El tribunal electoral y la tormenta que viene

En 1996, el Poder Judicial de la Federación se volvió un actor protagónico en los procesos electorales del país. El ascenso de este rol del Tribunal Electoral inició tiempo atrás con una serie de reformas con el objetivo, entre otros, de resolver los conflictos propios del acceso al poder político en una arena imparcial mediante la racionalidad jurídica. La conclusión de este largo camino fue otorgarle al Tribunal Electoral la facultad de analizar la validez de la elección a la Presidencia de la República.

Hasta ahora, cuatro competencias a este cargo (2000, 2006, 2012 y 2018) han sido palomeadas por el Tribunal Electoral, bajo una mecánica enteramente jurisdiccional, no política, organizativa ni estratégica. Esto es un cambio medular si consideramos el punto de arranque del proceso de transición democrática del país, los retos que se sortearon y, en este sentido, los avances que se han conseguido. En este devenir, por supuesto, ha habido fallas, escenarios no previstos, ajustes al modelo, actores políticos que no han asumido un compromiso democrático pleno y también integrantes de los órganos arbitrales de dudosa imparcialidad. Nada sorprendente en un proceso de consolidación institucional. Sin duda, es mejor a lo que se tenía antaño: la calificación electoral por órganos abierta y enteramente políticos, con todo lo que esto implicaba en términos de déficit democrático.

De estas cuatro elecciones presidenciales, hasta ahora la validación del 2006 ha sido la más complicada, la diferencia de menos de un punto porcentual entre los dos primeros lugares, junto con otros factores, llevó al Tribunal Electoral al límite de su capacidad de trabajo por el número de juicios que tuvo que resolver; su creatividad jurisdiccional, debido a que el recuento de votos en ese momento estaba contemplado de manera estricta con causales muy limitadas en la ley; así como su legitimidad, por los embates y descalificaciones que se lanzaron en su contra en la opinión pública por el candidato perdedor y sus aliados políticos. Los otros tres procesos electorales, si bien con aspectos mejorables y críticas fundadas, en particular respecto a los comicios del 2012, se sortearon de manera mucho más sencilla y sin enfrentar obstáculos del mismo calibre.

¿Qué podemos esperar, en este contexto, para el Tribunal Electoral frente las elecciones de 2024 que no sólo definirán la siguiente presidencia del país, sino también a 500 diputaciones federales, 128 senadurías, varias gubernaturas, decenas de legislaturas locales, 16 alcaldías, cientos de ayuntamientos, entre otros cargos públicos? ¿Cuáles son los retos que deberá sortear esta institución clave para la democracia mexicana? ¿Qué riesgos implica un proceso electoral que políticamente inició desde hace meses, a pesar de que formalmente apenas empezó en septiembre de este año?

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