¿En qué consiste el problema actual, de la política? “En poder de procesar la heterogeneidad de intereses que se expresan en la lucha por el poder”. Aun la moral tiene que ver con ese juego de intereses.

Niklas Luhman termina el artículo que publicó nexos en su edición de marzo diciendo que hoy en día nadie que mantenga un punto de vista moral puede pretender que habla por toda la sociedad. Este es, sin duda, el punto de partida para cualquier reflexión sobre la moralidad de la política: las sociedades contemporáneas (por lo menos las occidentales) son heterogéneas y esa heterogeneidad implica conjuntos valorativos diversos que han roto el monopolio ideológico, con sus contenidos morales, que en las sociedades tradicionales tenía la iglesia; de ahí que no se pueda hablar de una sola moral, universalmente válida, que rija el comportamiento de los seres humanos en términos de bueno‑malo. Si siempre ha sido conflictiva la relación entre política y moral, en el mundo contemporáneo, donde los conjuntos valorativos son diversos y muchas veces enfrentados, una valoración moral de la política se antoja imposible y no deja de tener un retintín demagógico, que en nada contribuye a la construcción de una ética democrática, esa sí necesaria para valorar a la política en sus propios términos.

El problema de la política de hoy radica precisamente en poder procesar la heterogeneidad de intereses que se expresan en la lucha por el poder. Una explicación histórica: el desarrollo de los intercambios impersonales que implica la generalización de las sociedades de mercado provocó una crisis en la organización de las sociedades y en sus formas de legitimación ideológica. El intercambio personalizado, propio de las sociedades que de manera esquemática podemos llamar tradicionales, implica la existencia no sólo de contactos de carácter personal sino una repetición en los intercambios que minimizan las ganancias del fraude y del oportunismo, a la vez que se sustenta en una idea ética, socialmente definida, de la justicia de las reglas establecidas y de los derechos de propiedad. Estos códigos de comportamiento consensuados, en los que, indudablemente, la reciprocidad jugaba un papel relevante, constituían formas de vida con una institucionalización que requería de pocas reglas formales para regular el intercambio y establecer controles. El consenso implicaba una percepción de la realidad compartida de manera prácticamente unánime por el colectivo social. Por el contrario, el proceso de intercambio en mercados impersonales, que comenzó a abrirse paso en el mundo a partir del siglo XVI, pero que no se generaliza realmente hasta bien entrado el siglo XIX, fomentó, en primer lugar, la aparición de percepciones distintas de la realidad, lo que provocó el surgimiento de ideologías diferentes y competitivas. Douglass North, el historiador económico que recibió el Premio Nobel de Economía en 1993, describe el origen de este cambio en las formas de organización social de la siguiente manera:

Aquellas experiencias que los trabajadores tenían en común fueron progresivamente separándose de las relaciones personales que habían producido un conjunto común de valores. Los contratos formales tuvieron que reemplazar a los acuerdos informales; la estructura consiguiente de la organización de los mercados impersonales fomentaba las mismas características de conducta planteadas en el dilema hobbesiano. Es decir, se desarrolló un conjunto formal de reglas que limitaba el comportamiento en los intercambios de mercado, pero que también creaba las condiciones por las que aparecían grandes incentivos al incumplimiento de dichas reglas. Aquellos que veían limitado su comportamiento por la ideología consensuada de los intercambios personalizados, pronto se dieron cuenta de que estaban siendo explotados, de que se estaban aprovechando de ellos, en estas nuevas condiciones en las que era muy rentable el comportamiento maximizador de las partes contractuales. La competencia en los mercados impersonales introdujo en el intercambio una relación básicamente antagonista. El conflicto omnipresente sobre los términos del intercambio reemplazó a aquellos factores tradicionales como las relaciones entre individuos de igual status, la honestidad y la integridad.

La extensión de los mercados complejos trajo un cambio mayor, sin precedentes, en las formas de organización social y, por lo mismo, en las fuentes del conflicto político. Las consecuencias de la especialización ocupacional y la división del trabajo fueron la ruptura de la comunicación y los lazos personales que habían constituido el tejido social de la ideología consensuada de las sociedades tradicionales, lo que produjo la aparición de ideologías diferentes, construidas sobre las nuevas y rivales percepciones de la realidad que surgieron de estas circunstancias sociales caracterizadas por la especialización ocupacional. Por supuesto, cada conjunto ideológico contiene un marco valorativo que constituye una visión moral diferenciada: lo que es bueno para los trabajadores —la igualdad, la distribución equitativa de bienes, etcétera— no lo es para los empresarios, quienes, por el contrario, defenderán la libertad de empresa y los derechos de propiedad bien definidos, por ponerlo en términos absolutamente tópicos.

El problema central de la política radica en que el control del poder tiene consecuencias distributivas. El poder se busca para sacar ventajas de él; para ponerlo de nuevo en términos de North, el poder político le puede poner limitaciones al intercambio y esas limitaciones constituyen ventajas comparativas para aquel que las obtiene. Las instituciones ni necesaria ni frecuentemente son diseñadas para ser socialmente eficientes (en lo que a la distribución de la riqueza se refiere); al contrario, por lo general —al menos las reglas formales— son creadas para servir a los intereses de aquellos con el poder de negociación suficiente para desarrollar nuevas reglas. La idea de la política como vehículo para alcanzar el bien común de la fantasía tomista no sirve hoy en día más que para las campañas de la democracia cristiana y sus epígonos. La lucha política es una lucha de intereses donde lo que es bueno para unos es malo para otros. De lo que se trata es de procesar ese conflicto sin violencia.

Sin embargo, los políticos suelen recurrir a las justificaciones morales, pues para poder dominar sin recurrir a los instrumentos físicos de coerción requieren de la aceptación social de su poder, lo que en términos de Beetham querría decir que el poder es legítimo en la medida en que sus reglas sean justificables en términos de creencias compartidas por el dominador y los subordinados; sin un marco de creencias, las reglas de las cuales el poderoso deriva su poder no pueden ser justificadas a los ojos del subordinado, el poderoso no contaría con la autoridad moral para ejercer su poder, independientemente de su validez legal, y sus requerimientos no podrían ser eficazmente obligados sin coerción. La legitimidad es una construcción social que justifica la obediencia del subordinado.

Pero en un mundo de intereses contrapuestos, ¿cuál puede ser el marco de creencias compartidas que justifiquen el ejercicio del poder? ¿Cómo se puede gobernar en nombre de toda la sociedad cuando ésta es tan diversa? La construcción de ese marco valorativo aceptable por una sociedad diversa, donde conviven concepciones morales diferenciadas, es precisamente el problema de la política de hoy. Por ello, los criterios de valoración de lo político tienen que ser políticos, como lo dice el propio Luhman, y no pueden ser de carácter moral.

Es ahí donde se abre paso una valoración de la política en función de criterios legal‑racionales. La construcción de un marco de reglas del juego en las que el Estado se convierta en un espacio de coaliciones y no en un actor con intereses propios que se autonomice. La política vigilada por los políticos, pero también por órganos sancionadores independientes que limiten la arbitrariedad del ejercicio del poder y por los ciudadanos, que con su voto califican también la acción de los políticos. La democracia contiene un marco ético que permite legitimar el ejercicio del poder sin recurrir a consideraciones morales: los códigos de valoración están contenidos en leyes escritas y son sancionados por un poder independiente; además, los ciudadanos pueden hacer valer sus propios códigos morales a la hora de juzgar en las elecciones una gestión. El momento del voto es un momento de valoración de carácter político, en el que influyen elementos morales, aunque menos de lo que muchas veces se podría pensar.

Si el poder no tuviera consecuencias distributivas, no haría falta ponerle reglas que lo limiten, pues se trataría de una cuestión de eficiencia y nadie se opondría a encontrar un arreglo que beneficiara a todos sin perjudicar a nadie. Pero precisamente porque no es así, porque lo que hay es un mundo de intereses en conflicto, de lo que se trata es de encontrar criterios políticos para fijar qué se vale y qué no. De ahí la superioridad de un marco de reglas del juego explícitas sancionadas exteriormente y del arbitraje social ejercido a través del voto. Los políticos se ven sometidos así a dos tipos de responsabilidades: por una parte, la responsabilidad jurídica de sus actos y por la otra la responsabilidad política, sancionada por los ciudadanos cuando con su voto evalúan su gestión.

Pero existen además los medios de comunicación de masas, tan proclives a la valoración moral, al grado que en Estados Unidos y Gran Bretaña acaban por meterse hasta en las alcobas de los políticos. La búsqueda constante de las flaquezas morales de los hombres y mujeres públicos, la más de las veces al servicio del escándalo, aun cuando en muchas ocasiones sirvan también para alertar frente a los abusos reales del poder, juega su papel a la hora de formar los juicios ciudadanos frente a las gestiones de los políticos. La supuesta valoración moral no es más que otro instrumento de la política. Desde los periódicos o desde la televisión se entra a la lucha política con supuestos argumentos morales, como lo demuestra la irrupción a la escena política italiana de Silvio Berlusconi, el magnate de la televisión chatarra. Pero tal vez hemos sobrevalorado su papel. A la hora de tomar sus decisiones, los ciudadanos evalúan mucho más que la imagen creada por los medios; evalúan su vida cotidiana y revisan su bolsillo y votan en consecuencia. Seguramente Pedro J. Ramírez, el inquisidor que dirige el periódico El Mundo de Madrid, amaneció el 4 de marzo con la tremenda resaca que le debe haber provocado el ver que su cruzada había fracasado: el corrupto González no sólo no se había hundido, sino que había aumentado en términos absolutos su votación. Porque a lo mejor la gente califica a los políticos en términos políticos y no como hermanitas de la caridad.

 

Jorge Javier Romero
Politólogo. Investigador de la UAM.