Luis Salazar C. Filósofo. Profesor e investigador de la UAM.

1. Contra lo que piensan intérpretes apresurados o interesados de algunas encuestas sobre la orientación del voto, las posibilidades de que el PRI se alce con la mayoría en la próxima Cámara de Diputados e incluso con el triunfo de su candidato a la jefatura del gobierno de la capital de la República no son despreciables. Esas posibilidades se sustentan no sólo en los ingentes recursos financieros con los que cuenta un priísmo golpeado pero hasta ahora no derrotado a nivel federal, sino también en su evidente predominio en la competencia por los diputados de mayoría así como en la división nacional y regional del voto opositor entre el PAN y el PRD. Y se sustentan en la tendencia de muchos ciudadanos, observada en todo el mundo, al inclinarse en último término por la certeza de la continuidad (asociada falazmente o no con la estabilidad) y no por un cambio de consecuencias imprevisibles. 

De esta manera, el voto duro con el que sigue contando el viejo partido corporativo, aunado al de aquellos sectores más o menos temerosos de una alternancia a nivel federal -que supondría situaciones totalmente inéditas para el México contemporáneo- podría ser suficiente para alcanzar el porcentaje de sufragios necesario para una mayoría absoluta del PRI en la Cámara de Diputados. Y una distribución muy pareja de los votos entre los partidos opositores en el Distrito Federal también posibilitaría una mayoría relativa capaz de llevar al abanderado priísta, Del Mazo, al gobierno de la capital. 

Para la administración encabezada por el doctor Zedillo tales victorias significarían un éxito considerable en la medida en que implicarían un fuerte respaldo democrático para sus programas de reformas políticas y económicas. Es obvio que su margen de maniobra sería sumamente amplio al poder contar con una mayoría suficiente en las dos Cámaras, lo que le permitiría culminar dichos programas sin necesidad de obtener el consenso de las fracciones opositoras, y sin menoscabo de la posibilidad de buscar tal consenso para la aprobación de determinadas reformas constitucionales. De igual manera, se fortalecería su capacidad de negociación con diversos actores de la sociedad civil, desde los empresarios hasta la Iglesia, pasando incluso por el EZ y sus simpatizantes. E igualmente su posición internacional se vería fortalecida, permitiéndole dar una imagen de estabilidad democrática después de los focos rojos y las emergencias provocadas por las guerrillas, los crímenes políticos, los escándalos y la presencia del narcotráfico.

En este sentido, desde el punto de vista de la estrategia económica modernizadora, esos resultados aminorarían considerablemente los riesgos de inestabilidad u obstrucción políticas e implicarían un notable respiro para un gobierno que, desde sus inicios, se ha visto obligado a maniobrar en medio de todo tipo de tormentas económicas y políticas. Y quedaría probado que buena parte de la ciudadanía sigue prefiriendo malo por conocido que bueno por conocer, es decir, que pese al evidente desprestigio y descrédito del priísmo, sigue pensando que sus alternativas son todavía menos confiables, por lo menos al nivel del gobierno federal. Pero también se extendería por otros tres años la paradójica y contradictoria situación de una política de claro aliento modernizador -por ende benéfica fundamentalmente para los sectores urbanos y modernos- sustentada en una organización partidaria esclerotizada y conservadora que se apoya básicamente en los sectores y las organizaciones sociales menos modernas -corporativas, rurales, clientelistas. 

2. Unos triunfos apretados del PRI no debieran significar una tragedia ni para Acción Nacional ni para el Partido de la Revolución Democrática. Por el contrario, lo más probable es que puedan verse como una consolidación de su crecimiento electoral y un fortalecimiento de su presencia en la Cámara de Diputados así como en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, a más de no improbables victorias en otras entidades. Si bien es cierto que los comicios próximos pueden considerarse como un ensayo general para los del año dos mil, ello no tendría que interpretarse como una relación mecánica entre el triunfo en la capital y el triunfo en la contienda por el poder ejecutivo tres años después. Lejos de ello, el gobierno de la capital fácilmente puede convertirse en un lastre para dicha contienda en virtud de los problemas y conflictos que sufre la compleja ciudad de México. En cambio, la derrota en una lucha reñida les otorgaría las oportunidades y el tiempo necesarios para mejorar sus posiciones y sobre todo para seguir capitalizando la aparentemente incontenible descomposición priísta. 

En cambio, el indiscutible respiro que el gobierno obtendría de esos resultados no tiene por qué traducirse en una recomposición políticamente positiva para el Revolucionario Institucional. Los sordos conflictos que han acompañado la elaboración de las listas de candidatos, y que han estallado violentamente en algunos distritos, así como su flagrante incapacidad para dotarse de cohesión, de reglas y mecanismos disciplinarios que sustituyan a sus viejas y agotadas tradiciones patrimonialistas, clientelares y autoritarias, más bien hacen prever dificultades crecientes e incluso insolubles para afrontar el desafío de los comicios federales del 2000. El propio hecho de que muchos de sus candidatos logren el triunfo democráticamente -es decir, merced a sus campañas y a sus clientelas- seguramente generará no menos sino más tensiones entre el gobierno y esa coalición heterogénea de corrientes y fuerzas que es el PRI. Tensiones agudizadas tanto por las oportunidades de salida exitosa abiertas por la propia competencia electoral como por la carencia de un principio cohesionador y disciplinador que no sea el poder presidencial. Tensiones que indiscutiblemente alcanzarán su máximo grado a la hora de una sucesión presidencial en la que la posibilidad efectiva de la alternancia en ese nivel anulará o por lo menos disminuirá enormemente el papel de un presidente que ya no podrá simplemente designar a su sucesor sino que tendrá que resignarse a influir en la designación de un candidato con no escasas posibilidades de perder.

En efecto, el problema esencial del PRI es que, a pesar de la indiscutible fuerza política que representa y a pesar de su capacidad para seguir obteniendo victorias electorales sobre la base de su estructura y sus recursos, no ha logrado (ni parece que pueda hacerlo en el futuro inmediato) transformarse en un verdadero partido político democrático. El factor que fue el soporte básico de cohesión y de su aplastante potencia, es decir, su dependencia congénita de los gobiernos “emanados de la Revolución”, con el progresivo avance de las reformas democratizadoras y con las recurrentes crisis que han asolado al país, se ha vuelto la razón básica de su incapacidad para transformarse y sobrevivir como partido propiamente dicho, es decir, como organización voluntaria sustentada en principios y reglas propias, así como en su capacidad para obtener el voto a través de sus propuestas, programas y candidatos.

Así, aunque sigue contando con la mayor parte de la clase política nacional, hoy se encuentra ante una situación electoralmente competitiva que no sólo abre brillantes oportunidades para todos aquellos que no logran un lugar en las listas priístas, sino que también hace imposible el funcionamiento “normal” de las viejas reglas no escritas de una disciplina casi exclusivamente sustentada en la apropiación exclusiva del poder ejecutivo federal. De modo que las reformas modernizadoras emprendidas por los últimos tres sexenios, además de recortar gravemente buena parte de sus fuentes de recursos y de cargos, le han significado fuertes golpes a sus prácticas clientelares y corporativas. Lo que explica no solamente la permanente fuga de sus cuadros en pos de aquellas oportunidades, sino también el malestar y el desánimo que condujeron a los famosos candados impuestos en la última Asamblea priísta.

En esta perspectiva, “la sana distancia” preconizada por el presidente Zedillo ha resultado una medida insuficiente: ni permitió el alcance de consensos suficientes con los partidos opositores, ni creó las condiciones para la reconversión del PRI en un partido político sensu strictu. En final de cuentas, las enormes dosis de recelo y desconfianza vigentes al interior del oficialismo no generaron más que equívocos, malentendidos, enconos y fricciones entre grupos y corrientes incapaces de pensar y actuar políticamente al margen de las tradicionales señales del Ejecutivo. Acaso el antisalinismo delirante de tantos priístas, acaso su catártica Asamblea antitecnocrática, acaso el propio nombramiento de Roque Villanueva como presidente del PRI y de Del Mazo como candidato, hayan servido hasta ahora para evitar una implosión de la vieja maquinaria política. Pero es difícil creer que tales expedientes o incluso algunos triunfos en las elecciones intermedias de 1997, reviertan las tendencias a, además, no sólo nuevos consensos con los partidos hoy opositores sino nuevos consensos del gobierno con los intereses, grupos y corrientes de lo que fue y nunca volverá a ser “el partido casi único”.