El abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, líder fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), marca un punto de inflexión en el entorno de seguridad en México. Aunque la relevancia del golpe es indiscutible, sería un error concluir que por la caída de su fundador el cártel entrará automáticamente en una fase de colapso inmediato. Lo ocurrido en Tapalpa el 22 de febrero abrió una coyuntura de enorme importancia, pero la trayectoria de la organización, su continuidad o declive, dependerá de lo que ocurra en los próximos meses: de la capacidad del CJNG para lidiar con la pérdida de su jefe y, sobre todo, de la capacidad del Estado para aprovechar la vulnerabilidad que el operativo causó en el liderazgo de la organización criminal.
Durante la última década, el CJNG dejó de ser una estructura sostenida casi por completo en la autoridad personal de su fundador y evolucionó hacia una organización con mando centralizado, jefaturas regionales, disciplina interna, presencia territorial extendida y una base financiera amplia. El crecimiento del Cártel Jalisco no descansa sólo en su capacidad armada, sino en cómo administra rentas ilícitas, articula alianzas y en su capacidad para coordinarse con jefes de plaza en distintas regiones del país. De ahí que la muerte de su líder no puede interpretarse como el derrumbe automático de la organización.
La evolución del cártel en esta nueva etapa dependerá de tres procesos paralelos: la sucesión interna, la consistencia de la presión estatal y el comportamiento de los grupos rivales. El primero tiene que ver con la sucesión. Todo indica que el CJNG cuenta con incentivos poderosos para evitar una fractura inmediata. A lo largo de los años, construyó una estructura que no dependía de un solo mando. El funcionamiento del cártel combina control territorial, disciplina vertical y un sistema de rentas que vincula a jefaturas regionales, operadores logísticos, financieros y armados.
En esas condiciones, el escenario más probable en el corto plazo no parece ser una implosión generalizada, sino un reacomodo relativamente ordenado. Pueden rotarse los mandos. Puede haber ajustes internos. Puede haber, incluso, un periodo de bajo perfil. Pero la continuidad operativa del grupo sigue siendo, para muchos de sus cuadros, la alternativa más lógica, debido a las enormes ganancias económicas derivadas de la pertenencia a una estructura delictiva de alcance trasnacional. En Jalisco, núcleo histórico del CJNG, esa lógica de continuidad será especialmente importante. Ahí se concentran control territorial, producción y trasiego de drogas sintéticas, redes de lavado y capacidad armada para ejecutar bloqueos y acciones demostrativas. Por eso, si la sucesión logra procesarse con un mínimo de disciplina, lo más probable es que se imponga una fórmula colegiada antes que una ruptura abierta.
Los perfiles que hoy parecen mejor posicionados para ordenar esa transición responden, justamente, a esa lógica. Ricardo Ruiz Velasco, Doble R, conserva peso en la Zona Metropolitana de Guadalajara y ascendiente sobre segmentos armados. Gonzalo Mendoza, el Sapo, cuenta con influencia en el negocio de las drogas sintéticas y capacidad operativa en varias regiones. Audias Flores, el Jardinero, destaca por su interlocución regional y por su capacidad para mantener arreglos y alianzas. Si el factor familiar adquiriera mayor peso, Juan Carlos Valencia González, el 03, tendría una ventaja simbólica como heredero del núcleo Oseguera-Valencia. El problema es que ninguna de estas figuras concentra por sí sola la autoridad que ejercía el Mencho. Por eso, el desenlace más plausible en el corto plazo parece ser un arreglo interno de mando compartido, con una reafirmación de la disciplina financiera y territorial.
Eso no significa que el riesgo de ruptura sea menor. Si en las próximas semanas se acumulan golpes contra operadores de segunda y tercera línea, la tensión podría elevarse en algunas plazas. Lo mismo podría ocurrir si se interrumpen los flujos financieros que permiten al mando central repartir recursos, contener disputas y mantener disciplina. En ese escenario, ciertas regiones podrían entrar en una fase de faccionalización parcial, sobre todo allí donde existen liderazgos locales con capacidad armada propia y acceso a economías criminales relativamente autónomas. Aun así, lo más probable no parece ser que el cártel se desintegre en todo el país, sino que el núcleo se cohesione y que haya turbulencia en zonas específicas.
Eso se verá con claridad en la geografía de la organización. En Baja California, por ejemplo, la estructura del CJNG es más descentralizada y las jefaturas de plaza operan con mayor autonomía. Ahí el vacío dejado por el Mencho podría traducirse en conflictos internos o en conductas cada vez más independientes en nodos como Tijuana y Tecate, justo cuando grupos rivales como Los Zambada, el Cártel Arellano Félix o el de Caborca buscarán recuperar espacio. En el Estado de México ocurre algo distinto: la estructura es menos compacta, más dispersa y apoyada en células autónomas dedicadas al reclutamiento, la extorsión y el narcomenudeo. Eso eleva el riesgo de ajustes locales y violencia selectiva, aunque sin necesariamente romper la lealtad operativa de fondo. En cambio, en Nayarit y Colima, donde el CJNG conserva presencia amplia y cohesión relativamente alta, el escenario más probable sigue siendo de continuidad con repuntes marginales de violencia, salvo en el caso excepcional de que la sucesión se contamine con disputas internas de mayor alcance.
El segundo proceso tiene que ver con la conducta del Estado mexicano. Todo sugiere que el operativo en Tapalpa no fue un hecho aislado, sino el punto más visible de una campaña progresiva de presión sobre la estructura del cártel. Durante el último año aumentaron las capturas de integrantes del CJNG, sobre todo en operaciones de alto perfil. Según el monitoreo de Lantia Intelligence, el cuarto trimestre de 2025 cerró con 224 arrestos vinculados al cártel, el registro más alto en seis años. Ese dato importa porque apunta a una lógica de erosión acumulativa más que a una captura espectacular. La cuestión decisiva, por tanto, es si la presión podrá sostenerse en el tiempo y se traducirá en una estrategia estable de debilitamiento estructural del CJNG.
Ésa es, precisamente, la ruta que ofrece mayores posibilidades. México ya conoce los costos de las neutralizaciones cupulares cuando no van seguidas de una estrategia amplia y sostenida. La experiencia de los Beltrán Leyva, del Cártel de Juárez y de los Zetas sigue siendo aleccionadora. En varios de esos casos, la caída de los jefes no pacificó, sino que dispersó la violencia y provocó escisiones y disputas locales más difíciles de contener. Entre 2007 y 2011, en medio de ese proceso de fragmentación criminal, la tasa de homicidios se triplicó. Ese antecedente obliga a la prudencia, pues hemos aprendido que la dificultad no se limita a capturar o neutralizar a los liderazgos criminales, sino a evitar que estas acciones provoquen represalias de alto impacto y abran nuevas pugnas entre los remanentes de las organizaciones criminales.
En este punto, la coyuntura actual presenta diferencias relevantes. El Estado mexicano dispone hoy de mejores herramientas de inteligencia financiera. El apoyo con Estados Unidos es más estrecho en materia tecnológica, logística y de información. A eso se suma la proximidad del Mundial de Futbol de 2026, que eleva el incentivo político para contener cualquier escalamiento mayor de la violencia. Aunque nada de esto garantiza el éxito, sí coloca al Estado en un lugar menos precario que en otras coyunturas semejantes. Con todo, la cuestión decisiva será la perseverancia. Si en los próximos meses se sigue presionando a operadores financieros, coordinadores logísticos, jefes regionales y redes de protección política, aumentará la probabilidad de un debilitamiento más profundo del cártel. En cambio, si esto se diluye una vez pasado el impacto mediático del operativo, el CJNG tendrá margen para reacomodarse, reducir temporalmente su exposición y restablecer su tendencia a expandirse.
La eficacia de esa estrategia, además, tendrá que medirse por regiones. Jalisco exigirá una política de estabilización fina: detenciones estratégicas, freno de bloqueos rurales y vigilancia reforzada sobre los mandos que encabecen la transición. Zacatecas será un termómetro distinto, porque ahí se juega buena parte de la conectividad logística del CJNG hacia el norte y el noreste. Si en ese estado siguen unidos sus células y aliados, el cártel mantendrá una de sus bisagras territoriales más importantes. Michoacán presentará un reto todavía más delicado por las presiones simultáneas de Cárteles Unidos, la Nueva Familia Michoacana y otros movimientos armados locales en una franja donde el CJNG ha combinado expansión agresiva, reclutamientos forzados y violencia paramilitar. En Guanajuato, por su parte, cualquier debilitamiento temporal del CJNG será leído por el Cártel Santa Rosa de Lima y por facciones del Cártel de Sinaloa como una oportunidad para reposicionarse. Ahí el costo puede pagarse en bloqueos, ataques focalizados y mayor presión sobre el corredor industrial del Bajío.
El entorno internacional será también decisivo en este proceso. Washington interpreta el abatimiento del Mencho como una prueba de que la cooperación bilateral puede producir resultados contundentes. Pero eso no implicará que disminuya la presión sobre México. Es previsible, más bien, que las agencias estadunidenses insistan en perseguir operadores financieros, traficantes de precursores químicos y coordinadores logísticos. La agenda antidrogas seguirá empujando en esa dirección. En un contexto político sensible, incluso puede endurecerse la presión retórica del presidente Trump. Desde el punto de vista mexicano, sin embargo, esta presión puede ser aprovechada para reforzar el intercambio de inteligencia y cooperar operativamente y, al mismo tiempo, se encarecerán los costos de la pasividad o de la inconsistencia en el combate a los grandes cárteles.
Otra variable por considerar es la conducta de los grupos rivales. Organizaciones como Cárteles Unidos en Michoacán, el Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato, las facciones en conflicto del Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste y la Nueva Familia Michoacana tienen incentivos para aprovechar momentos de vulnerabilidad relativa del CJNG. Lo más probable es que estas organizaciones adopten un comportamiento oportunista y localizado: ataques selectivos, presión sobre corredores logísticos y disputas territoriales en zonas donde el equilibrio ya era frágil antes del abatimiento. Los principales focos hostiles seguirán siendo Michoacán, Guanajuato, Colima, Veracruz y algunas franjas de la frontera norte. En Veracruz, por ejemplo, la unión del CJNG podría preservarse si el reajuste nacional ocurre con rapidez, pero una transición desordenada abriría espacio para que Grupo Sombra, el Cártel del Noreste, Zetas Vieja Escuela o células del Cártel de Sinaloa intenten debilitar las alianzas locales que hoy sostienen su presencia.
Con esos elementos sobre la mesa, el escenario más probable para los próximos meses apunta a una combinación de estabilidad operativa del cártel con episodios de violencia focalizada, sobre todo contra mandos de las fuerzas de seguridad, civiles y militares. El relevo interno del CJNG podría procesarse sin una fractura inmediata, sobre todo si la organización logra preservar la disciplina y contener las tensiones entre sus jefaturas regionales. Al mismo tiempo, es razonable pensar que el CJNG intentará reducir de manera táctica su perfil público para bajar costos y ganar margen de maniobra, mientras la presión estatal se concentra en algunos puntos particularmente sensibles. Eso, sin embargo, no excluiría repuntes de violencia en regiones donde ya existían disputas activas o donde la sucesión pudiera alterar equilibrios precarios. En Baja California, Querétaro, Guanajuato o el Estado de México, donde las células operan con mayor autonomía o arrastran debilitamientos previos, esos repuntes podrían ser más visibles que en Jalisco, Nayarit o Tabasco, donde la cohesión parece, por ahora, más resistente.
Desde la perspectiva del sector privado, el riesgo no parece ser sistémico a escala nacional. No hay elementos suficientes para anticipar un colapso generalizado del entorno de seguridad ni un deterioro estructural del clima de inversión. Sí hay, en cambio, un riesgo regionalizado y logísticamente relevante. El corredor industrial del Bajío, el eje Jalisco-Colima y distintos nodos de la frontera norte pueden experimentar bloqueos temporales, encarecimiento del transporte, disrupciones en rutas secundarias y aumentos selectivos de extorsión, sobre todo contra pequeñas y medianas empresas con menor capacidad para protegerse.
La vulnerabilidad será desigual y dependerá de la geografía, del tipo de operaciones y del nivel de exposición de cada cadena de suministro. En estados como Querétaro y Guanajuato, por ejemplo, el principal riesgo inmediato no radica en un crecimiento súbito del conflicto, sino en ataques focalizados sobre carreteras, comercio y transporte de carga. En Colima, el valor logístico de Manzanillo seguirá atrayendo presiones rivales aun bajo un escenario general de estabilidad. En Tabasco, donde el CJNG ha crecido mediante alianzas locales recientes, el riesgo de colapso inmediato es menor que la búsqueda de mayor autonomía por parte de liderazgos regionales.
Por eso, la respuesta empresarial más razonable exige serenidad. Conviene actualizar mapas regionales de riesgo, revisar protocolos de transporte, fortalecer la inteligencia corporativa local, evaluar la exposición indirecta de proveedores críticos y mantenerse comunicados con autoridades confiables. En una coyuntura como ésta, las decisiones precipitadas de salida o reubicación rara vez ofrecen ventajas. Lo que se necesita es monitoreo constante, adaptación regional y capacidad preventiva. Los próximos meses serán decisivos para medir la trayectoria del proceso: habrá que observar si ocurren o no nuevas capturas dentro de la cúpula del CJNG, señales de ruptura interna, ataques coordinados contra infraestructura estratégica, aumentos abruptos de homicidios en Jalisco, Guanajuato o Michoacán, y disrupciones logísticas prolongadas en corredores industriales. Esos indicadores permitirán inferir si el cártel está absorbiendo la pérdida de su líder con disciplina o si empiezan a abrirse grietas más profundas.
El abatimiento del Mencho no clausura el ciclo del CJNG, pero sí pondrá a prueba, como pocas veces, su capacidad de reorganización y resiliencia. Al mismo tiempo, el Estado mexicano también se pondrá a prueba para saber si cuenta con las capacidades para sostener una ofensiva de desgaste basada en inteligencia y cooperación binacional sin multiplicar la violencia que pretende contener. En eso consiste, en última instancia, el problema estratégico que supone el CJNG. Si las presiones se sostienen, el golpe puede marcar el inicio de un debilitamiento más profundo del cártel. Si se diluyen, el país habrá obtenido una victoria de alto valor simbólico, pero no sentará las bases para una reducción duradera del poder criminal.
Eduardo Guerrero Gutiérrez
Socio de Lantia Consultores