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Este cuestionamiento implica la incidencia de dos derechos fundamentales del individuo: el derecho a recibir educación y el ejercicio de la libertad de creencias. Como se sabe, los servicios educativos provenientes del Estado deben atender la acotación prevista en los artículos 3, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5 de la Ley General de Educación, en el sentido de que dicha educación será laica, es decir, ajena por completo a cualquier doctrina religiosa; acción que identifica y reivindica el carácter laico del Estado mexicano.

Este postulado no es aplicable para las instituciones privadas en virtud de que tienen la posibilidad de ofrecer instrucción religiosa en sus planes y programas de estudio, en el marco de los ordenamientos que regulan el Sistema Educativo Nacional. Por ello, el Gobierno de la República no se opone a que la educación impartida por particulares tenga vínculo religioso: por el contrario, reconoce tal derecho de las asociaciones religiosas, previsto en el artículo 9, fracción V de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que a la letra establece: “Las asociaciones religiosas tendrán derecho a… participar por sí o asociadas con personas físicas o morales en la constitución, administración, sostenimiento y funcionamiento de instituciones de asistencia privada, planteles educativos e instituciones de salud, siempre que no persigan fines de lucro y sujetándose además de a la presente. a las leyes que regulan esas materias”.

Bajo el mismo tenor de respeto irrestricto a la ley, el Gobierno de México aplica políticas públicas para garantizar a todo individuo, y sin distinción alguna, el ejercicio de la libertad de creencias que consagra el artículo 24 constitucional; muestra palpable de ello es la pluralidad que disfruta nuestro país en ese ámbito; además de promover permanentemente la cultura de la tolerancia y respeto a la pluralidad.

En conclusión, el gobierno garantiza, entre otros, dos derechos fundamentales del ser humano: el ejercicio de la libertad de creencias y el acceso a la educación, que si proviene del Estado es laica, vigilando en todo momento que la instrucción impartida por particulares respete el marco jurídico y a las instituciones públicas.

 

Javier Moctezuma Barragán
Subsecretario de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.