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El año pasado, una mujer se acercó a las Madres Buscadoras de Sonora (MBS) a pedir ayuda porque acababan de desaparecer a su hijo. En medio del dolor y la desesperación, le había pagado a un joven para que le diera información sobre su paradero. Con las indicaciones que recibió y el apoyo de las rastreadoras, pudo encontrar y sepultar los restos de su hijo. Al poco tiempo, sin embargo, llegó a solicitar apoyo la mamá del joven que le había dado la información, porque ahora lo habían desaparecido a él. No supimos si lo desaparecieron por haber dado las coordenadas o por otros motivos. “Para nosotras el problema nomás se recorrió —me explicó Cecy Patricia Flores, líder de MBS—: encontramos a uno, pero ahora tenemos a otro desaparecido que buscar”.

Este tipo de desplazamientos laterales, en los que la sospecha y la violencia se van trasladando de una persona a otra siguiendo relaciones de contacto o proximidad, se han descrito desde la antropología como formas de contagio. No se trata por supuesto de un contagio físico, sino social; es como si ciertas relaciones y transacciones se volvieran “conductoras” de violencia. Desde el punto de vista de una organización del tamaño de MBS, con más de mil fichas de búsqueda y cerca de quinientos hallazgos, la desaparición es una mancha que crece y se mete a todas partes. “Anota mi número” —le dice Cecy a los funcionarios insensibles que intentan obstruir su labor—; ojalá que nunca te pase, pero si te desaparecen a tu hijo, aquí estaremos para ayudarte. Nadie está exento”.

La cifra de 90 000 desaparecidos sirve para darse una idea de la magnitud del problema, pero no transmite el carácter espantosamente rutinario e impersonal, epidémico, que la desaparición ha tomado. A principios de este año, integrantes de las MBS encontraron un conjunto de fosas en un cerro cerca de Hermosillo. Reportaron el hallazgo y los peritos de la fiscalía levantaron los restos para su posterior análisis e identificación. Al poco tiempo, las buscadoras regresaron a ese punto porque tenían la sospecha de que se habían quedado fosas sin excavar. Lo que encontraron fue que las fosas que habían vaciado la vez anterior ya habían sido reutilizadas con nuevos restos. “Haz de cuenta que nosotras les hicimos el hoyo” —me comentó una de ellas. Lo escalofriante no es sólo que los cuerpos sean tan abundantes, que las fosas clandestinas se reciclen, sino que el gesto ritual de enterrar a los muertos quede reducido a su dimensión más puramente mecánica y material: el trabajo de cavar un hoyo.

El año pasado, un joven se acercó a una buscadora para indicarle un lugar en las afueras de Hermosillo en el que podían encontrar muchos cuerpos. Dijo que a él ya no le faltaba mucho para que lo desaparecieran, que no quería que su mamá batallara buscando por todas partes, que cuando lo desaparecieran, lo buscaran ahí en ese lugar. En casos como ese, es casi como si la desaparición se hubiera vuelto un ritual de paso que se anticipa. “¿Pero por qué no se va de aquí?” —exclaman todas al escuchar la historia de este joven. Ésa es quizás una de las preguntas más importantes y difíciles de contestar: ¿por qué estos jóvenes caminan con tanta determinación hacia su muerte?

La preocupación social en torno a la desaparición y la violencia sigue estando estructurada en términos de culpabilidad e inocencia. Desde la academia y el periodismo se han hecho esfuerzos tremendos para mostrar la cantidad de personas inocentes que han sido asesinadas o desaparecidas por grupos armados estatales o privados. Se ha mostrado también que la criminalización de las víctimas de desaparición es una estrategia de las autoridades para no llevar a cabo el trabajo de búsqueda y la investigación del caso. El caso de Ayotzinapa movilizó a amplios sectores de la población por la justa indignación que produce la agresión contra estudiantes inocentes. Pero quizás sea tiempo de dolernos también por los que sí “andaban en algo”. Dedicar una oración fúnebre a los puntos, los mandaderos, los distribuidores de droga, los pistoleros, los chapulines, los transas, los consumidores de cristal. Es decir: lamentarnos por toda esa clase trabajadora de las economías criminalizadas que se ha vuelto desechable.

Ilustración: Víctor Solís

La línea entre la culpabilidad y la inocencia, entre “andar en algo” y no, es sumamente borrosa. En los campos agrícolas de la costa de Hermosillo, donde trabajan miles de jornaleros temporales que vienen del sur de México, hay una epidemia de consumo de cristal, también es una de la regiones del estado donde hay más casos de desaparición y hallazgos de fosas. Una serie de mafias o pandillas se disputan el control de la venta de drogas en cada uno de los campos agrícolas. En una búsqueda en la zona, conocí a una joven trabajadora agrícola que ayudaba a su hermana a buscar a su sobrino desaparecido hacía unos meses. Me contó que el joven de 17 años “trabajaba bien” en la cosecha de la naranja. Un día llegaron los que controlan la venta de drogas en el campo y se lo llevaron para que les ayudara a repartir. Tres semanas después hubo un enfrentamiento y el joven desapareció.

El estigma de la criminalización, además, no se detiene en las víctimas directas, sino que se contagia a madres y familiares. Prácticamente la totalidad de las buscadoras son mujeres, y muchas son también el sostén económico de su familia. Al peso del trabajo se le añade el de la búsqueda. Por si fuera poco, muchas cargan además con la culpa de no “haber cuidado a sus hijos”. La acusación está siempre latente, viene de ellas mismas, pero también de la gente que las rodea, incluso de otras buscadoras: “¿Por qué no dijiste nada cuando te enteraste de que tu hijo hacía eso?”. Recientemente supe del caso de dos mujeres, también jornaleras agrícolas, que no quisieron hacer las fichas de búsqueda de sus esposos por la vergüenza de que “ellas sabían en lo que andaban”.

La ley tiene el poder suficiente para estigmatizar a las miles de familias cercanas a las economías ilegales —desde los servicios a migrantes indocumentados hasta el cultivo de amapola—, pero no el engranaje institucional adecuado para producir un relato verosímil de los hechos. El resultado es un amplio espacio de opacidad y simulación en el que la sospecha y la violencia se expanden fácilmente. En esta esfera pública desdoblada, la serie de relaciones, transacciones y lógicas que provocan hechos violentos sólo pueden ser imaginadas o reconstruidas a partir de indicios ambiguos. Un remolino de interpretaciones más o menos fantasiosas, desde el ámbito local hasta el internacional, compiten por descifrar el mundo de lo oculto.

Esta mezcla de criminalización masiva y ausencia de investigaciones judiciales impide que se forme un relato histórico medianamente convincente que encauce de alguna manera los conflictos de los últimos veinte años. Cada vez es más común que en México hablemos de “la violencia” a secas, sin trama ni protagonistas, como una sustancia que lo fuese llenando todo, o precisamente como una gran epidemia: un proceso ajeno a la voluntad humana, sin agencia ni intenciones. Localmente predominan las metáforas térmicas; los lugares donde hay enfrentamientos están “calientes” y, así como una indaga sobre el clima, antes de ir a algún lugar averigua “qué tan caliente está la cosa por allá”.

La desaparición rutinaria de personas exacerba hasta lo insoportable ese carácter inescrutable e impersonal de la violencia. Sin un cuerpo que se pueda reconocer, se pierde el último asidero a la realidad. A partir de ahí todo puede ser cierto o falso. Pueden estar vivas o muertas, pueden estar en este pedazo de desierto o en aquel otro. La vida misma pierde su sentido humano si carece del reconocimiento de los otros en el momento de la muerte. Para muchos, llegar a tener funeral es una de las aspiraciones vitales más profundas. Desde este punto de vista, una vida sin muerte es sólo vida en el sentido biológico o animal del término, sólo se convierte en propiamente humana en el momento en que termina y es narrada por los otros.

La desaparición no sólo suspende el duelo de los familiares, sino que lo somete a la autoridad de la ciencia y del Estado. Con técnicas de desaparición cada vez más exhaustivas, los cuerpos quedan reducidos a su estado mineral, de tal forma que sólo al cribar la arena es posible reunir los pedacitos. En esas circunstancias, para que el vínculo de filiación sea ratificado y esos fragmentos sirvan de consuelo, se requiere de algo tan ajeno y abstracto como la prueba de ADN. No son pocos los casos en que la genética y el sentimiento se oponen; alguien puede estar casi segura de reconocer a su familiar en un conjunto de huesos, pero la prueba contradice esa intuición. Por si fuera poco, la identificación de los cuerpos corresponde por ley a la fiscalía. En ese sentido, por más que las buscadoras hayan tomado en sus manos la tarea de encontrar a sus seres queridos, esa labor sólo puede ser concluida con la intermediación del Estado. Las consecuencias de esta nueva enajenación de la muerte y el duelo tienen un carácter político e histórico profundo. Sobre todo en México, donde —como ha mostrado Claudio Lomnitz— la formación del Estado estuvo desde la Colonia ligada al control y fiscalización de las prácticas mortuorias.

En este momento, el duelo debería ser uno de los asuntos políticos de mayor importancia. No sólo porque urge un mínimo alivio al dolor inconmensurable que padecen miles de familias, sino porque un reconocimiento público de esas muertes, de todas, puede contrarrestar el desprecio y la opacidad que permiten que la desaparición se siga extendiendo como epidemia. En La invención de Atenas, Nicole Loraux muestra que con el surgimiento de la democracia en Atenas, nace también un nuevo y potente tipo de discurso político: la oración fúnebre (epitáphios). Los rituales y lamentos tradicionales son sustituidos por la parafernalia cívica y una retórica en la que predomina el elogio de los caídos y, por encima de ellos, la celebración de Atenas como polis. La oración fúnebre se convierte así en la herramienta política que permite ocultar y calmar los conflictos. Nace también un tipo de monumento, la demosion sema, o tumba del pueblo, en cuyas paredes se inscribe el nombre sin apellidos de los muertos en la guerra, porque ante todo son atenienses. Resta saber si el Estado contemporáneo tendrá los recursos políticos suficientes para resistir a las economías de la violencia. Lo más probable es que sean los grupos de buscadoras los que nos enseñen la forma que tomará la nueva relación entre el duelo y el poder. No hablo de poder estatal, sino de poder político en el sentido más amplio: acción colectiva concertada.

 

Natalia Mendoza
Antropóloga y ensayista. Estudió Relaciones Internacionales en El Colegio de México y un doctorado en Antropología en la Universidad de Columbia.

 

Un comentario en “Sin epitafios

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