“La sociedad civil” se ha convertido en el talismán de la era de la postguerra fría y es invocada por todos, desde Václav Havel hasta Newt Gingrich y el subcomandante Marcos. Si bien las asociaciones y grupos de voluntarios son sin duda esenciales para la salud de una sociedad, John Lukacs nos recuerda que una sociedad civilizada no puede existir sin la autoridad civilizadora del Estado.

Our Enemy, the State es el título de un libro escrito por el ensayista estadunidense Albert Jay Nock, publicado por primera vez en 1935 y reimpreso tres veces desde entonces, la última en 1983. Nock era un pensador muy inteligente, un individualista muy erudito, con fuertes prejuicios y profundas convicciones. También era un buen escritor, cuyo estilo aforístico -del que son típicos los ejemplos que presentamos a continuación- equivalía a algo más que a un brillo superficial: 

La burocracia es inerradicable como el cáncer una vez que se ha arraigado. 

No son muchos probablemente los que se dan cuenta de que la rápida centralización del gobierno en Estados Unidos ha propiciado una especie de pauperismo organizado. 

El estado actual de los asuntos públicos muestra con suficiente claridad que el Estado es el instrumento más pobre que se pueda imaginar para mejorar la sociedad humana y que la confianza en las instituciones políticas y las panaceas políticas es absurda y está fuera de lugar. 

El Estado no es la entidad adecuada para el bienestar humano. 

La mayor parte de estas ideas se plasmó en los años treinta. Nock no tenía más que desprecio por el New Deal. Salvo por unos cuantos lectores sensatos, no fue apreciado en vida (murió en 1945), pero entre la generación reciente de intelectuales conservadores (conservadores y no neoconservadores) ha crecido su reputación: se han reimpreso varios de sus libros además de Our Enemy, the State y existe incluso una Nockian Society. 

Nock fue un pensador idiosincrático y sumamente individualista, pero su hostilidad por el Estado burocrático (e imperialista) no era singular. Unico como lo fue en muchos aspectos, podría ponérsele a pesar de todo junto con autores tan antiestatales como Herbert Spencer, Hilaire Belloc, G.K. Chesterton (todos autores ingleses de antes de la Primera Guerra mundial); Ludwig von Mises y Friedrich Hayek (liberales vieneses de después de la Primera Guerra mundial); y el neoliberal vienés Karl Popper (de después de la Segunda Guerra mundial); excepto Spencer, todos ellos héroes de los intelectuales conservadores actuales. Si bien Spencer era ateo, Belloc y Chesterton eran anticapitalistas católicos, cosa que los vieneses no eran, en tanto que Nock era una especie de aristócrata intelectual. Había por lo tanto profundas diferencias entre sus argumentaciones, como hay contradicciones dentro de las ideologías antiestatales y antigubernamentales de los conservadores de hoy. 

II

Pero por otra parte, Alexis de Tocqueville (en el segundo volumen, menos apreciado, de La democracia en América) ya había previsto la probable evolución del gobierno democrático transformándose en un gobierno burocrático. Tocqueville no usó las palabras “burocracia” ni “bienestar”, pero fue, como casi siempre, claro como el agua. El temía que el principio de igualdad se volviera más poderoso que el principio de libertad, y el ideal de la igualdad, tarde o temprano, podría hacer que la gente aceptara que la práctica del gobierno se extendiera hasta regir zonas muy amplias de sus vidas. 

Esto fue por supuesto lo que sucedió. Cincuenta o sesenta años después de Tocqueville, los liberales y progresistas, sobre todo en los países de habla inglesa, se vieron obligados a abogar por la intervención del gobierno para corregir las inmensas (y a veces brutales) injusticias procedentes de un capitalismo y un industrialismo sin trabas. Esta tendencia llevó a instituciones gubernamentales, leyes y variadas afirmaciones de todo tipo de igualdades materiales (y otras) y a la aparición eventual del Estado de “bienestar” o “benefactor”. Este tipo de intervención gubernamental estuvo apoyada durante mucho tiempo no sólo por sus beneficiarios sino por grandes mayorías, hasta relativamente hace poco, cuando el surgimiento del “conservadurismo” llevó a una reacción popular bastante predecible contra algunos de los excesos (y a veces contra los mismos principios) de las políticas y regulaciones gubernamentales. 

Esta reacción popular no se ha limitado a los Estados Unidos ni a otros países de habla inglesa. Sus síntomas han aparecido en Escandinavia, Holanda, Alemania, Austria, España, en algunos lugares bajo una etiqueta neoconservadora, y en otros bajo una etiqueta neoliberal. 

El carácter ambiguo de estas etiquetas no es el único problema en nuestro léxico político. Hay, por ejemplo, una diferencia entre gobierno y Estado. Tocqueville, que anhelaba el futuro de gobiernos totalmente dependientes de la soberanía popular, escribió sobre el gobierno y no sobre el Estado. En efecto, en los años 1830 él pensaba que la autoridad del Estado en los Estados Unidos era demasiado indistinta y débil en vez de concreta y fuerte. 

En cambio, el enemigo de Albert Jay Nock no era el gobierno sino el Estado, una distinción que él hizo a veces. El deseaba que la sociedad “privara al Estado del poder de imponer coerciones sobre el individuo en cualquier punto de su vida económica y social; porque entonces el Estado ya no tendrá existencia y lo que queda es gobierno”. El estaba en favor de esto como corresponde a un individualista anticuado. Pero éste no es uno de los obiter dicta más claros de Nock. Tampoco se le ocurrió que si bien la Declaración de Independencia fue una reacción contra las extorsiones del gobierno inglés, el gran logro de la Constitución y de George Washington fue el establecimiento del Estado norteamericano. Fue en defensa del Estado que Washington optó por eliminar a los populistas antigubernamentales de la rebelión Whiskey. (¿Hubiera estado Nock en favor de la rebelión Whiskey? No lo sabemos.) Pero ahora, más de sesenta años después de Nock y doscientos después de la rebelión Whiskey y de Washington, hay conservadores que muestran simpatía por milicias, devotos armados y toda clase de rebeldes contra el gobierno, gente que, en realidad, desafía no sólo las interferencias del gobierno sino la autoridad civil del Estado. Es discutible si una distinción entre gobierno y Estado es impropiamente filosófica. Lo que no es discutible es que para los críticos estadunidenses actuales esa distinción no existe. Los objetos de su indignación, ya sean del gobierno o del Estado, están escogidos selectivamente. Las mismas personas que dicen que el enemigo es el gobierno están en favor de todo tipo de gasto armamentista o para la defensa, así como de otras instituciones imperiales del Estado. Durante la era antigubernamental de Reagan, el personal de la Casa Blanca era seis veces más numeroso que el de Franklin Roosevelt en el momento álgido de la Segunda Guerra mundial. Considérese entonces que la Casa Blanca o el Pentágono o la CIA o las “guerras de las galaxias” también son gobierno; o que no sólo los liberales sino también los conservadores se inclinan en numerosas ocasiones a legislar la moral o a prestar apoyo a obras gigantescas e inútiles como el Supercollider. Tampoco la exaltación conservadora de la llamada economía de mercado significa su independencia del gobierno. Pocos republicanos conservadores pusieron objeciones a que el gobierno sacara de apuros a fabricantes de aeronaves como Lockheed. Como lo observó Nock hace más de sesenta años: “La simple verdad es que nuestros empresarios no quieren un gobierno que deje solas a las empresas. Quieren un gobierno que puedan usar”. 

Esto puede que sea tan cierto de la Rusia postcomunista como lo es de los Estados Unidos, tanto antes como después del New Deal, o ahora. 

III

Las mentiras más corruptoras, escribió Georges Bernanos hace más de cincuenta años, son problemas mal planteados. Un factor -aunque sólo uno- en esas afirmaciones erróneas es que nuestras designaciones políticas “liberal” y “conservador” están tan anticuadas que se han vuelto casi totalmente inútiles. Durante el siglo XIX, los liberales lucharon contra todo tipo de regulaciones estatales, desde la censura hasta restricciones al comercio. Ellos querían restringir y disminuir la autoridad estricta del Estado. Los conservadores creían que el poder y la autoridad del Estado (incluso su autoridad sobre la religión) no se debían debilitar hasta el punto de que fuera peligroso. Hace unos cien años hubo un cambio. Los liberales -en gran parte debido a su fe incondicional en el progreso y en la evolución- empezaron a promover la intervención estatal en la vida económica, a proteger y asegurar a más gente, excepto cuando se trataba de la preservación de morales tradicionales. Los conservadores (y por favor téngase en cuenta que “conservador” como adjetivo político era inaceptable en los Estados Unidos hasta hace unos cuarenta años), a diferencia de sus antepasados putativos, empezaron a argumentar y a hacer campaña por la restricción del gobierno, salvo cuando se trataba de los poderes militares y de la policía del Estado. No se vaya a pensar que esos desarrollos son recientes, producto de las “revoluciones” de Reagan o de Gingrich. En 1956, la novena sección de la plataforma electoral republicana convocó al “establecimiento de bases aéreas y navales norteamericanas en todo el mundo”. (Las cursivas son mías.) Se trataba de personas a quienes los liberales de esa época aún llamaban aislacionistas, sólo Dios sabe por qué. O considérese una declaración de la elocuente conservadora cristiana y portavoz republicana Mrs. Phyllis Schlafly en 1980: “Dios dio a Estados Unidos la bomba atómica”. Mrs. Schlafly, no era Dios; era Franklin Roosevelt. 

En el siglo XIX, el liberalismo era joven y representaba la reforma, mientras que el conservadurismo era viejo y representaba la tradición; pero ahora vivimos al final de un siglo en que la mayoría de los liberales se han vuelto seniles, en tanto que la mayoría de los conservadores se han puerilizado.

IV

Las etiquetas “liberal” y “conservador” no se volvieron anticuadas sólo porque cambiaron sus significados. Tampoco la antítesis liberal-conservador del siglo XIX fue suplantada por una especie de síntesis hegeliana. Hace más de cien años surgieron dos grandes movimientos nuevos en el mundo: el nacionalismo y el socialismo. Su combinación -y no la del liberalismo y el conservadurismo- ha marcado la mayor parte de la historia del siglo XX, continuando hasta el presente. El formulador más radical y extremo de esa combinación fue Adolf Hitler; pero el anatema del nacionalsocialismo alemán no debería opacar el reconocimiento de que ahora somos, todos, nacionalsocialistas de uno u otro modo. En 1996 no hay un solo gobierno en el mundo que no haya aceptado algunas de las prácticas del Estado nacional de bienestar. En los Estados Unidos, la diferencia entre republicanos y demócratas -y entre conservadores y liberales- se podría resumir adecuadamente diciendo que los primeros son más nacionalistas que socialistas, y los segundos más socialistas que nacionalistas. La combinación de nacionalismo y socialismo se ha vuelto universal. La proporción de sus componentes puede que varíe de un país a otro, pero existe en todas partes; y de los dos componentes, el nacionalismo es el que más a menudo tiene el mayor atractivo para las masas. 

Otro cambio gradual pero profundo empezó hace poco más de cien años con el surgimiento del populismo. Claro que la Constitución de los Estados Unidos estableció frenos y contrapesos contra la soberanía ilimitada de las mayorías populares. (Es menos conocido que muchos de los republicanos franceses radicales de los años 1790 también expresaron sus dudas sobre la soberanía popular.) Pero el movimiento populista en los Estados Unidos, que se alzó en los años 1890 contra el capitalismo y en favor de la intervención gubernamental radical en finanzas, economía y educación, pedía la soberanía popular sin límites: en suma, más democracia, no menos. 

Durante un tiempo, populistas y progresistas fueron aliados. Después, en los años 1930, vino su separación hostil: los primeros eran, en términos generales, nacionalistas, mientras que los segundos no lo eran. En los años 1950, los republicanos, antiguamente antipopulistas (o por lo menos no populistas), se volvieron cada vez más populistas -con el resultado de que ahora republicanos y “conservadores” sostienen que son ellos los que están a favor de una “soberanía popular genuina” -,* ignorando convenientemente los frenos y contrapesos de la Constitución de los Estados Unidos. (Pero por otra parte, nuestros actuales “conservadores” se oponen también a la conservación de la tierra.) Sin embargo, mucha de su retórica y muchas de sus defensas políticas son populares. La mayoría del pueblo norteamericano está cansada de los excesos del Estado de bienestar. El que quieran, o no, menos gobierno está por verse. El que quieran el debilitamiento del Estado es por lo menos dudoso, pero esto es lo que al parecer creen que quieren. 

V

Debemos entender que el populismo es inevitablemente nacionalista. Hitler, que fue muy explícito sobre esto, así lo reconoció. El dijo en muchas ocasiones que el Estado no era más que una estructura, y en conjunto una estructura anticuada. “Primero estaba el Volk”, dijo, “y sólo después el Estado”. Hitler desconfiaba de la burocracia tanto militar como administrativa de Alemania: “El Estado es el instrumento del pueblo”. 

Debemos pensar de nuevo el término impreciso e incorrecto de “totalitarismo” para referirse a la tiranía total del Estado. Para empezar con lo obvio: el régimen total de un Estado es imposible. Incluso en la cima y en la extensión máxima del régimen de un dictador moderno, hay gente e islas de vida sorprendentemente intocadas por el régimen policiaco del Estado. El adjetivo “totalitario” puede ser aceptable sólo en un sentido: cuando se refiere a la intención de un tirano de ejercer el control total del Estado sobre los habitantes, aun cuando ese control total sea inmanejable en la práctica. Tarde o temprano los sucesores del tirano lo reconocen (como a veces también lo reconocen los propios tiranos). El resultado es una reducción con frecuencia arbitraria, ilógica e impredecible de la interferencia de la policía en ciertas áreas de la vida. Esto fue lo que sucedió -erráticamente y no necesariamente como producto de la benevolencia o la buena voluntad- en la Unión Soviética después de la muerte de Joseph Stalin. Después de 1953, la Unión Soviética no se convirtió tanto en un Estado “totalitario” como en un Estado “autoritario”, aun cuando esas designaciones nunca sean herméticas y puedan coincidir en cierta medida. Después de 1985, el régimen del Partido Comunista y del gobierno (del que el primero constituía una gran parte de su aparato) fue intencionalmente reducido por Mijail Gorbachov, hasta que (y es para poner en duda que Gorbachov hubiera previsto esto con todas sus consecuencias) la autoridad debilitada del gobierno soviético desembocó en el derrumbe parcial de la autoridad y del control real del Estado. 

Cinco o seis años después de estos grandes cambios en la ex Unión Soviética y en Europa del Este, no hay duda de que el mayor peligro, no sólo para las poblaciones de esas regiones sino también para el mundo, reside en la debilidad de la autoridad del Estado ruso: lo opuesto al síndrome del Imperio del Mal del que hablaban todos los ideólogos conservadores o neoconservadores. La autoridad debilitada del gobierno central del Estado ruso amenaza las condiciones de vida de toda una población, a la vez que afecta a los vecinos de Rusia lo mismo que a potencias tan lejanas como los Estados Unidos. Hoy somos testigos de la incapacidad del Estado ruso para mantener la seguridad de sus fronteras, lo cual lleva a operaciones militares intermitentes en los márgenes; de la incapacidad del gobierno para hacer cumplir sus leyes y regulaciones; de la incapacidad de su autoridad policiaca para mantener el mínimo necesario de ley y orden: en suma, de la incapacidad para proteger a su pueblo, que es, y debe seguir siéndolo, el propósito esencial de un Estado. De este fracaso (¿o es renuencia?) surge la oportunidad de que elementos criminales o por lo menos semicriminales no sólo prosperen materialmente sino que impongan su propio régimen por sus propios medios: en otras palabras, que establezcan su propia autoridad. Así fue como surgió un nuevo tipo de imperio de la barbarie después del derrumbe total de la autoridad imperial de Roma. Incluso durante la mayor parte de la Edad Media, se reclutaba regularmente a los hombres para luchar a favor de sus señores locales, aunque no por una causa tan vaga como su Estado. Algo parecido puede suceder de nuevo y muy pronto. Aunque la historia no se repite, una nueva clase de feudalismo puede ser la perspectiva no sólo para Rusia sino también para mucho de lo que queda del llamado mundo civilizado. 

VI

Es posible que un ejemplo instructivo de lo que sucede cuando la autoridad del Estado es débil, sea ahora manifiesto en Italia, un país cuya sociedad e historia difieren profundamente de las de Rusia. Hace poco, la mayoría de los votantes italianos se rebeló contra los partidos políticos predominantes, no sólo a causa de las revelaciones de su corrupción a gran escala sino también porque los gobiernos demócratacristianos resultaron incapaces de controlar a la mafia y, en algunos casos, estaban coludidos con ella. O sea, a la corrupción del gobierno la completaba, y de hecho la acentuaba, la débil autoridad del Estado italiano. 

La diferencia entre Italia y Rusia deriva, por supuesto, de las diferencias históricas en las características de estas dos sociedades que son muy distintas. La “sociedad civil” en Italia siempre ha existido debido a los fuertes lazos privados de la familia italiana, con sus rasgos humanos (y con frecuencia oportunistas). Pero aunque la sociedad civil (o con mayor precisión, privada) ha existido en Italia desde hace mucho tiempo, el Estado italiano unido no existió sino hasta 1870.Y aquí el ejemplo de Italia puede ser instructivo, porque fue en Italia donde empezó no sólo nuestra civilización “moderna”, sino la idea misma y la experiencia del Estado moderno hace quinientos o seiscientos años. 

El concepto y la práctica del Estado moderno como lo conocemos surgió entre las ciudades-estado italianas del Renacimiento (junto con muchas otras cosas, como la teoría política moderna y la práctica de la diplomacia moderna). A pesar de antiguos precedentes, este concepto era entonces nuevo y extraordinario; el gran historiador Jakob Burckhardt, autor de La civilización del Renacimiento en Italia, tituló uno de sus famosos capítulos “El Estado como una obra de arte”. La formulación de la idea de Estado y su puesta en práctica en el nivel de la ciudad no condujo a la unificación del pueblo de habla italiana en un solo Estado; esa idea y ese logro estaban lejos en el futuro. Tampoco eran los Medicis, Sforzas y Esres demócratas liberales. Pero el concepto germinado en Italia del Estado soberano pronto se difundió a Europa occidental, lo mismo que otros logros del Renacimiento. Los primeros Borbones de Francia y el primer rey Tudor de Inglaterra tampoco eran demócratas liberales, pero el concepto y la práctica del Estado moderno estaban indisolublemente vinculados al surgimiento del monarca soberano (y por lo tanto, en muchos aspectos, absoluto). 

Ese surgimiento de monarquías poderosas incluyó -por muy extraño que pueda parecer- un elemento democrático. En gran medida, fue impulsado por una reacción popular contra el feudalismo aristocrático de la Edad Media, con sus guerras caprichosas y las exacciones de los señores feudales. Los nuevos monarcas fueron apoyados por las nacientes clases medias, a las que al parecer habían protegido. No puede asegurarse si Luis XIV en realidad dijo “L’état c’est moi”. Lo que puede afirmarse es que él no fue tanto la encarnación como el principal representante del Estado, siendo el rey el primer servidor del Estado en vez de que el Estado fuera el servidor del rey. Y después, un siglo o dos después, hubo otro cambio. La centralización del poder estatal en la corte de un rey era cada vez menos eficaz y menos tolerable para las mismas clases medias y medias altas cuyos antepasados dieron la bienvenida a la protección que emanaba de los poderes sin trabas de un rey. Algunos reyes fueron condenados a muerte; otros fueron repudiados; otros más fueron obligados a gobernar de acuerdo a las constituciones. 

La autoridad suprema e incuestionable de los monarcas había acabado. Pero no la autoridad suprema e incuestionable del Estado. El Estado norteamericano nació y fue bautizado no en 1776, sino en 1789, después de que a la ratificación de una constitución le siguió la toma de posesión de un presidente electo. Se suponía que este presidente representaba el elemento monárquico en una constitución compuesta para representar los frenos y contrapesos de un “gobierno mixto”, incluyendo elementos (en el significado griego clásico de los términos) monárquicos, aristocráticos y democráticos, todos al servicio de los mejores propósitos del Estado norteamericano. 

El gobierno presidencial, especialmente en los Estados Unidos, equivale a una monarquía electiva constitucional. En otros Estados, especialmente en Europa occidental, las monarquías hereditarias constitucionales siguen existiendo, junto con gobiernos electos con prácticas liberales y democráticas que en conjunto no son diferentes a las de Estados Unidos. Es obvio que los poderes reales de esas monarquías hereditarias han disminuido enormemente. Algo menos disminuido -aunque esto varía de un país a otro- es el respeto popular conferido a los jefes tradicionales de familias que representan los primeros servidores del Estado. Así, el respeto debido al padre o la madre de una familia es inseparable de las funciones de él o ella en calidad de su primer servidor. Una familia no prosperará bajo la absoluta tiranía de uno de los padres; pero por otra parte, no se puede decir que una familia en realidad exista si está gobernada por el principio soberano del populismo. La restauración de los Estados liberales y democráticos de Europa occidental después de la Segunda Guerra mundial incluyó la restauración de sus monarquías constitucionales, en Holanda, Bélgica, Dinamarca y Noruega, por ejemplo; la aceptación norteamericana de la continuación de la monarquía en Japón hizo posible el rápido fin de la guerra; la aceptación por Franco del nieto del último rey de España como su sucesor también ha proporcionado un elemento de estabilidad. Por lo tanto es lamentable que la restauración de un monarca constitucional como jefe de Estado fuera evadida por los gobiernos de Rumania, Serbia, Bulgaria, tal vez incluso Rusia, durante el periodo de anarquía que siguió al derrumbe de sus antiguos gobiernos autoritarios o totalitarios. Pero no me propongo exponer las virtudes de las monarquías hereditarias y constitucionales. Lo que quiero es indicar que la autoridad del Estado, como la autoridad de la familia, es inseparable de la idea misma, y de la práctica, de la civilización. 

VII

Fijémonos ahora en el título de la gran obra de Burckhardt: La civilización del Renacimiento en Italia. Debería indicar algo que ha estado muy opacado: que el concepto de civilización es algo más antiguo que el concepto moderno de “cultura”, y que el primero apareció aproximadamente al mismo tiempo que la moderna institución del Estado. En términos generales, en los últimos cien años hemos llegado a aceptar una idea de procedencia alemana: que la cultura es algo superior a la mera civilización. Esta era una noción romántica. La civilización significaba un cierto orden material y gubernamental, un ideal burgués. La cultura significaba la cosas superiores de la mente, y del alma. Los ingleses, decían los alemanes tanto antes como durante la Primera Guerra mundial, eran una nación de tenderos, civilizada, sí, pero sin mucha Kultur. Los alemanes eran un Kulturvolk. Sabemos adónde les llevó esa exaltación de la Kultur por encima de la Zivilisation. Pero también en otras partes echó raíces este postulado de la superioridad de la cultura: entre los intelectuales norteamericanos que lamentaban la insuficiencia de la cultura norteamericana (mientras se aprovechaban abundantemente de la civilización norteamericana). 

Esta fe en la superioridad de la cultura respecto a la civilización es peligrosa. Los griegos no tenían una palabra que significara cultura. Tenían otras palabras y conceptos: “cívico” y “civilidad”, que, como “polis” y “político” (de donde derivan muchas de nuestras palabras como “ciudad”, “ciudadano”, “urbano” y “urbanidad”) eran los opuestos de barbarie y barbaridad. Cultura, en inglés y otras lenguas europeas, originalmente se refería a cultivo. Durante mucho tiempo fue inseparable de agricultura; después se aplicó metafóricamente al cultivo de las mentes. En inglés, “civilizar” aparece por primera vez en 1601: “hacer civil; sacar de un estado de barbarie; instruir en las artes de la vida; ilustrar y refinar”. Es decir, las nociones de civilización y civilidad precedieron a la posterior, y aún presente, noción de cultura. La cultura depende de la civilización, no al revés. 

Hay razones para pensar que el abismo que divide a los conservadores y liberales en este país hoy en día es cultural, es decir, más profundo que las diferencias acerca de impuestos y seguridad social. Pero una vez más, el problema está mal planteado. A quienes les preocupa -en mi opinión con toda razón- el “multiculturalismo” no ven que el problema real es más bien la multicivilización: la ruptura de los estándares de civilización que en un Estado deben ser suficientemente unitarios. La cultura puede ser tribal. La civilización no. 

Así que ahora encaramos algo nuevo en la larga historia del género humano. Ahora podemos tener cultura sin civilización. Con este logro, la noción progresista de la gran cadena de la evolución -desde el primitivismo hasta la civilización y la cultura- se ha vuelto absurda y ridícula. 

No se puede tener civilización sin alguna cultura. Pero cuando la civilización respira, vive y es fuerte, surgirá la cultura; se cuidará sola. ¿Debe el gobierno promover la cultura? Esto es algo por lo menos discutible. Lo que no es discutible es que el gobierno debe proteger la civilización. Cuando no lo logra, el gobierno tal como lo conocemos se disuelve, primero con la anarquía y después con la tiranía bárbara que la sucede. 

Cuando una civilización funciona, también funcionan sus instituciones públicas. Hace cien años, las escuelas públicas norteamericanas, los hospitales públicos, los parques públicos y otras instalaciones y servicios públicos se contaban entre los mejores del mundo. Desde entonces, el sentido mismo de lo que es “público” se ha deteriorado: nuestras escuelas públicas, hospitales públicos y transporte público son rehuidos por mucha gente. (Téngase en cuenta sólo la indicación degradante de las placas de los autobuses en muchos estados: MASS TRANSIT.) Lo que ha significado la “privatización” de esas instituciones es nada más que el reemplazo de una burocracia por otra, y casi siempre la segunda es de naturaleza inferior. (Lo mismo vale para la relación de las burocracias federales respecto a las estatales.) No hay absolutamente ninguna garantía de que la burocracia de una compañía de seguros de salud sea más humana, o siquiera más eficiente, que el funcionario federal que examina los registros personales del Medicare. O que el Departamento Fiscal de Nevada sea más preciso, o considerado, en la computación del ingreso personal gravable que el Servicio Fiscal Interno. 

La finalidad del gobierno incluye la protección de los asuntos domésticos y de la privacidad a través del mantenimiento de la ley y el orden suficientes para garantizar la seguridad de los ciudadanos de modo que éstos puedan prosperar libremente. Pero hace mucho que hemos olvidado que es más difícil ser libres que no serlo. Tanto los liberales como los conservadores han contribuido a esta clase de amnesia. Los primeros han dado la civilización, y su progreso, por supuesta; los segundos parecen no entender que la libertad no es la raíz de la civilización sino su fruto, y que civilización significa la restricción de muchas libertades. El primitivismo, la pornografía y el multiculturalismo han sido promovidos, o al menos defendidos, por muchos liberales. Pero estamos frente a otro fenómeno también: la barbarie promovida por personas que se autodenominan conservadoras. Emerson escribió: “A la corrupción del hombre le sigue la corrupción del lenguaje”. Lo contrario también es cierto; y la tan alardeada Explosión de la Información puede acelerar la corrupción. 

El peligro que nos acecha -sí, aquí en los Estados Unidos- es la descomposición no de la cultura sino de la civilización, que a su vez depende de la autoridad adecuada del Estado y de las prácticas adecuadas de gobierno. Estas prácticas pueden ser burocráticas en vez de democráticas, exageradas así como constrictivas, abstractamente humanitarias pero en realidad inhumanas. Pero nuestro enemigo no es el Estado, y ni siquiera el gobierno. Es la concepción errónea de términos como Progreso y Libertad, confundiendo a masas de gente en nombre de un populismo antigubernamental, conduciendo a la anarquía primero y a la tiranía después, o a una futura mezcla original de ambas. 

*Como por ejemplo William F. Buckley, Jr., en un manifiesto de un artículo (National Review, 11 de diciembre, 1995) titulado “After History’s Detour”. (Subtítulo: “En 1914, la Historia dio un giro equivocado hacia el totalitarismo, el estatismo y el liberalismo moral”.) Claro que la “historia” no da giros equivocados. La gente sí. Por su manera de pensar. 

John Lukacs. Historiador y ensayista. Entre sus libros, A History of the Cold War (1961), Historical Consciousness (1968) y The End of the Twentieth Century and the Passing of the Modern Age (1993).

Traducción de Ricardo Mondragón