Kosovo y el derecho internacional

Por Javier Tejado Dondé

En días recientes hemos sido testigos de una serie de ataques aéreos a Yugoslavia por los Estados Unidos y los demás miembros de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN). Esta ofensiva, argumentan, tiene como objetivo proteger a una minoría étnica, los kosovares-albaneses, que es expulsada e incluso exterminada por los serbios. Los aliados dicen encontrar las razones para bombardear Yugoslavia en los fundamentos del derecho internacional y argumentan que se está violando la Convención sobre Genocidio de 1948. Los especialistas que apoyan este tipo de intervenciones lo hacen sobre la base del derecho de injerencia. Aseguran que este derecho autoriza a actuar por motivos “humanitarios”, reconociendo que este tipo de intervenciones es el último recurso cuando las medidas pacíficas han fracasado. El argumento supone un complejo juicio moral, especialmente considerando las grandes tragedias humanas que han ocurrido en años recientes en Somalia, Ruanda, Iraq y en los Balcanes.

Sin embargo, la mayoría de la naciones y los estudiosos de las relaciones internacionales no justificarían intervenciones militares con el argumento de proteger a minorías étnicas. Este argumento podría dar pie a un gran número de abusos. Además, los Estados interesados en intervenir militarmente tendrían motivos políticos que los llevarían a buscar una solución acorde a sus propios intereses.

Lo que ocurre en Yugoslavia no justifica, bajo el derecho internacional vigente, el uso de la fuerza. La Carta de las Naciones Unidas prohibe a todas las naciones, en su artículo 2(4), recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Como excepción, sólo autoriza el uso de la fuerza en dos supuestos; para la legítima defensa (artículo 51), y cuando lo autoriza el Consejo de Seguridad para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales (artículo 42).

Es claro que el primer supuesto sólo favorece a Yugoslavia, pues la autoriza a defender su territorio de las agresiones de los países miembros de la OTAN, y que el segundo supuesto difícilmente se podrá materializar ya que China y Rusia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto, se oponen a la intervención.

Por lo tanto, la OTAN está violando la Carta de las Naciones Unidas y también sus propios estatutos, pues en sus artículos 1 y 7 establece la observancia de la Carta de las Naciones Unidas, y en su artículo 5 autoriza el uso de la fuerza sólo para repeler agresiones contra sus miembros, algo que no ha ocurrido en sus cincuenta años de existencia.

Para actuar de acuerdo a los principios de las Naciones Unidas se tendría que contar con la autorización del Consejo de Seguridad. el único órgano calificado para autorizar el uso de la fuerza, tal como ocurrió en 1991, cuando mediante las resoluciones 661 y 678, y bajo el amparo de capítulo Vil de la Carta de las Naciones Unidas, autorizó el uso de la fuerza para obligar a Iraq a retirarse de Kuwait, y cuando, en 1994, mediante la resolución 940, autorizó la creación de una fuerza multinacional para restablecer el gobierno electo en Haití.

Si bien el derecho internacional sólo reconoce como supuestos universalmente válidos para el uso de la fuerza los dos avalados por las Naciones Unidas, también se han llegado a reconocer, no sin oposición, otros tres supuestos que justifican el uso de la fuerza: la adopción de una resolución por un organismo regional, la protección de nacionales, y la intervención por invitación.

Como ejemplo de la adopción de una resolución que autoriza el uso de la fuerza por un organismo regional tenemos el bloqueo naval realizado contra Cuba por los Estados Unidos en 1962. Una vez que se descubrieron los misiles soviéticos en territorio cubano, el Consejo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ordenó el desmantelamiento de estas armas ofensivas y autorizó, bajo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, que sus Estados miembros tomaran las medidas necesarias, incluido el uso de la fuerza, para que el gobierno cubano dejara de recibir armas que pusieran en riesgo la paz y la seguridad en el continente americano.

El otro supuesto se refiere a la protección de nacionales y se aplica cuando un Estado realiza una intervención armada limitada con la finalidad de proteger o rescatar a sus nacionales de un peligro inminente en territorio extranjero. Hay académicos que incluso ven esta hipótesis como una ampliación del supuesto de legítima defensa. Sin embargo, para llevar este supuesto a cabo dentro de los márgenes del derecho internacional, existen tres condiciones a cumplir: a) debe existir un riesgo inminente a nacionales; b) el Estado soberano en donde se encuentran dichos nacionales es incapaz de defenderlos, y c) la intervención debe estar limitada a la protección o rescate de los nacionales.

Este es el supuesto que argumentó el Reino Unido para su intervención en Egipto durante la crisis del Canal de Suez en 1956, los Estados Unidos para su intervención en la República Dominicana en 1965, y los israelitas al rescatar en Uganda a sus ciudadanos secuestrados en 1976. También fue uno de los argumentos que Estados Unidos empleó al invadir Granada en 1983. al señalar que estaba protegiendo a unos cientos de nacionales que habitaban la isla, la mayoría estudiantes de medicina en la Universidad de St. George’s.

Por último, la intervención por invitación ocurre cuando un gobierno, en su calidad de autoridad legalmente establecida y soberana, solicita la presencia de tropas extranjeras en su propio territorio con la finalidad de restablecer el orden público. En este caso destacan las “invitaciones” que realizaron para la intervención norteamericana, respectivamente, el Gobernador General de la Isla de Granada en su intento por reestablecer en el poder al gobierno del Primer Ministro Maurice Bishop y someter a los golpistas encabezados por el general Austin y, en 1989, el gobierno democráticamente electo de la República de Panamá para remover del poder al régimen del general Noriega. Los conflictos empiezan cuando se trata de discernir si el gobierno que solicita la ayuda está legalmente establecido y no pide la intervención extranjera con el propósito de coartar las libertades de sus ciudadanos. Es claro que mientras más dudas existen sobre la legitimidad de un gobierno, como es el caso cuando estalla una guerra civil, se vuelve más difícil sustentar este tipo de intervención bajo el derecho internacional. Nada impide a un gobierno legalmente establecido a solicitar y recibir ayuda militar. Sin embargo, el país que envía la ayuda militar tiene la obligación de demostrar, aun después de recibir la invitación, que su intervención en ninguna forma violentará el derecho de los ciudadanos para decidir su futuro político o la composición de su gobierno.

En conclusión: el principio de no intervención está estrechamente ligado con los principios que establecen que los Estados soberanos son acreedores de plena independencia y soberanía. Un Estado cuya jurisdicción interna pueda ser cuestionada y violada, en desacato del derecho internacional, por un organismo internacional o regional, o por países poderosos actuando como policías, no es independiente ni soberano.

Quizás en el fondo sea válido pretender que la defensa de ciertos derechos humanos sea razón suficiente para aceptar intervenciones militares. Pero en derecho internacional la forma es igual de importante que el fondo y querer modificar los principios de no intervención, independencia y soberanía de los pueblos no tiene ningún apoyo de gobiernos ni académicos.

Además, usar el argumento de la protección de minorías como sustento de una intervención militar puede dar lugar a un sinnúmero de abusos. En todo caso, y previo consenso entre las naciones, la limitación a la soberanía sólo se podría llevar a cabo en casos extremos y violaciones graves de ciertos derechos humanos fundamentales, como bien podría ser el genocidio. Por ello, si en algo puede avanzar el derecho internacional no es en cambiar el principio de no intervención por alguna otra regla, sino en interpretarlo, para que de forma clara, y observando el derecho internacional en su totalidad, se adapte a la realidad y aspiraciones de nuestros días.      n

Javier Tejado Dondé. Profesor del Departamento de Derecho del ITAM.