RECUPERAR LA MEMORIA Y PROCURAR LA JUSTICIA

POR IGNACIO CARRILLO PRIETO

Consigna Todorov que Itzcóatl ordenó la destrucción de estelas y códices para recomponer la tradición a su manera. Después vino la sistemática expoliación de la Conquista para erradicar memorias colectivas, los testimonios de la mitad de nuestra sangre. Afortunadamente, la tarea encargada al fiscal especial no llega tan atrás, pero esa voluntad destructora ha persistido hasta nuestros días, que sí le competen. Se trata de enfrentar hoy una nueva patología autoritaria: la supresión de la memoria. Al grado legendario de las gaviotas de Solovetskiye, abatidas a tiros para impedirles ser mensajeras de los prisioneros.

Hoy se sostiene que cualquier conducta que atente contra los derechos humanos debe someterse no sólo a una investigación para conocer la realidad de los acontecimientos, sino también al escrutinio por parte de la justicia, que es una de las funciones primordiales del Estado y de sus instituciones. Todo acto de reminiscencia, por humilde que sea, forma parte de la oposición al poder arbitrario.

Atendiendo al reclamo de la sociedad por el esclarecimiento de esos hechos, el poder ejecutivo federal expidió el “Acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2001.

En él, se propuso la designación de un fiscal especial con competencia para la investigación de los asuntos que se señalan en dicho acuerdo, así como la integración de un Comité de Apoyo al Fiscal Especial, y un Comité Interdisciplinario encargado de determinar los criterios para la eventual reparación administrativa a las víctimas y ofendidos por los ilícitos indicados.

El titular del poder ejecutivo federal solicitó al procurador general de la República, con pleno respeto a la autonomía constitucional y en el ámbito de sus atribuciones, nombrara a un fiscal especial, agente del Ministerio Público de la federación, encargado de concentrar y conocer de las investigaciones, de integrar las averiguaciones previas que se inicien con motivo de las denuncias o las querellas formuladas por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, así como de perseguir los delitos que resulten ante los tribunales competentes y, en general, resolver conforme a derecho proceda.

A efecto de que el funcionario designado pudiera contar con la autonomía técnica y operativa que requieren las tareas encomendadas, por medio del Acuerdo No. A/019/02, el procurador general de la República delegó diversas facultades en el fiscal especial para el debido cumplimiento de sus funciones. Entre otras, las facultades correspondientes a la autorización definitiva del no ejercicio de la acción penal y de la reserva de las averiguaciones previas, así como de la formulación de conclusiones no acusatorias en los procesos penales.

Asimismo, el ejecutivo federal exhortó al procurador general de la República para que conformara, por invitación, un Comité de Apoyo al Fiscal Especial, cuyo objeto sea aportar a dicho servidor público los elementos históricos, sociales, políticos, jurídicos y demás necesarios que requiera para el debido cumplimiento de su misión.

Para integrar dicho órgano de auxilio al fiscal especial, se precisó que sus miembros serían ciudadanos de reconocido prestigio público y experiencia en la rama jurídica o en la promoción y defensa de los derechos humanos.

Los problemas para esclarecer las desapariciones forzadas y los hechos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, se tradujeron en un Plan de Trabajo que se presentó públicamente el 20 de marzo de 2002. Ese plan asume las disposiciones legales que lo cimientan y las obligaciones éticas que presiden las tareas de la justicia, anteponiendo a toda otra consideración de la protección de la Constitución y de las leyes a los derechos de las víctimas, de los ofendidos y de los inculpados, así como la salvaguarda de los derechos proclamados por disposiciones nacionales e internacionales. Ahí, se asume que la República es la forma para que gobiernen los derechos humanos y voluntad para reconocerlos y promoverlos, acudiendo a su defensa y restablecimiento con todo el rigor de las instituciones. También reconoce que las medidas dispuestas por el presidente de la República para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales o políticos del pasado, representan la respuesta gubernamental a una importante exigencia ciudadana, mantenida viva con fervor y perseverancia ejemplares.

El plan asume que es preciso que el orden jurídico prevalezca para que México alcance, con certidumbre, su destino democrático. Que la sociedad exige resultados concluyentes, apegados a la verdad de los hechos, así como determinación y perseverancia para que atrocidades reprobables queden erradicadas de nuestro porvenir. Sólo así la reconciliación tendrá puntos éticos y legales de solidez, los de reconstrucción histórica y de resolución jurídica demandadas desde hace siete lustros. La justicia es la clave del destino de la patria y el país se prueba a cada momento, por el empuje de sus ciudadanos que no permitirán equivocar el rumbo de México.

El Plan de Trabajo, que contiene cinco programas a los que responden 64 acciones, se desarrolla alrededor de tres ejes:

1.  El jurídico ministerial, que comprende el conjunto de acciones que permitan investigar e integrar las averiguaciones previas, ejercer la facultad de atracción y sostener la acción penal ante los tribunales competentes. El conjunto de conocimientos periciales actuales y los recursos tecnológicos necesarios para la investigación criminalística se ponen al servicio de este programa, acudiendo a los centros de investigación nacionales y del extranjero. El proceso de consulta de archivos, expedientes y otros elementos documentales públicos y privados, traduce la necesidad de esclarecimiento histórico, que es exigencia social que no admite diferimiento ni encuentra contradicción con las medidas ministeriales del fiscal especial.

2.  El segundo eje es el de cooperación, participación ciudadana y vinculación institucional, alrededor del cual operan la coadyuvancia de los ofendidos y los familiares de las víctimas para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados, además de que contempla la colaboración y participación de organismos públicos y organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales. Fue indispensable instalar unidades de atención y enlace en diversas entidades del país para recabar testimonios y observaciones de los denunciantes, ofendidos, familiares y de la sociedad y sus organizaciones.

3.  El tercer eje es el de investigación e información, cuyas acciones contemplan la integración de equipos interdisciplinarios de investigación documental, bibliográfica y hemerográfica, con el propósito final de esclarecer los hechos y dejar constancia de las verdades históricas que concurren en la perpetración de los ilícitos que se investigan. Alrededor de este eje se articulan procesos de comunicación social provechosa y oportuna. En todo caso, ha sido útil la colaboración de entidades académicas, organismos gubernamentales y de mecanismos de intercambio internacional de información y experiencias análogas.

Los términos del dilema no son olvido y memoria, sino supresión y conservación; la memoria —dice Todorov— es una interacción de ambos: la memoria es una selección lúdica, transmutada en derecho hoy universalmente reconocido; las personas lo tienen para buscarla y perseguirla por ellas mismas y sin tutela estatal. Es la concreción del apotegma kantiano: cognoscere aude.

El recordar, sin embargo, no dice cómo hay que usar lo recordado. Pero si memoria es selección, ésta ya prefigura la utilización de lo recordado. En ocasiones, cuando los acontecimientos son trágicos, el derecho a la verdad se convierte en deber de atestiguar. Conviene recordar a Plutarco: la política se define como aquello que sustrae al odio su carácter eterno que subordina el pasado al presente.

Dice también Todorov que el acontecimiento recuperado puede ser leído de manera literal o ejemplar. En este último modo es utilizado como una manifestación, entre otras, de una categoría más general: construyo un ejemplo y extraigo una lección: el pasado se convierte en un principio de acción para el presente. La memoria ejemplar es libertadora, es justiciera.

No podemos perder de vista, a lo largo del camino técnico, su dimensión humana. En este itinerario se han oído razones y pasiones, emociones y argumentaciones, medios de comunicación y procedimientos ministeriales y judiciales, prisiones y libertades.

El trabajo ha de cumplirse sin sacrificio alguno de los preceptos que lo rigen, asumiendo que los conceptos sociales sobre los hechos que se investigan no son verdades probadas sino probables y que en ello reside nuestro encargo. Porque el debate, para existir en clave democrática, debe contar con una autoridad legítima que sea capaz de procesar legalmente la argumentación que de otro modo sería interminable. La intervención de la justicia debe concebirse hoy en día como proyecto compuesto de momentos de autoridad y momentos de diálogo y participación. El Ministerio Público, el fiscal especial, representante de interés social, otorga peso a las palabras de las víctimas, de los ofendidos y de los responsables: es la autoridad revestida del interés general, al que no le corresponde nunca la función decisoria del juez, pero al que le corresponde siempre impulsar el establecimiento de la verdad histórica que se busca en todo proceso penal. Precisamente es este núcleo definitorio de su trabajo que demanda la participación y la cooperación sociales.

En nuestras sociedades de legitimidades múltiples ningún agente, público o no, puede encarar él solo el interés general. Se requiere de un intercambio de saberes que supone tres condiciones que asume el Plan de Trabajo: protagonistas representativos, respeto a las reglas deontológicas y de garantía de los derechos humanos y protocolos de acuerdo que permitan definir objetivos y planes de acción común. Puede abrirse entonces una vía de acción pública contextualizante, que no contradiga la necesaria independencia y objetividad del Ministerio Público, y que permita evaluar su desempeño. Para este efecto, el plan programa, además, acciones de visores internacionales de reconocimiento indiscutible, que han actuado oportunamente.

La obra de la justicia exige que el fiscal especial haga abstracción de su voluntad e interés particular, por lo que requiere, en todo momento, de la voluntad institucional y de las voluntades sociales que hagan perdurar esa confluencia, encuentro de múltiples empeños que mantenga el impulso en virtud del compromiso de todos para honrar las promesas empeñadas con la ley y con la democracia.

La sociedad mexicana, plural y participativa, exige nuevos usos y acuerdos políticos, cuya observancia y cumplimiento es condición para consolidar una República de ciudadanos en plenitud por la que hemos luchado y por la que todavía batallamos.

Requiere también un sistema jurídico renovado en sus normas pero ante todo en el hábito de su acatamiento, del que los gobernantes no pueden quedar excluidos: ni los de ayer ni los de hoy.

Reclama, con igual vigor, que la historia de la patria, con luces y sombras, pueda ser leída por todos y para siempre, sin censura, artificio inadmisible en la democracia.

Un nuevo consenso social precisa de bases históricas y jurídicas sólidas: hemos de construirlas sin dilación, sin vacilación alguna, con lucidez digna del tiempo desde el que nos corresponde contribuir a la obra común para cuya cohesión hemos optado por la ley, que es impulso y límite de hombres y mujeres libres. Defraudar la vía legal, por la que hemos logrado avanzar, sería claudicación histórica, torpeza política y quebramiento moral. Los mexicanos no perdonarían ni se perdonarían que la democracia, construida con ahínco ejemplar, quedara librada a disputas estériles y debilitadas en posposiciones reiteradas de principales demandas colectivas, ante todas, las de la justicia, que mira lo pasado y lo resuelve, para despejar el presente y permitir que sigamos avanzando.

Avancemos en las reconstrucciones históricas, en las resoluciones jurídicas y en las reconciliaciones sociales. Hoy es posible interrogar y hacer que los archivos oficiales entreguen su contenido para que todos los ciudadanos, especialistas y legos, de derechas e izquierdas, sepamos de dónde ha venido lo que queremos y lo que no queremos para nosotros y para nuestros hijos.

Habrá distingos en estas opciones pero sin duda ya nadie elegirá la vía que condujo a destruir vidas y libertades, que son la única razón de legitimación del poder público. Es preciso cerrarle el paso a toda tentación de inmunidades y excepciones autoritarias. El poder que destruye acaba por destruirse él mismo.

Corresponde al México democrático dictar una lección para el presente y hacia el futuro, estableciendo indubitablemente que las autoridades tienen límites legales precisos y que los derechos y libertades fundamentales son preceptos superiores y anteriores a toda norma y a todo poder. La administración no puede, en nombre de facultades discrecionales, violar principios constitucionalmente consignados como base de la organización común y del orden jurídico. Los actos políticos y los actos de gobierno no pueden ser eximidos nunca de la legalidad que los sustenta y sin la cual sólo queda fuerza desnuda, acuerdos cómplices y el reino de la mentira, que ciega la moralidad, fuente primera del derecho.

La verdad factual, su surgimiento, nos aguarda no sólo en los recintos, que contienen los documentos de nuestra historia, sino en las ciudades y pueblos de México. Hemos ido en su búsqueda y nos hemos empeñado en su encuentro traduciéndola en obras de justicia, revestidos de templanza, guiados por la razón, sin apetitos de venganza, estéril en lo individual, mortal para lo colectivo.

Ha llegado la hora de que verdad, política y derecho, enemistados frecuentemente, traben la alianza para concertar los acuerdos democráticos del presente y del porvenir. De nuevo serán los ciudadanos que han mantenido con perseverancia ejemplar la causa de la justicia histórica, quienes impulsen y protejan en este nuevo camino.

En último extremo son ellos los dictaminadores de los trabajos de gobierno, sin menoscabo de las atribuciones y potestades de los poderes constituidos, que han de hacer su propia obra sin búsqueda de aplausos instantáneos e infecundos.

Pero a la verdad histórica y jurídica se le opone no sólo mediante el poder, también con la ignorancia. De ahí que, al abordar documentos y testimonios, hechos y dichos, sea preciso ir provisto de convicciones, y no de preconcepciones que limiten la fuerza y el impacto de las verdades.

Algunos interesadamente han pretendido desvirtuar el esclarecimiento histórico y su traducción jurídica. Frente a ellos y ante los ojos de todos, hagamos valer la fuerza de la ley y de la voluntad política que desde ahora exigimos cobije y resguarde este proceso. Contra nadie practiquemos lo que condenamos: la arbitraria disposición ilegal, que retuvo confinados y eliminó físicamente a luchadores sociales, constructores de nuestros días democráticos, en quienes reconocemos el impulso inicial, para que hoy sea posible escuchar atentos las voces silenciadas de nuestra historia.

No hay mérito en ponerse del lado correcto de la barricada: dar lecciones de moral, afirma Todorov, nunca ha sido prueba de virtud. Hay que dar el paso desde la desdicha propia a la desdicha de los otros sin reclamar, para uno, el estatuto exclusivo y excluyente de antigua víctima.

Aunque no necesariamente el dictamen jurídico sirva para conservar la memoria íntegramente, sí es útil para que el uso de dicha memoria transmutada en sentencia contribuya a impedir que se repitan los abusos del Estado.

Es preciso —dice Kolakowsky— apropiarnos de la historia con todos sus horrores y monstruosidades, con su belleza y esplendor, su crueldad y sus persecuciones, para saber quiénes somos y cómo debemos proceder. El derecho a la verdad y a la justicia tejen la trama de la condición del hombre. n