Las decisiones del gobierno de Estados Unidos afectan a todo el mundo. Su poder económico y político lo han convertido en un policía mundial. Sin embargo, como señala Luis Carlos Ugalde, en Estados Unidos rige un sistema de corrupción “legalizada” derivada del financiamiento a las campañas electorales; se trata de intercambiar dinero por influencia política.
Combatir la corrupción alrededor del mundo se ha convertido en uno de los objetivos de la política exterior de Estados Unidos. Usa para ello su enorme poder económico y político para condicionar ayuda económica, “certificar” a gobiernos extranjeros y promover programas contra el soborno y el lavado de dinero. Sin embargo, este nuevo policía mundial olvida con frecuencia que en su régimen político se localiza el sistema de corrupción legalizado y abierto más importante del orbe, tanto por su tamaño como por sus efectos sobre el resto del mundo. Me refiero a la corrupción derivada del sistema de financiamiento de campañas electorales, que incentiva el intercambio de dinero y donaciones a cambio de influencia en la toma de decisiones y puestos políticos en el gobierno.
El sistema de financiamiento de las campañas políticas en Estados Unidos se basa en tres reglas principales: el financiamiento es privado; el límite para las contribuciones individuales a los candidatos es muy bajo —1,000 dólares que no se actualizan desde 1974—; y, aunque no pueden donar a los candidatos de manera directa, las empresas, los sindicatos y los individuos pueden dar cantidades ilimitadas de dinero a los partidos y comités de acción política —el llamado soft money—. Los comités de acción política compran tiempo en TV, pagan anuncios y llevan a cabo la publicidad negativa que tanto ha dañado moralmente a la política de ese país. Debido a que el costo de las campañas ha aumentado notoriamente, sobre todo por el uso creciente de la TV, los candidatos recurren y dependen de grandes donantes que dan dinero a cambio de influencia futura en el gobierno permisos, leyes favorables, embajadas.
El dinero otorga viabilidad a los candidatos. George W. Bush, por ejemplo, empezó a tener visibilidad y respeto una vez que había recaudado varios millones de dólares. Su cuenta bancaria lo hizo un candidato viable aun contra los cuestionamientos sobre su inteligencia y capacidad. Ese “respeto” ganado al amparo de sus donantes atrajo más dinero, más tiempo en TV, más atención de los medios y todavía más respeto. En un sistema político de posiciones centristas como el de Estados Unidos, la recaudación de fondos de campañas, más que las ideas y las propuestas de gobierno, es la condición necesaria (y a veces suficiente) para ser competitivo. Ahí están los ejemplos de Bill Bradley y John McCain, dos políticos inteligentes y con un discurso atractivo que, sin embargo, nunca fueron viables porque sus adversarios —Al Gore y George W. Bush —recaudaron dinero más rápidamente.
Las elecciones de 2000 fueron las más caras en la historia de Estados Unidos. Considerando todas las contiendas en disputa —congresistas, senadores y presidente— el proceso costó 3, 000 millones de dólares. Y a mayor costo mayor es la influencia de quienes pagan las campañas. Quienes financiaron a Bush ya empiezan a cosechar resultados. Los petroleros de Texas y dueños de empresas de energía, todos ellos cercanos aliados y donantes de Bush, han cosechado dos triunfos recientes. Por un lado, el compromiso del presidente para abrir Alaska a la exploración de petróleo; por otro lado, el retiro unilateral de Estados Unidos del protocolo de Kyoto, con lo cual se vienen abajo años de esfuerzo y cooperación internacional. El presidente también ha anunciado su intención de llevar adelante la construcción del sistema de defensa antimisiles, que ya ha provocado reacciones negativas de Rusia, China y varios aliados europeos. Según diversas estimaciones, el proyecto costará más de 100,000 millones de dólares y sus mayores partidarios son las compañías fabricantes de equipo militar y tecnológico, donantes importantes de la campaña republicana. ¿Casualidad?
Además de la influencia sobre el proceso de toma de decisiones, las donaciones también dan acceso a puestos políticos que, aunque de menor influencia, otorgan prestigio social y político. Dos de las embajadas más codiciadas de Estados —Irlanda y Francia— serán ocupadas por donantes republicanos, a pesar de su falta de experiencia diplomática. ¿Cuál es el mérito político y diplomático de esos donantes, además de su enorme talento para los negocios y el cabildeo? ¿Dónde queda el respeto para los países anfitriones y para el servicio exterior de carrera?
Frente a este sistema de corrupción “legalizada”, la propuesta de reforma del senador John McCain es un aliciente de cambio. El excandidato presidencial ha aprovechado el momento que le ofrece el inicio de una nueva legislatura y una nueva administración, para cabildear y lograr apoyo para una nueva ley que regule el financiamiento de campañas y limite la “compra de influencia política”. Si la nueva ley entra en vigor se prohibirían las contribuciones del llamado dinero suave, y se limitaría con ello la influencia creciente del dinero en la política. Ciertamente los donantes de hoy pueden encontrar huecos legales para inyectar dinero mañana, pero la nueva regulación limitará tales acciones y será un instrumento para perseguir a quienes quieran comprar influencia y poder. Si entra en vigor, la reforma del sistema de financiamiento de campañas será el cambio más profundo al sistema político estadunidense en las últimas décadas.
Por su calidad hegemónica, las decisiones del gobierno de Estados Unidos siempre han afectado a todo el mundo. Cuando algunas de esas decisiones son influidas por las preferencias de los donantes de las campañas (el sistema antimisiles, por ejemplo), entonces su corrupción “legalizada” importa y afecta a otros países. Lo curioso es que mientras Estados Unidos opina sobre la corrupción en todo el mundo, pocos países han alzado la voz para criticar la corrupción imperante en la democracia más “venerada” del mundo. Aunque la compra de influencia política en EU sea “legal”, es profundamente inmoral y dañina para él y para el resto del mundo.
Luis Carlos Ugalde
Profesor del Departamento de Estudios Políticos del CIDE. Investigador Visitante en la Universidad de Harvard.
