Más allá de la serie de errores que tiene la iniciativa de Reforma constitucional en materia eléctrica enviada por el Ejecutivo (como decir que los autoabastecimientos derogados en 2013 se crearon ese mismo año), el debate público se ha tornado alrededor de varios puntos, algunos ya abordados en este espacio, y que resulta necesario compilar.
Ilustración: Augusto Mora
El primero y más importante es que la reforma busca recuperar el control del Estado sobre el sector eléctrico. En realidad, ese control ya se encuentra en el artículo 28 de la Constitución, que dice en su séptimo párrafo: “Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”. Por lo tanto, no se requiere ninguna reforma.
El segundo es que, de no aprobarse la reforma y someternos al mercado, pueden subir los precios de la energía como sucede en España. Antes que nada, las condiciones de España son radicalmente distintas a las de México. En nuestro país, contamos con el gas más barato del mundo a unos pasos de la frontera, lo que hace que nuestros costos sean relativamente bajos. Pero hay otra cosa importante. Con la reforma de 2013 se creó el suministro básico, un diseño que protege al pequeño usuario y evita que dependa del mercado. Ese diseño obliga a la Comisión Federal de Electricidad a celebrar contratos de largo plazo con generadores que ofrezcan la energía al menor costo posible. Gracias a ello, actualmente la CFE compra megawatts-hora a 375 pesos, cuando generarlos con sus termoeléctricas (que han sido las “desplazadas” por estos nuevos generadores) le cuesta alrededor de 2000 pesos. Si lo que queremos es mayor estabilidad en tarifas y costos bajos, necesitamos hacer más subastas de largo plazo, como lo indica la Ley —pero el gobierno actual decidió frenarlas. En resumen, no nos sucederá lo de España.
El tercero es que se buscan tarifas justas para la electricidad. El significado de la palabra “justa” al lado de tarifas es un concepto incierto ¿Qué significa “justas”? ¿Que se recuperen todos los costos? ¿Que cada quien pague lo que pueda o crea que debe pagar? En realidad, lo que tenemos que buscar es que tengamos energía al menor costo posible, asegurando la seguridad del sistema y la transición a una matriz energética limpia. La reforma de 2013 estableció un mecanismo que permite que a quienes les cuesta menos generar sean los que entreguen su energía a la red. Tener proyectos más eficientes y modernos permite contar con costos más bajos. El sistema actual también permite establecer subsidios focalizados para garantizar energía eléctrica a quienes más lo necesitan o no les alcanza. Aquí tampoco se necesita reforma.
Otro de los argumentos de la contrarreforma es que la CFE va a desaparecer. Para reforzar esta hipótesis, la propia CFE ha mostrado gráficas en las que dice que, si se mantiene la aplicación del marco jurídico vigente, su participación se reducirá hasta llegar al 16 %. La realidad es que la CFE no sólo tiene los monopolios de transmisión y distribución, sino que cuenta con el monopolio de las nucleoeléctricas y tiene una serie de hidroeléctricas y geotérmicas que serán fundamentales en la transición energética, e incluso se necesitará a sus ciclos combinados en los años futuros. Si la CFE no se moderniza, el resto de las centrales —principalmente aquellas de térmica convencional, carboeléctrica, combustión interna y turbogás— serán desplazadas por generadores de menor costo. Si la CFE ve hacia el futuro y se moderniza, podrá ser competitiva, desarrollar nuevos proyectos y ganar contratos en subastas de largo plazo, con lo que podría mantener e incluso incrementar su participación en generación. La Comisión tiene capacidades: ya lo demostró en una subasta, con el contrato de Los Humeros. Se trata de tener voluntad para romper las inercias actuales y volverla una empresa competitiva.
Uno de los postulados de la contrarreforma dice que, si los privados generan más energía, harán rehén al sistema eléctrico y podrán obligar al Estado mexicano a pagar más o dejarían de generar. Ponen como ejemplo que en febrero pasado los privados “se salieron” y dejaron sola a la Comisión ¿Es esto real y posible? No. Todos los generadores que tienen un permiso y operan una central eléctrica se sujetan al marco legal vigente. Todos ellos proyectaron sus ingresos en el marco jurídico actual y firmaron contratos en esos términos. Para ellos, cumplir esos contratos es un negocio y dejar de inyectar energía es una pérdida. Además, para garantizar que su energía se despache, compiten con otros para ofrecer el menor costo posible. En febrero ningún generador privado se salió del sistema por gusto, sino por falta de gas natural. De hecho, también hubo centrales de la CFE que salieron de operación por congelamiento y falta de gas. Hay que decir que los privados no pueden ofertar al costo que quieran, sino que deben transparentar sus costos. Finalmente, sobre este punto, los artículos 151 y 155 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) indican que pueden llevarse a cabo intervenciones, e incluso requisas, en caso de que la generadora ponga en riesgo al sistema o en caso de amenazas a la seguridad nacional o a la economía.
Otro de los principios más repetidos es que, al no ser privada, sólo la CFE tiene función social y que, por no tener interés de lucro, es la única que llevará la energía a donde incluso no convenga financieramente. La realidad es que la CFE es la única que lleva la energía a todos lados porque es la única encargada de la distribución de energía eléctrica. No sólo eso: la Ley establece el Fondo del Servicio Universal Eléctrico (FSUE), creado con dinero proveniente de la gestión del Mercado Eléctrico, que le da recursos a la Comisión para que extienda la red. Aunque quisieran, los privados no pueden hacer crecer la red para atender a más personas.
Como vemos, el discurso de la reforma está basado en mitos, ya sean mentiras completas, verdades a medias o falacias. El modelo mexicano actual no es una copia de modelos de otros países: es una mezcla de las mejores prácticas de otros sistemas del mundo. Muestra de ello es que varios países han adoptado elementos del modelo mexicano, como las subastas.
Además, la iniciativa de reforma no soluciona ninguno de los “problemas” arriba descritos, y lo explicaré la semana que entra.
Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía