La ley a conveniencia

Después de revisar el comportamiento del presidente López Obrador frente a la ley, no puede sino concluirse que el Estado de derecho, que nunca ha sido nuestro fuerte, ha sufrido una erosión considerable. Por quinto año consecutivo se registra la determinación de violar de manera sistemática los ordenamientos jurídicos que se oponen a sus designios.

Un amplio conjunto de libros, artículos académicos, publicaciones en revistas especializadas y trabajos de evaluación dan cuenta de ello. Por sólo dar un ejemplo: en la última edición del Índice Global de Estado de Derecho, publicada por el World Justice Project, México está en la posición 115 de 140 países evaluados a nivel global y en el lugar 37 de 40 países latinoamericanos. Por debajo de Costa Rica, Panamá, Belice, Perú, Ecuador y Guatemala. Las tendencias más importantes destacan retrocesos en el sistema de justicia civil; el debilitamiento de la sociedad civil organizada y de la prensa como contrapesos al poder; una regresión en la lucha anticorrupción; la falta de un gobierno abierto; la violación de derechos fundamentales; la falta de orden y seguridad.

El Estado de derecho es un principio de gobernanza en el que todos los mexicanos, comenzando por las autoridades, se sujetan al cumplimiento de la ley. Es un principio rector de la convivencia porque las facultades y los límites de las autoridades están claramente establecidos y porque la ciudadanía tiene certeza de sus derechos y obligaciones. Un Estado de derecho cincelado en el orden jurídico, percibido como justo y de observancia generalizada, es el piso más sólido para edificar un buen gobierno y una buena sociedad.

El debilitamiento de este principio es el mejor caldo de cultivo para que surjan regímenes autoritarios que, a su vez, violentan aún más las fragilidades institucionales que permitieron su ascenso. En este círculo vicioso se carcome la esencia de un Estado de derecho porque ya no hay reglas o las hay pero se ignoran. Es a partir de ahí que la naturaleza arbitraria de quien gobierna puede violar los derechos humanos de la ciudadanía y las reglas para el ejercicio del poder.

Causa en Común y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han construido un registro de las ilegalidades cometidas por el gobierno federal desde su inicio, hace ya cinco años.

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