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Héctor Aguilar Camín. Escritor. Su último libro es El error de la luna (Alfaguara).

El 29 de septiembre dieron inicio en la Universidad de Harvard una serie de seminarios dedicados a las Sociedades en transición, bajo la coordinación de John Womack, Richard Freeman y Elaine Barnard. Fui invitado a hacer una exposición sobre México respondiendo a tres preguntas: 1. ¿Cuál fue el choque o la crisis inicial que desató las reformas (neoliberales) en México? 2. ¿Cual es la naturaleza de la actual crisis mexicana? 3. ¿Cuán crítica es la crisis mexicana? Traté de responder a esas preguntas con el texto que sigue.

1. EL CHOQUE

Creo que la crisis inicial que desató el cambio en México puede fecharse en la crisis mexicana de la deuda de 1981-82. La crisis de la deuda 1981-82 tuvo un efecto serio e irreversible sobre las finanzas públicas de una economía y un sistema político altamente controlados por el Estado. Hasta ese año, la economía y la política de México eran altamente subsidiadas y protegidas de la competencia. México tenía empresarios subsidiados y protegidos, trabajadores subsidiados y protegidos, campesinos subsidiados y protegidos, clases medias subsidiadas y protegidas -incluyendo en ellas a intelectuales, periodistas, artistas y universitarios.

Era un país también de votos subsidiados y protegidos, con una oposición política subsidiada y protegida y un hegemónico partido oficial subsidiado y protegido. Al final de la línea o en la cima de la pirámide, había una Presidencia fuerte, subsidiada y protegida. Todo o casi todo en México estaba subsidiado y protegido por el manto estatal y era, al final, en alguna medida, pagado por el tesoro público.

La quiebra de las finanzas del gobierno fue, por ello, no sólo la quiebra de una economía, sino el principio del fin de una política. Significó la crisis de un modelo de desarrollo económico -de fuerte participación estatal y cerrado a la competencia exterior-, pero también la crisis de un modelo de negociación y estabilidad política, fundado en un régimen presidencialista con un partido hegemónico.

1982 fue el momento del viraje, el momento en que la clase gobernante de México tuvo que plantearse lo que entonces llamaron el «cambio estructural», a cuya implantación hemos acudido durante los últimos doce años. El cambio estructural desafiaba la trama del establecimiento mexicano, porque en lo fundamental intentaba precisamente terminar con los subsidios y el proteccionismo, abrir la economía a la competencia internacional y desestatizarla, poner el país a la hora de las realidades del mundo en el que los nuevos milagros económicos, a diferencia de los de la postguerra en América Latina, eran los de países con economías competitivas, capaces de exportar y explotar sus ventajas comparativas en un mercado mundial determinado por la globalización y el rápido cambio tecnológico.

La reforma liberalizadora, orientada al mercado, que arrancó entonces, tuvo un ritmo gradual durante el gobierno de Miguel de la Madrid y un ritmo acelerado en el de Salinas de Gortari. Los cambios de los ochentas y los primeros noventas en México están ligados a los nombres de esos dos presidentes porque fueron cambios inducidos en lo fundamental por la iniciativa del gobierno. Ambos gobiernos hablaron sobre todo de cambios en la economía y fueron renuentes, en distinta medida, a desmontar el aparato político en que estaban parados.

Pero, por un lado, conforme la reforma económica avanzaba, la vieja estructura política recibía heridas de muerte y se desgarraba en su múltiple resistencia a las reformas propuestas. Por el otro, en medio de la crisis económica persistente de los ochentas, fueron apareciendo actores políticos no controlados por la protección y el subsidio, y empezó a crecer la demanda de un cambio democrático. Fue la demanda de una sociedad irritada por la crisis económica, una sociedad moderna en muchos aspectos, producto de cambios enormes aunque silenciosos, en particular el del proceso de urbanización y la constitución de unas clases medias educadas, cuya reserva de protesta y liderato político había anunciado el movimiento estudiantil del año de 68.

Pronto fue claro que la decisión de abrir la economía mexicana al mercado mundial significaba no sólo una reforma de la economía, del Estado clientelar y la política corporativa, sino también una transformación de valores históricos y culturales para una sociedad que venía de cuatro décadas de buenos resultados en el modelo y los valores contrarios a los que proponía la reforma. La reforma del viejo modelo fue un desafío global de intereses, inercias e instituciones: una fractura múltiple en los hábitos políticos y económicos del país. También fue una ruptura cultural, una sacudida en el orden de los mitos, las creencias y el nacionalismo de viejo estilo.

2. LA CRISIS ACTUAL

¿Cuál es la naturaleza de la actual crisis de México? Lo primero que hay que decir es que la crisis actual es la de las reformas que intentaron cambiar el modelo de desarrollo mexicano a partir de 1982. No es la crisis del viejo modelo, sino de la implantación del nuevo. La crisis de hoy es la crisis de credibilidad y viabilidad de las reformas emprendidas en los ochentas y sostenidas todavía, en lo fundamental, por el gobierno del presidente Zedillo. Es una crisis que tiene al menos tres dimensiones: una dimensión económica, una dimensión política y una dimensión cultural.

La dimensión económica

El presidente Zedillo ha señalado la falta de ahorro interno como la causa última o fundamental de la crisis económica que explotó en diciembre de 1994. Esa ha sido, en efecto, la constante histórica de las limitaciones económicas de México. Bajo condiciones distintas e incluso opuestas a las de 1994, en 1982 la economía mexicana, entonces protegida, sufrió una crisis de rasgos extraordinariamente similares a los de hoy. Su detonador fue también un enorme déficit comercial, producido en parte, como en el 94, por la decisión de no devaluar para no afectar el año político de sucesión y en parte por la creencia firme de que los ingresos externos compensarían las caídas del ingreso petrolero y la caída del ahorro interno, por la fuga de capitales.

Las consecuencias económicas de la crisis de 1995, luego de doce años de reforma liberalizadora, recuerdan también extraordinariamente las del año de 83: un drástico ajuste recesivo que llevará a la economía a crecer -5% en 1995, un disparo de la inflación y las tasas de interés, una contracción severa del consumo y del crédito, cierre de empresas, pérdida de empleos y del poder adquisitivo del salario. Las diferencias son importantes, aunque a nadie consuelan en el corto plazo: el gobierno no tiene un déficit como en el 82, sino un superávit; los precios tienden a estabilizarse con rapidez; las exportaciones mantienen un acusado dinamismo, al tiempo que la planta industrial sobreviviente registra un auge de sustitución de importaciones, las cuales, lo mismo que en el 83, tuvieron un marcado descenso hasta revertir el déficit del 94 y volverlo un apreciable superávit.

De la crisis del 94 preocupa particularmente a los expertos el hecho de que, por primera vez en las crisis económicas de las últimas décadas, en ésta los deudores no fueron sólo el gobierno o las grandes empresas, sino también, acusadamente, las pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, las familias, los presupuestos personales. Por primera vez en su historia social moderna, las clases medias fueron sorprendidas por la crisis económica con fuertes deudas acumuladas sobre sus tarjetas de crédito, sus casas, sus automóviles: su inmediato nivel de consumo.

Hay que mencionar dos hechos estructurales agravantes de la crisis. Primero, el crecimiento demográfico sostenido, que desde 1985 trae 800 mil jóvenes cada año al mercado de trabajo. La tasa de crecimiento de la población del país no ha disminuido en la última década: 2.5% en 1983, 2.4% en 1994. Segundo, la herencia histórica de desigualdad y pobreza, agravada por el estancamiento económico de los ochentas y agudizada por la crisis actual. (Una medición de 1990 situó en la mitad de la población el número de pobres -40 millones de mexicanos, con 20 de ellos por abajo de los índices de pobreza absoluta. Una medición de 1993, situó esta última cifra en 13.5 millones, pero mantuvo en 39 millones la de pobreza general).

La preocupación mayor de los expertos no es, sin embargo, este difícil presente, sino el inmediato futuro. La crisis vive su periodo de ajuste, que es una forma elegante de llamar a la recesión, pero nadie tiene la fórmula aún sobre cómo saldrá el país de la recesión para iniciar el crecimiento. La pregunta de los expertos es muy sencilla: ¿de dónde saldrá el dinero para reactivar la economía mexicana? ¿De dónde vendrá el ahorro efectivo que pueda volverse inversión y detone el crecimiento?

La dimensión política

El reto político actual de México es contener la agitación social y la violencia mediante una reinstitucionalización democrática de la vida política. El problema general parece ser que las viejas reglas corporativas han dejado de funcionar y las nuevas reglas democráticas están todavía en construcción. La crisis política mexicana tiene por lo menos dos tareas prácticas por delante. Primero, contener la violencia política y la violencia criminal. Segundo, implantar un nuevo mecanismo de transmisión del poder, y a partir de eso, construir las instituciones de un sistema democrático.

La violencia

La violencia política reapareció con fuerza inusitada en la vida pública mexicana. Una rebelión social en Chiapas y tres magnicidios -el cardenal Posadas en 1993, Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu en 1994- son suficientes pruebas de que ha sido roto el umbral del control político de la violencia por el Estado.

Además, la ya larga presencia del narcotráfico y la proliferación de sus bandas y negocios en México, ha traído al país una expansión sin precedentes del crimen organizado, y una red de corrupción e impunidad que ha barrenado los órganos policiacos. El narcotráfico ha creado su propio poder dentro de las instancias judiciales dedicadas a combatirlo.

La crisis económica, por su parte, ha multiplicado los índices de delincuencia en las principales ciudades del país, haciendo más ostensible aún la crisis de seguridad pública y la incapacidad de la autoridad para contenerla. La situación en su conjunto arroja dudas sobre la capacidad del Estado mexicano para ejercer el monopolio legal de la violencia sobre su territorio, capacidad que es, según Max Weber, uno de los elementos constitutivos del Estado.

La transmisión del poder

Junto con la crisis del presidencialismo y de su partido hegemónico, entró también en crisis la pieza que garantizó durante décadas la transmisión pacífica del poder en México: la elección del presidente de su sucesor. Fue un mecanismo antidemocrático pero eficaz. Resolvió por décadas el problema mayor de todo orden político: quién gobierna.

El auge de las elecciones y de partidos competitivos en México parece capaz de resolver este problema. Lo ha resuelto de hecho, pacíficamente, definiendo gobiernos de alternancia en algunos de los estados más importantes del país, como Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco, en elecciones limpias, libres y certificadas. Fueron elecciones de ese tipo las que llevaron al poder, de hecho, al candidato presidencial del PRI en agosto de 1994, las primeras elecciones nacionales plenamente certificadas de la historia de México.

De todas las novedades políticas de la transición mexicana, podríamos decir que el único cambio institucional de largo aliento es precisamente el de las elecciones que, al parecer, han llegado para quedarse y podrán suplir la pieza perdida del dedazo presidencial y la hegemonía rutinaria del PRI. Pero desde luego faltan las pruebas decisivas: las elecciones federales de 1997, que podrían poner al Congreso en manos de la oposición y, sobre todo, las elecciones presidenciales del año 2000, que podrían hacer triunfar a un partido distinto del PRI.

La dimensión cultural

Durante buena parte de este siglo, hasta antes de 1982, la cultura política de México ha sido sistemáticamente construida en torno a unos cuantos motivos que pueden resumirse en la expresión «nacionalismo revolucionario». Según esa doctrina, por vocación histórica y esencia nacional, México era y debía ser:

Primero, un país laico, en tanto que mantenía a la Iglesia católica sin derecho a participar en la vida pública. Segundo, un país agrarista, en tanto que mantenía abierta la posibilidad de repartir tierra a los campesinos, apoyaba al ejido y limitaba la expansión de la propiedad en el campo. Tercero, un país sindicalista, en tanto que apoyaba la organización sindical de los trabajadores y la defensa de sus derechos laborales. Cuarto, un país nacionalista, en tanto capaz de contener la influencia y las presiones de su adversario histórico, Estados Unidos. Quinto, un país estatista, ya que en propiedad del Estado estaba la administración de los bienes mayores de la nación, el petróleo y la energía, y el Estado era el garante del equilibrio social mediante el reparto corporativo de protecciones y subsidios.

La reforma iniciada en 1982 desafió cada una de esas certezas. Le dijo al país laico que la Iglesia debía recobrar sus derechos públicos. Le dijo al país agrarista que el reparto agrario y el ejido habían llegado a su fin. Le dijo al país sindicalista que la eficiencia y la productividad estaban reñidas con las prebendas políticas y laborales vigentes en México. Al país nacionalista le dijo que las oportunidades estaban en la asociación con su antiguo adversario, los Estados Unidos, a través del NAFTA. Y al país estatista le dijo que el Estado era demasiado grande e ineficiente y debía reformarse, hacerse más chico. En el curso de esa reforma, el gobierno vendió bienes nacionalizados, como la banca, recortó subsidios a una población acostumbrada a ellos, suprimió protecciones a una economía acostumbrada a los mercados cautivos e impuso restricciones a una burocracia acostumbrada a la falta de controles.

El conjunto de la reforma iniciada en 1982 representó por ello un desafío cultural a viejas leyes, instituciones y creencias que hubiera sido difícil cambiar aun si la reforma hubiera tenido resultados rápidos y espectaculares en crecimiento económico y empleo. Los pobres resultados de la reforma han terminado creando en el interior de la transición mexicana un denso litigio de las fuerzas que impulsan la reforma y las que la resisten. Estas últimas no están en el gobierno y no tienen una propuesta alternativa ni pueden, al menos abiertamente, pronunciarse por un llano regreso al pasado. Pero los reformadores, que siguen en el gobierno, tampoco pueden exhibir resultados que prueben la bondad de su camino, ni tienen ya credibilidad cuando dicen que los beneficios vendrán después. Unos no pueden ofrecer como salida el regreso al pasado, pero los reformadores no pueden ofrecer creíblemente, como solución el futuro.

3. ¿CUAN CRITICA ES LA CRISIS ACTUAL?

Contestemos ahora la pregunta final: ¿cuán crítica es la crisis de México? Muy crítica, porque estamos ante un cambio mayor. Como he sugerido antes, las reformas a que dio lugar la crisis de la deuda de 1982 terminaron tocando no sólo la economía y la política, sino muchos de los supuestos y costumbres de la identidad mexicana -whatever that means. Estoy seguro que los historiadores del futuro se referirán a estos años como un periodo espectacular de cambio en la historia de México, un periodo de transformaciones radicales comparables en su profundidad a las reformas borbónicas de mediados del siglo XVIII, la reforma liberal del siglo XIX, el proceso de modernización de fines del XIX o la industrialización de los años cuarenta de este siglo.

Nadie incurre en reformas de esa magnitud sin riesgo de rupturas. Las rupturas mexicanas están a la vista en todos los ámbitos. Son sacudidas alarmantes para un país que viene de seis décadas de estabilidad. No obstante, el orden institucional básico del país no está roto. Las diferencias internas encuentran salida en la competencia política y la negociación, como lo demuestran las elecciones de este año y el largo diálogo en Chiapas, que ha contenido y pacificado la rebelión. Luego de un inicio errático, el gobierno parece asentarse. El programa de ajuste parece haber tocado fondo. Junto con el descenso de la inflación y las tasas de interés, hay indicios de mejora en la economía, y se han puesto en práctica programas de alivio y rescate para deudores ahogados.

No obstante, las cosas pueden empeorar seriamente, si el país no encuentra respuestas eficaces a sus desafíos. Una reactivación económica razonable, aun si no es espectacular, parece indispensable para reabrir las expectativas y disminuir el castigo y la irritación social provocada por la crisis. La consolidación de la competencia política y las elecciones limpias como vías de acceso al poder, puede ser la piedra de toque para la construcción de las nuevas instituciones democráticas que el país requiere. En ese entorno democrático, el sordo litigio cultural entre las fuerzas reformistas y sus muchos adversarios, puede encontrar transparencia y resolverse en nuevos consensos.

Menos viable parece, al menos en el corto plazo, la recomposición de la seguridad pública, la contención de la violencia criminal, en particular del narcotráfico, y la limpieza de los cuerpos policiacos. Es un tema central de la estabilidad política del país, el control de la violencia por la autoridad, pero hay pocos elementos en el ámbito para ningún optimismo. Abiertamente pesimista tiene que ser, por último, toda anticipación en torno al problema de fondo, al problema central de la historia y el presente de México, que es el de la desigualdad, ni la más exitosa de las recuperaciones económicas. Ni la más feliz construcción de un sistema democrático, significarán en el corto o el mediano plazo un alivio sustancial de la desigualdad en México.

El oficio de profeta no paga buenos dividendos en el México de hoy. La realidad nos ha desmentido a todos. ¿Cuán crítica es la crisis de México? No sé cuánto, pero suficiente como para que su curso sea impredecible.

México D. F., septiembre 21, 1995.