En su edición de febrero, nexos publicó una conversación muy oportuna con tres especialistas, acerca de la violencia en México, el control delincuencial sobre ciertas porciones del territorio, el papel de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la relación con Estados Unidos en la materia, la fragmentación o dispersión de los carteles y la “sospechosa” pasividad ante el más notorio de estos, entre otros temas. Hay buena cantidad de información, hipótesis y opiniones que arrojan alguna claridad sobre un problema opaco.
Pero hay otra cara del fenómeno, no tratada de manera central en el diálogo pero igual de importante: el dinero, los activos líquidos, la ingeniería fiscal, contable y financiera directamente conectada con las organizaciones criminales. O como les dijo Mark Felt, mejor conocido como Deep Throat, a Bob Woodward y Carl Bernstein durante la investigación del Watergate: “sigan el dinero”.
Pongámoslo así: las organizaciones criminales tienen un portafolio de negocios cada vez más diversificado y complejo. De sus giros tradicionales –producción, tráfico y comercialización de estupefacientes– se han extendido al contrabando de combustible, transporte, extorsión, secuestro, seguridad privada y un largo como imaginativo etcétera. En otras palabras, en la ecuación de Moisés Naím, el éxito del crimen organizado no reside en el tipo de bienes que provee sino en el modelo de negocio con el cual trabaja.
Veamos un poco más de cerca este punto y usemos un ejemplo, el desarrollo inmobiliario, para entenderlo.
En primer lugar, el negocio ilícito opera sobra la base de una impecable lógica de mercado que detecta una necesidad, diseña una buena planeación, produce un bien demandado, construye una logística sofisticada y satisface a los consumidores. Es la forma como funciona cualquier empresa eficiente, trátese de elaborar y distribuir pan, refrescos o ropa de marca o de comerciar con drogas, medicinas falsificadas, armas prohibidas o personas, como se documenta en The Snakehead: an epic tale of Chinatown, una poderosa investigación de Patrick Radden Keefe, un periodista de The New Yorker, sobre el tráfico de chinos en Nueva York.
¿Hay en este proceso algo de extravagante? No, y tampoco es claro si las distintas agencias del gobierno lo comprenden. O peor aún, si no quieren entenderlo porque son parte de la cadena de suministro.
Nunca como ahora la delincuencia había montado una estructura en la que, para empezar, están situados en la plena modernidad corporativa. Ya no trabajan a partir de formas piramidales de control y coordinación sino por medio de redes horizontales en las que participa cualquier cantidad de actores: productores, proveedores, banqueros, jueces, fiscales, funcionarios, notarios, transportistas, abogados, factureros, contadores. Todos muy flexibles para responder a los requerimientos del mercado, que manejan con sagacidad la producción en línea y el just in time, y que son tan hábiles para desplazarse con rapidez de un sector de bienes –digamos drogas tradicionales– a otros igual de atractivos y rentables como obras de arte y animales exóticos.
Desde ese punto de vista, estudiar con detenimiento y criterio este mercado arroja información y lecciones que explican el éxito del modelo de negocio. Pero, además, parte del fracaso en la estrategia de muchos gobiernos para combatir el crimen organizado se explica porque se centran en una lógica de seguridad en lugar de abarcar con agudeza, tino y datos una estrategia económica para combatir un negocio que actúa con una lógica de mercado.
Aquí está un segundo aspecto central, no incluido en el conversatorio de nexos. El modelo anterior se condensa en la necesidad de administrar, invertir, lavar o transferir cantidades mayúsculas de dinero. Por ejemplo, en un artículo de 2025 Alejandro Werner, exfuncionario del FMI, señala que en plena era digital el uso de efectivo en la economía mexicana aumentó de manera preocupante: la “razón –efectivo en circulación como proporción del PIB– ronda el 10 %. En 2014, era menos de la mitad. Además, es la más alta entre economías latinoamericanas de tamaño y desarrollo comparables”.
Por supuesto que no todo ese hecho es atribuible al narco, la extorsión o el huachicol. También se explica por la informalidad de la economía mexicana, la evasión fiscal, la corrupción (recuérdese la cultura de los sobres del obradorato) y, desde luego, el lavado de dinero.
Ahora bien ¿cómo opera? Según una investigación periodística hay mercenarios colombianos que entrenan por tres o cuatro meses a narcos mexicanos en Tierra Caliente y ganan 48 000 pesos mensuales que probablemente reciben en efectivo. Si el número de mercenarios, siguiendo dicho reportaje, anda en unos 2 500, la nómina supone 120 millones de pesos al mes.
¿De dónde sacan ese dinero los empleadores? ¿Lo depositan donde les indican sus empleados o se los entregan dentro de sobres manila in situ? En esta opción, ¿los mercenarios los guardan debajo del colchón o los envían a su casa, en cuyo caso recurren a algún servicio como los utilizados para remesas? Si esta es la modalidad y usan sucursales de la zona ¿cómo se mueven 120 millones de pesos cada mes dentro de un área geográfica bien delimitada en los estados observados? ¿Ninguna autoridad bancaria, fiscal o financiera ve nada de este flujo que constituye un patrón rutinario? Y la tercera cuestión: ¿en qué otros sectores crece el negocio? Ya mencioné varios pero hay otros que llaman la atención.
Por ejemplo, el estado en que vivo, de solo millón y medio de habitantes, hay una enorme expansión de desarrollos inmobiliarios de todo tipo. Es un estado que apenas representa 1.3 % del PIB nacional, muy urbanizado, y su crecimiento en los últimos diez años ha sido mejor que el del país pero discreto. En principio, la oferta inmobiliaria no parece corresponder a una suerte de bonanza económica. ¿De dónde sale la plata?
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y otras instituciones financieras internacionales calculan que el sector inmobiliario es uno de los principales focos para el lavado de dinero a nivel global y estima que su volumen equivale a entre 2 % y 5 % del PIB mundial. Además, en México el sector construcción es un multiplicador importante, según la matriz insumo-producto del Inegi (Monex, 2020), que impacta a otras 66 ramas del sector industrial (acero, hierro, cemento, arena, cal, madera, aluminio, etc.) lo que, presumiblemente, hace muy difícil rastrear con detalle fino toda la cadena.
Desde hace años el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera dispusieron el registro obligatorio (“avisos”) para quienes edifican, compran o venden bienes inmuebles por cuenta propia o de terceros lo que, en teoría, es un termómetro sensible. Bajo esa regla, los “avisos” recogidos de 2013 a 2023 por el SAT llegan a 2 millones 517 mil por concepto de derechos personales de uso o goce de inmuebles y poco más de un millón por transmisión de derechos sobre bienes inmuebles. Estas cifras parecen demasiado dinámicas en locales comerciales, oficinas o vivienda pero extrañas en un contexto de muy bajo crecimiento. ¿Por qué?
La respuesta corta es que en vivienda hay un déficit y el mercado inmobiliario responde, por lo tanto, a la demanda, lo que explicaría el aparente crecimiento de la oferta. Sin embargo, la respuesta larga es más compleja. Tomando en cuenta sólo la oferta privada, que supone el 27 % del total, el resto son los créditos de Infonavit y Fovissste, que son los mayoritarios (71 % en 2023) según el Banco de México, y en el balance no parece ser espectacular la oferta.
Ahora bien, hay otra interrogante que no cuadra. Los desarrolladores inmobiliarios señalan que hay déficit de vivienda, y parece cierto. Pero esto no coincide con lo que informan los bancos ni las encuestas de ingreso de los hogares del Inegi. Santander México, por ejemplo, dice que el porcentaje de sus financiamientos para vivienda nueva y usada ha cambiado: mientras que hace ocho años 80 % del financiamiento era para vivienda nueva, en 2024 55 % se destina a nueva y el resto a usada, es decir, ya existente.
Por su parte, la ENIGH 2024 del Inegi informó que, del total de los ingresos trimestrales de los hogares mexicanos, sólo 9.1 % fue destinado a vivienda (incluyendo gastos de conservación y energía eléctrica), un porcentaje muy bajo respecto del total del egreso familiar. Si los bancos declaran que hay una desaceleración en los créditos hipotecarios (en el primer trimestre de 2019 se concedían alrededor de 33 000 créditos, y en el primer trimestre de 2024 fueron 25 000) y si las familias gastan poco en vivienda ¿sobre qué bases se explica la expansión de la oferta inmobiliaria y cómo se financian los desarrolladores mientras venden las viviendas?
Por último, según los indicadores básicos que publica regularmente el Banco de México, el saldo de la cartera de crédito vigente de la banca comercial hacia el sector privado se incrementó 2.6 % real anual en diciembre de 2025. En el desagregado el crédito al consumo aumentó 7.9 %, el de vivienda 1.5 %, y el de empresas y personas físicas con actividad empresarial registró sólo 0.6 %. Por tanto, los desarrollos de construcción que se ven por todos lados ¿sacan el dinero del colchón o de la alcancía de la abuelita? ¿Tienen las agencias públicas las capacidades humanas y tecnológicas para monitorear de manera fina esa cadena? ¿Hay una coordinación real y efectiva entre ellas?
Es muy difícil llegar a conclusiones definitivas para entender el fenómeno, pero todo indica que el sector inmobiliario es un caso de estudio que ayudaría mucho a identificar mejor la lógica y el modelo de negocio del crimen organizado. Dicho de otra forma: follow the money, dude.
Otto Granados Roldán
Consultor y comentarista político. Sus libros más recientes son Viaje a la Memoria. Un recuento personal (2022) y En qué creer y otras historias heterodoxas (2024) publicados por Cal y Arena.