Cuatro principios y dos garantías 

Alejandra Moreno Toscano. Historiadora. Miembro del Consejo Editorial de nexos. Una versión de este texto fue leída en el Congreso Internacional Ciudad de México, organizado por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMECSO, A.C., en el Palacio de Minería, el 12 de marzo.

En diciembre próximo, la Ciudad de México entrará a una nueva época de su historia política, una vez electo el Jefe del Distrito Federal y cumplidas las fórmulas correspondientes de transmisión de autoridades. Fue un complicado proceso social y político el que nos trajo hasta aquí. 

El itinerario de las reformas políticas que transformó la vida pública en la Ciudad de México, habla por sí mismo. Desde que el gobierno de la ciudad dejó de serlo, en 1928, hasta la creación de la Asamblea de Representantes en 1987, cuando se reconoció la necesidad de que una representación ciudadana participara en la formulación de las políticas de gobierno, transcurrieron 59 años -casi cuatro generaciones y uno de los terremotos más destructivos de la historia de la ciudad-. Ahora bien, desde la creación de la Asamblea de Representantes como mecanismo de participación ciudadana, hasta su actual reconocimiento como órgano legislativo local, han pasado 10 años de intensas y constantes reformas políticas (90, 93, 94, 95, 96). Al fin se llegó a donde se quería llegar: al reconocimiento jurídico y político de que una ciudad, por su naturaleza, sólo se gobierna y desarrolla con instituciones representativas. El tiempo transcurrido muestra las resistencias de quienes veían afectados sus particulares intereses, pusieron a la política entre paréntesis y se negaron a ver la realidad tal cual es. 

Tener un gobierno propio y un jefe de gobierno electo son avances. Lástima que el diseño institucional de la reforma haya sido pensado más para prolongar los controles tradicionales que para gobernar una pluralidad. La sobrerrepresentación de 20% en la Asamblea legislativa, limitaciones excesivas a la administración financiera, imposibilidad del jefe de gobierno de tener el control de la seguridad pública y la posibilidad de que el Senado, sin juicio político previo, destituya al jefe de gobierno del DF, son residuos de concepciones burocráticas del esquema de gobierno administrativo que se quiere dejar atrás. 

Quienes conocen la historia de la Ciudad de México saben hasta qué punto las modalidades de extensión del espacio construido que la caracterizan (desde el no-reconocimiento de colonias, la regularización de asentamientos; hasta las decisiones de obra pública, inversión inmobiliaria, prestación de servicios, el otorgamiento de licencias, asignación de valores prediales y usos del suelo) resultaron de la discrecionalidad administrativa desarrollada durante las épocas de crecimiento económico y politizada en la medida en que se debilitaba la negociación que intercambiaba acciones sectoriales por unanimidad política. Esta forma de gestión urbana dejó su huella en el crecimiento físico de la ciudad y en la cultura de las relaciones que se establecen entre la sociedad y el gobierno. 

Las crisis económicas que vinieron después (1982 y 1995) y sus secuelas de recesión, limitación de recursos públicos y privados, desempleo, estabilización, privatizaciones, ajustes administrativos, disparidad de acceso a la tecnología y disminución de la productividad global de la ciudad, han dejado también sus marcas físicas, sociales y culturales. Entre la población dejaron también un ánimo creciente de resistir y cambiar decisiones que la afectaban haciéndolas públicas y discutibles. 

De esa nueva gana de participar surgió algo nuevo e importante: empezó a entenderse que la competencia política -y su consecuente formación de nuevos consensos- era la única alternativa sensata para evitar que la selectividad en la asignación de recursos escasos reforzara la discrecionalidad y la arbitrariedad. Con el tiempo, se aceptará que ese proceso tardó más de lo deseable y costó más de lo necesario. Pero, finalmente, la Ciudad de México recuperará una forma de gobierno representativa, reforzada ahora por la elección directa de su gobernador.

En los próximos meses veremos cómo se desarrollan las campañas políticas. Los candidatos en competencia han tenido actuación pública previa y eso facilita la decisión de los ciudadanos. Sin duda habrá debate y nuevas propuestas. Los ciudadanos tomaremos partido y votaremos maximizando la utilidad de nuestro voto, conscientes de lo que más conviene al futuro democrático de la ciudad. 

Hoy, como habitantes, vecinos y ciudadanos de la Ciudad de México, debemos cuidar que ese proceso se desarrolle bien. El reto principal, me parece, será hacer que la nueva forma de elección de gobernante se convierta en un cambio en la manera de gobernar, perceptible y aceptado por todos. 

Si preguntamos a quienes aquí viven acerca de lo que más les preocupa; si les preguntamos cómo quisieran hacer su vida colectiva; y si derivamos, de esas preocupaciones, principios para guiar el diseño de las políticas públicas y del ejercicio del gobierno, encontraremos el camino que nos llevará a una nueva etapa de vida en la ciudad. Son cuatro los principios fundamentales. 

1. Respeto y tolerancia

El principio que hoy valoramos más es el de poder vivir en paz. Queremos una ciudad donde se practique la tolerancia. En una ciudad como la nuestra, no se trata de un valor abstracto sino de relaciones políticas tan concretas como ofrecer a todos y cada uno de sus habitantes trato respetuoso. Esta es la regla de oro de la gobernabilidad democrática. La autoridad debe dar el ejemplo de respeto a la vida, la dignidad de la persona, las libertades, la justicia y la equidad. 

Cuando alguien abusa de su autoridad (lo mismo si es jefe del gobierno, titular de demarcación o de servicio público o policía), rompe la primera regla del trato civilizado. Debilita el cimiento que une a la sociedad con sus instituciones. La seguridad de la vida en común se sustenta en el respeto a la persona, la no-violencia, la no-arbitrariedad. No importa cuántos somos. Cada uno de esos 8, 16 ó 20 millones de personas merece que se le trate con respeto. 

Nada erosiona más la relación entre el gobierno y la sociedad que dejar crecer la anticultura de la sospecha. Nada expresa mejor las raíces autoritarias de la forma de gobierno anterior, que poner en entredicho la honorabilidad de otros, forzar, atemorizar, hacer a un lado los derechos humanos y políticos, restringir las libertades públicas. 

Este es el principio básico que debe guiar la acción de la autoridad en una ciudad donde las cifras rebasan cualquier capacidad de inventario. Es el principio clave para impulsar a la población a que desarrolle sus capacidades; para superar relaciones basadas en la confrontación y contención de problemas por “piscachitas” de recursos públicos. 

2. Justicia y equidad

En nuestra ciudad, los principios de justicia y equidad son indispensables para que haya paz y se alcance algún progreso. Las grandes desigualdades no se alivian, por más programas sociales compensatorios de políticas recesivas. Si el margen de la política económica es tan estrecho, lo que debería plantearse, al menos, es un mejor balance de las oportunidades. 

En este contexto, debería ser prioridad del futuro gobierno del DF replantear su relación con generaciones de jóvenes que hoy enfrentan limitaciones para su formación, empleo, salud y ocupación del tiempo libre. No estoy sugiriendo crear programas “etiquetados a los jóvenes”, ni otorgar becas, ni prolongar artificialmente los grados de escolaridad para atenuar el impacto de su ingreso al mercado de trabajo. Pienso en otra cosa: convocar a todos los sectores de la sociedad, sobre todo a aquellos que han alcanzado márgenes razonables de productividad, a imaginar opciones que ensachen el horizonte para las generaciones que quedaron atrapadas en el “sandwich” de las dos grandes crisis económicas. 

3. Pluralidad

En nuestros días, el principio de pluralidad política, religiosa, racial, de género, de origen étnico o de cultura, es la base de las políticas urbanas incluyentes en muchas ciudades del mundo. En la Ciudad de México este principio se incorporó al vocabulario político hace poco más de una década, pero no es un valor en el ejercicio del poder. Y no me refiero aquí sólo al poder político, sino a los diversos poderes de la sociedad que mantienen a la exclusión como principio. 

4. Cooperación

En la Ciudad de México, por su tamaño, por las diferencias sociales que la estructuran, por las características de su tejido urbano y social, y porque el equilibrio entre la población y los recursos naturales se ha roto, otro principio que debería adoptar la acción pública es el de la cooperación. 

Con esquemas de cooperación se ha podido disminuir la contaminación y se dio la seguridad que dan las inmunizaciones a todos los niños pequeños. Algunos de estos programas han sido ejemplares para otras ciudades del mundo. Ahora tendrá que darse un paso más adelante. La cooperación no debe sólo significar que la sociedad coopera con los programas concebidos por el gobierno. Debe significar también que el gobierno coopera con los programas imaginados por la sociedad. En esta inversión de sujetos del cambio está una clave del desarrollo de la sociedad y del ejercicio democrático del gobierno. 

Atender a estas preocupaciones tiene sentido. Domina hoy un sentimiento de debilitamiento progresivo de las instituciones y estrechamiento de los derechos humanos y civiles. Cuando en una sociedad predomina el sentimiento de que no se respeta su derecho a una vida segura, de que no recibe un trato equitativo al que se da a quienes gozan de privilegios, de que no se le abren oportunidades, de que se le limita la posibilidad de expresar y sostener diferencias de opinión, es muy difícil_ es más bien imposible, pedirle a esa misma sociedad que comparta responsabilidades y contribuya al bienestar general. Cooperar y tomar compromisos comunes exige reciprocidad. Si en una ciudad como la nuestra esos sentimientos de cooperación y reciprocidad no se reconstruyen, su propia viabilidad física seguirá estando amenazada. 

Los habitantes de la Ciudad de México quieren que culmine exitosamente el proceso de transformación de instituciones políticas que hoy vivimos. Por ello, necesitan que se les expresen dos garantías: 

1. El gobierno, a través del Jefe del Departamento del Distrito Federal, debe dar seguridades a la sociedad, de que el candidato electo recibirá toda la información necesaria y los recursos que le permitan cumplir el proceso de cambio. La población no quiere escuchar, en enero, que la casa estaba vacía. 

2. Los partidos políticos que hoy contienden por la Jefatura del Distrito Federal, deben, por su parte, dar garantías a la sociedad de que respetarán la experiencia de los servidores públicos y técnicos que durante muchos años han administrado los servicios de la ciudad. Ellos la conocen bien y pueden contribuir, independientemente del partido político en el que militen, a que se mantenga, en este tránsito político, el mismo nivel de eficacia en su funcionamiento. 

Estas son las dos garantías que necesitamos los habitantes de la Ciudad de México, para que el cambio de instituciones políticas llegue a buen puerto.