Guerra sucia: Memoria y justicia

Las movilizaciones estudiantiles de 1968 recibieron una respuesta paranoica y represiva por parte del poder público, y sus dirigentes fueron sometidos a juicios sin que se respetara ninguna de sus garantías. El 10 de junio de 1971 el expediente represivo volvió a activarse y, hasta la fecha, los responsables siguen en la más completa impunidad.

El combate a la guerrilla urbana y a la rural en los años setenta quebró todos los preceptos legales que protegen una serie de derechos incluso para los delincuentes extremos. La guerrilla y los guerrilleros, que por supuesto atentaban contra la ley con sus “expropiaciones”, secuestros y asesinatos, tenían que ser enfrentados por el Estado. Pero la forma en que se decidió combatirlos —sin ningún miramiento legal, acudiendo a los métodos más reprobables, por violatorios, de los derechos humanos (secuestro, tortura, desaparición, asesinato) — es lo que se conoce como la “guerra sucia”, un episodio de la historia nacional que debe ventilarse de la mejor manera posible para que México nunca más tenga que vivir bajo la sombra de la violación sistemática a los derechos de las personas.

Sólo la memoria y la justicia pueden cerrarle el paso a la barbarie desatada desde el Estado; sólo la memoria y la justicia podrán curar las heridas abiertas en aquella larga noche; sólo la memoria y la justicia podrán reconciliar al país con su pasado.

Es por ello que le hemos solicitado al fiscal especial, Ignacio Carrillo Prieto, una reflexión sobre la delicada tarea que le ha sido encomendada. También dos analistas comprometidos con la defensa de los derechos humanos, Denise Dresser y Gustavo Hirales —ex guerrillero—, nos proporcionan un acercamiento informado y analítico sobre lo que hoy está en juego en nuestro país cuando se exige conocimiento de la verdad y aplicación de la justicia. Ofrecemos dos testimonios conmovedores, de José Domínguez y de Alberto Ulloa, sobre lo que la palabra “represión” significaba en la década de los setenta.

Completamos el expediente con dos interesantes materiales que amplían el campo de visión. El primero es un informe preparado por IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, con sede en Estocolmo) sobre las comisiones de la verdad en América Latina. El segundo, el prefacio del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, que revisó dos décadas de una espiral de violencia infinita y extralegal, y que presentó sus conclusiones en el año 2003.

Decir “nunca más” a los atropellos sistemáticos e impunes a los derechos humanos, es decir, hoy, sí por la memoria y sí por la justicia. n