Luis Rubio. Economista. Director del CIDAC.

Nadie puede dudar que el país experimenta una revolución política. Las viejas estructuras del sistema se erosionan, la naturaleza del actuar presidencial cambia de raíz y los partidos, la prensa y la sociedad en general actúan, se manifiestan y se pronuncian con fuerza y con una determinación previamente desconocidas. Parte de esta revolución es resultado de acciones concretas por parte del gobierno y del presidente Zedillo, parte es consecuencia de lo que la sociedad percibe como vacío político por el cambio en la forma de actuar del Ejecutivo y pare es resultado de la cambiante realidad política nacional. Para bien o para mal, el país se está transformando en forma inexorable. Lo que no es obvio es que estos cambios necesariamente vayan a llevarnos a buen puerto.

El sistema político mexicano postrevolucionario, que ahora está feneciendo, fue resultado de una cuidadosa arquitectura. Desde la segunda asamblea constituyente hasta la conformación del partido gubernamental (desde Calles hasta Cárdenas), el sistema político fue una creación cuidadosamente articulada que buscaba responder a una compleja realidad nacional y a las peculiaridades de la idiosincrasia de la política y los políticos mexicanos. Dentro de esta arquitectura, dentro de este diseño a la medida, la presidencia se convirtió en la pieza fundamental de la estabilidad y el equilibrio político. Como demuestra Arnaldo Córdova en su más reciente libro, la presidencia se forjó como un mecanismo orientado a disciplinar y unificar a los líderes revolucionarios, a evitar los extremismos y a construir mecanismos institucionales para dirimir conflictos donde el factor medular del proceso era el propio presidente. Es decir, la presidencia se convirtió en el centro -con frecuencia hiperactivo- del sistema político, como medio para la institucionalización política.

Con el correr del tiempo, la sociedad creció y se desarrolló fuera de los marcos priístas. La pretensión de abarcar todo el espectro político dentro del Partido Nacional Revolucionario y, sobre todo, de su sucesor cardenista, el Partido de la Revolución Mexicana, fue perdiendo realidad y viabilidad en la medida en que el proyecto de estabilidad e institucionalización política fue teniendo éxito. Los mexicanos que crecieron al amparo de la estabilidad postcallista y cardenista lo hicieron, cada vez más, al margen del partido. Décadas después, el segmento de la sociedad que no estaba en el PRI o que no era susceptible de incorporación a las estructuras del PRI era, seguramente, mayor al que estaba ahí dentro. La política mexicana se fue partiendo en dos grandes secciones, cada una pretendiendo que la otra no existía: la política priísta y la política partidista o, quizá más propiamente, la política no-priísta.

Desde 1968 es cada vez más plausible el crecimiento de una sociedad civil participativa, activa y demandante. Los partidos de oposición lograron forjar una presencia y una representación cada vez más significativa en los más diversos rincones del país. Por veinticinco años, sin embargo, sucesivos gobiernos básicamente ignoraron esa realidad, concentrándose en la política priísta. Evidentemente respondían a los retos del momento -a veces con tino y visión, otras con rencor y autoritarismo-, pero nunca hubo el más mínimo intento de fusionar los dos mundos de la política o de legitimizar (a diferencia de legalizar) la política no priísta. El extremo de ese limitado esquema lo vivimos desde el último informe de gobierno de Miguel de la Madrid hasta el último de Salinas, donde era físicamente plausible -y risible- el absurdo de ignorar y negar la realidad de la existencia de mexicanos no priístas en el país y, específicamente, en la Cámara de Diputados.

Ernesto Zedillo llegó a la presidencia con un objetivo político transparente aun antes de asumirla: reconocer la nueva realidad política y construir los consensos que fuesen necesarios para garantizar la estabilidad. En impactante contraste con el último informe de su predecesor, leído tan sólo un mes antes en el mismo recinto, la diferencia era franca y notable. Zedillo había forjado al menos suficientes entendidos, particularmente con el PRD, sobre el futuro político, como para lograr una ceremonia inaugural impoluta y ejemplar. Los meses posteriores han evidenciado, en el ámbito político, un cambio drástico en la concepción de la función presidencial y de las facultades que ésta tiene. Ciñéndose a la letra de la ley, el presidente abandonó no sólo los instrumentos callistas de control político, sino también el activismo que por tradición había caracterizado a sus predecesores. Tanto el propósito como la naturaleza de la presidencia han experimentado una revolución.

Con trabajo y no pocas dificultades, el gobierno ha llevado al diálogo a los partidos de oposición y ha logrado consenso sobre una serie de principios fundamentales para la interacción pacífica entre las fuerzas políticas. En franco contraste con sus predecesores, no sólo ha reconocido la existencia de una sociedad fuera del PRI, sino que ha asumido una actitud de neutralidad respecto a los partidos políticos -y al PRI en particular. El paso de un esquema político en el que todo está dominado por el PRI a uno en el que el PRI es sólo un actor más -a pesar de su obvia relevancia en todos los niveles y estructuras, con o sin legitimidad- ha sido sumamente abrupto. De hecho, los procesos electorales a lo largo de 1995 evidenciaron fehacientemente el hecho de que el PRI no sólo existe, sino que constituye una fuerza política nacional inigualable al día de hoy, sobre todo porque a pesar de sus diversas derrotas, en el momento más crítico de la economía nacional, se mantuvo presente con gran fuerza en todo el país. La nueva política del gobierno ha dejado irresuelto el devenir y el actuar de un actor clave en la política nacional.

En el esquema gubernamental quedan por resolverse temas centrales para el desarrollo del país en todas sus facetas. Si bien los partidos, incluido el PRI, pueden llegar a acuerdos trascendentales sobre la interacción política en el congreso, en las urnas y en la prensa, las características intrínsecas del PRI no garantizan que esos acuerdos se puedan hacer cumplir. Si el mecanismo original de conciliación y disciplina de los partidos y los grupos priístas ha desaparecido, ¿cómo se va a someter a los priístas a las nuevas reglas? Si el sistema político se caracterizó por la ilegalidad y la corrupción como mecanismos legítimos de conciliación y pago de lealtades, ¿cómo se va a hacer valer la ley? ¿Cómo se va a convencer a una población escéptica por décadas de simulación, abuso y arbitrariedad de que, ahora sí, la ley va a ser cumplida por quienes tienen la obligación de hacerla cumplir? ¿Qué va a evitar que pasemos de un gran cacicazgo centralista a nivel nacional a 32 nuevos cacicazgos estatales, cada uno jalando para otro lado?

Los consensos entre los partidos son indispensables y deben ser bienvenidos por todos los mexicanos, porque sin ellos ni siquiera habría la oportunidad de discutir la posibilidad misma de la estabilidad futura y, por lo tanto, del crecimiento económico. Pero esos consensos sólo serán relevantes en la medida en que exista un nuevo diseño de sistema político que, como el callista hace siete décadas, responda a la realidad integral de su momento específico. Como entonces, un nuevo diseño político seguramente va a reclamar un gobierno sumamente activo y activista, así sea para reducir su propio poder. Como hemos visto en la economía, no es posible esperar que un cambio en las reglas del juego vaya a alterar, por sí mismo, toda la estructura de relaciones, incentivos, mañas y prácticas de antaño.

Los cambios y reformas emprendidos por el gobierno del presidente Zedillo en materia política son ciertamente valientes -y hasta temerarios-, pero sin proyecto. La decisión de reconocer la realidad política nacional, abandonando décadas de desgobierno y cerrazón, no sólo requirió sensatez y decisión, sino enorme valentía. De lograr el objetivo de estabilizar la política, hacer valer la ley y recuperar la economía, México sin duda va a ser un mucho mejor país, más democrático y más libre. Fervientemente deseo que se logre ese objetivo. Pero su éxito, por la ausencia de proyecto, dependerá más del azar y de la buena voluntad de los actores que de un proceso planeado, gradual e intencional -y relativamente controlado-, de transformación.