éstos puedan ser exitosamente consignados ante un juez para su sanción penal. Para cumplir su cometido contaba con la investigación documental de la CNDH y el acceso irrestricto a todos los archivos gubernamentales relacionados con la guerra sucia (excepto quizá los del ejército), además de sus propias facultades como ministerio público federal: investigar, citar, apercibir, llamar a declarar, consignar.

Ante la desconfianza inicial, ciertas acciones de la Fiscalía Especial han sido importantes para fincar su pertinencia y legitimidad: la atracción de las investigaciones acerca de las represiones del 68 y del 71, las comparecencias de Luis Echeverría, Alfonso Martínez Domínguez, Moya Palencia, Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro; las consignaciones penales de estos dos últimos, ex jefes de la Dirección Federal de Seguridad, y la detención, en febrero de 2004, del propio Nazar Haro. Más allá de la justa demanda de resultados por parte de la opinión pública, y más acá de sus errores y limitaciones, desde su inicio la Fiscalía Especial ha estado sometida al menos a tres distintas clases de fuego poco amistoso: 1) de los intransigentes de la parte ofendida (el ejemplo más extremo sería el de Rosario Ibarra, que acusa a la Fiscalía de ser sólo una “mascarada” del gobierno6); 2) de la derecha vinculada al empresariado regiomontano, al ejército y al priismo de cepa autoritaria, que califica a los miembros de las organizaciones clandestinas como “terroristas”, reivindica tácita o abiertamente las atrocidades de la guerra sucia en nombre de la seguridad nacional y califica las acciones de la Fiscalía Especial como inútiles o vengativas; 3) de las instituciones —básicamente la PGR, de la que depende financiera y ministerialmente la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado— cuya displicencia linda a veces con la obstrucción y manifiesta, en general, poco interés en una culminación exitosa de los trabajos de la Fiscalía.

Un incidente sustantivo

Cuando el juez federal 4o de Monterrey, Guillermo Vázquez, negó en abril de 2003 la orden de aprehensión en contra de Nazar Haro, aduciendo la prescripción de los delitos en el caso de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra, la Fiscalía Especial interpuso un recurso de reclamación ante un tribunal unitario, en el sentido de que éstos no habían prescrito dado su carácter de “delito continuado”. A petición de la PGR, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso y resolvió, el 5 de noviembre de 2003, que el plazo de prescripción para los delitos en cuestión sólo empezaba a correr con la aparición de la persona secuestrada.7

Si bien la resolución de la Corte atañía sólo al caso de Jesús Piedra, su significado era el de abrir un boquete profundo en el casco de la impunidad. Le dio, además, una bocanada de oxígeno a una Fiscalía maltratada y humillada por jueces cuyas resoluciones el fiscal Carrillo Prieto no había dudado en calificar de aldeanas, y fue al mismo tiempo la señal de alarma para quienes, vinculados personal o ideológicamente con la represión y/o con sus personajes, empezaron a manifestarse públicamente en defensa de los “nuevos perseguidos políticos”.

Un dato novedoso fue la movilización de sectores políticos y de la sociedad civil buscando influir en las decisiones judiciales, que se inicia alrededor del fallo de la Corte sobre el 68 y continúa con la resolución acerca de la no prescripción en delitos de desaparición forzada. En favor de la no prescripción hubo pronunciamientos claros de actores políticos representativos, entre ellos, el secretario Creel, de Gobernación, y el propio presidente Fox. Dirigentes del PRD se pronunciaron en la misma dirección, pero el silencio del PRI fue estruendoso.8 Así, el mismo juez de Monterrey que había negado la orden de aprehensión contra Nazar se vio obligado, finalmente, como se dice en la jerga de la judicatura, a “obsequiarla”.

Para entonces, los dos indiciados principales, Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro, se habían dado a la fuga, a pesar de las prevenciones públicas de los días previos. Estas fugas levantaron una nueva oleada de especulaciones y críticas acerca de la falta de idoneidad de los órganos de procuración de justicia, y en especial acerca de la seriedad y diligencia de la PGR.

Las sospechas de complicidad estaban en el aire. El 4 de febrero de 2004, en un acto en Chilpancingo, el fiscal advirtió que si el Estado no apoya a la Fiscalía “con toda su fuerza” para ejecutar las órdenes de aprehensión contra los indiciados, “los mando a la chingada y presionamos de otra forma”.9 Afortunadamente para su causa, el 18 de ese mismo mes Nazar Haro fue detenido en la ciudad de México por agentes de la PGR y trasladado al penal de Topochico, en Monterrey, donde —otra vez— el mismo juez que se negó en abril del 2003 a obsequiar la orden de aprehensión, ahora le dictaba el auto de formal prisión.

Ya preso, Nazar fue objeto de otra orden de aprehensión girada por un juez del Estado de México, por su probable responsabilidad en la detención y posterior desaparición, en abril de 1974, de Ignacio Salas Obregón, fundador y principal dirigente de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Todo parecía indicar que se estaban soldando los eslabones de una cadena acusatoria que legalmente sería muy difícil de romper. Como rayo en cielo sereno cayó entonces el amparo que otro juez de Monterrey le concedió a Nazar por el primer delito, la desaparición de Jesús Piedra. ¿Las razones del juez? Que no había suficientes evidencias, en el pliego acusatorio, de la responsabilidad de Nazar en este crimen.

Lo cual nos lleva a una discusión esencial para entender la lógica de lo que se dirime en los procesos legales por la guerra sucia. El punto clave, en mi perspectiva, es el siguiente: ¿se puede o se debe juzgar a Miguel Nazar (o a Luis de la Barreda Moreno o a Luis Echeverría) con la lógica de un proceso penal “normal”? Si la respuesta es que sí, la justicia está en problemas.

¿Por qué? Por las mismas razones que hubiera sido una gran injusticia que sus delitos hubieran prescrito; es decir, estamos hablando de autoridades que tenían un poder casi absoluto, durante periodos prolongados, no sólo sobre la suerte de quienes caían en sus manos, sino también sobre la manera en que esto quedaba o no registrado. El que un juez busque pruebas directas e incontestables sobre la responsabilidad de Nazar, por ejemplo, en el caso de Jesús Piedra Ibarra, supone desconocer la lógica del poder durante la guerra sucia y en particular la lógica de la policía política.

Lo que detectó la CNDH en su informe sobre desaparecidos, y que las investigaciones de la Fiscalía Especial no han hecho sino corroborar y profundizar, es que una parte sustantiva de la autoridad encargada de combatir a la disidencia armada (Gobernación, ejército, DFS, Brigada Blanca) no tenía facultades legales para ello, y tampoco para someter a su mando —como sucedió— a las procuradurías General de la República o a las estatales. La DFS era una corporación que constitucionalmente no podía realizar funciones policiacas (ni preventivas ni persecutorias), pero las realizaba; no podía detener, y detenía; no podía interrogar, y era el más eficaz y aceitado mecanismo de tortura que jamás haya existido en México.

Por encima de todo, no podía matar y ejecutaba, no podía secuestrar y desaparecía. Eran los usos y costumbres. Las pruebas son muchas, pero no siempre a primera vista. En el caso de Jesús Piedra Ibarra las pruebas son de dos órdenes: los testimonios de varios agentes de la policía judicial de Nuevo León que participaron en su captura y los documentos encontrados por la CNDH en el archivo de la DFS. Los testimonios son muy importantes porque provienen de los dos agentes de la policía judicial del estado que, comisionados a la DFS en Nuevo León, participaron directa y personalmente en la detención de Piedra Ibarra. En su relato ponen al descubierto, sin quererlo, el modus operandi de la DFS y cómo a su poder y arbitrio se sometían todos los cuerpos policiacos, incluidos en este caso los militares de la 7a zona militar (también comisionados).10

Relatan que, una vez detenido Piedra Ibarra, el 18 de abril de 1975, fue trasladado a la sede de la DFS en Monterrey, donde Ricardo Condell, el delegado, informó a la superioridad del éxito obtenido: “Tenemos a P. I. (sic) y luego de decir esto colgó el auricular y nos dijo: muchachos, los manda felicitar el señor Miguel Nazar Haro, y mañana mismo viene…”. Posteriormente, Condell dio la orden de trasladar a Jesús Piedra al rancho donde sería propiamente interrogado. De los resultados del interrogatorio hablan una serie de oficios fechados los días 19 y 20 de abril de 1975 dirigidos al director de la Federal de Seguridad, capitán Luis de la Barreda Moreno, desde la delegación de la DFS en Nuevo León, quien a su vez los retransmitía a la superioridad,11

Volvamos a Nazar. Niega todo, aprovechando que lo único que lo incrimina en este caso son testimonios de oídas. Además, él no firmaba (en esas fechas) la mayor parte de los oficios ni a él se le dirigían, para no hablar de la alta probabilidad de destrucción de pruebas incriminatorias.12 En un proceso penal normal operaría el principio de “la duda favorece al acusado”, y Nazar tendría que ser liberado. Pero el juez estaría faltando a su deber de compenetrarse del conjunto de las circunstancias en que ocurrió el delito (de las demás acusaciones, pruebas y multitud de testimonios contra el indiciado); desconociendo la forma de operar de la DFS y en particular el papel de Nazar como subdirector a cargo de las operaciones antisubversivas y su proclividad al involucramiento personal en los interrogatorios y tortura de los detenidos, además del hecho de que la CNDH encontró oficios de la DFS donde consta que ésta buscaba a Piedra Ibarra desde mayo de 1974, un año antes de su detención/desaparición. Está el caso, también, de Luis de la Barreda Moreno. En su defensa se ha dicho que él era simplemente el director de la Federal de Seguridad, que no hay suficientes evidencias que lo vinculen con tales o cuales delitos. En efecto, así es. En ningún caso hay suficientes pruebas y evidencias, por una razón elemental: quienes ordenaban o ejecutaban las atrocidades no estaban en disposición de dejar testimonio escrito o grabado de ello; pero las evidencias existen.

En el expediente 11-235-74, de los archivos de la DFS, legajo 6, hojas de la 35 a la 37, aparece un oficio con el sello de esa Dirección, fechado el 30 de enero de 1974, donde se informa que “La Policía Judicial Federal detuvo en la ciudad de Mazatlán a los que dijeron llamarse Salvador Corral García y Raúl Gómez Armendáriz”, pero este último resultó ser “José Ignacio Olivares Torres (a) Sebas, miembro prominente (sic) del Buró Político de la Dirección de la Liga Comunista 23 de Septiembre y responsable de la misma en el estado de Jalisco”. El oficio lo firma, “muy respetuosamente, el Director Federal de Seguridad, Capitán Luis de la Barreda Moreno”. Otra nota, fechada el 31 de enero del mismo año señala que ambos detenidos “han sido enviados a la DFS para su interrogatorio”.

Se ha localizado la transcripción de los interrogatorios a los que fueron sometidos los dos dirigentes, firmados también por Luis de la Barreda Moreno. Y luego, con fecha 11 de febrero de 1974, aparece una nota escueta, sin firma, que dice: “En Guadalajara apareció el cadáver de José Ignacio Olivares Torres y en Monterrey el de Salvador Corral García”. Así nada más. Ni una palabra de cómo pasaron ambos militantes, de estar detenidos y bajo interrogatorio en la DFS, a la condición de torturados y muertos. ¿Tuvo responsabilidad el director de la DFS en estas muertes? Todo indica que sí, pues la documentación oficial referida prueba que él fue la última y máxima autoridad que —aunque ilegalmente— los tuvo en su poder días antes de sus muertes. Pero, ¿qué va a hacer el juez? No hay una salida fácil, pero justificarse en que “no hay suficientes evidencias”, lo único que logrará será acreditar que se mantiene la complicidad histórica entre poder judicial y crímenes de Estado. Si la justicia no logra sortear los vericuetos y trampas legaloides, entonces todo el asunto de los desaparecidos y la guerra sucia tendrá que pasar, quizá, a instancias internacionales de queja y resolución judicial, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Salida indeseable desde el punto de vista de consolidar la legitimidad y eficacia de nuestra democracia y de las instituciones mexicanas de justicia.

Sigue pendiente, por otra parte, la llamada “cuestión militar”. Ningún elemento del ejército ha sido consignado hasta la fecha por la Fiscalía Especial; la Sedena se ha mostrado renuente a facilitar la documentación en su poder, no se ve actitud cooperativa de su parte e incluso presenta lo que a primera vista parece un conflicto de jurisdicciones, pues el ejército insiste en juzgar bajo el “fuero de guerra” o fuero militar a aquellos elementos de la corporación involucrados en delitos durante la guerra sucia, como sería el caso de los ex generales Mario Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo. Si bien ya son varios los altos mandos militares (en retiro) que han declarado ante la Fiscalía Especial, aún no hay consignados militares por estos hechos.

Finalmente, se ha dicho, incluso por personas que en algún momento se definieron como de izquierda, que la actual búsqueda de justicia no es pareja, pues mientras ahora se persigue a los policías y militares que cumplieron con su deber cuando estuvo de por medio la seguridad nacional, a los subversivos se les quiere convertir en “héroes” y se mantiene la impunidad sobre los delitos que en su momento cometieron.

En primer lugar, a los ex policías y militares no se les persigue por cumplir con su deber, sino por los delitos cometidos en ese conflicto. En segundo lugar, no defendían solamente la seguridad del Estado, sino al mismo tiempo al régimen autoritario y sus prebendas, con métodos ilegales. En tercer lugar, ellos tuvieron más de un cuarto de siglo para disfrutar de impunidad, muchos de ellos murieron en olor de inocencia; en cuarto, no conozco ninguna expresión seria, campaña o movimiento tendiente a convertir a los ex militantes de los grupos armados en “héroes”, ni tampoco en —imposibles— jueces de sus verdugos. En quinto lugar, no existió impunidad para los alzados: la amnistía benefició a cientos de militantes presos, la mayoría de los cuales había pasado una buena cantidad de años en la cárcel. Otros habían emigrado de la cárcel al exilio y una minoría de los amnistiados nunca fueron detenidos. De los dirigentes originales de los grupos armados, todos —con alguna excepción— murieron. De 15 militantes que fundaron la Liga Comunista 23 de Septiembre en febrero/marzo de 1973 sólo cuatro quedan vivos, entre ellos el autor de estas líneas. Con todo respeto —como gusta decir Muñoz Ledo—, en la transición democrática que vive México no todos tuvieron la opción de la oposición dorada, ni la de última hora, sin que ello implique desdén hacia los aportes de ambas al cambio. Los que ideológicamente obnubilados desafiaron al autoritarismo con las armas y contribuyeron —a pesar de desvíos y aberraciones— a agrietar sus murallas, pagaron, pagamos, por ver. n

1 Elias Orozco Salazar y Miguel Angel Torres Enríquez. involucrados en el intento de secuestro y muerte de Eugenio Garza Sada, abandonaron el penal de Topo- chico en 1984.

2  Como escribe Javier Ibarrola, vocero oficioso del ejército, “sólo hay amnistía para los que delinquen, y los soldados sólo cumplieron con su deber”, columna “Fuerzas Armadas”, en Milenio Diario, 28-04-04, p. 22.

3 “El simple hecho de que los órganos represivos dependientes del poder ejecutivo mexicano hayan actuado con total impunidad y sin ningún tipo de obstaculización legal en la comisión de graves violaciones de los derechos humanos, representa un serio cuestionamiento hacia la independencia e imparcialidad del poder judicial, principalmente el federal”, dice un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Milenio Diario, 24-02-04. p.13.

4 Una de esas repercusiones, ya desde las postrimerías del gobierno de Salinas, fue el derrumbe de la resistencia previa del sistema a una auténtica reforma política, confirmando el dicho de Engels de que a menudo “la historia avanza por el lado malo”.

5 Aguayo recogió la versión de que Alicia de los Ríos había tenido una hija en prisión, basada en el testimonio de un médico de la cárcel de mujeres, Juan Altamirano Pérez. El médico nunca (ni. para el caso, nadie) pudo probar que Alicia hubiera estado en esa cárcel, y por otra parte las investigaciones de la CNDH mostraron que el referido galeno cambiaba su testimonio de una fecha a otra y confundía a unas presas con otras.

6 “La Fiscalía es un fraude al servicio del presidente Fox, nosotros no acudimos a ella para nada, no creemos en su trabajo; sólo sirve al presidente como una medida propagandística…”. Rosario Ibarra, en Reforma, 20-10-03, p.15.

7 El ministro ponente, Juventino Castro y Castro, explicó en el pleno de la SCJN que el plazo para la prescripción del delito de privación ilegal de la libertad “no corre a partir de la detención, sino cuando la persona es liberada o presentada ante la autoridad correspondiente; por tanto, se trata de un delito permanente”, La Jornada, 06-11-03, p.3.

8 Roberto Madrazo llegó a denunciar —como parte del hostigamiento del gobierno federal hacia su partido— la persecución a que era sometida una figura tan estimada por el PRI como el ex presidente Luis Echeverría.

9 La Jornada, 05-02-04, p. 18.

10 Juventino Romero Cisneros es el agente judicial que detuvo primero a Piedra Ibarra: de inmediato acudió en su auxilio César Manuel Garza Espinoza, a quien Ibarra mordió un dedo. Sus testimonios son clave; en proceso.com.mx. Archivo, 10-12-03.

11  Según Juventino Castro y Castro, ministro ponente de la Corte en el caso de Jesús Piedra Ibarra, existe constancia de que el 20 de abril de 1975 “Piedra Ibarra fue interrogado por el propio director de la DFS de esa época”, esto es, Luis de la Barreda Moreno. La Jornada, 06-11-04, p.3.

12  Como dice Clemente Valdés, “muchas de las pruebas seguramente fueron destruidas… en muchos casos ni siquiera hubo pruebas, pensar en documentos en donde se hicieran constar órdenes que implican la comisión de delitos… contra la integridad corporal (no es razonable, pues éstas) pocas veces se dan por escrito”. Reforma, 03-11-03, p.13.