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Especialista en arte sacro y crítico del pesimismo actual, y de las mil y una formas que adopta la insolidaridad, el presbítero Manuel Olimón Nolasco llama aquí a construir, desde su identidad y formación católica, una nueva laicidad, no una estrategia de vigilancia sino una especie de alerta ética frente a la violación de derechos humanos fundamentales.


En México, dadas las peculiares circunstancias del estatuto legal de las entidades religiosas (“iglesias”, “agrupaciones religiosas”) hasta 1991 y 1992, el acercamiento reflexivo a una serie de tópicos relativos a la dimensión social de lo religioso sufrió, en cierta manera, un retraso. El viejo problema Iglesia-Estado, reducida muchas veces a la de Iglesia católica-gobiernos liberales y revolucionarios, prolongó su presencia en la prensa y en los foros, basada en una cierta realidad. No es raro todavía encontrar, como material de presentación del tema, entrevistas “de banqueta” con contenido no siempre feliz a miembros de la jerarquía católica a propósito de cualquier noticia de actualidad. Tampoco es raro que líderes de movimientos religiosos, sobre todo de corte evangélico, utilicen las entrevistas para exponer quejas, relativas a “persecuciones”.

La nueva condición legal establecida a partir de 1992, así como la realidad política resultante de las elecciones del 2000 que trae sobre sus espaldas el emocionante pero difícil reto de la construcción de la cultura democrática, debe permitirnos, y casi obligarnos a enfocar con instrumentales de otra índole, la perspectiva histórica y las condiciones nuevas de la laicidad y de la presencia activa de la inspiración religiosa en la compleja sociedad de la que formamos parte. A todos corresponde pensar la realidad y asumir con responsabilidad el ejercicio de la libertad.

Aunque podría parecer obvio, prefiero expresar que escribo desde mi formación e identidad católicas. Advierto igualmente que he tenido en cuenta sólo de forma indirecta el libro en colaboración Laicidad y valores en un Estado democrático (Secretaría de Gobernación/El Colegio de México, México, 2000) y los comentarios al mismo: “En torno al espacio social de la laicidad” (Secretaría de Gobernación-Subsecretaría de Asuntos Religiosos. México, 2000). Ambos estudios tienen perspectivas interesantes pero a la vez abren la puerta al planteamiento de críticas.

Una mirada honesta a las líneas culturales cada vez más predominantes en México nos presenta datos de importancia que ayudan a la comprensión del tema de religión y laicidad y lo plantean en un ámbito distinto al que podían plantearse en otras circunstancias y tiempos. Los puntos de interés, los criterios de juicio, los modelos de vida y los valores determinantes que estimulan las decisiones están enmarcados en un fuerte proceso de individualización y de relativización. Puede decirse que las generaciones de mexicanos que actualmente están en formación perciben con mucha dificultad e interiorizan elementos que pertenecen a las tradiciones y los valores heredados. Los valores que se encuentran relacionados con la memoria colectiva, el hecho de acudir a esa densidad pretérita para purificar el presente y la consideración de que existe una “naturaleza humana” en cierta manera fija y permanente que no puede ser manipulada, no forman parte del caudal tácito de esta generación.

Esta situación, que no es privativa de México y que formula en el fondo una crisis de la cultura de Occidente, integra un tejido crítico para las corrientes religiosas que, teniendo como telón de fondo una explicación totalizante de la realidad desde una perspectiva trascendente, por medio de los llamados “metarrelatos”, se ven acosadas por la fragmentación de las convicciones acerca de puntos vitales de la existencia humana y su sentido ético. La globalización en materia de comunicación fragmenta, no une.

Este tejido crítico se delinea sobre todo en relación con el judaísmo y con el cristianismo católico, corrientes que por una parte han integrado sistemas civilizatorios y de moral pública y, por otra, han entrado en diálogo con las corrientes de pensamiento filosófico y político al paso del tiempo. La integración comunitaria y en buena parte territorial de sus componentes, así como la estructura jurídica interna, orientada sobre todo hacia la preservación del orden familiar, las han confrontado, casi naturalmente, con procesos que, de manera continua, han acompañado la historia occidental en los siglos XIX y XX: la “ciudadanización” de la sociedad, la vivencia concreta del concepto de “igualdad”, la ampliación de la jurisdicción y “soberanía” del Estado sobre áreas familiares y personales de la conducta humana, han planteado una tensión de largo plazo que no es simplemente política. Esta tensión, que el liberalismo tradicional pretendió resolver con una distinción absoluta entre lo “público” y lo “privado” y la formulación de otras típicas “separaciones” entre “Iglesia” y “Estado”, entre el “poder religioso” y el “orden civil”, entre lo “religioso” y lo “político”, integró una definición práctica de lo “laico”, sostenida casi a nivel de vigilancia militante, más propia del “laicismo” que de la “laicidad”; líneas de las leyes fundamentales mexicanas que expresan, por ejemplo, de manera tajante y excluyente: “el matrimonio es un contrato civil” (artículo 130 constitucional, párrafo 3), ayudan a comprender ciertas especificidades ideológicas de México.

El caso mexicano, huelga decirlo, hace referencia histórica a las formas de cristianismo católico implantadas a partir del siglo XVI.

Rituales cívicos

La crisis cultural a la que hago referencia afecta, como es fácil comprenderlo, también a explicaciones englobantes de la realidad surgidas del campo de lo “cívico” y de las concepciones de soberanía y personalidad del Estado nacional vigorizado en el siglo XIX. La “Reforma” mexicana, organizada ideológicamente a partir de la década de 1870. fue poblando el escenario de un “panteón” laico, constituido por “héroes” liberales entre los cuales se fue guardando equilibrio entre los militares y los civiles, destacando, como figura principal, idealizada, exaltada y singularizada mediante conmemoraciones y discursos, la de Benito Juárez. El área cívica del nacionalismo se completó con una enseñanza de la historia que privilegió lo que justificaba el estado de cosas políticas que presentaba una secuencia entre la “Reforma” y la “Revolución” (palabras escritas con mayúsculas) que fue, hasta hace muy poco tiempo, la versión oficial y prácticamente obligatoria.

La ideología oficial acarreó una fuerte dosis de anticlericalismo. Haciendo a un lado las similitudes con la historia de las naciones de tradición católica de Europa y América (España. Italia, Austria, Portugal. Ecuador, Perú, Colombia, etcétera) y las acciones gubernamentales en torno a la secularización de órdenes religiosas o enajenación de bienes, se justificaba la peculiaridad de la situación jurídica excepcional (después de 1917, de desconocimiento absoluto) a partir de “culpas” históricas, entre las que había que destacar al “partido conservador”, las guerras internas y alguna internacional así como al gobierno de Maximiliano en el siglo XIX y la supuesta colaboración con el régimen de Victoriano Huerta. Esa visión tan orientada a mostrarse como antítesis de posiciones eclesiásticas o consideradas de esa índole, no facilitó la reflexión acerca, por ejemplo, de las consecuencias que la privatización de los bienes no eclesiásticos (de las comunidades indígenas, de los pueblos), que acompañó la implantación del liberalismo, causó en la línea de empobrecimiento y disolución de estilos de vida y configuraciones sociales.

La sacralización del Estado y de la Ley quedó expresada no sólo en una especie de rituales chicos que acompañaron fechas conmemorativas y personajes, sino también en los términos absolutos en que se marcaban las atribuciones y alcances del Estado y la Ley, tanto en relación con los ciudadanos como con las asociaciones espontáneas o históricas de éstos. El principio (que permanece incluso en la reciente propuesta de ley de derechos indígenas) de que la Constitución “otorga” derechos, la expresión que limita las libertades en el sentido de que el ejercicio de éstas “no constituyan faltas penadas por la ley”, manifiesta un punto crítico en el lugar que se encuentra la historia a la entrada del siglo XXI.

Laicidad en práctica

He hablado más atrás de la singularidad de las tradiciones religiosas del tronco judeocristiano. En términos de observación sociocultural esta singularidad se aprecia en una conflictividad más o menos latente y más o menos abierta que guarda relación con las mayores o menores acciones o pretensiones de elementos no religiosos (generalmente el Estado) en cuanto a la absolutización de principios y a las incidencias públicas de cuestiones que, desde los espacios religiosos, tocan la conciencia moral y pueden llegar incluso a plantear la desobediencia civil y la objeción de conciencia. Los cambios en el campo religioso, a la vez que plantean una pluralidad donde, por ejemplo, muchos de los nuevos movimientos se parecen bastante a objetos de consumo y toman con facilidad la forma de “espiritualidad” sin compromiso, con niveles diferenciados pero poco conflictivos en cuanto a permisividad moral (podemos llamarlas “religiones ligeras”), plantean un reto de peculiar cariz a las religiones “pesadas”. Es precisamente del interior de la crisis cultural de donde surgen las nuevas religiones de “vivencia”, las corrientes mimetizadas con el intimismo, la individualización, la espontaneidad y la respuesta a vacíos y aislamientos propios de la fragmentación de la época actual. La movilidad religiosa y la adaptabilidad cambiante, cierto esoterismo y las agrupaciones iniciáticas, el fundamentalismo de muy distintos matices tienen espacio creciente y casi “natural” en el ambiente contemporáneo. Muchas de estas situaciones son respuestas reactivas ante el materialismo teórico pero sobre todo práctico. No cabe duda de que los movimientos paracristianos, los cristianismos emotivos y de reacción pentecostal o neopuritana (new born christians), así como las doctrinas y cultos de corte orientalista (neohinduísmos y neobudismos), parecen hechos para cubrir el campo de la crisis religiosa en la que Occidente está sumergido.

Esta realidad plantea nuevos términos para la definición práctica de la laicidad y también para el papel del Estado y del ordenamiento legal. Plantea asimismo la necesidad de ámbitos de diálogo respetuoso y definido dentro de la sociedad real que no deba desentender las profundidades de la complejidad humana. Plantea para las comunidades religiosas, sobre todo para las que he llamado “pesadas”, el ejercicio responsable de su libertad y la reflexión motriz de su experiencia cultural e histórica.

Me parece que, más allá de la simple superación de bloqueos y atavismos escondidos en el viejo estilo mexicano de ideología, urge poner en la mesa del pensamiento ciertos temas con carga de novedad que puedan mantener una postura de atención y lucidez, necesaria en una sociedad saludable.

En el orden de superar polémicas desgastantes y estériles, así como extremismos y descalificaciones, conviene ir a fondo, por ejemplo, en materia de posible inspiración religiosa de actitudes asumidas en público. Así, el caso de la vida humana, de su singularidad, la postura ante la manipulación genética, el aborto, la eutanasia, no es un caso que deba enmarcarse como polarización entre posturas religiosas y “laicas” sino algo mucho más complejo que supera también su acotamiento dentro de extremos intocables de lo público y lo privado. De la aceptación de la complejidad y del retiro de posiciones simplistas podrá surgir el planteamiento (no exclusivo del área aquí señalada) del tema de la “objeción de conciencia”, que a pesar de sus perfiles delicados, sus implicaciones en materias diversas y la necesidad de su profundo estudio, no puede ser hecho a un lado, sobre todo en la configuración de la cultura plural del siglo XXI, por ejemplo, con el argumento de la supremacía o el absoluto de los preceptos legales. La persona humana empieza antes de la ley y termina después de ella.

Las situaciones actuales plantean igualmente la importancia de formular lineamientos de ética “laica”, por ejemplo, en torno a la violación de derechos humanos fundamentales en el desarrollo de la vida de asociaciones y agrupaciones religiosas, así como en lo que puede significar un proselitismo violatorio de derechos o atentatorio de la privada o del orden público. Los lineamientos a los que hago referencia no los pienso en términos sólo de regulación jurídica o de responsabilidad del Estado, sino también y sobre todo como autorregulaciones que estén al término de un diálogo extenso y del encuentro de imperativos éticos comunes.

Resulta igualmente insoslayable, enfrente de los desequilibrios sociales y la importancia de la redistribución de la riqueza, que puedan darse las condiciones de superación no sólo a base de preceptos legales y fiscalización, sino contando con el dinamismo religioso y la formación de una conciencia de compromiso. Un acercamiento al quehacer cotidiano de muchas comunidades religiosas o inspiradas en valores religiosos, quehacer que no suele ocupar espacios en los medios masivos de comunicación, puede dar mejor idea de las aportaciones posibles de lo religioso en una cultura que ha entrado al futuro.

Las circunstancias históricas que han constituido la modernidad y el modo como se han formado los elementos centrales de una cultura plural parecían haber delimitado definitivamente los espacios de lo público y lo privado y. dentro de ese esquema, los del Estado y las iglesias. Sin embargo, a pesar —o quizás a causa— de las crisis de la cultura, la vieja conflictividad entre esos espacios ha continuado tomando cauces nuevos y abriendo no pocas interrogantes. La política, ámbito donde solía colocarse este tipo de asuntos, sometidos a presiones y negociaciones, parece estar rebasada. Por consiguiente, habrá que definir una nueva laicidad no a la manera de una vigilancia sobre declaraciones y acciones que parezcan saltar la barrera de las distinciones tajantes, sino como una especie de alerta ética frente a las posibles violaciones de derechos humanos fundamentales. El Estado garante del ejercicio concreto de las libertades básicas, tendrá que asumir el papel no sólo de cuidado y preocupación dentro de un marco estrecho que señale límites infranqueables basados en su propia ideología, sino la promoción de valores fundamentales en diálogo con la sociedad real. La complejidad que nace de la pluralidad constituye un bien que hay que acoger y no un mal que hay que soportar.

 

Manuel Olimón Nolasco
Profesor de la Universidad Pontificia de México. Es autor de Los bienes culturales.