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Héctor Aguilar Camín. Escritor. Su libro más reciente es Un soplo en el río (Cal y arena)

Dice Héctor Aguilar Camín que «la verdad está en el claroscuro». En efecto, a punto de concluir el milenio, México vive un momento en el que las inercias del pasado no dejan despegar aún a las promesas de un futuro con equidad, prosperidad y democracia. Una versión más breve del presente texto fue ofrecida como conferencia inaugural del curso sobre México que la Fundación Ortega y Gasset y El Colegio de México organizaron dentro de las jornadas de verano de la Universidad Complutense en el Escorial, del 14 al 19 de julio de 1997.

Dice la maldición china: Ojalá vivas tiempos interesantes. México está viviendo tiempos interesantes. Al final del milenio, se encuentra a mitad del camino de una larga transición histórica. El puerto de llegada de esa transición es ambicioso, pero puede expresarse con sencillez. Se trata de construir un país próspero, equitativo y democrático, sobre los restos de un país autoritario, desigual y de bajo crecimiento.

Primer problema: la prosperidad. México es un país de 94 millones de habitantes y 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Es el país 11 de la Tierra en población y el 13 en extensión territorial. En 1994 estaba catalogado como la treceava economía del mundo, pero en el índice de calidad de vida desarrollado por la ONU, no era el país número 13, sino el 67. 

Segundo problema: la desigualdad. La mexicana es una sociedad de viejas y nuevas desigualdades. Un puñado de grandes empresas concentra la mayor parte de la producción industrial y dos bancos más de la mitad de los ahorros financieros del país. Tres grandes ciudades aglomeran la tercera parte de su población. En 1994, el 40% más pobre de la pirámide recibía el 17% del ingreso y el 10% más rico el 34%. Cuarenta de cada cien mexicanos viven debajo de la línea internacional de pobreza y trece de cada cien, en condiciones de pobreza absoluta. Es una sociedad de seis años de educación en promedio, pero si se toman sólo los promedios de las zonas urbanas, la cifra sube a diez grados. En el cuadro de la salud pública nacional conviven malnutriciones y endemias típicas del subdesarrollo y enfermedades propias del mundo desarrollado. El promedio de vida mexicano es de 70 años, pero sólo de 50 en las zonas rurales deprimidas. Es una sociedad mestiza de fuerte raíz indígena y habla castellana, en la que cinco de cada cien habitantes habla alguna lengua indígena y sólo uno de cada cien es indígena monolingüe. 

Tercer problema: la democracia. México es un país de leyes que se antojan laberínticas e infinitas, cuya cultura política central no incluye sin embargo la idea de la obligatoriedad de la ley, prefiere las blanduras de la negociación a los rigores del derecho. Es un país que ha celebrado elecciones ininterrumpidamente desde el término de la Revolución que fundó su era moderna, en 1917, pero no ha tenido una primera elección efectiva, certificada, sino hasta 1994, en que fue electo el actual presidente Ernesto Zedillo. Ha sido un país con división de poderes donde el ejecutivo ha absorbido e invisibilizado a los otros. Es una república federal donde el poder se ha ejercido con aires monárquicos y federación ha sido sinónimo de centralismo. 

Es un país de una cultura a la vez milenaria y cosmopolita, pródigo en guisos y músicas, mezclas y recalcitrancias populares, fuerte en arraigos pueblerinos y en migraciones masivas hijas por igual de la aventura y la necesidad. Este país moderno y atrasado, enormemente rico y enormemente pobre, cambiante y memorioso, plebeyo y plutocrático, desigual y en vías de igualdad democrática, ávido de modernidad y anclado en las inercias de su historia, vive al fin del milenio un proceso de cambio mayúsculo, un verdadero cambio de época, comparable a cualquiera de sus grandes transformaciones históricas las cuales, bien visto, no han sido sino cuatro: la conquista y colonización en el siglo XVI, las reformas borbónicas y la cocción de la independencia nacional en el siglo XVIII, la reforma liberal que tardó en imponerse medio siglo XIX y la Revolución Mexicana cuya sombra cubre la mayor parte del XX. Durante los últimos quince años, desde la quiebra de la economía del año de 1982, México está a caballo de una nueva transformación epocal cuya índole resume el verso de Quevedo: Ayer pasó, mañana no ha llegado. 

El sentido de esa transformación, que ha tocado todas las fibras visibles e invisibles de la sociedad mexicana, puede resumirse en una doble necesidad: cambiar el modelo de desarrollo económico y la naturaleza del régimen político. En el ámbito económico hablamos del paso de una economía cerrada a una economía abierta. De un modelo de desarrollo orientado hacia adentro, a un modelo de desarrollo orientado hacia afuera. De una economía protegida, volcada hacia el mercado interno, a una economía de libre comercio, volcada a la exportación. Y de una economía regulada por un Estado intervencionista y propietario a una economía regulada en lo fundamental por las fuerzas del mercado y por un Estado más promotor que propietario, más subsidiario que interventor. 

En el ámbito político asistimos al paso de un régimen político presidencialista discrecional, subordinador de los otros poderes, a un régimen de presidencialismo acotado, con independencia de los otros poderes. De un sistema de partido hegemónico, cuasi único, con elecciones controladas, a un sistema de partidos competitivos, lo que implica elecciones libres, no controladas por el gobierno, un poder legislativo independiente, una opinión pública plural y crítica y una ciudadanía con distintas opciones, con alternativas de gobierno. 

¿Dónde empieza este cambio? ¿Qué lo produce? A los mexicanos nos gusta pensar insularmente nuestra historia, como si todo lo que en ella sucede tuviera explicación dentro de sus fronteras soberanas. Pero basta levantar un poco la mirada hacia la historia del mundo para entender hasta qué punto hemos sido parte, si no consecuencia, de ella: hasta qué punto las grandes transformaciones de México coinciden con y suceden a grandes transformaciones del mercado o la política mundiales. La transformación mexicana de fin de siglo no es una excepción, es parte del reacomodo productivo, financiero y técnico que alteró profundamente las coordenadas del mercado mundial a partir de los años setenta. México presentaba entonces muy altas credenciales de estabilidad y desarrollo. Era un caso excepcional de los exitosos crecimientos orientados hacia adentro, que arrancaron en los años cuarenta en la América Latina. Fueron crecimientos basados en la industrialización sustitutiva de importaciones, el proteccionismo comercial y el intervencionismo del Estado. 

A partir de los años setenta las condiciones de éxito en el mercado mundial cambiaron drásticamente. Las economías emergentes de esos años buscaban adecuarse a nuevos procesos de globalización tecnológica y comercial. La aceleración inaudita de tales procesos durante los ochentas reventó fronteras nacionales y economías planificadas, e impuso una nueva lógica transnacional de grandes bloques económicos y de oportunidades globales para los productores en los distintos nichos del mercado mundial. El reacomodo, sabemos ahora, tuvo profundas consecuencias. La mayor de ellas fue, desde luego, la rendición incondicional en 1989 del mundo socialista, ante la evidencia de su fracaso económico, su injusticia social y sus opresiones políticas. Más por necesidad que por previsión, México tuvo también que ajustar sus condiciones a los desafíos de la hora. Lo hizo a partir de la crisis de la deuda externa de 1981-82, que tuvo un efecto serio, irreversible, sobre las finanzas públicas y sobre la lógica económica y política del Estado.

Hasta ese año, la economía y la política de México estaban altamente subsidiadas y protegidas de la competencia. México tenía empresarios subsidiados y protegidos, trabajadores subsidiados y protegidos, campesinos subsidiados y protegidos, clases medias subsidiadas y protegidas —incluyendo en ellas a intelectuales, periodistas, artistas y universitarios—. Era un país también de votos subsidiados y protegidos, con una oposición política subsidiada y protegida y un hegemónico partido oficial subsidiado y protegido. Al final de la línea o en la cima de la pirámide, había una presidencia fuerte, subsidiada y protegida. Todo o casi todo en México estaba subsidiado y protegido, en alguna medida, por el manto estatal y era, al final, en alguna medida, pagado por el tesoro público. La quiebra de las finanzas del gobierno fue, por ello, no sólo la quiebra de una economía, sino el principio del fin de una política. Significó la crisis de un modelo de desarrollo económico, pero también la crisis de un modelo de negociación y estabilidad política. 

La clase gobernante del país tuvo que plantearse entonces lo que llamaron el «cambio estructural», es decir, terminar con los subsidios y el proteccionismo, abrir la economía a la competencia internacional y desestatizarla, poner el país a la hora de las realidades del mundo y de los nuevos milagros económicos que protagonizaban países capaces de exportar y explotar sus ventajas comparativas en el mercado mundial. La reforma liberalizadora tuvo un ritmo gradual durante el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) y un ritmo acelerado en el de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Ambos gobiernos hablaron sobre todo de cambios en la economía y fueron renuentes, en distinta medida, a desmontar el aparato político en que estaban parados. Pero, por un lado, conforme la reforma económica avanzaba, la vieja estructura política corporativa recibía heridas de muerte. Por el otro, en medio de la crisis económica persistente de los ochentas, fueron apareciendo actores políticos no controlados por la protección y el subsidio, y empezó a crecer la demanda de un cambio democrático. Fue la demanda de una sociedad irritada por la crisis económica, una sociedad moderna en muchos aspectos, producto de cambios enormes aunque silenciosos, en particular el del proceso de urbanización y la constitución de unas clases medias educadas, cuya reserva de protesta y liderato político había anunciado el movimiento estudiantil del año de 68. 

Pronto fue claro que la decisión de abrir la economía mexicana significaba no sólo una reforma económica sino también una reforma del Estado clientelar y de la política corporativa que eran una especialidad mexicana, la especialidad que resume la palabra PRI, siglas del Partido Revolucionario Institucional. La reforma fue entonces, también, una apuesta a la transformación de la cultura política. Durante buena parte de este siglo, hasta antes de 1982, la cultura política de México giró en torno a unos cuantos motivos que pueden resumirse en la expresión «nacionalismo revolucionario». Según esa doctrina, por vocación histórica y esencia nacional, México era y debía ser varias cosas irrenunciables.

Primero, un país laico, en tanto que mantenía a la Iglesia católica sin derecho a participar en la vida pública. Segundo, un país agrarista, en tanto que mantenía abierta la posibilidad de repartir tierra a los campesinos, apoyaba al ejido y limitaba la expansión de la propiedad en el campo. Tercero, un país sindicalista, en tanto que apoyaba la organización sindical de los trabajadores y la defensa de sus derechos laborales. Cuarto, un país nacionalista, en tanto capaz de contener la influencia y las presiones de su adversario histórico, Estados Unidos. Quinto, un país estatista, ya que el Estado era el garante del equilibrio social, mediante el reparto corporativo de protecciones y subsidios, y era también el administrador y propietario de los bienes mayores de la nación, la educación y el petróleo, la electricidad y los teléfonos, las aerolíneas y los ingenios azucareros.

La reforma iniciada en 1982 desafió cada una de esas certezas. Le dijo al país laico que la Iglesia debía recobrar sus derechos públicos. Le dijo al país agrarista que el reparto agrario y el ejido debían llegar a su fin para permitir el desarrollo del campo. Le dijo al país sindicalista que la eficiencia y la productividad estaban reñidas con las prebendas políticas y laborales vigentes en México. Le dijo al país nacionalista que las oportunidades de la nación no estaban en su recelo defensivo sino en la asociación abierta con su antiguo adversario, los Estados Unidos, a través del Tratado de Libre Comercio. Y al país estatista le dijo que el Estado era demasiado grande e ineficiente y debía reformarse, hacerse más chico. En el curso de la reforma, el gobierno vendió bienes nacionalizados, como la banca, las líneas de aviación, los ingenios azucareros y la compañía telefónica. Recortó subsidios a una población acostumbrada a ellos, suprimió protecciones a una economía acostumbrada a los mercados cautivos, recortó privilegios a una organización sindical acostumbrada al trato privilegiado, impuso restricciones a una burocracia acostumbrada a la falta de controles.

Nadie incurre en reformas de esa magnitud sin riesgo de rupturas. No son reformas epidérmicas. En ningún país han podido implantarse sin altos costos sociales y aun sin imposiciones de corte dictatorial, como en el caso de Chile bajo Pinochet o Perú bajo Fujimori. Pero ningún país de nuestro continente ha podido resistirse del todo a implantar esas reformas sin pagar costos más altos aún por retrasarlas, como lo muestra el caso de Cuba. Los costos del cambio fueron altos. Provocaron en 1987 la primera escisión de la historia del PRI. La reducción de los subsidios gubernamentales y el saneamiento de las finanzas públicas sacudieron viejas redes de lealtades políticas y sociales. El achicamiento del Estado fue visto por diversos sectores como una renuncia a los deberes sociales del gobierno y afectó a muchas clientelas del presupuesto. La apertura comercial significó la quiebra de muchas empresas que eran eficientes en condiciones de proteccionismo. Las privatizaciones tuvieron pocos triunfadores y muchos derrotados. La normalización de las relaciones con la Iglesia fueron un escándalo en el corazón del jacobinismo oficial. Los énfasis en la productividad congelaron de hecho antiguas conquistas laborales y enfriaron la relación de los sindicatos con el gobierno. El fin del reparto agrario sacudió viejos intereses asociados a la tutela y la corrupción en el campo, uno de los pilares del control político tradicional de México. El Tratado de Libre Comercio y el acercamiento a Estados Unidos fue visto por muchos como una entrega de soberanía y una rendición económica del país. No es casual que el TLC fuera invocado por el EZLN como causa de su rebelión ya que sellaba, según ellos, el olvido definitivo de los pobres de México.

Los reformadores mexicanos enfrentaron y enfrentan las dificultades previstas por Maquiavelo en su célebre pasaje sobre los profetas desarmados:

Nada hay tan difícil de ejecutar ni de resultado tan incierto como introducir un nuevo orden de cosas, ya que quien lo introduce tiene como enemigos a todos los que medran del viejo orden, y como aliados poco entusiastas a quienes pudieran medrar del orden nuevo… Los hombres no creen realmente en las cosas nuevas a menos que hayan tenido personal experiencia de ellas. 

Los reformadores mexicanos no estaban tan desarmados como los profetas de Maquiavelo. Ocupaban la cima del Estado. Usaron los instrumentos verticales del México corporativo, y los poderes estatales del presidencialismo, para echar las bases del cambio. El problema fue, lo sigue siendo, que los beneficios del orden nuevo no sólo tardaron en arrojar resultados, sino que en 1995 desembocaron en una nueva crisis, mayor incluso que la de 1982, que había disparado las reformas. En la crisis de 1995, hija de las reformas, por primera vez los deudores no fueron sólo el gobierno y las grandes empresas. Quedaron en deuda las pequeñas y medianas empresas, las familias, los presupuestos personales. Las clases medias fueron sorprendidas con fuertes deudas acumuladas sobre sus tarjetas de crédito, sus casas, sus automóviles. Habían creído en el nuevo milagro. Pagaron la credulidad con su bolsillo y giraron cobranzas políticas sobre el gobierno y los reformadores.

Los bajos resultados de la reforma económica acabaron de nutrir así los cambios en la dimensión política, acabaron de llevar al primer plano de las exigencias nacionales la implantación de un sistema democrático que controle al gobierno, proteja a la sociedad de sus equivocaciones inconsultas y le dé instrumentos para cambiar de gobernantes y de partido gobernante cuando sus errores así lo ameriten. 

Luego de décadas de estabilidad política bajo la dominación de un sistema de partido cuasiúnico, la última década de México se ha visto caracterizada por la competencia política. El dominio del PRI, antes incontestado, ha padecido tres elecciones competidas en 1988, 1994 y 1997, hace sólo unos meses, que le ha dejado con menos del 40% de los votos, aunque conserva la mayoría en el Congreso y el gobierno nacional. Los partidos de oposición se han vuelto de cogobierno. Hoy gobiernan sobre estados y ciudades cuya población equivale a la mitad del país, incluyendo la Ciudad de México y los dos estados más ricos de la república, Jalisco y Nuevo León. 

El gobierno ha persistido, con valor y aun con temeridad, en las reformas económicas y luego de una política de ajuste empieza a cosechar vientos favorables, crecimientos altos y estabilidades macroe-conómicas sólidas. Haciendo de la necesidad virtud ha abierto también sin reticencias las compuertas de la reforma política y la instauración de reglas democráticas para los ya robustos partidos políticos que se le oponen y encauzan la inconformidad. 

El hecho es que los pobres resultados de la reforma terminaron creando en el interior de la transición mexicana un denso litigio de las fuerzas que impulsan la reforma y las que la resisten. Estas últimas no están en el gobierno, no tienen una propuesta alternativa, ni pueden, al menos abiertamente, pronunciarse por un llano regreso al pasado. Pero los reformadores, que siguen en el gobierno, tampoco pueden exhibir resultados que prueben la bondad de su camino, ni tienen ya credibilidad cuando dicen que los beneficios vendrán después. Unos no pueden ofrecer como salida el regreso al pasado, pero los reformadores no pueden ofrecer, creíblemente, como solución el futuro.

México está mejor equipado que nunca para que su nueva apuesta democrática sea coronada por el éxito y no por el infortunio. La jornada del 6 de julio de 1997 parece haber puesto punto final al viejo, manoseado y al fin resuelto capítulo de la modernidad electoral de México. Por primera vez en su historia el país tiene tres ingredientes básicos de unas elecciones libres. Tiene, por primera vez en su historia, una ciudadanía real, suficiente en su número y en su representatividad para dar carne y sustento, mayoría incuestionable, a la vida democrática de todos los días. Tiene también partidos con clientelas y votantes efectivos. Tiene una larga costumbre de negociar antes que de pelear, y de incluir antes que de segregar. Tiene bien ancladas en las exigencias de la modernidad occidental las partes más activas, mejor educadas, más productivas de su sociedad. Tiene, finalmente, extraordinarias oportunidades en el nuevo mundo de la globalización, para obtener de ella no sólo reveses, sino también ventajas. 

Lo que la democracia mexicana tiene en contra es su historia, nuestro pasado: las viejas tentaciones de discordia de las élites políticas; la gana popular de tener autoridades paternales; la fascinación premoderna por los caudillos y los atajos; la falta de disciplina ciudadana; los espantajos aldeanos del nacionalismo y el patriotismo folclórico que celebra nuestros defectos como virtudes, nuestras miserias antropológicas ancestrales como sabidurías cívicas incomprendidas, y nuestros rencores sociales y culturales como identidades profundas, a las que no debemos renunciar. 

Todo lo que antes garantizó la estabilidad política, está a la baja en México: el presidencialismo sin contrapesos del pasado, el partido hegemónico «revolucionario», el control corporativo de la sociedad, la centralización de la vida pública. El riesgo de la situación es muy claro: que los nuevos actores no basten para contener y encauzar las últimas resistencias y fracturas del mundo que se va. Hay vacíos institu-cionales y tareas pendientes que pueden provocar turbulencias en el proceso democratizador. 

La tarea pendiente fundamental tiene que ver todavía con la contención de la violencia. Todo mundo coincide en México en que la salida deseable para ello es la profundización del proceso democrático. Pero la idea de que el proceso podía ser gradual, pacífico y relativamente indoloro, quedó desmentida por los acontecimientos de 1994. Una rebelión en Chiapas y tres magnicidios —del cardenal Posadas, del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, del secretario general del PRI José Francisco Ruiz Massieu— siguen siendo pruebas de que se rompió un umbral del control político y legal de la violencia. La ya larga presencia del narcotráfico y la proliferación de sus bandas y negocios, ha traído al país una expansión sin precedentes del crimen organizado y una red de corrupción e impunidad que ha barrenado los órganos policiacos. El narcotráfico ha creado su propio poder dentro de las instancias judiciales dedicadas a combatirlo. La crisis económica, por su parte, ha multiplicado los índices de delincuencia en las principales ciudades del país, haciendo más ostensible aun la crisis de seguridad pública y las dificultades de la autoridad para contenerla. La situación en su conjunto arroja dudas sobre la capacidad del Estado mexicano para ejercer el monopolio legal de la violencia, capacidad que es, según Max Weber, elemento constitutivo del Estado.

Por lo que hace a los vacíos institucionales, quizá la cuestión mayor no resuelta por los ingenieros de la transición es el de las relaciones del poder ejecutivo con el Congreso en condiciones de alta competencia política y gobiernos de poderes divididos en el que empiezan a abundar congresos dominados por partidos distintos al que detenta el poder ejecutivo. El poder ejecutivo en México no tiene facultades legales propias de un sistema presidencialista para lidiar con el Congreso, en particular carece de facultades de veto para cuestiones tan fundamentales como la definición del presupuesto, facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. 

Las elecciones de 1997 arrebataron la mayoría absoluta al PRI en la Cámara de Diputados. El poder ejecutivo no tiene recursos legales para romper los empates a que esa situación pueda conducir. En esas condiciones, el presidente y su gabinete de gobierno pueden quedar sujetos a negociaciones interminables, al punto de que podrían volverse rehenes de la misma negociación, figuras sin fuerza ni «dientes» en el clima de pugna política magnificada que puede anticiparse para los últimos tres años del gobierno actual, de cara a las elecciones presidenciales del año 2000. La democracia mexicana se ha construido en gran parte acotando los poderes del presidencialismo. A fuerza de acotar ese poder, México podría estar ante la paradoja de haberlo hecho débil, lo cual puede conducir no al buscado equilibrio de poderes, sino a la parálisis gubernativa y aun al vacío de poder. 

La otra debilidad del presidente mexicano no es constitucional sino política. Era hasta hace muy poco el gran elector de México al designar a los candidatos del PRI. Escogía por ese camino a su propio sucesor y tenía en las manos, por tanto, las riendas del futuro político. La oferta cuasimonopólica de futuro político, le permitía ordenar las ambiciones y los grupos en cada víspera de elecciones presidenciales. La situación ha cambiado drásticamente. El presidente mexicano no puede hoy garantizarle el futuro a nadie, por la sencilla razón de que los candidatos del PRI no tienen ya garantizado el triunfo en la elección. Tienen que ganar la candidatura dentro de su partido y después en las urnas. 

Así, el presidente mexicano ha dejado de ser el gran elector. No sólo no escogerá ya al próximo presidente, sino que no está claro siquiera que vaya a poder escoger al candidato presidencial de su propio partido, el PRI. El PRI, por su parte, no tiene reglas sólidas de elección, normas internas ni hábitos partidarios para escoger a sus candidatos en general, y muchísimo menos a sus candidatos presidenciales. Las turbulencias a que esta situación pueda dar lugar no son previsibles pero tampoco pueden descartarse. En todo caso, lo que puede preverse es que, contra la tradición política del último medio siglo, la figura presidencial no será el centro de la sucesión ni de la administración del futuro y las ambiciones políticas. Esta situación de orfandad decisoria traerá una enorme libertad política y una extraordinaria pluralidad al fin de milenio mexicano. Pero ya se sabe que la enfermedad de la libertad puede ser la anarquía y la de la pluralidad, la fragmentación. 

En el horizonte de la transición mexicana se dibujan también otras líneas posibles de conflicto que no conviene desestimar. La primera es el efecto que pueda tener sobre el universo de las demandas y las expectativas públicas el hecho de que el proceso de igualación democrática y competencia electoral se dé en un cuadro de desigualdad social y bajas oportunidades económicas. Inclusión política sin inclusión económica y social puede ser una combinación explosiva que dé paso por igual a la movilización popular y los demagogos populistas, a la revuelta plebeya y a la confrontación de clases.

Otro aspecto a considerar es que la transición democrática de México no tiene detrás un pacto suficientemente explícito de las élites en cuanto a los consensos fundamentales de sus respectivas agendas políticas. En particular, hay un conflicto en materia de política económica, eje del proyecto modernizador. Cuauhtémoc Cárdenas y el Partido de la Revolución Democrática, que fueron los ganadores netos de las elecciones de julio de 1997, serán fuerzas competitivas con posibilidades de triunfo en las elecciones del año 2000. Han hablado reiteradamente de la necesidad de revertir privatizaciones, revisar el Tratado de Libre Comercio, renegociar la deuda externa, suprimir la reforma que puso fin al reparto agrario, detener la privatización del sistema de pensiones y, en general, revertir la reforma del Estado que los reformadores neoliberales llevaron a cabo. Muchas corrientes del PRI, que asumieron como propias, por disciplina pero a regañadientes, las reformas liberalizadoras, tienen más afinidad con las propuestas perredistas que con el programa del gobierno que llevaron al poder. Por su parte, el partido de centro derecha, el PAN, que coincide con el fondo y los supuestos básicos del programa gubernamental, tiene sin embargo una impronta populista en materia de impuestos y reparto del presupuesto federal a los estados que podría llevarlo con facilidad a una alianza antigubernamental poniendo en jaque los delicados equilibrios macroeconómicos del gobierno federal en materia de ingresos y déficit públicos. La alternancia en el poder sin consensos fundamentales de gobierno puede traer no la gobernabilidad democrática buscada sino simple incertidumbre y contradicción pública.

La diversidad de las agendas en aspectos tan centrales, da cuenta de la lucha que se libra también en el imaginario de la nación. Luego de quince años de reformas liberalizadoras, ni sus valores ni sus realidades se han impuesto al país como un nuevo consenso de futuro y modernidad. En junio de 1994 fue levantada en México una encuesta nacional de valores, cuyas cifras y porcentajes valen como un intento de retrato de la cultura política contemporánea del país. El perfil del mexicano que emerge de estas cifras es el de un ciudadano estatista y presidencialista, que sin embargo cree cada día más en las elecciones y los partidos. Se trata de un ciudadano que no es fanático del cumplimiento de la ley; católico en religión aunque laico en política, gradualista en materia de cambios y ligeramente proclive a decir adiós a las ideas de la Revolución Mexicana. (El 51% de los encuestados dijo querer dejar atrás esos valores).* Los resultados de la elección de julio pasado, luego de la crisis del 95 y el costo social de los ajustes necesarios para vencerla, indicarían que esa proclividad se ha reducido, que las reformas liberalizadoras han perdido audiencia y que el grueso de la población si no mira al pasado revolucionario como solución, tampoco mira al futuro neoliberal como panacea.

Un mensaje profundo en el ámbito de la cultura política de las elecciones de julio de 97 es que el PRI y el PRD, herederos finalmente del mismo legado de la Revolución Mexicana, obtuvieron juntos casi el 70% de los votos del electorado. Son partidos que están peleados en todo pero no en la matriz de la cultura política que los rige. Son partidos que se parecen más en sus creencias y convicciones profundas a la tradición nacional revolucionaria, esa socialdemocracia estatista, corporativa y clientelar de donde vienen, que a la renovación neoliberal de los últimos quince años de México. La aparición de viejos y prestigiados priístas en las filas del PRD, y la previsión de que muchos otros cruzarán la línea, pueden tener rasgos de oportunismo político pero no carecen de coherencia ideológica y cultural. No hablo de la pretensión de un regreso atrás, hablo de un aire de familia que los costos y los pobres resultados de la reforma liberal han hecho aflorar. Nadie propone volver al pasado, pero muchos sienten que partes valiosas de ese pasado y sus recetas han sido tiradas por los reformadores, insensible y tecnocráticamente, junto con el agua sucia de la bañera.

Quizá todo el cambio de época que vive México pueda resumirse como un largo adiós a la Revolución Mexicana, un largo adiós a una de las épocas más exitosas y estables de la historia del país, una época de alto acuerdo político, alto rendimiento económico y poderosa creación institucional; una época, sin embargo, que, a fuerza de reiterar las fórmulas de sus éxitos pasados para hacer frente a las nuevas condiciones del presente, convirtió sus círculos virtuosos en círculos viciosos, sus excedentes públicos en deuda, sus consensos clientelares en corrupciones autoritarias, sus controles políticos en excesos gubernativos, sus expectativas ciudadanas en agravios y sus equilibrios en quiebras.

Muchas cosas han sucedido con la Revolución Mexicana en los últimos veinte años. Una de las más notables es que ha empezado por fin a ser parte de la historia. Es una realidad que pertenece cada vez más al pasado y cada vez menos al presente —interminable presente— en que la convirtió el discurso público de México. El discurso público ha dejado de utilizar a la Revolución Mexicana como proyecto de futuro o referencia de legitimidad histórica. Pero el México de fines del siglo XX se revuelve en la ola de un largo y complicado adiós al entramado institucional que se ostentó por décadas como directo engendro del movimiento de 1910. 

Nuevas palabras, como modernización o democracia, se disputan el lugar que antes tuvo en los estrados y en las conciencias el mito revolucionario. La pobreza comparativa de esas palabras es evidente. Ninguna parece capaz de incubar una nueva conciencia y un nuevo proyecto nacional. Más impracticable aún parece insistir en el viejo código. El desacomodo político mexicano de fin de siglo, tiene su origen en las nostalgias secretas y las fracturas públicas creadas por este tránsito. La corriente de fondo en ese rito de paso acaso sea una resistencia múltiple al abandono del enorme pasado / presente que nos acostumbramos a llamar, por tanto tiempo, Revolución Mexicana.

México es en ese aspecto el escenario de una transición inacabada, llena de herencias deformes y novedades sin rostro definitivo. La desestatización del país no ha traído la plena democracia política y los modernizadores han pagado tributos al pasado de autoritarismo y corrupción en que se sustentó hasta ahora buena parte del aparato público y de la negociación política. La privatización de empresas públicas no trajo la eficacia económica esperada y la apertura comercial no volvió competitiva, sino en muchos casos sólo arruinó, la planta productiva. A una pirámide social cuya marca de siglos es la desigualdad, se han añadido castigos adicionales de empobrecimiento y concentraciones plutocráticas de riqueza y oportunidades. La desarticulación del control estatal ha dejado abierto un campo inquietante de crecimiento tanto de la violencia social como de la violencia criminal. 

Al mismo tiempo, México ha celebrado por primera vez elecciones creíbles y certificadas en su historia. La competencia política y la alternancia en el gobierno se han instalado como un hecho diario y un horizonte real entre nosotros, junto con una creciente libertad de prensa. Unas cuantas empresas muestran dinamismo y productividad de rango internacional. Las reformas modernizadoras han arraigado en horizontes prometedores de finanzas públicas sanas, libre comercio con Norteamérica, frenos institucionales al patrimonialismo burocrático y la corrupción, clarificación de la propiedad en el campo, libertad política a las iglesias, reforma del sistema judicial, reforma del sistema de seguridad social y un proceso de refederalización de la vida nacional que ha dado pasos sustantivos ya en el ámbito educativo. Podrían agregarse más luces y sombras. La verdad está en el claroscuro. Si el puerto de llegada ha de ser la construcción de un país próspero, equitativo y democrático, lo que puede decirse es que México será antes un país democrático que un país próspero, y antes un país próspero que un país equitativo. A fines del milenio, está a la mitad del camino.

* Los mexicanos de los noventas. UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. México, 1995.