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La justicia sin fuerza es contradicha, porque siempre hay malvados.
La fuerza sin la justicia es sospechosa.
Hay que ensamblar a la justicia y a la fuerza,
y para eso que lo que es justo sea fuerte o lo que es fuerte sea justo.
—Blaise Pascal

Vivimos tiempos maquiavélicos. Tiempos de inseguridad, de extrema incertidumbre, momentos en los que se desploman los referentes de la política tradicional. Política sin piso. No hay necesidad más apremiante que la de asfaltar un suelo para la política mexicana. El problema no es tanto el tamaño del Estado como el piso del Estado. Por ello ha brincado en nuestros días el problema clásico de la moral y la política que bien se ha ventilado en estas páginas. Ante el despeñadero, ha habido una interesante revaloración del realismo político en su mezcla de prudencia y audacia, fortuna y necesidad. La política desde el mirador de la circunstancia. Más que la búsqueda de reglas firmes para el poder, consejos para sacar jugo de lo imprevisible. La política es el territorio de lo excepcional, se dice. Una nueva búsqueda de la razón de Estado, esa “máxima del obrar político” que, según Meinecke, “dice al político lo que tiene que hacer, a fin de mantener al Estado sano y robusto”.1

Pero frente a esa razón de Estado se levanta la otra razón de Estado: la razón del derecho. Unos días antes de que fuera asesinado en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid, por un terrorista de ETA, el jurista y expresidente del Tribunal Constitucional Español, Francisco Tomás y Valiente, defendía al Estado a través de lo que llamó “buena razón de Estado”, esa que constituye la vértebra del Estado moderno. Escribía Tomás y Valiente: “La razón de Estado del Estado de Derecho es el derecho, o mejor todavía, los derechos, sobre todo los fundamentales de los ciudadanos”.

No es extraño que en nuestro zarandeado fin de época la ley se coloque en el centro. Luego de la impaciencia modernizadora se impone un ánimo de serenidad, un reclamo de legalidad. Disipadas las ilusiones del primermundismo-en-un-solo-sexenio, y sin retorno posible al autoritarismo consensual, la ley se convierte en el centro de gravedad de la política. El fenómeno representa, en buena medida, la cuarteadura del molde autoritario, el hecho de que la aspiración democrática empieza a clarear.

Encuentro tres espacios fundamentales en este proyecto de legalidad: la reafirmación del Estado, la construcción del régimen democrático y la vertebración del ciudadano.

Empiezo por el Estado. Estos son malos tiempos para el Estado. Hay muchos que insisten en denunciarlo como el origen de todos los males. Frente a la limpieza de la sociedad civil, la suciedad del poder estatal. En su origen, el Estado supone la racionalización y legitimación del poder. La soberanía estatal no es, como apunta Blandine Kriegel, un poder despótico. Todo lo contrario, se trata de un poder atado al derecho, “Un gobierno no estabilizado por límites es volátil; el dominio no circunscrito por leyes es evanescente”.2 El feudalismo o el caciquismo, dos formas de despotismo local, son la antítesis del Estado soberano.

La ley es un elemento constitutivo de ese proyecto civilizatorio que sigue siendo el Estado. El politólogo argentino Guillermo O’Donnel hablaba en ese sentido de la crisis del Estado como la reaparición de circuitos de poder local que han reprivatizado el poder, cortando el cordón de la legalidad. Neofeudalismo, lo llama. La “evaporación” del Estado no es la aparición de la democracia regional. Todo lo contrario, significa una grave reversión política.3

La construcción de la democracia exige una política de legalidad que sea una política en la legalidad y para la legalidad. Se ha dicho muchas veces que el gobierno democrático es un gobierno de leyes. Un régimen que logra levantar una alambrada jurídica al Poder. El estado de derecho, en efecto, no cae de los árboles. No es un equilibrio natural. Es una construcción histórica que requiere una política que permita su realización. Una estrategia que ha de seguir los canales de la norma. Para la construcción del estado de derecho no valen los atajos de la ilegalidad, es necesaria una política en la legalidad. Los brincos no aceleran, desvían. Por ello tiene mucha razón el Presidente cuando cuestiona a quienes reclaman la imposición de la democracia por la vía de la ilegalidad. Pero tiene menos razón cuando piensa que basta con dejar hacer y dejar pasar para que prenda el estado de derecho. Para conformar el régimen de la legalidad es necesaria una política para la legalidad. Una determinación eficaz. Una compleja operación entre la ingeniería jurídica y la maniobra política.

La democracia liberal hace una trenza con el derecho. Si inicialmente la democracia era vista como el reino desbordado del pueblo, después se convirtió, como quería Benjamin Constant, en la legalidad impuesta al poder. El proyecto democrático en México se impone como la exigencia de tomar la ley en serio, de terminar el simulacro de legalidad que ha caracterizado al autoritarismo mexicano. Y aquí la Constitución ocupa un lugar fundamental. En la idea de la Constitución está, más que la norma suprema, la suprema confusión. El constitucionalismo mexicano vive bajo la sombra de un constitucionalismo oficial, la cosmovisión autoritaria aposentada en el estudio de la Constitución.

El constitucionalismo oficial significa, antes que nada, la sobrepolitización de la Constitución. La constitución como síntesis de las grandes gestas históricas, el agregado de conquistas sociales, suma de los factores reales de poder, el resumen de nuestro Proyecto Nacional. La Constitución, se dice y se repite, es algo más que pura norma. Así, la Constitución no se lee como norma sino como el catálogo de los deseos que inspiran pero no obligan. Constitución social, constitución como forma de vida, constitución como aspiración, constitución como síntesis de la historia, constitución como proyecto de nación, constitución como representación de futuro… La fraseología constitucional es infinita. Aquí, parafraseando a Krauze, podríamos decir que necesitamos una constitución sin adjetivos. Una estructura normativa que funde y limite el poder. Dejar de ver la constitución como un catálogo de deseos y empezar a verla como una ley. La sobrepolitización de la Constitución equivale a una lobotomía del estado de derecho.

La adopción de la teoría constitucional de Carl Schmitt no es inocua. En efecto, las ideas del jurista del Reich han sido, durante décadas, hegemónicas en el estudio constitucional. Al concebir la Constitución como un agregado de decisiones políticas fundamentales, los constitucionalistas mexicanos se han tragado la píldora del antiliberalismo schmittiano. Entendida como decisión, la Constitución mexicana es analizada como un acto de voluntad del soberano, como una determinación política, no como el principio normativo que deslinda con claridad lo políticamente posible de lo jurídicamente lícito. Así, la Constitución sobrepolitizada se convierte en Constitución desarmada. Si la Constitución no es vista como norma jurídica, es decir como regla que obliga a los poderes y que define como antijurídica su infracción, entonces se convierte en banalidad literaria. La fuerza política de la Constitución reside en su carácter normativo.

La sobrepolitización constitucional coincide en México con el sentimentalismo constitucional. La propensión a leer la Constitución a través de los afectos y los impulsos. Emilio Rabasa denunciaba este sentimentalismo constitucional en las postrimerías del régimen porfiriano. “La época del sentimentalismo ha pasado ya para la constitución”, escribía en su obra clásica. Hoy es necesario retomar ese llamado para tomar en serio la Constitución y reinterpretarlo democráticamente. En este terreno tenemos mucho que aprender de la transición española. Las coordenadas constitucionales de la democratización española no son nada despreciables. En efecto, durante los años de la transición se produce una interesante reflexión sobre el carácter de la norma constitucional que acentúa su naturaleza estrictamente jurídica.4

La ley es por otro lado un engranaje fundamental en el procesamiento de la incertidumbre democrática. Claude Lefort entiende que la democracia se instituye por la “disolución de los referentes de certidumbre”.5 El poder no encarna en personaje alguno. Quienes ejercen el poder no son sus dueños. La democracia desencadena un proceso de perpetuo cuestionamiento, una sucesión interminable de preguntas. En un régimen democrático el conflicto se institucionaliza de tal manera que el ejercicio del poder está sometido a constantes redistribuciones. Adam Przeworski afirma en ese mismo tenor que en democracia el poder está repartido de tal manera que “los procesos políticos están hasta cierto punto indeterminados con respecto a las posiciones que ocupan los participantes en todas las relaciones sociales, incluyendo las relaciones de producción y las instituciones políticas”.6 La idea de la incertidumbre democrática no puede terminar en la incertidumbre electoral. Incertidumbre parlamentaria, incertidumbre al interior de los partidos, incertidumbre en la formulación y ejecución de las políticas públicas, incertidumbre en relación a las reacciones de la opinión pública. Incertidumbre también alrededor del significado de la ley. Siendo norma, la ley es un texto que requiere intérpretes. El reino del derecho es un espacio de acotada incertidumbre. Como advierte Kelsen en su Teoría pura del derecho, todo sistema de normas deja abiertas varias posibilidades de interpretación. Cualquier norma, empezando por las constitucionales, tiene una pluralidad de sentidos que corresponden con la multiplicidad de visiones del mundo que se expresan en un régimen de democracia pluralista. Una sociedad democrática, apunta el seguidor de Karl Popper y constitucionalista, Peter Häberle, es una sociedad abierta para los intérpretes de la Constitución.7 Una sentencia del Tribunal Constitucional español expone con claridad esta necesidad de que la Constitución se abra a diversas configuraciones: “La Constitución es un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diverso signo. El valor de integración de la Constitución no consiste necesariamente en cerrar el paso a las opciones o variantes, imponiendo autoritariamente una de ellas”.8

El ascenso del pluralismo político y la aceptación de que la Constitución es, ante todo, norma, abre la Ley Suprema al debate de la interpretación.9 La lucha por el sentido de la Constitución. Dice el constitucionalista español Francisco Rubio Llorente que el principal problema de la Constitución es el de la interpretación constitucional. Añadiría que ello se convierte en uno de los problemas de la propia democracia contemporánea: la batalla por la lectura del código político. No puede negarse que la reconstrucción judicial de la Constitución ha de tener un impacto definitivo en el funcionamiento del régimen democrático. Así, el Poder Judicial se levanta como una pieza fundamental de la maquinaria democrática. En esa institución que para los federalistas norteamericanos constituía la menos peligrosa de las ramas del poder, está una pieza imprescindible en la balanza de la democracia. La vigencia de un régimen democrático, pues, no puede separarse de la praxis constitucional. Y ésta no puede evadir al Poder Judicial.

La ley también es armazón de la ciudadanía. El estado de derecho es el ámbito natural de la condición ciudadana. En ese sentido, más allá de la macropolítica de la Constitución, la ley se convierte en parte fundamental de la micropolítica democrática. La legalidad, ha dicho el ensayista italiano Paulo Flores D’Arcais, es “el poder de los sin poder”. Quien carece de dinero e influencia tiene en la ley un refugio frente a la discriminación y el abuso. Es por ello que, como afirma Cerroni, la dignidad del hombre moderno tiene una importante dimensión jurídica: “sin el sistema de los derechos y los deberes jurídicos (…) la dignidad moral de la persona aparece, si no vacía, sí frágil, aleatoria, insegura y, sobre todo, estrecha”.10

De esta forma, el proceso judicial es un espacio emblemático del método democrático. Ahí el individuo es capaz de poner en marcha la maquinaria del Estado. Cada ciudadano ha de tener, en ese ámbito, la misma estimación, cosa que representa un valor esencialmente democrático. El ciudadano es una partícula del interés general. A través del proceso judicial, la libertad ciudadana se transforma en poder. Si la democracia es el poder de cada ciudadano, no cabe duda que ése es un espacio crucial del régimen democrático. Por ello se ha dicho que la democracia puede medirse tanto por el acceso a la justicia como la disponibilidad del voto. Como afirma Paul W. Kahn, el voto da poder a una mayoría; el litigio de poder a cada ciudadano.11

La legalidad es la democracia puesta en marcha. Lejos de las utopías, expresa dos elementales exigencias: que el Estado deje de delinquir, que los individuos sean tratados como personas y no como cosas. Así, la legalidad muestra lo que Xavier Rubert de Ventós señalaba como la característica esencial del régimen democrático: “la ausencia de rasgos sublimes”.

 

Jesús Silva-Herzog Márquez
Ensayista. Acaba de publicar Esferas de la democracia.


1 Friedrich Meinecke, La idea de la razón de Estado en la Edad Moderna. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1983, p. 3. – IFE, 1996.

2 Blandine Kriegel, The State and the Rule of Law. Princeton University Press. 1995, p. 18.

3 Guillermo O’Donell, “The State, Democratization, and Some Conceptual Problems”, en William C. Smith, Carlos H. Acuña y Eduardo A. Gamarra, ed., Latin American Political Economy in the Age of Neoliberal Reform. New Brunswick, Transaction Publishers, North-South Center, 1994.

4 Véase, por ejemplo, Ignacio de Otto, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes. Ariel, Barcelona, 1991.

5 Claude Lefort, La invención democrática. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1990.

6 Adam Przeworski: “La democracia como resultado contingente de los conflictos”. Zona Abierta, Madrid, abril-septiembre, 1986.

7 Hans Peter Schneider, Democracia y Constitución. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, p. 61.

8 Citada por Ignacio de Otto, obra citada, p. 48.

9 Véase el ensayo de José Ramón Cossío y Luis Raigosa: “Régimen político e interpretación constitucional”, en Este país, marzo de 1996.

10 Umberto Cerroni, Reglas y valores en la democracia. Estado de derecho, Estado social, Estado de cultura. Alianza Editorial-Conaculta, México, 1991.

11 Paul W. Kahn: “Independence and Responsibility in the Judicial Role”, en Irwin de Stotsky, Transition to Democracy in Latin America. The Role of the Judiciary. Westview Press, Boulder, Colorado, 1993.