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Jorge Javier Romero. Politólogo. Investigador de la UAM.

Finalmente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rectificó la resolución de la Sala Regional que había anulado la elección en el tercer distrito de Chiapas, con cabecera en Ocosingo. Los argumentos del tribunal se apegan a la ley, por cuanto la imposibilidad de contar los votos de 102 casillas de aquel distrito, equivalentes al 17% del total, no altera el sentido de la elección. El papel que ha jugado el Tribunal Electoral puede servir de impulso para que sea la ley, y no la presión, la base para dirimir los conflictos políticos y para que se construya en México un auténtico Estado de derecho.

Pero la sentencia final no modifica la gravedad de lo ocurrido el seis de julio en aquella región chiapaneca. La información periodística ha soslayado que el seis de julio en la zona de influencia zapatista hubo un auténtico desafío al orden jurídico que con grandes dificultades está tratando de construir la mayoría de los mexicanos. Mientras en casi todo el territorio nacional los ciudadanos votaron en paz y con entusiasmo, mientras en unas ciudades ganaban unos y en otras otros, los simpatizantes zapatistas no sólo decidían no ir a votar, lo cual es su derecho, sino que impedían que otros lo hicieran. 

Se habla de 102 casillas que «no se instalaron», como si hubiera sido la falta de voluntad de los objetos lo que hubiera impedido la votación. Lo que ocurrió es que 50 casillas fueron destruidas, quemadas; otras 51 no se instalaron porque personas de carne y hueso lo impidieron con violencia y otro paquete electoral no llegó al Comité Distrital porque su presidente, Diego Gómez Sántiz, fue golpeado hasta la muerte por otro grupo de aguerridos paladines de las causas justas de la sociedad civil. El único muerto de la jornada electoral se lo debemos al filozapatismo, si no a la propia hueste de Marcos, el inefable.

¿Qué perseguía el EZ con su intento de boicot violento de la elección en su zona de influencia? Probablemente si hubieran permitido la elección se hubiera demostrado que sus llamados a la abstención no eran tan eficaces, que mucha gente no seguía sus consignas ni ahí donde ellos ejercen el poder de la violencia. O tal vez hicieron un mal cálculo y pensaron que las elecciones no serían tan pacíficas y exitosas y que sus acciones serían parte de un conjunto de protestas en distintas regiones del país. Pero el seis de julio la población acudió a votar y las únicas violaciones de gran calibre a la legalidad electoral las efectuaron ellos, los amados zapatistas, que llegaron al homicidio para demostrar su dominio.

El intento de sabotaje deliberado de la elección en el distrito de Ocosingo constituye un delito electoral que no está incluido en la ley de reconciliación en Chiapas. Es incomprensible, en este sentido, cómo el PRD puede reclamar agravios en otras partes del país, mientras en Chiapas intentó montarse en un acto delictivo para jalar agua a su molino y pretender que se repitiera la elección para mejorar su posición ahí donde su ambigua relación con el EZ lo dejaba fuera de la competencia por el escaño. Los que le quitaron la posibilidad de tener un mejor resultado fueron los zapatistas, no las autoridades electorales ni los dinosaurios del PRI. Su complacencia con una organización que rechaza la legalidad que el propio PRD contribuyó a crear les ha perjudicado, pero ahora tienen dificultades para deslindarse del mito que ellos mismos se han creído.

¿Cómo puede hacer compatibles el PRD sus triunfos electorales, su avance político a través de la legalidad, con la simpatía hacia quienes no sólo no aceptan la legalidad, sino que la desafían violentamente? ¿No ponen en riesgo lo avanzado por sus candidatos triunfantes cuando callan frente a quienes impidieron que se votara en Chiapas? Si el derecho es el único medio válido para procesar la diversidad, entonces el desafío al orden jurídico es un acto de intolerancia con el que es difícil contemporizar sin caer en la complicidad con quienes no aceptan la obediencia a la ley como marco básico de convivencia. 

La sentencia del Tribunal ha evitado que unas elecciones extraordinarias en el distrito de Ocosingo le diera una nueva oportunidad al protagonismo violento de los zapatistas. Todo el esfuerzo del Comité Distrital Electoral, que tomó todas sus resoluciones por unanimidad, se hubiera puesto en duda y el clima en que se hubiera realizado esa segunda elección difícilmente hubiera sido el adecuado para consolidar todo lo que se ganó el seis de julio. Pero la cuestión más importante es si la nueva legalidad puede permitir que por medio de la violencia se intenten revertir los resultados de una elección. Si no se aplican las sanciones que la propia ley prevé en contra de quienes atentan contra el derecho de los ciudadanos a emitir su voto, entonces habrá quienes quieran ganar por la mala lo que no pueden conseguir a través del convencimiento.

Si el EZ pretende que en su zona de influencia las cosas sólo se hagan con su anuencia, entonces se están quedando al margen del conjunto de la nación. Si en nombre de la lucha por la tolerancia a la diversidad se ataca al único marco posible para la convivencia, entonces los zapatistas se están colocando en el bando de los intolerantes. Frente a ellos, los demócratas deberían hacer causa común.

Por último, aunque no menos importante, está la manera en que la mayoría de los medios de comunicación ha tratado el asunto. Después de las primeras noticias, en las que se subrayó la violencia de la acción de los simpatizantes del EZ, ya nadie se volvió a referir a la cuestión más que en los términos en que fue presentada por el PRD, el PAN —que se sumó acríticamente a la demanda de nulidad— y algunos consejeros del IFE, que pusieron su propia tarea en cuestión y se fueron con la finta que les brindaba protagonismo. Pero el acto que provocó el litigio sigue estando ahí, impune, y vale la pena no olvidar que el seis de julio hubo un muerto en defensa del derecho de la gente a que se cuenten sus votos. Pero en esta ocasión no fueron los malos de siempre los que mataron, sino aquellos a quienes se les ha colocado en el pedestal de lo políticamente correcto.