El siguiente texto es la versión en castellano de un artículo comisionado, para su publicación en portugés, por la Fundación Fernando Henrique Cardoso. Aparece aquí con el permiso de sus editores brasileños.
En la elección presidencial de 2018 Andrés Manuel López Obrador (Tabasco, 1953) ganó como candidato del partido que fundó en 2014, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). A lo largo de su campaña fue que, de resultar triunfador, su presidencia inauguraría lo que llamó la “Cuarta Transformación” (4T) de la historia de México. Su victoria fue contundente y despertó grandes expectativas.
En su toma de posesión como presidente, López Obrador presentó un programa de cien puntos con la afirmación y promesa de que todos los problemas del país se habrían de resolver en su mandato. A su gobierno ya solo le quedan ocho meses y es obvio que no todos los problemas se han resuelto, y que algunos se han agravado de manera dramática. El país se enfrenta a problemas ancestrales y a otros que resultan nuevos o adquieren dimensiones que nunca se habían visto, como el de la violencia, el crecimiento del crimen organizado, la militarización y la migración.
En el México de hoy la sociedad está altamente polarizada, lo mismo que la discusión política, que es puramente emocional. No hay lugar para los datos y argumentos. López Obrador responde a toda crítica de su gestión, o a cualquier dato estadístico que no le gusta, con frases como “tengo otros datos”. Si bien nunca dice de qué datos se trata, así descalifica toda fuente de información sólida, incluso las que generan las instituciones del Estado.
Este texto presenta, a muy grandes rasgos, una panorámica de la situación que prevalece en el México de hoy, que el próximo 2 de junio enfrenta la elección más grande de su historia, en la que cambia el presidente y el Congreso. Para caracterizar la situación, ofrece datos duros de fuentes oficiales, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, despachos especializados y la academia. Los temas a tocar son: la economía, la pobreza y los programas sociales, el T-MEC, el desarrollo desigual, la comparecencia mañanera, la política, la violencia, el crimen organizado, la militarización, la migración y la elección de 2024.
La economía
Al cierre de 2023, México se ubicó como la economía doce del mundo con un PIB de 1.8 billones de dólares. Es la segunda en América Latina, después de Brasil, con un PIB per cápita de 13 800 dólares, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). La economía tuvo un crecimiento de 2.0% anual entre 1980 y 2022, por debajo de las expectativas y de la realidad de países de condiciones semejantes. Esto ha limitado el desarrollo y la pronta reducción de la pobreza, de acuerdo al Banco Mundial (BM).
Al término del actual gobierno en octubre de este año, después de la caída del -8.0% en 2020, la economía sólo habrá crecido en un promedio anual del 0.5%, muy por debajo de los gobiernos anteriores.
La población total de México era en 2023 de 136 millones de habitantes y la Población Económicamente Activa (PEA) de 60 millones, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). De está última, tiene algún tipo de ocupación el 97.3%; la desocupación es del 2.7%. En la informalidad se ubica el 55.5% de la población ocupada, misma que no tiene acceso a la seguridad social.
En 2023, las exportaciones de México sumaron 593 000 millones de dólares, y de este total 189 000 millones de dólares fueron vehículos y autopartes. La balanza comercial fue deficitaria en solo 5464 millones de dólares. En 2022, México ocupó el lugar doce como exportador y también como importador a nivel mundial, según el FMI.
El 80.% de las exportaciones va hacia los Estados Unidos y el otro 20% se distribuye así: Canadá (2.7%), China (1.5%), España (1.5%), Brasil (1.2%), Colombia (1.2%), Alemania (0.9%), India (0.7%), Japón (0.7%), Países Bajos (0.6%) y otros países (9.0%), según la Secretaría de Economía.
La proveniencia de las importaciones es la siguiente: Estados Unidos (48.8%), China (16.6%), Japón (4.4%), Corea (3.4%), Alemania (3.4%), Canadá (2.5%), Malasia (1.6%). Taiwán (1.6%), Italia (1.3%), España (1.2%) y otros países (15.1%)
México, después de la India, es el segundo receptor de remesas del mundo. El monto total de 2019 a 2023 suma 230 000 millones de dólares, un promedio de 47 800 millones de dólares al año, según el Banco de México (BM). Ahora las remesas representan entre el 4 y el 5% del PIB.
El crecimiento de estás cifras, que es histórico, se explica porque en estos mismos años se ha incrementado el número de los mexicanos que migran hacia Estados Unidos, y porque la población de origen mexicano, que ronda en los 40 millones —11 millones nacidos en México y 29 millones de mexicano-estadunidenses de primera y segunda generación— han mejorado sus niveles salariales.
La Inversión Extranjera Directa (IED) ha seguido llegando, pero en una proporción menor a las remesas. En los primeros cinco años del actual gobierno, sumó 160 754 millones de dólares, un promedio de 32 150 millones de dólares al año, de acuerdo a la Secretaría de Economía. La mayor parte de las inversiones son de Estados Unidos.
López Obrador ha sido ortodoxo en el manejo de los indicadores macroeconómicos. Al inicio de su gobierno, anunció que no aumentaría los impuestos. En los hechos, más allá de los discursos de algunos radicales, la estructura económica del país no ha cambiado y sigue las tendencias del pasado.
Un indicador de esta realidad es que, en este sexenio, las diez fortunas más grandes del país se han duplicado. La más grande es la del empresario Carlos Slim, que ahora vuelve a ser de 100 000 millones de dólares. A lo largo del sexenio, él y otros grandes empresarios han tenido una relación pública cercana con el presidente.
La pobreza y los programas sociales
En 2022 la población en condición de pobreza sumaba el 36.3 % y aquella en pobreza extrema el 7.1 %, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En términos absolutos en el primer caso se ubican 46.8 millones de personas y en el segundo 9.1 millones.
Según el Coneval, la población vulnerable por carencias sociales creció del 23.7 % al 29.4% entre 2020 y 2022. En cuatro de las seis carencias sociales que contempla esta institución, hay una pérdida real para la población en materia de salud, educación y alimentación y en dos, que hacen relación a la condición de la vivienda, se mantienen igual.
El caso más grave, el de la salud, se debe a una serie de malas decisiones del actual gobierno, que suprimió el sistema de las anteriores administraciones. La población sin acceso a los servicios de salud, en términos absolutos, aumentó de 20.1 millones a 50.4 millones. El Coneval plantea que, ante la caída de la atención de los servicios de salud pública, se dio un aumento en el ”gasto catastrófico en salud”, que es cuando las familias gastan más del 30.0 % de su ingreso disponible en servicio de salud.
Los especialistas señalan que el crecimiento de las carencias sociales deriva de la política del gobierno en materia social. Entre otras cosas, la administración no ha podido construir un sistema de salud que sustituya al extinto Seguro Popular, ni tampoco hacer frente a los rezagos educativos. No han sido temas que interesen de manera particular al actual gobierno.
La política social para abatir la pobreza se ha reducido. Lo que queda de ella se ha centrado en desarrollar dieciséis programas “estrella” del presidente, muchos de los cuales entregan dinero directamente a los beneficiarios. De estas transferencias se encarga una estructura creada en el actual gobierno, “Los Siervos de la Nación”, que consiste en 20 000 funcionarios distribuidos en las 32 entidades federativas.
En cada estado hay un responsable de estas políticas; se les conoce como “superdelegados. Existen también 266 coordinaciones regionales que tienen entre 50 y 150 empleados y abarcan los 300 distritos electorales federales. Estas estructuras, a su vez, coordinan a los 19 000 funcionario en campo. El 60% de estos últimos trabajó en la campaña electoral del candidato López Obrador en 2018. Si bien estos operativos están adscritos a la Secretaría de Bienestar para efectos de presupuesto, dependen directamente de Palacio Nacional. Los Siervos de la Nación, de manera constante, pasan por las viviendas de los beneficiarios en todo el país, para decirles que el presidente es quien les manda ese recurso y que si llega otro partido al poder, se los van a quitar.
Los Siervos de la Nación son una estructura claramente electoral, que busca garantizar para Morena el voto de los beneficiarios. Al terminar eel sexenio, estos dieciséis programas habrán costado 2.6 billones de pesos, 734 000 millones de ellos en el año electoral de 2024.
El T-MEC
En noviembre de 2018 se firma el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituye después de 24 años al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El nuevo acuerdo entra en vigor en julio de 2020 y tiene una duración de dieciséis años. A su vencimiento, las partes decidirán si quieren o no continuarlo. La existencia de un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, y en particular con el primero de estos países, ha sido fundamental para la creciente integración de la economía mexicana y la estadunidense, sobre todo en la zona fronteriza.
El comportamiento de la relación comercial de México y Estados Unidos en 2023 da una idea de lo el TLCAN y ahora el T-MEC han sido para ambas naciones. El comercio total entre los dos países alcanzó los 738 000 millones de dólares, según la Oficina de Estadísticas de Estados Unidos. México exportó 439 000 millones de dólares, un incremento del 4.3% en relación a 2022. En 2023, además, México desplazó a China como el socio comercial más importante para Estados Unidos, con una participación del 15.8% del comercio total. Le sigue Canadá con el 15.3% y luego China con el 11.1%. Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos equivalen a la suma total de las realizadas en conjunto por Alemania, Japón, Corea del Sur, Reino Unido e India.
En 2023, las compras mexicanas de productos de Estados Unidos sumaron 299 000 millones de dólares. El vecino del norte es el principal exportador hacia México. En ese año la balanza comercial fue favorable a México en 140 mil millones de dólares, como lo ha sido desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994.
El 89.0% de las exportaciones de México a Estados Unidos son manufacturas. Los diez productos principales son: vehículos de motor, computadoras, vehículos para propósitos especiales, autopartes y accesorios de vehículos, televisores, petróleo crudo, equipo para distribución eléctrica (cables), equipo de telecomunicaciones (teléfonos), maquinaria y aparatos eléctricos y frutas y verduras frescas. Los diez productos más importantes que México importa de Estados Unidos son: petróleo refinado (gasolinas), vehículos de motor, autopartes, circuitos integrados, maquinaria, gas natural, gas propano, turbosina, equipo de protección de bajo voltaje, instrumentos médicos y maíz amarillo.
Desde hace décadas, cerca del 80% de las exportaciones de México van hacia los Estados Unidos. El porcentaje no cambia, pero sí el monto. En los próximos dos o tres años se espera que el valor de la relación comercial bilateral supere el billón de dólares.
Desarrollo desigual
Es evidente que, desde la entrada en vigor del TLCAN, se han profundizado las añejas diferencias entre el norte y el sur de México. Con el tratado, los estados de la frontera norte y de la zona centro empiezan a ver un incremento en las inversiones de la industria automotriz, de autopartes y de la aeroespacial, que al día de hoy se mantienen. El empleo formal crece en esos estados de manera sostenida, y con él todos los indicadores de desarrollo social. El promedio de la escolaridad en Chiapas y Oaxaca, por ejemplo, es 7.9 y 8.2 años, respectivamente. En contraste, en Baja California es 10.4 años y en Nuevo León de 10.8 años.
Uno de los grandes problemas nacionales es que, históricamente, los gobiernos de México no han logrado que el sur del país, que se caracteriza por una alta densidad de población indígena, avance más rápido en su desarrollo. Hasta la fecha, esa región tiene los más bajos índices de los indicadores de desarrollo social de todo el país. La excepción es Quintana Roo, estado que encontró en el turismo la clave para progresar. Los niveles de empleo formal son muy altos, lo mismo que sus indicadores de desarrollo social: el promedio de escolaridad es de 10.2 años, semejante al de los estados de la frontera norte.
En términos generales, el desarrollo desigual influye en las preferencias electorales. Los estados más pobres, que son los del sur, votan por Morena. Mientras tanto, en la última elección intermedia, sólo la mitad de los seis estados de la frontera con Estados Unidos votaron por gobernadores de Morena.
La comparecencia mañanera
En diciembre de 2018, al asumir la presidencia, López Obrador retomó una práctica que había inaugurado como jefe de Gobierno capitalino: sostener, de lunes a viernes, una comparecencia matutina ante los medios que en promedio dura dos horas. Este ejercicio mañanero es fundamental para la estrategia política y de comunicación del presidente. Su gestión —y ahora, también, la política nacional— no se entiende sin él. Los medios públicos y privados dan una gran cobertura a lo dicho por el presidente.
La forma de comunicar del presidente, que se hace presente en “la mañanera”, es semejante a aquellas de otros gobernantes populistas del mundo. Algunas características claves son:
- Concibe el ejercicio de gobernar como un espectáculo mediático. Actúa como estrella de la farándula.
- Se vale de una retórica emocional para motivar y controlar a su base social.
- Adopta un tono estridente y escandaloso para llamar la atención de las audiencias y los medios.
- Usa frases y consignas fáciles de entender que se parecen a aquellas de la publicidad y la mercadotecnia.
- Hace referencia constante a una distinción maniquea entre buenos y malos.
- Cae en agresiones y descalificaciones sistemáticas contra sus “enemigos”, un grupo que construye según la ocasión.
El contenido de su discurso, también semejante al de otros populistas tanto de derecha como de izquierda, se articula a partir de temas tales como:
- El nacionalismo y la soberanía nacional.
- La historia patria de los libros de texto escolar, en particular aquella de los héroes con los que se identifica.
- El concepto de “pueblo”, entendido como quienes están con él y acatan lo que les dice.
- La noción de que sólo los más pobres (el “pueblo”) entienden su proyecto.
- La importancia de restaurar valores tradicionales que se han perdido.
- Las referencias a Dios y la Biblia como el sustento de su política.
- La importancia de restaurar la grandeza nacional que se ha perdido.
- La urgencia de poner fin a la corrupción.
- La toma de posiciones conservadoras en torno a temas como la moral sexual y el consumo de drogas.
La comparecencia diaria de López Obrdor, con esta forma y estos contenidos, tiene un triple propósito: marcar la agenda mediática de todos los días, comunicarse con su base social y atacar a todos los que lo critican. A lo largo de los cinco años de su gobierno, la mañanera ha resultado un instrumento político-comunicacional de gran rentabilidad para sus propósitos.
La política
El gobierno de López Obrador, por su discurso y acciones, recuerda al estilo de los gobernantes autoritarios del viejo PRI, y en particular al presidente Luis Echeverría. Muchas de sus propuestas y decisiones buscan la restauración del presidencialismo del pasado que ya había sido superado. La manera de hacer política de López Obrador, si bien no del todo ajena a aquella de otros populistas, se caracteriza por una serie de elementos propios:
- Presentarse como antisistema pese a que siempre ha sido parte del sistema político.
- Culpar al pasado de todos los males para no hacerse responsable de las consecuencias de sus actos.
- Capitalizar el enojo ciudadano frente a la corrupción de gobiernos anteriores.
- Proponerse como la única solución a los problemas del país.
- Asumirse como el único y verdadero representante del pueblo.
- Polarizar a la sociedad con un discurso maniqueo que promueve la confrontación entre los de “arriba” y los de “abajo”.
- Crear enemigos a quienes acusa de atentar contra su persona o proyecto.
- Valerse de la mentira o verdades a medias.
- Descalificar, minimizar y tratar de controlar a los otros poderes del Estado.
- Tratar de desaparecer a los órganos autónomos del Estado.
- Utilizar las instituciones del Estado para investigar y golpear a sus adversarios.
- Agredir de manera sistemática a los medios y periodistas que no piensan como él.
- Promover el culto a su personalidad.
- Asumirse como moralmente superior a los que considera sus enemigos.
- Relativizar la ley y ponerse por encima de la Constitución.
Esta forma de comunicarse y de hacer política obtiene valoraciones positivas para el presidente, quien a cinco años de gobierno goza de una popularidad relativamente alta, según todas las encuestas. Como ha sido el caso con presidentes anteriores, entre el 58% y el 60% de la población lo ve de forma positiva. Los atributos que más se le atribuyen a López Obrador son los de sencillo, cercano y preocupado por la gente.
Los resultados de su gobierno, por el contrario, salen peor parados. Una encuesta realizada por el diario El Economista a principios de este año encontró que el 62% de los mexicanos percibe que la situación de seguridad pública es mala, contra el 25% que la ve bien. El 49% tiene una evaluación desfavorable del manejo de la economía, contra el 37% que lo ve bien. El 47% ve mal el manejo de la corrupción, contra el 32% que considera que va bien.
La violencia
Hoy México se enfrenta a los niveles de violencia más altos de su historia reciente. La seguridad es la mayor preocupación de la sociedad mexicana, según revelan muchos estudios de opinión. Entre diciembre de 2018 y febrero de 2024 ocurrieron al menos 180 000 asesinatos, un promedio de entre 2500 y 3000 por mes y de 93 al día, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Es muy posible que, al cierre del actual gobierno, el número de homicidios llegue a los 200 000. En el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) fueron 120 500; en el de Enrique Peña Nieto (20012-2018), 156 000.
Los homicidios anuales durante el actual gobierno rondan alrededor de 36 000, lo que resulta en una tasa de 28 asesinatos por 100 000 habitantes. La tasa de toda América es de 17.2 homicidios por 100 000 habitantes; la del mundo, 6.1 homicidios por 100 000 habitantes. Los especialistas atribuyen estos números al fracaso de la estrategia del presidente, que se expresa en dos de sus frases: “abrazos y no balazos” y “no conviene usar la fuerza pública, porque hacerlo genera más violencia”. Ante el evidente fracaso de la estrategia de seguridad pública, a cargo del Ejército y la Guardia Nacional (GN), una nueva estructura militar creada en esta administración, el presidente y su gobierno optan por minimizar el problema y sacarlo de su agenda mediática.
Al tema de los asesinatos hay que añadir el de los feminicidios, cuyo promedio diario en este sexenio ha sido de entre 10 y 11. También está el tema de los desaparecidos, que hasta agosto de 2023 sumaban al menos 111 000 casos, de los cuales poco menos de la mitad habrían ocurrido en este sexenio. En una de sus comparecencias mañaneras, López Obrador afirmó, sin ningún elemento técnico, que ese dato estaba mal y que mandaría levantar un nuevo censo de desaparecidos. El gobierno ahora sostiene que son 92 332, pues 16 681 personas ya han sido localizadas. Los especialistas y los colectivos de búsqueda dudan de la metodología de este censo. Toman como referencia el número de desaparecidos anterior al ajuste que ha hecho el gobierno para sostener que, en estos cinco años, han desaparecido en promedio veintiocho personas al día.
Un tema asociado a los anteriores es el de las fosas clandestinas. Se han registrado 5291, de acuerdo al Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados (RNFCCE). En ellas se han recuperado 9425 cuerpos, de los cuales sólo 3066 han sido identificados y sólo 1548 han sido entregados a sus familias, según información de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
El crimen organizado
A lo largo de los últimos cinco años, se radicalizó el proceso de expansión y control territorial del crimen organizado, que ya venía avanzando desde hace décadas, y que se disparó a partir de la declaratoria de guerra contra el crimen organizado del presidente Caldeón en 2006. La Secretaría de la Defensa (Sedena), reconoce la existencia 82 grupos dedicados al crimen organizado; de ellos, veinte pueden ser calificados como cárteles y otros sesenta como bandas delincuenciales. Para la empresa AC Consultores, especializada en el tema, el total de las organizaciones del crimen organizado en México es de 175; de estas 39 actúan en dos o más estados y 136 sólo en uno. De los 2466 municipios del país, 1058 padecen la presencia de uno o más grupos del crimen organizado. Estos municipios ocupan el 82% del territorio nacional.
Tanto la Sedena como la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) los dos cárteles más grandes del país son el Cártel del Sinaloa (CS), que opera en veinticuatro estados y está presente en 233 municipios que en conjunto abarcan un territorio de 681 689 kilómetros cuadrados, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que está presente en veintiocho estados y 457 municipios que abarcan 447 000 kilómetros cuadrados. Es decir: los dos cárteles más importantes están presentes en 70% del territorio nacional.
De acuerdo con la DEA, el CS tiene 26 000 miembros en México y alrededor del mundo; el CJNG tiene 18 800. Juntos suman 44 800 miembros y tienen presencia en cien países. En el territorio donde está presente el CJNG viven 55 millones de personas; donde se ubica el CS son 36 millones. En conjunto, los sitios donde operan La Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac tienen una población de 47 millones. En 343 de los 1058 municipios en los que opera el crimen organizado hay presencia de dos o más grupos, ya sean aliados o enemigos que se disputan el territorio.
Hace quince años se estimaba que medio millón de personas formaban parte del crímen organizado en el país; ahora se piensa que son 1.5 millones. Estos números incluyen a colaboradores directos tanto como a la base de apoyo social de los cárteles en las comunidades. Este panorama se debe en parte a la guerra entre el CJNG y el CS. Estos grupos se disputan territorios, rutas de trasiego y mercados. Buena parte de la violencia y las muertes se explican por este enfrentamiento.
La militarización
El último presidente militar en México fue Manuel Ávila Camacho, quien gobernó de 1940 a 1946. A partir de ese momento empezó la desmilitarización del aparato público. Pero un aspecto particular del sexenio de López Obrador ha sido una creciente militarización del Estado civil. Áreas del gobierno que antes estaban en manos de los civiles han pasado al Ejército y la Armada, lo mismo que nuevos bienes y propiedades. Entre su creciente lista de atribuciones, el Ejército se ha convertido en una de las grandes constructoras del país. Es ahora contratista, inversionista y dueño de aeropuertos, vías férreas, trenes y hasta una línea aérea. Esto ha provocado contradicciones al interior de estas instituciones y en la sociedad en general.
El candidato López Obrador, a lo largo de sus dieciocho años de campaña, fue crítico de las Fuerzas Armadas. Atacó a gobiernos anteriores por sacar al Ejército a las calles para combatir al crimen organizado. Pero como presidente y comandante en jefe, sufrió un proceso de conversión. Se convenció de que las Fuerzas Armadas, y en particular el Ejército, le iban a ser absolutamente fieles e incluso sumisas. Así ha sido.
La militarización que impulsa el presidente tiene dos posibles explicaciones. Una es que se trata de una decisión pragmática, sin medir las consecuencias futuras, para manejar a su antojo una institución que opera con gran eficacia. La otra es que el presidente quiere tener a los militares y a los marinos de su lado, para garantizar su lealtad en los proyectos futuros de su partido.
El secretario de la Defensa, general Cresencio Sandoval, ha redefinido la misión del Ejército, que ahora se desdobla en cinco puntos: 1) Defender la integridad, independencia y soberanía nacional; 2) Garantizar la seguridad interior; 3) Auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas; 4) Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, y 5) Auxiliar a la población en casos de desastre. Un estudio de opinión del Instituto de Artes y Oficios en Comunicación Estratégica da cuenta de que el 91% de los entrevistados está de acuerdo con la misión uno; el 90 % con la misión dos y el 93 % con la misión cinco. Con todo, existen diferencias de opinión que se originan en las ideologías políticas de los encuestados: La misión cuatro, que implica que el Ejército administre empresas del gobierno, tiene el apoyo del 92.4 % de los afines a la 4T y el rechazo del 95.9 % de los opositores.
Al interior del Ejército hay un sector de generales, algunos en activo y muchos retirados, que no están de acuerdo con la militarización ni con el papel que desempeña el secretario de la Defensa. A lo largo de conversaciones con algunos ellos durante los últimos cinco años, he identificado siete temas que molestan a estos líderes del Ejército:
1. La fidelidad al comandante en jefe y no a la Constitución. Consideran que el general secretario subraya la lealtad al presidente sobre aquella a la ley.
2. La nueva estructura del Ejército, donde la Guardia Nacional pasa a ser un cuerpo militar junto con la Fuerza Aérea y el Ejército como tal.
3. El Ejército como empresario y propietario. Saben que en los países de América Latina donde los gobiernos han entregado al Ejército negocios y tramos de la administración civil, los militares de alto rango siempre se han corrompido.
4. El Ejército multiusos. Los militares fueron formados para desarrollar tareas y responsabilidades específicas, no para hacer de todo. Ahora el Ejército se desgasta en actividades que no le corresponden y deja de lado las que sí.
5. Las manos amarradas. No están de acuerdo con la estrategia de seguridad del presidente. Les molesta no poder actuar mientras ven el avance del crimen organizado, al que el presidente hace concesiones en aras de supuestamente alcanzar la paz.
6. Declaraciones del general secretario. Lo ubican excesivamente cercano y consecuente con el presidente. Piensan que tomó partido por un proyecto político, cuando el Ejército, como institución del Estado, debería ser neutral.
7. La militarización de la administración pública. Dicen que en el Colegio Militar y la Escuela Superior de Guerra aprendieron sobre la división de las responsabilidades entre militares y civiles que ahora ha sido difuminada.
La migración
México comparte con Estados Unidos 3200 kilómetros de frontera. Desde hace décadas hay un muro de 1200 kilómetros, que atraviesa ciudades. Las partes de la frontera que no tienen muros son zonas de ríos y montañas, muy alejadas de las poblaciones.
Desde la Revolución Mexicana hasta antes de los conflictos centroamericanos de los años ochenta, la mayoría de los migrantes que llegaban a Estados Unidos eran mexicanos. Hoy en ese país viven cerca de 40 millones de habitantes de origen mexicano. De estos, 11.7 millones nacieron en México; 13.5 millones son estadunidenses de primera generación; 12 millones llevan más de dos generaciones en Estados Unidos.
A lo largo de las décadas, la política migratoria de México fue dejar pasar a los migrantes de otros países —principalmente de Centro América pero cada vez más de Venezuela y Haití— a través del territorio nacional camino a la frontera norte. Muchos de estos migrantes no-mexicanos lograban ingresar a Estados Unidos. Las cosas cambiaron con la llegada de Donald Trump a la presidencia. En mayo de 2019, Trump amenazó al gobierno de López Obrador con imponer aranceles a los productos mexicanos si México no detenía el flujo migratorio. El gobierno mexicano, sin pedir nada a cambio, decidió sujetarse a la política migratoria que le marcó su vecino del norte. La administración de López Obrador destacó a 26 000 elementos de la Guardia Nacional en las fronteras sur y norte con la instrucción de detener y deportar a todos los migrantes posibles. En 2020, México detuvo y deportó a 280 000 migrantes; en 2021, a 310 000; en 2022, a 444 000.
En el mismo año de 2019, la administración Trump crea el programa “Remain in México” (Quédate en México), que obligaba al gobierno mexicano alojar a los migrantes procedentes de otros países para que estos hicieran su solicitud de ingreso a Estados Unidos desde territorio mexicano. De pronto decenas de miles se hacinaban en los albergues fronterizos.
Tras la victoria electoral de Joe Biden, este mecanismo entró en receso; pero ahora que los flujos migratorios son tres veces mayores que en 2019 el gobierno de Estados Unidos busca restablecerlo. Existen negociaciones entre López Obrador y Biden, pero no se conoce a qué acuerdos han llegado. Lo que sí es público es la solicitud de Biden de que el Congreso de su país le permita cerrar la frontera si durante una semana el promedio diario de detenciones de migrantes supera las 5000.
El problema migratorio, tan complejo, no ha sido resuelto. Hoy es el tema central en la relación entre México y Estados Unidos. Desde que el tema se agravó y convirtió en prioritario, ninguno de los dos países ha podido darle solución. En junio cambia el gobierno en México y en noviembre en Estados Unidos. Habrá que ver lo que harán.
La elección de 2024
En las elecciones a celebrarse en México el 2 de junio estarán en juego la presidencia de la República y la integración de las Cámaras de Diputados y Senadores. Es la elección más grande en la historia de México: 280 000 candidatos se disputarán 20 260 cargos a nivel federal, estatal y municipal. Por la presidencia de la República participan la candidata Claudia Sheinbaum, de la alianza Morena-PT-PVEM, que fue jefa de gobierno de la Ciudad de México; la senadora Xóchitl Gälvez, de la alianza PAN-PRI-PRD, y el diputado Jorge Álvarez Máynez, del MC.
La elección se ha planteado como la disputa entre dos proyectos: el que enarbola Sheinbaum, que es continuar con la Cuarta Transformación (4T), y el que representa Gálvez, que es la consolidación del proyecto democrático que inicia cuando Ernesto Zedillo reconoce la derrota del PRI a manos de Vicente Fox del PAN en las elecciones del año 2000.
El proyecto de Sheinbaum implica, para un sector de la población y muchos analistas políticos, continuar la restauración del viejo PRI. El proyecto, inspirado en el nacionalismo revolucionario de tiempos de Echeverría, plantea el regreso del presidencialismo y el sometimiento del Poder Judicial y el Poder Legislativo al Ejecutivo, así como que la república federal vuelva a ser centralista en los hechos.
La propuesta de Gálvez es continuar con el fortalecimiento de la democracia que se instaura en 2000: la que reconoce sus problemas, deficiencias y claudicaciones; sostiene la necesidad de la vigencia plena del Estado de derecho y el respeto irrestricto a la Constitución; y busca avanzar en la división de los poderes del Estado, garantizar la autonomía de los órganos autónomos del Estado y hacer realidad la República Federal.
El proceso electoral de 2024 arrancó el 1 de marzo y concluirá el 2 de junio. Todas las encuestas que se dieron a conocer a principios del mes de febrero otorgan a Sheinbaum cerca de veinte puntos de ventaja sobre Gálvez. Para esta última será difícil remontar esta desventaja, pero no es imposible. Faltan los tres meses de la campaña.
Esas mismas encuestas señalan que hay una competencia real entre las dos alianzas, Morena-PT-PVEM y PAN-PRI-PRD, por la integración de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ninguna de las dos alcanza la mayoría calificada que se requiere para cambiar la Constitución. Así, modificarla requerirá de una negociación entre estas formaciones políticas.
Conclusión
La realidad de la vecindad con Estados Unidos es un elemento central en todas las dimensiones de la vida de México. El reto es el de siempre: entender cómo sacar el mejor provecho de esta condición sin perder soberanía. La integración tanto económica como de otros tipos va a continuar.
Los mexicanos seguirán migrando hacia Estados Unidos por razones familiares y en busca de mejores condiciones de vida. La influencia de México en Estados Unidos, sobre todo en los estados fronterizos, es una realidad que se expresa en la cocina y la música, entre otras formas. La ciudad de Tijuana, donde suceden 350 millones de cruces fronterizos legales al año, es el punto de cruce mayor del mundo. Esta dinámica va a volverse aún más intensa.
En la elección de 2024 están en juego dos visiones de país: la del viejo nacionalismo revolucionario de una corriente del PRI que abandonó ese partido en 1987. En 2011, ese grupo de priistas, liderado por López Obrador, funda Morena, que obtiene su registro en 2014 y en 2018 gana la presidencia.
La otra visión es la que inicia en 1977 con un lento proceso de apertura política que tiene uno de sus momentos estelares en la alternancia política de 2000. A partir de entonces, con muchas dificultades, incoherencias y limitaciones, se acelera el proceso de democratización, que implica, entre otras cosas, establecer un verdadero federalismo, acotar el poder presidencial, fortalecer los órganos autónomos del Estado, enfatizar el respeto a la libertad de expresión y de prensa, reconocer el papel de la sociedad civil organizada y asegurar que el gobierno no se mete en los procesos electorales. Tras la llegada de Morena al poder en 2018, el PRI, el PAN y el PRD —este último surgido de la suma de las expresiones de la izquierda— hacen alianza para enfrentar la regresión y la ruptura del proceso de democratización.
En el México de hoy llama la atención que, durante un gobierno que no ha dado buenos resultados, el presidente López Obrador tenga una valoración positiva relativamente alta. Hay dos explicaciones que no son exclusivas al caso de México, pues también cuenta del éxito de otros gobernantes populistas. La primera es que las persona que votan a este tipo de personajes no esperan buenos resultados, pues lo más importante para ellos es el discurso ideológico que los reivindica. En ese sentido, López Obrador ha construido un discurso eficaz, basado en la polarización y el maniqueísmo. Hoy día las encuestas dicen que hay un 60% que se alimenta de este discurso y un 40% que lo rechaza. Esto puede todavía cambiar.
La otra explicación es la entrega directa de recursos a la población a través de programas clientelares manejados desde Palacio Nacional. Según las estadísticas oficiales, 30 de los 35 millones de familias del país reciben recursos de estos programas. Hay investigadores que sostienen que los recursos llegan a un menor número de familias, pero es un hecho que hay decenas de millones de personas que reciben dinero que piensan viene del presidente. Las investigaciones de campo muestran que parte importante de la población piensa que, si no vota por Morena, perderá estos recursos.
En el actual gobierno las políticas públicas en materia de salud, educación, cultura, seguridad, entre otras, han resultado un fracaso, como lo demuestran los datos duros. Al mismo tiempo, sin embargo, es innegable que el discurso del presidente ha sido exitoso. Tendremos que ver cuál de estas dos fuerzas, la de la realidad y la de las palabras, termina por imponerse.
Rubén Aguilar Valenzuela