Energía limpia, transición energética y reforma Bartlett

Una de las tristes realidades de este sexenio es que el cambio climático no está en la agenda del presidente. La iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica introduce el asunto de transición energética en dos ocasiones: una mediante la nueva redacción de la Constitución y la otra mediante proyectos de energía limpia. Vamos a analizarlas.

1. Primero, la iniciativa introduce el siguiente texto en la Constitución: “El Estado queda a cargo de la Transición Energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes [sic] de efecto invernadero, para los que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo”.

2. Segundo, la iniciativa cita en la exposición de motivos una serie de proyectos de energía limpia —diez hidroeléctricos y uno fotovoltaico— como muestra del compromiso con la transición energética.

¿Pero esto nos asegura energía limpia, o un avance en la transición energética?

Primero hay que decir que la Constitución, en muchos aspectos, se ha convertido en una lista de buenos deseos y aspiraciones. El artículo cuarto, por ejemplo, habla del derecho a la salud o a un medio ambiente sano, pero el gobierno apeló la resolución judicial que lo obligaba a vacunar niños e intentó modificar el marco jurídico para poder seguir usando combustóleo en generación eléctrica. Ambas cosas parecen ir contra las buenas intenciones de la Constitución. La inclusión en el texto de la especificación de que el Estado quede a cargo de la transición energética, entonces, no significa nada si el gobierno no tiene intención de cumplir con la letra y el espíritu de la ley.

Ilustración: David Peón

Entonces, en un intento de construir una narrativa que justifique la reforma en términos de cuidado del medio ambiente, la iniciativa enumera un par de proyectos que el presidente le encargó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en materia de energía limpia.

Los proyectos de repotenciación de hidroeléctricas no nacen en este gobierno, aunque sería una buena noticia que se implementaran ahora. Con ellos se aprovechan recursos disponibles, se complementan inversiones e infraestructura ya hechas y se agrega capacidad de generación que abonará a la seguridad del sistema eléctrico al agregarle flexibilidad que permite sumar más renovables como eólica y solar.

Según las licitaciones, se intervendrán nueve hidroeléctricas para agregar un total de 240 Megawatts (MW) de capacidad de generación adicional.

Pero el proyecto solar que presenta el presidente —con 1000 MW de capacidad de generación solar fotovoltaica en Sonora— no está en el plan de negocios de CFE, pero además contradice los argumentos que constantemente presenta la titular de Secretaría de Energía, Rocio Nahle. El proyecto genera los mismos mayores problemas de “desbalance” que tanto atacó la secretaria al desarrollar un gran parque solar en lugar de un mayor número de parques solares de menor capacidad distribuidos en la zona norte del país. De hecho, el proyecto obliga a construir una línea de transmisión que este mismo gobierno canceló a inicios de 2019.

O sea, el “exceso" de generación que veía Nahle ya no es tal, y la línea que decidieron no licitar —y que no costaría al Estado— se tendrá que hacer ahora con cargo al Estado.

Ahora, de concluirse los proyectos, ¿bastarían para avanzar en la transición energética?

Para darnos una idea, la primera mitad del año se instalaron paneles solares de generación distribuida con poco más de 246 MW de capacidad de generación. Eso significaría que en un año se habrían instalado el doble de capacidad de generación en paneles solares en techos que la capacidad que se ha instalado en hidroeléctricas en todo el sexenio.

El parque solar iría por fases, iniciando con 120 MW, pero de solucionarse los problemas técnicos y las complicaciones de mercado pretende llegar a los 1000 MW.

En conjunto, ambos proyectos llegarían a los 1240 MW. Para cumplir con la meta de 35% de energía limpia en 2024, se requiere agregar entre solar y eólico unos 3500 MW de capacidad nueva anual. O sea, unos 14 000 MW de capacidad nueva de aquí a 2024. Eso significa que, de concretarse los proyectos que la iniciativa propone, se habrá agregado al sistema menos del 105 de lo que se requiere para cumplir con las obligaciones legales, que están alineadas con los compromisos internacionales, que tienen carácter constitucional.

Además de la mención de los proyectos, la iniciativa no establece mecanismo alguno para caminar en la transición energética. De hecho, la redacción de la iniciativa parece limitar la posibilidad de la transición a las posibilidades financieras y tecnológicas del Estado —que de entrada sabemos son bastante limitadas— además de priorizar los energéticos “nacionales”, pese a que estos son contaminantes e ineficientes.

En resumen, la iniciativa no establece mecanismos para cumplir con las obligaciones en materia de energía limpia, pero busca “taparle el ojo al macho” con algunos proyectos que son bienvenidos pero insuficientes. Con la reforma, la transición energética no tiene impulso real y por lo menos se frena de tajo de aquí a 2024.

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía

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Publicado en: Energía