El reto fiscal

La administración que comienza el primer día de octubre de 2024 enfrentará dos retos fiscales formidables. Por un lado, debe enfrentar un tema de corto plazo, la llamada consolidación fiscal, que ocurrirá de manera inevitable a partir del primer año de gobierno. Esa consolidación implica reducir el déficit fiscal de forma casi inmediata al inicio del nuevo sexenio. Por otro lado, debe atender un tema más profundo y de naturaleza más estructural: la tendencia creciente del déficit fiscal. Este tema no es urgente ni representa un riesgo inmediato, pero es algo que tarde o temprano debe abordarse. Por su magnitud y trayectoria, no parece ser algo que pueda postergarse por demasiado tiempo, aunque siempre puede ser posible hacer pequeños ajustes aquí y allá para seguir pateando el bote hacia adelante.

La consolidación fiscal

La política fiscal del presidente López Obrador fue muy responsable e incluso conservadora durante los primeros años de su gobierno. En el primero, por ejemplo, aumentó el superávit primario (es decir, el balance antes de incluir el pago de intereses de la deuda) de 0.6 % a 1.1 % del PIB, un monto incluso superior al que se había prometido en campaña. A partir de 2020, con la llegada de la pandemia, las cosas se complicaron. La drástica caída de la economía en ese año redujo también en forma significativa la recaudación fiscal. A pesar de que los efectos negativos en la actividad económica y el empleo eran evidentes, el gobierno de López Obrador optó por no responder a la crisis con apoyos fiscales adicionales. De hecho, México fue uno de los pocos países en el mundo que no aplicaron una política fiscal contracíclica que buscara mitigar el impacto negativo de la caída en la actividad económica. No sorprende que la caída del PIB en México fue también una de las más grandes en el mundo (8.6 %).

Entre 2020 y 2023 el déficit público comenzó a aumentar, aunque a un ritmo moderado. En ese lapso el déficit pasó de 2.7 % del PIB a 3.4 %. Sin embargo, en 2024 la situación cambió drásticamente. En ese año, el déficit público aumentó en forma más notoria al pasar a 5 % del PIB. Los requerimientos financieros del sector público, una definición más amplia del déficit, se prevé que lleguen incluso a 5.9 % del PIB. Ese repentino aumento en el déficit se justificó como necesario para terminar los proyectos prioritarios del gobierno de López Obrador. También este año se incluyó por primera vez un apoyo presupuestal adicional para Pémex, la empresa productiva del Estado. Este apoyo, al igual que los otros recursos adicionales, se supone que sería transitorio y de una sola vez. El aumento en el déficit es de una magnitud tan elevada que el monto de la deuda pública brincará tan sólo en este año de 46.8 % a 50.2 % del PIB. Ese porcentaje es el más alto de los años recientes, sólo comparable con el nivel alcanzado en 2020, cuando este cociente subió en forma importante por la caída ya mencionada de su denominador, es decir, del PIB.

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