COMISIONES DE LA VERDAD:LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA

POR MICHEL LUND, MYRIAM MÉNDEZ-MONTALVO Y DANIEL ZOVATTO G.

Tras largos periodos de gobierno autoritario y conflicto violento, los comportamientos, actividades y actitudes necesarios para apoyar la democracia y el imperio de la ley están gravemente atrofiados. Es importante reconstruir la confianza en el gobierno democrático y eliminar prácticas como los asesinatos políticos, torturas, desapariciones y la limpieza étnica, con el objeto de facilitar la transición a la democracia. Esta transformación también se puede ver obstaculizada por una persistente sensación de injusticia y desconfianza por parte de la población hacia el gobierno y otros grupos étnicos. Por otro lado, las perspectivas de que el proceso de paz perdure tras un acuerdo pueden verse disminuidas si los autores de tales atrocidades siguen en una posición de poder, o si la sociedad considera que continúan actuando con impunidad en todo el país o en sus propias zonas de influencia.

El contexto

Encarar el sombrío legado que en materia de derechos humanos heredaron de los regímenes militares de las décadas de los años setenta y ochenta, constituyó una de las primeras y más difíciles tareas a la que debieron enfrentarse las nuevas democracias latinoamericanas. Los años noventa plantearon retos similares en Centroamérica tras los procesos de paz que pusieron fin a los conflictos armados en esta región.

Los países latinoamericanos que volvieron a la vía democrática se enfrentaron a un reto múltiple: conocer la verdad, hacer justicia, resarcir a las víctimas y o familiares y alcanzar la reconciliación nacional. En el cumplimiento de estos objetivos hubo conciencia acerca de la necesidad de aliviar los traumas de las víctimas y de sus familiares, la importancia de articular un consenso en favor de un “nunca más”, así como alcanzar un adecuado nivel de convivencia sobre la base de un proceso de reconciliación nacional.

El análisis comparado de las principales experiencias latinoamericanas sobre esta cuestión muestra tres tendencias principales. Una primera consistió en recurrir a las leyes de amnistía con el objeto de no revolver el pasado para empezar de cero. Una segunda sostuvo la importancia de conocer la verdad de lo ocurrido, y para ello se establecieron comisiones de la verdad. La tercera avanzó un paso más, propiciando el enjuiciamiento de losresponsables y el resarcimiento de las víctimas y/o sus familias.

LAS DIFERENTES EXPERIENCIAS NACIONALES

¿Cuál ha sido el modelo latinoamericano para lidiar con los fantasmas del pasado? El examen comparado evidencia que no existe una fórmula única, sino que por el contrario cada país ha buscado su propio camino. Las diferencias han variado en función del poder real del nuevo gobierno vis a vis las fuerzas armadas, la consistencia de la sociedad civil, en especial de los grupos de los derechos humanos, el grado de violencia y de las atrocidades cometidas, la cultura y tradición democrática previa a los regímenes militares del país en cuestión, y la presión de la opinión pública internacional.

En América del Sur las experiencias han sido las de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Brasil. En América Central las de El Salvador y Guatemala, que —como veremos— se dieron en un contexto de salida del conflicto armado y en las cuales la comunidad internacional jugó un papel relevante.

Bolivia. En 1982, el ejecutivo estableció la Comisión Nacional de Desaparecidos que funcionó entre esa fecha y 1984. Su mandato se limitó a investigar las desapariciones forzadas ocurridas entre 1967 y 1982, excluyendo los casos de tortura y encarcelamiento prolongado. Estuvo construida por ocho miembros, todos bolivianos.

Las investigaciones de la Comisión no fueron concluidas salvo en unos pocos casos. Tras dos años de funcionamiento, ésta se desintegró sin presentar un informe final debido, entre otras razones, a la carencia de recursos y a la falta de apoyo político.

En la actualidad, transcurridos más de 15 años desde la transición a la democracia, y la condena de un número limitado de altos oficiales de las fuerzas armadas, el tema de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante los gobiernos militares sigue vigente. El actual presidente, ex general Hugo Banzer, presidente de facto entre 1971 y 1978, ha sido objeto de fuertes ataques y denuncias, tanto por parte de la oposición como de organizaciones de derechos humanos que exigen el esclarecimiento del pasado.

Argentina. En 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín estableció la Comisión Nacional de Desaparecidos (Conadep), integrada exclusivamente por nacionales, con el mandato de esclarecer los hechos relacionados con los desaparecidos durante los gobiernos militares (1976-1983), así como determinar, en la medida de lo posible, la suerte y paradero de éstos. Si bien la Comisión no contó con la facultad de ordenar la comparecencia de testigos ni la presentación de pruebas, sí tuvo la obligación de informar al gobierno de los nombres de los presuntos culpables. Su informe titulado Nunca Más fue publicado en 1984.

Aun cuando en Argentina se iniciaron procesos penales a militares, especialmente de alto rango, las leyes de amnistía, tanto las dictadas por los mismos militares (Autoamnistía de 1983) como las de Obediencia Debida, Punto Final y otros decretos presidenciales de gracia, que pusieron fin al encarcelamiento de los culpables, constituyeron serias limitaciones a la acción de la justicia. Si bien en 1998 la Cámara de Diputados revocó estas leyes, la posibilidad de procesar a los oficiales que ya habían sido enjuiciados se desvaneció debido al principio legal que no permite ser juzgado dos veces por el mismo delito.

En cuanto a la indemnización moral y material de las víctimas y sus familiares, la compensación se limitó a la concesión de pensiones. Por su parte, la depuración de los cuerpos de seguridad se aplicó sólo en las altas jerarquías, lo que permitió que muchos subalternos y autores materiales de violaciones siguieran en servicio activo.

Un hecho singular del caso argentino lo constituyó el perdón público pedido tanto por la iglesia católica como por el general Martín Balza, comandante en jefe de las fuerzas armadas, en nombre de éstas. Muestras de arrepentimiento y confesiones también provinieron de dirigentes guerrilleros. Estas acciones han tenido repercusiones significativas para la reconciliación nacional, si bien queda aún mucho camino por recorrer.

Otra nota distintiva de la experiencia argentina es el papel destacado que desempeñaron las ONG en cuanto mecanismos de presión para el establecimiento de la Conadep, como instrumentos de apoyo para la recopilación de información y en pro de la búsqueda de los desaparecidos, de la verdad y de la justicia.

Sin embargo, y a pesar del antecedente sentado por la Conadep, el tema del esclarecimiento de la verdad, y en especial el paradero de los desaparecidos, no ha sido resuelto de manera definitiva. En efecto, durante los últimos años varios hechos han demostrado que lejos de ser una cuestión del pasado se trata de un tema que sigue vigente. Esta afirmación se ve confirmada, entre otras razones, por las siguientes: 1) los esfuerzos, en el ámbito judicial, por juzgar a antiguos líderes militares por el secuestro y adopción ilegal de hijos de detenidos/desaparecidos; 2) la presión internacional para investigar casos de extranjeros desaparecidos/asesinados en Argentina durante la dictadura militar.

Chile. En este país las acciones concretas para conocer la verdad e iniciar la reconciliación nacional se iniciaron con el gobierno del presidente Aylwin, mediante el establecimiento, en 1990, de la Comisión Nacional para la Verdad y la Reconciliación, conocida como la Comisión Rettig.

Su mandato fue esclarecer la verdad sobre las violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar para lograr la reconciliación. Su principal limitación fue, como en el caso argentino, no contar con atribuciones judiciales para ordenar la comparecencia de testigos ni la presentación de pruebas.

En 1991, el Informe Retting fue entregado al presidente Aylwin, quien aceptó la responsabilidad del Estado por lo ocurrido y pidió disculpas al pueblo chileno. Por su parte, los militares, que en todo momento se mantuvieron al margen del trabajo de la Comisión, no mostraron señal alguna de arrepentimiento, aun cuando no desconocieron lo sucedido durante el régimen militar. Más recientemente (año 2000) la iglesia católica entonó públicamente un mea culpa.

En cumplimiento de las recomendaciones del informe se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación para darle seguimiento a las mismas. Asimismo, la Corporación tuvo a su cargo la ejecución de las medidas relacionadas con el resarcimiento y compensación de los familiares de las víctimas y la investigación de aquellos casos cuyo estudio no había concluido.

Esta Comisión constituye, hasta la fecha, una de las experiencias más significativas en cuanto a su modus operandi y en lo tocante a la indemnización de las víctimas y sus familiares. Sin embargo, las características de la transición chilena determinaron que este modelo tuviera, durante los primeros años de los gobiernos democráticos, limitaciones importantes respecto del pleno enjuiciamiento de los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Esto se debió, en gran parte, al poder que conservan las fuerzas armadas y a los “enclaves autoritarios” que aún subsisten en la Constitución de 1980.

En efecto, la autoamnistía decretada por los militares en 1978 no permitió el castigo por crímenes cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, periodo en el que se produjeron las peores atrocidades. Empero, una interpretación posterior de la Corte Suprema de Justicia ha identificado un vacío en la ley de amnistía, según el cual ésta no se extiende a las desapariciones forzadas, lo que ha permitido que algunos casos hayan sido llevados ante los tribunales.

En suma, para resolver el pasado y lograr la reconciliación nacional quedan aún tareas pendientes de mucha importancia. Las diversas y enfrentadas reacciones de la sociedad chilena ante el arresto del general Pinochet en Londres en 1998, su posterior regreso a Chile a inicios del año 2000 (por razones “humanitarias”), el levantamiento de su fuero parlamentario por la Corte Suprema de Justicia, y la decisión del juez Guzmán de ordenar su arresto y procesamiento por los cargos de homicidio y secuestro calificado ponen de manifiesto que el proceso sigue abierto y que sus objetivos continúan siendo una asignatura pendiente.

Por otra parte, al igual que en el caso argentino, el paradero de los desaparecidos constituye el tema central sobre el que se ha dado mayor antagonismo entre familiares y militares. Pese a que algunos jueces chilenos han decidido investigar a los militares por su participación en estos delitos y al establecimiento de “la mesas de diálogo” entre grupos de derechos humanos, abogados y mandos superiores de las fuerzas armadas, a la fecha, fines del 2000, pocos resultados concretos se han producido.

Uruguay. En 1985 se estableció la Comisión Investigadora sobre la Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron desde 1973 y 1982, de origen gubernamental y carácter parlamentario. El mandato de la Comisión fue muy limitado ya que en Uruguay, a diferencia de las experiencias chilena y argentina, no se recurrió a una práctica sistemática de desapariciones. Quedaron, por tanto, excluidos de la investigación oficial los hechos relacionados con el encarcelamiento prolongado y la tortura, los cuales sí fueron sistemáticamente utilizados durante el régimen militar.

La divulgación del informe de la Comisión fue limitada. Una vez presentado, el Parlamento aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, mediante la cual éste renunció a su obligación de investigar, enjuiciar y castigar al personal policial y/o militar implicado en crímenes políticos cometidos antes del 1 de marzo de 1985. La única excepción fueron los delitos en los que medió ganancia económica. Anteriormente, el Parlamento aprobó una ley de amnistía que amparó a los presos políticos procesados por la justicia militar. Aunque la Ley de Caducidad fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, en 1989 fue sometida a referéndum, resultando ratificada, con lo que Uruguay se convirtió en el único país latinoamericano que ha sometido a consulta popular este tema.

En suma, en Uruguay no hubo procesos penales ni depuración de las fuerzas armadas. A excepción de unos pocos militares que han reconocido su responsabilidad en asesinatos y desapariciones, el ejército como institución no ha manifestado su arrepentimiento.

Sin embargo, ante la constante presión de los grupos de derechos humanos y de los familiares de las víctimas, el gobierno de Jorge Batlle, cuarto presidente tras el fin de la dictadura, ha tomado decisiones encaminadas a determinar el paradero de unas 160 personas desaparecidas durante el último régimen militar, rompiendo de este modo con la política seguida en relación con este tema por los tres gobiernos constitucionales anteriores.

Brasil. En este país se decretó también una amnistía en 1979, año en que la Archidiócesis de Sao Paulo inició un proyecto de investigación no gubernamental, publicado en 1985 bajo el título Brasil: Nunca Más. Este informe presentó una radiografía de la violencia política y la resistencia durante los gobiernos militares. Se basó en investigaciones secretas de documentos oficiales de procesos judiciales sustanciados ante tribunales militares. Las fuerzas armadas reaccionaron y publicaron a su vez un documento titulado Brasil: Siempre, justificando sus acciones. Empero, no fue sino hasta 1994 que el gobierno de Cardoso estableció una comisión especial para investigar asesinatos y desapariciones durante la dictadura, disponiéndose posteriormente la compensación a los familiares de las víctimas por parte del Estado.

El Salvador. En abril de 1992 se firmó en Chapultepec, México, el Acuerdo de Paz entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con la participación como mediador de la Organización de las Naciones Unidas. Mediante este acuerdo se estableció la primera Comisión de la Verdad de naturaleza exclusivamente internacional, carácter que derivó de su establecimiento, composición y apoyo financiero y humano recibido de la ONU. Su creación fue concebida como parte de una serie de instituciones establecidas por los acuerdos de paz para proveer al país con la infraestructura institucional necesaria para la construcción de la democracia.

Tuvo como mandato investigar los “graves hechos ocurridos desde 1980…”. Al igual que sus predecesoras latinoamericanas no tuvo poderes judiciales y su labor se limitó a la investigación de los hechos y a la presentación de recomendaciones. Si bien los acuerdos de paz impusieron tanto al gobierno como al FMLN la obligación de cooperar con la Comisión y cumplir sus recomendaciones, una de sus principales limitaciones fue que los archivos de ambas partes nunca fueron puestos a su disposición.

El 15 de marzo de 1993, el informe De la locura a la esperanza fue presentado. Interpretando su mandato de contribuir a acabar con la impunidad, la Comisión individualizó responsabilidades y reveló los nombres de los individuos sobre los cuales había acumulado suficientes pruebas de haber cometido violaciones contra los derechos humanos, siendo, por ello, el único caso latinoamericano en que esto sucedió.

El informe presentó, asimismo, una serie de propuestas relacionadas con la transición a la democracia y con la construcción de un Estado de derecho, recomendando a la vez la destitución de oficiales del ejército y la prohibición de desempeñar cargos relacionados con la seguridad nacional tanto a militares como a los altos mandos del FMLN, depuración que se produjo gracias a la presión nacional e internacional. De igual manera, sugirió la destitución de funcionarios públicos y la inhabilitación política de personas involucradas en violaciones de derechos humanos, aconsejando la renuncia de la totalidad de los miembros de la Corte Suprema de Justicia por su pasividad ante los crímenes cometidos.

En relación con la indemnización de las víctimas, la Comisión propuso la compensación material y moral de éstas (entrega de tierras, becas de estudio, etcétera), además de ordenar al FMLN dar compensación por aquellos actos de los cuales fue encontrado responsable. De igual modo, la Comisión sugirió que aquellos países interesados en ayudar a poner fin al conflicto destinasen un mínimo del 1% de su ayuda para el fondo de compensaciones. Pese a estas iniciativas, la indemnización de víctimas ha sido limitada y lenta.

El gobierno salvadoreño nunca aceptó las conclusiones de la Comisión en cuanto a lo sucedido. Inmediatamente después de la publicación del informe, el Congreso, con mayoría del partido gobernante (ARENA) aprobó una ley de amnistía poniendo fin a toda responsabilidad civil y penal, diluyendo de esta manera la esperanza, y cualquier posibilidad legal, de que los responsables fueran llevados a juicio. Años atrás, en 1987, otra ley de amnistía había sido aprobada en relación con todo crimen político cometido antes del 21 de octubre de ese año. Por su parte, los identificados por la Comisión no fueron apartados de sus cargos ni se tomaron medidas para prevenir su acceso a puestos públicos.

La participación de la ONU y la colaboración de ONUSAL —Misión de Naciones Unidas en El Salvador— en la supervisión del trabajo de la Comisión, fueron factores importantes para develar los abusos cometidos durante el conflicto. El grado de polarización de la sociedad y la debilidad política e institucional en la que el país se encontraba al final del enfrentamiento armado, hicieron necesario recurrir al apoyo y veeduría internacional para que el proceso fuera lo más imparcial posible. Si bien en su origen no se cuestionó la necesidad de recurrir a un actor internacional, empero, una vez presentado el informe, diferentes sectores, especialmentelas fuerzas armadas, reaccionaron fuertemente en contra del trabajo de la Comisión.

Guatemala. En diciembre de 1996 el gobierno del presidente Arzú y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que puso fin a un conflicto de 36 años. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los hechos que causaron sufrimiento a la población guatemalteca (CEH) fue creada mediante el Acuerdo de Oslo, convirtiéndola en la segunda comisión latinoamericana establecida como parte de un proceso de paz que contó con el apoyo de la comunidad internacional, especialmente de la ONU. En sus labores participaron tanto personalidades nacionales como internacionales.

Tres objetivos centrales justificaron su creación: 1) esclarecer con objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones de los derechos humanos y los hechos que causaron sufrimiento a la población guatemalteca vinculados con el conflicto armado; 2) elaborar un informe con los resultados de las investigaciones, que ofreciera elementos objetivos de juicio sobre lo ocurrido, incluyendo factores externos e internos; 3) presentar recomendaciones específicas encaminadas a favorecer la paz y la concordia nacional.

Su mandato, informe y trabajo no tuvieron función ni objetivo judicial, pudiendo atribuir responsabilidad sólo a nivel institucional. Esto último se debió al temor de los militares guatemaltecos ante la posible repetición de la experiencia salvadoreña que, como señalamos anteriormente, atribuyó responsabilidades individuales.

La Comisión tuvo acceso a información del gobierno, de la guerrilla y de organizaciones no gubernamentales, mereciendo la pena destacar por su importancia el informe REMHI (Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica) elaborado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. La CEH presentó, a inicios de 1999, su informe Guatemala: Memoria del Silencio Tz’inil N’tabal’al. Este contiene gran número de recomendaciones que incluyen, entre otros aspectos, sugerencias para su divulgación masiva, recomendaciones en cuanto a la ratificación de instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, la creación de la Fundación para la Paz y la Concordia como ente responsable del seguimiento del trabajo de la Comisión y el establecimiento de un Programa Nacional de Compensación.

En cuanto al tema de la indemnización, la CEH formuló tres clases de recomendaciones. El primer grupo se refiere, esencialmente, a la compensación material, el segundo aborda el tema de las desapariciones y, finalmente, el tercero presenta sugerencias en cuanto a la exhumación de restos de las víctimas del conflicto y la ubicación de cementerios clandestinos. Como marco de la compensación, la CEH señaló que debería incluirse la indemnización económica, rehabilitación y ayuda psicológica.

El presidente Arzú, si bien aceptó el contenido del informe, declinó asumir responsabilidad alguna por parte del Estado, aduciendo que los hechos investigados y expuestos habían ocurrido bajo gobiernos anteriores. La URNG, por su parte, aceptó públicamente su responsabilidad. Sin embargo, en el cumplimiento de aquellas recomendaciones que le competen, su actuación ha sido tímida. Los líderes de la cúpula militar, por otra parte, asumieron una postura de confrontación, rechazando categóricamente las imputaciones contenidas en el informe y negando cualquier responsabilidad.

Hasta la fecha, y a excepción de la divulgación del informe por parte de diversas ONG de derechos humanos, no ha habido un compromiso serio para hacer cumplir las recomendaciones de la CEH. Aunque ésta jugó un papel importante en revelar lo ocurrido, las violaciones de los derechos humanos siguen impunes, entre otros factores, por la falta de voluntad política, el poder de los militares, la precaria situación del aparato judicial y la complejidad que supone romper los círculos de corrupción, infiltración y manipulación de poderes paralelos.

Asimismo, la fragilidad de la institucionalidad democrática y el grado de fractura de una sociedad que vivió el conflicto desde perspectivas muy diversas, han imposibilitado, hasta la fecha, un esfuerzo colectivo por enfrentarse a la verdad y encarar el pasado.

Así, a más de un año de la presentación del informe de la CEH y de dos desde que se diera a conocer el informe REMHI, que costó la vida de monseñor Gerardi, la reconciliación nacional y el procesamiento de los presuntos responsables de los crímenes siguen pendientes.

Logros y limitaciones

El análisis del trabajo de las diversas comisiones de la verdad permite identificar una serie de logros y limitaciones.

Logros:

• Han ayudado a la búsqueda de la verdad, requisito sine qua non para la reconciliación nacional. Como lo expresó el ex presidente de Chile, Patricio Aylwin, ninguna sociedad puede convivir armoniosamente sobre la base de mentiras y con la herida de la desconfianza mutua entre sus miembros.

• Han actuado como mecanismos alternativos para la investigación de las violaciones de derechos humanos, en aquellas situaciones en las cuales estas violaciones no pudieron ser abordadas judicialmente.

• Han contribuido al establecimiento de una historia común. Uno de sus objetivos centrales ha sido develar la verdad a través de una historia que pueda ser compartida, evitando la manipulación por parte de los diferentes actores de lo acontecido durante periodos de graves abusos de los derechos humanos.

• Han proporcionado un espacio para que las víctimas y sus familiares sean escuchados. Adicionalmente, han sido mecanismos útiles para canalizar las investigaciones realizadas por las ONG de derechos humanos.

• Han contribuido a poner fin a la incertidumbre ayudando a determinar la suerte de un gran número de víctimas.

• Han brindado información al sistema judicial para que éste pueda iniciar procesos penales.

• Han sido mecanismos idóneos para el resarcimiento de las víctimas y/o sus familiares.

• Han jugado un importante papel propositivo mediante la formulación de recomendaciones sobre reformas estructurales necesarias para prevenir futuros abusos de derechos humanos.

Limitaciones:

• La vigencia limitada del mandato. Esta característica, aunada a la acotación temporal del periodo investigado, constituye una limitación que repercute en la imposibilidad de realizar un examen exhaustivo de todo lo ocurrido durante largos periodos de dictaduras o extensos conflictos armados.

• La carencia de prerrogativas judiciales se tradujo en el difícil acceso a las pruebas, especialmente a los archivos de los militares y/o de las partes del conflicto, lo que a su vez limitó la capacidad para establecer la verdad de los hechos.

• La no obligatoriedad de sus recomendaciones llevó en la práctica a que éstas quedaran supeditadas a circunstancias tales como la voluntad política del gobierno de turno o las condiciones económicas y/o sociales del país. La experiencia latinoamericana refleja que en materia de ejecución de las recomendaciones el avance ha sido modesto.

• La carencia de recursos. Por regla general, y aun cuando las comisiones contaron con el apoyo de sus respectivos gobiernos, los recursos fueron limitados, lo que tuvo implicaciones en el cumplimiento de sus mandatos.

Lecciones aprendidas y balance

Del examen comparado de las diferentes experiencias aquí analizadas, así como de sus logros y limitaciones, resulta una serie de lecciones aprendidas.

• No existe un modelo o fórmula única, en cuanto al mandato, ámbito de investigación e integración de las comisiones. Cualquier modelo que se escoja debe ser funcional al contexto político y social dentro del cual habrá de operar.

• El contexto de las diferentes transiciones determinó no sólo la modalidad escogida sino también los objetivos perseguidos.

• Han sido mecanismos importantes para ayudar a enfrentarse al pasado y construir el futuro. Sin embargo, no deben ser vistas como fórmulas mágicas para la consolidación de la democracia. Son un primer paso y por ello no agotan la responsabilidad del Estado para garantizar el funcionamiento del conjunto de sus instituciones.

• Si bien su papel puede calificarse de cuasi judicial, no deben constituirse en mecanismos para suplantar la acción judicial, ni la verdad debe ser sustituta de la justicia. De igual modo, no deben convertirse en mecanismos de complicidad política para refrendar pactos de silencio ni en instrumentos para garantizar la impunidad. La experiencia latinoamericana demuestra que el esfuerzo por la aplicación de la justicia ha sido esporádico y no sistemático, y que verdad y justicia han caminado de la mano en todos los casos.

• Es importante que existan mecanismos eficaces que obliguen a los diferentes actores, en especial a los militares, cuerpos de seguridad y guerrillas, a suministrar a las comisiones toda la información solicitada.

• La aceptación del informe por los distintos sectores es clave para afrontar colectivamente el pasado y facilitar la reconciliación. Para ello es fundamental desarrollar un sentido de pertenencia del mismo por el conjunto de la sociedad. Los informes deben, asimismo, ser divulgados ampliamente, conocidos e incorporados en los pensum educativos.

• La falta de cooperación de los militares ha impedido determinar la ubicación y paradero de los desaparecidos. Pese a que la práctica de las desapariciones fue sistemática y constante en la mayor parte de los países estudiados, la suerte de los desaparecidos no ha podido ser resuelta aún de manera definitiva, provocando, a su vez, que la incertidumbre de los familiares continúe.

• Las leyes de amnistía, pese a ser vistas por algunos sectores como requisitos sine qua non para facilitar la transición a la democracia, lo cierto es que han generado impunidad, menoscabando el papel de las comisiones.

• El apoyo de la comunidad internacional, directo o indirecto, ha sido un factor de respaldo y presión en favor de la investigación del pasado y para el cumplimiento de las recomendaciones. En Centroamérica este papel fue aún más preponderante como analizamos en los casos de El Salvador y Guatemala.

Recapitulando, las diferentes experiencias en América Latina demuestran que no fue posible, ni política ni jurídicamente, optar por la aplicación de la ley para resolver el tema de las violaciones graves de los derechos humanos. Los contextos de las diferentes transiciones, así como la magnitud de los crímenes perpetrados constituyeron consideraciones esenciales en la determinación del camino escogido en cada país para el establecimiento de las comisiones de la verdad.

Las experiencias también evidencian que el proceso de resolver el pasado no debe abocarse sólo a la búsqueda de la verdad sino también a que se haga justicia. Aun cuando los esfuerzos realizados por las comisiones intentaron poner fin a la impunidad, esto no se logró de modo satisfactorio. Consecuentemente, el tema del pasado sigue vigente no sólo entre los familiares de las víctimas y defensores de los derechos humanos sino también en los estamentos políticos.

Este fenómeno va acompañado de una creciente atención internacional, que está íntimamente ligada al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, la cual demanda la urgente puesta en marcha del Tribunal Penal Internacional para evitar el riesgo del “doble estándar”. Por otra parte, el caso Pinochet, por su simbolismo, ha servido para reavivar el debate sobre los límites y posibilidades en torno a la ecuación verdad-justicia-resarcimiento-reconciliación.

En síntesis, resolver el pasado y lograr la reconciliación nacional sigue siendo en los diferentes países aquí estudiados una tarea inconclusa; un proceso con avances y retrocesos, cuya solución demanda un delicado y difícil balance entre perdón y justicia, y en el que el olvido está lleno de memoria. n

Informe preparado por los autores para el International Institute for Democracy and Electoral Assistance, con sede en Estocolmo, Suecia,