Michoacán comienza a liberarse de manera definitiva de la cruel presencia de Los Caballeros Templarios, ahora que su líder, Servando Gómez Martínez, La Tuta, está recluido en el penal del Altiplano. Otra buena noticia, asegura Jaime Rivera en este análisis, es la reducción de la incidencia de delitos de alto impacto, registrada a partir de la intervención federal en enero de 2014. Para este estado castigado financieramente, sin embargo, lo más difícil será establecer un gobierno acotado por la ley y la transparencia.


Con la captura de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, se cerró un ciclo de la intervención federal de excepción en Michoacán. En realidad, la importancia de La Tuta como capo ya era más simbólica que efectiva; la detención o muerte de los otros jefes de Los Caballeros Templarios, la merma de su poder armado y el desmantelamiento de la red de protección gubernamental habían hecho de esa organización criminal una sombra de lo que era apenas un año atrás.

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La desarticulación del cártel de Los Caballeros Templarios (surgido en 2011 tras una escisión de La Familia Michoacana) había empezado en enero de 2014, cuando el gobierno federal se decidió por fin a hacerse cargo directamente de la seguridad y la gobernabilidad de Michoacán, tras varios años de deterioro institucional, desorden y violencia. En diciembre de 2013 la entidad parecía encaminarse a una guerra civil: las huestes del Movimiento de Autodefensa avanzaban por el territorio para enfrentar o desalojar a los templarios, mientras el gobierno estatal, impotente, delataba sus fracturas y su infiltración por la delincuencia. El gobierno federal no tenía una estrategia definida para enfrentar la crisis michoacana, quizá ni siquiera un diagnóstico certero de la situación, pero tampoco podía esperar más. El 13 de enero de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto visitó por primera vez Morelia y anunció un plan de rescate de Michoacán por medio de una Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral, encabezada por Alfredo Castillo Cervantes, un hombre de toda la confianza presidencial. En términos prácticos, se trataba de una intervención federal directa en las áreas neurálgicas del gobierno local: la seguridad y las finanzas.

El gobierno federal se fijó dos objetivos inmediatos: combatir frontalmente al crimen organizado y contener a los grupos de autodefensa. Sin un avance sustancial en pos de ellos, es decir, sin un mínimo de paz y seguridad, nada más se podría hacer. Pero no eran suficientes. Urgía también depurar a los gobiernos locales y reactivar la economía.

La primera tarea requirió un despliegue masivo de fuerzas de la Policía Federal, el Ejército y la Armada, así como sustituir a los titulares y mandos de las áreas de seguridad del gobierno estatal. Hubo, además, un cambio táctico discreto pero de consecuencias importantes: las fuerzas  federales empezaron a actuar sin  “coordinación” con el gobierno del estado, esa divisa con la que el gobierno de Peña Nieto trató de diferenciar su política de seguridad respecto a la de su antecesor, pero que en Michoacán implicaba un lastre, dada la colusión de algunas áreas del poder local con la delincuencia. La nueva táctica dio pronto resultados resonantes: en menos de tres meses casi todos los principales líderes de Los Caballeros Templarios (el Tío Loya Plancarte, el Chayo Moreno, el Kike Plancarte, el Toro Vázquez y otros de menor peso) estaban presos o muertos. Sólo faltaba La Tuta, el protagonista de videos que exhibieron la vinculación con él de numerosos personajes públicos. Un factor relevante de ese éxito fue la colaboración con las fuerzas federales de los grupos de autodefensa, quienes conocían el terreno, identificaban a jefes de plaza de los templarios y señalaban algunas de sus guaridas. El cártel de Los Caballeros Templarios, que durante cinco años había construido un verdadero imperio criminal que traficaba drogas, contrabandeaba minerales, secuestraba, expoliaba a productores, se apoderaba de huertas, dominaba territorios, controlaba a policías municipales, mandaba sobre alcaldes y tenía cómplices en la cúspide del gobierno del estado, de pronto se vio cercado, perseguido y decapitado. No desaparecieron todas las bandas integrantes del cártel, pero perdieron el mando centralizado, la protección de los gobiernos y la capacidad de dominio territorial. El imperio criminal monopólico dio paso a bandas menores y a una delincuencia común diseminada.

El cambio en la incidencia delictiva no fue inmediato ni tuvo una tendencia unívoca. En los primeros meses de 2014 el registro de homicidios aumentó levemente, en parte debido a los enfrentamientos de las fuerzas federales y los grupos de autodefensa contra los templarios; las tasas de secuestros y extorsiones variaron poco hasta junio. Tras la caída de varios cabecillas de la organización criminal y la detención de centenares de mandos medios, sicarios y halcones, la violencia empezó a disminuir. A partir de julio de 2014 los homicidios muestran un declive, y los secuestros y las extorsiones una caída drástica; como contrapartida, los robos de distintas modalidades persisten con una tendencia sin grandes cambios (ver gráficas).

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Aparte de desarticular a la organización de Los Caballeros Templarios, el otro gran apremio del gobierno federal era la contención de los grupos de autodefensa. Surgidos como una reacción legítima frente a la opresión y la impunidad de los templarios, los grupos de autodefensa no sólo se hallaban fuera de la ley, sino que implicaban muchos riesgos: infiltración por delincuentes, conflictos armados internos, abusos contra la población por falta de disciplina y desafíos a la autoridad del Estado. De hecho, todos esos riesgos se materializaron en algún grado. Por eso el comisionado Castillo desplegó hacia las autodefensas dos líneas de acción que no eran fáciles de conciliar: aprovechar su colaboración en el combate a los templarios y promover su institucionalización o desarme. Para sorpresa de muchos, Castillo logró en poco tiempo un pacto con los líderes de las autodefensas para convertirlas en un nuevo cuerpo de policía (Fuerza Rural) integrado en la Seguridad Pública estatal, que a su vez entraría en proceso de depuración y nueva profesionalización. Se trataba, nada menos, que de devolver al Estado el monopolio de la fuerza legítima. La institucionalización no fue fácil ni total. Unos tres mil miembros de las autodefensas y algunos de sus liderazgos solicitaron su ingreso a la Fuerza Rural, y de ellos, unos 900 aprobaron los controles de confianza y fueron aceptados. Otros guardias optaron por volver a su trabajo, y no pocos buscaron seguir armados por su cuenta, fuese para defenderse o para delinquir. Algunos líderes, como José Manuel Mireles, intentaron convertir a las autodefensas en un movimiento insurgente y desafiaron abiertamente al gobierno. Mireles fue detenido y sigue preso. La heterogeneidad y la precaria disciplina en las filas de la nueva Fuerza Rural dieron lugar a rivalidades entre líderes, cuya manifestación más trágica ocurrió el 16 de diciembre, cuando grupos encabezados por Hipólito Mora y Antonio Torres se enfrentaron entre sí, con un saldo de 11 muertes. El fenómeno de grupos civiles armados sigue latente, pero ya no tiene la magnitud ni el potencial explosivo que tenía un año atrás.

La depuración y reestructuración de las fuerzas de seguridad locales también han tenido resultados apreciables. Unos 800 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal fueron dados de baja por no aprobar los controles de confianza. En 26 municipios (de un total de 113), más de mil 200 policías municipales fueron cesados, y la Policía Federal se hizo cargo por entero de la seguridad. En otros municipios muchos elementos policiacos pidieron su baja voluntariamente. Más de 300 miembros de policías estatales o municipales, incluidos mandos directivos y medios, se hallan sujetos a proceso penal. Además, todas las corporaciones de policía están en procesos de evaluación y control de confianza, y el mando unificado estatal abarca ya a 107 municipios.1

En cuanto a la depuración de los gobiernos locales, la acción más notable fue la detención del secretario de Gobierno y ex gobernador interino, Jesús Reyna, por presunta complicidad con los templarios. Además, cinco presidentes municipales fueron detenidos y procesados penalmente por vínculos con el crimen organizado;2 uno más fue arrestado y destituido por peculado;3 no son pocos los alcaldes que aún temen aparecer en un video con La Tuta y correr la misma suerte. También fue encarcelado, por motivos semejantes, un hijo del gobernador Fausto Vallejo. Por otra parte, tres altos ex funcionarios del gobierno de Leonel Godoy (dos secretarios de Finanzas y el de Obras Públicas) fueron sometidos a proceso penal por peculado; además, decenas de mandos medios de la misma administración han sido inhabilitados por irregularidades administrativas.

A la luz de tales resultados, puede decirse que la intervención federal en Michoacán ha sido exitosa. Sin embargo, persisten varios de los factores que indirectamente produjeron la crisis de inseguridad e ingobernabilidad y, en consecuencia, hay riesgos de recaída. En primer lugar, el gobierno de Michoacán sigue en quiebra, y con él muchos de los ayuntamientos. La deuda heredada por el gobierno de Godoy —entre créditos bancarios, adeudos fiscales y falta de pago a proveedores— se aproxima a los 30 mil millones de pesos. El gobierno de Vallejo trató de reestructurar la deuda para tener un respiro, pero logró muy poco; además, incurrió también en desvíos y grave desorden administrativo.4 Muchos gobiernos municipales también se hayan en crisis financiera, en parte porque el gobierno del estado no cumplió con sus aportaciones para inversiones conjuntas (“Obra convenida”) y otro tanto por los “impuestos” que tenían que pagar al crimen organizado. El gobierno sustituto de Salvador Jara, con apoyo federal, empieza a poner orden en la administración, pero está semiparalizado por falta de recursos. Apenas logra pagar la nómina (abultada como nunca durante los años de auge petrolero) y enfrenta continuos reclamos y paros de los sindicatos de empleados públicos. Un agravante es que la ayuda financiera que el presidente Peña Nieto ofreció en enero de 2014, estimada por él mismo en 45 mil 500 millones de pesos, en realidad estaba comprendida en recursos ya presupuestados para el estado. La inyección adicional apenas ronda los cinco mil millones de pesos, mucho menos de lo que el servicio de la deuda absorbe en un solo año. Un gobierno sin dinero y agobiado por las deudas puede hacer muy poco para atender las ingentes necesidades sociales e impulsar el desarrollo económico.

Otro hoyo negro de las finanzas estatales se localiza en el sector educativo. Año tras año la Secretaría de Educación gasta cuatro mil o cinco mil millones de pesos más de lo presupuestado, tan sólo para apaciguar momentáneamente las presiones del llamado magisterio democrático. A falta de otros rubros suficientemente grandes de gasto público, el presupuesto de Salud (incluido el Seguro Popular) suele ser la principal víctima proveedora de los recursos extraordinarios para “educación”. Así lo han hecho por lo menos los tres últimos gobiernos estatales, y ni siquiera el comisionado Castillo se atrevió a cambiar esa política. En 2014 el gobierno estatal, con anuencia del federal, volvió a otorgar cerca de mil plazas docentes automáticas a normalistas, sin concurso ni evaluación de por medio. En los hechos, el gobierno federal ya renunció por ahora a aplicar en Michoacán la reforma educativa. Y por los efectos políticos de la tragedia de Iguala, es poco probable que siquiera lo intente en los próximos años.

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No se puede menospreciar lo que significa para los michoacanos que se haya desmantelado un imperio criminal y recuperado una seguridad pública aceptable. Sin embargo, Michoacán necesita mucho más que eso. La intervención federal directa ha sido muy útil para salvar al estado de su hundimiento total, pero no se puede suplir indefinidamente a las instituciones locales. Es indispensable que las fuerzas políticas de la entidad asuman la conducción de sus asuntos. De hecho, entre la clase política local, en los medios de información y aun en algunas franjas de la población en general hay malestar por un sentimiento de invasión por forasteros, sentimiento que influyó en el retiro del comisionado Castillo. Las próximas elecciones de gobernador, diputados y ayuntamientos —cuyo proceso está transcurriendo en paz y conforme a la ley— ofrecen una oportunidad para renovar las políticas de gobierno, pero sólo a condición de que los actores políticos relevantes quieran y puedan cambiar las reglas del juego. Y eso no será fácil. El gobierno y la sociedad locales siguen atrapados en un entramado institucional vicioso que los condena al desorden y al atraso.

Tal vez siga siendo necesaria la intervención federal por un tiempo más, aunque en términos diferentes. El nuevo gobierno del estado necesitará más dinero para poder actuar y la entidad requiere más inversiones federales y privadas. De otra forma, continuará el deterioro institucional y la gobernabilidad será muy precaria. Pero la inyección de recursos debería condicionarse a un cambio de reglas del juego: más aplicación de la ley, más control del gasto y transparencia; menos corrupción y menos debilidad y complicidad frente a los grupos de presión. Michoacán necesita una suerte de Plan Marshall como el que se aplicó en la Alemania de la posguerra, cuando las fuerzas americanas de ocupación no sólo aportaron créditos e inversiones, sino también indujeron una reconstrucción institucional de carácter democrático. La reconstrucción institucional necesaria en Michoacán se llama imperio de la ley.

 

Jaime Rivera Velázquez
Politólogo.


1 Información proporcionada por fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán.

2 Se trata de los presidentes municipales de Apatzingán, Aguililla, Huetamo y Pátzcuaro, del PRI, y de Lázaro Cárdenas, del PRD.

3 El alcalde de Tacámbaro, del PAN.

4 Según el informe de la Auditoría Superior de la Federación, en 2013 los gastos desviados de su objetivo y otras irregularidades del gobierno de Michoacán suman 6,649.7 millones de pesos. En el “Índice de desempeño de la gestión del gasto federalizado por entidad federativa”, Michoacán obtuvo en el mismo año un valor de 37.9 puntos, el más bajo de todo el país; el valor más alto, 80.4, lo obtuvo Querétaro. (Auditoría Superior de la Federación, Informe General de la Cuenta Pública de 2013).

 

Un comentario en “La caída del imperio templario

  1. Desafortunadamente el endeudamiento público; la falta de liquidez y la corrupción difícil de ser disminuida, aunado esto a los recortes que están previstos para el año próximo, no va a contribuir sustantivamente a superar los rezagos sociales; y esto puede ocasionar el renacimiento y fortalecimiento de los problemas de seguridad derivados del crimen organizado y no organizado. Las prospectivas para Michoacán no se vislumbran muy halagadoras para un futuro próximo. Un factor que inhibe mucho el mejoramiento social de los estados, no sólo el de Michoacán, sino el de la mayoría que integran el pacto federal, son las abultadas nóminas estatales, municipales y delegacionales. En cada elección y debido a compromisos electorales arriba una ingente cantidad de personas a engrosarlas, y no importa si tienen la preparación adecuada para desempeñar los diversos cargos; porque lo que menos se considera y ni se toma en cuenta y es obviada sea en el sector público o en el privado es la meritocracia. Otro factor preponderante es el endeudamiento de la mayoría de los estados que conforman la Unión, y que los recursos autorizados en créditos no se han optimizado, sino que han sufrido fuertes distorsiones y malversaciones. Cada sexenio gubernamental egresa una nueva horneada de ricos; de igual manera sucede cada tres años en muchas presidencias municipales. El problema general de México es multifactorial, y obviamente no de fácil solución. Y la verdad se percibe lejano un cambio ingente que redunde en bienestar social general.