Las evidencias frías y llanas que ofrecemos aquí muestran a un México en donde la separación entre la Iglesia y el Estado no deja lugar a dudas. Somos seculares en la vida pública y religiosos en la vida privada. Sin embargo, esta aceptación convive, de forma paradójica, con posturas y hechos capaces de vulnerar los ricos y bien asentados ámbitos del laicismo.
¿Qué tan arraigada está la secularización de la esfera de lo público? Frente a los cambios políticos ocurridos recientemente, esta pregunta adquiere una renovada relevancia por el proyecto de país que puede promover el nuevo grupo gobernante. La derrota electoral del sector heredero de la tradición liberal impulsora de la laicización y el arribo al poder de quienes parecen más condescendientes con la incidencia del catolicismo en el ámbito público, abren interrogantes sobre la receptividad de la población a un posible repliegue del carácter laico del Estado. Como veremos a continuación, la separación Estado-Iglesia está bien asentada como concepto entre la opinión pública, pero existen espacios donde la laicidad, como la hemos conocido, puede ponerse en aprietos.
Junto con la individualización y la formación del Estado- nación, la secularización de la vida pública constituye uno de los rasgos definitorios de los procesos de modernización social. En México se podría decir que la práctica religiosa ha pasado a ser un ejercicio bastante privado. Sin embargo, aunque la aceptación de la secularización se ha afirmado, parece darse de manera diferenciada en los diversos ámbitos de la vida pública.
Lo que la población concibe genéricamente como “la política” (la competencia por el poder o los procesos de formulación y gestión de las acciones del gobierno) constituye el renglón principal donde existe un amplio consenso para rechazar el control o influencia eclesiástica. En efecto, de acuerdo con encuestas telefónicas levantadas en el último año, en mayo del 2000 una notable mayoría (78%) respaldaba la separación de los asuntos religiosos de las cuestiones de la política y veía mal que la Iglesia participara en política (71%).1
La demanda de separación sucede en dos direcciones: no sólo se trata de que la Iglesia se abstenga de intervenir políticamente, sino también de que el gobierno evite promover la participación del clero en eventos públicos: en julio pasado más de la mitad no estaba de acuerdo con que. por ejemplo, el Presidente invitara a la Iglesia a actos y obras de gobierno.
En cambio, en materia educativa, uno de los campos fundamentales de la pugna entre el Estado mexicano y la Iglesia católica mengua el consenso sobre la separación de ambos entes. Hace un año la opinión pública con teléfono se dividía por mitades cuando se inquiría sobre la conveniencia de que la Iglesia imparta educación religiosa en las escuelas públicas. Tampoco se veía mal que el gobierno asignara recursos para solventar ciertas necesidades para la práctica religiosa, como, por ejemplo, la construcción y remodelación de templos (hace casi un año, el 60% de la población lo veía correcto en mayor o menor medida).
Otra muestra de la diferenciación de ámbitos para la vigencia de la laicidad lo constituyen los espacios en que la población realmente desea que el Estado la garantice con efectividad. Aunque suene paradójico, la aceptación de la separación legal de lo religioso de lo público no significa necesariamente que la población demande un Estado vigilante de que así ocurra. La libertad religiosa es la esfera de acción donde quizá se espera más esa acción de salvaguarda, en otras palabras, hacer vigente la garantía que da la laicidad para poder profesar distintas creencias o, incluso, no profesar ninguna: es casi unánime (más del 90%) el apoyo a que las instituciones gubernamentales aseguren el derecho y la libertad de escoger la religión que quieran.
En cambio, aunque es mayoritario el respaldo a la tutela de las instituciones gubernamentales para garantizar que la Iglesia no intervenga en política, el porcentaje de personas que están de acuerdo con esto (67%) es menor que con la acción gubernamental para garantizar la libertad de religión.
La llegada al poder de Vicente Fox ha cambiado algunas prácticas de los gobernantes mexicanos que constituían simbolismos del Estado laico. Dada esa tradición, actos que constituirían meros ejercicios de la libertad religiosa de todo político o alto funcionario se convierten en motivos de suspicacia sobre las intenciones del nuevo gobierno: implica preguntarse hasta dónde el énfasis público de lo “privado” es una manera de afectar el carácter laico de la función de gobierno. La difusión del ejercicio de la fe religiosa del Presidente ha llevado a la palestra si esa acción constituye el rechazo de una concepción vergonzante de la práctica religiosa en un Estado laico o la manifestación de la inclinación presidencial para vincular la religión católica con su gobierno. Estos dilemas interpretativos también aparecen entre la opinión pública: en julio pasado, la mayor parte de la población veía bien (68%) y correcto (63%) que el entonces presidente electo practicara públicamente su religión porque estaba en libertad de hacerlo (64%), aunque a la vez se pensara que con ello favorecía a la Iglesia católica (55% así lo creía).
Aun antes de la ascensión del nuevo gobierno, ya se observaba la celebración de expresiones públicas masivas de culto religioso que antes no eran concebibles más que en casos bastantes específicos y que podrían ser interpretadas como un reto a la reducción de la práctica religiosa a un ejercicio en el ámbito de lo privado. La misa en el Zócalo de la Ciudad de México en mayo de 2000 después de 76 años causó sentimientos favorables en la mayor parte de la población (62%).
Como se ve, la creencia social en la separación Estado-Iglesia convive con actitudes condescendientes hacia hechos o posturas que pueden vulnerar el laicismo de la esfera pública. Quizás este escenario se ve reforzado por la percepción de una buena relación entre la Iglesia católica y el Estado (en los últimos años generalmente dos terceras partes la ven positivamente), por lo que al no haber sensación de conflicto, los puntos de posible tensión no alcanzan a tener trascendencia entre la población promedio.
En cualquier caso, hay factores que pueden favorecer una mayor modificación de las características del Estado laico hacia una versión menos estricta de lo que ha sido. Podemos mencionar por lo pronto dos: por un lado, la presencia de minorías que promueven una mayor incidencia religiosa y que pueden mostrarse bastante diligentes para adelantar su causa y, por el otro, el lento retroceso de la homogeneidad religiosa que impone un reto a la tolerancia.
Es claro que, por el momento, la bandera del Estado laico mexicano en sus principales fundamentos puede tener más adeptos que enemigos. Sin embargo, cuando se trata de intolerancia, minorías activas de significación son suficientes para crear momentos de tensión. La crítica al laicismo tiene eco en grupos que no son tan despreciables en número. Una quinta parte rechaza la separación religión-política, en tanto que una tercera parte no parece conforme con que el gobierno intervenga para ver que se cumpla dicha separación. Eso no quiere decir que quienes desean una mayor presencia de la religión en la vida pública sean necesariamente intolerantes pero baste tener en cuenta su existencia.
Los cambios sucedidos en algunos estados por la irrupción de grupos religiosos distintos al catolicismo plantea retos al tipo de laicismo aplicado en México, adaptado a la hegemonía de la religión católica. En nuestro país, la alta ponderación que da el mexicano promedio a la tolerancia religiosa existente (75% piensa que hay) puede ponerse a prueba en la medida en que se enfrente a la realidad cotidiana para tener que aceptar a alguien de una religión distinta. En la encuesta levantada en 1994 para el estudio Los mexicanos de los noventa2 ya se mostraba que, aunque la mitad estaba dispuesta a convivir con una persona de otra religión, una proporción nada lejana (44%) se expresaba contraria a esa idea. Una mayor intolerancia puede significar presiones al Estado para contener esas expresiones religiosas nuevas, vistas como “extrañas” a la cultura local.
Si la opinión pública efectivamente puede servir de control de los cambios que algunos desean en materia religiosa, la hipotética formación de una santa alianza entre el nuevo gobierno y la Iglesia católica para desmantelar la separación de los ámbitos de cada uno no tendría un futuro promisorio, pues no se quiere al clero dirigiendo al país. Sin embargo, tampoco se puede decir que quienes pugnan por un ejercicio más estricto de la laicidad del ámbito público saldrán exitosos con una población dispuesta a dar licencias para que el Estado favorezca activamente ciertas necesidades para la práctica de su fe religiosa.
Alejandro Cruz
Maestro en Políticas Públicas, investigador asociado de BGC.
Leticia Juárez
Licenciada en Relaciones Internacionales y socia fundadora de BGC, Ulises Beltrán y Asoc. SC.
1 Los datos que se presentan provienen de la información recabada en la base de datos de opinión de la población con teléfono en su vivienda. CIDE, Estudios de opinión pública de la Presidencia de la República, 1988-1994 y 1994-2000.
2 Ulises Beltrán et al., Los mexicanos de los noventa, UNAM /IIS. México, 1997, p. 118.
