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El gobierno y la mayoría en el Congreso extinguieron 109 fideicomisos en noviembre de 2020, con dos argumentos: la opacidad de estos instrumentos y la necesidad de recursos adicionales para enfrentar la pandemia. Sin embargo, la eliminación de tajo, en lugar de un análisis caso por caso, ha generado incertidumbre en las responsabilidades que cubrían cada uno. Destacan dos instrumentos que atendían problemas específicos de derechos humanos que surgieron durante este siglo en nuestro país con el aumento de la violencia: el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) y el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Ilustración: Estelí Meza

Desde 2014, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) constituyó el FAARI para pagar ayudas, asistencia y reparación integral de las víctimas de delitos federales o de violaciones de derechos humanos a nivel federal. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, al cuarto trimestre de 2020, el fideicomiso destinó 547 millones de pesos al pago de recursos de ayuda y de compensaciones como parte de la reparación integral durante el año pasado. En cambio, al primer trimestre de 2021 no se habían realizado pagos por este concepto debido al proceso de extinción. El fondo contaba aún con 293 millones de pesos disponibles.

Desde enero de 2021, quienes recibían recursos de este fondo ahora tienen que justificar sus gastos ante la Secretaría de Hacienda con facturas. Este nuevo requisito dificulta o encarece el pago de rentas, alimentos o herramientas —como las palas y picos para la búsqueda de personas desaparecidas— en un país donde la economía informal representa el 23 % del PIB.

La reforma que extinguió los fideicomisos también eliminó el requisito impuesto en la Ley General de Víctimas de no disminuir los recursos destinados a su atención. En consecuencia, el PEF 2021 contempla una reducción de 4.6 % en términos reales en el presupuesto de la CEAV.

Por otra parte, alrededor de 1400 periodistas o defensores de derechos humanos están inscritos en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Esta dependencia no ha logrado tener recursos suficientes para cubrir la demanda en años pasados.

Por ejemplo, en 2020 tenía un presupuesto de 242.5 millones de pesos, pero terminó ejerciendo 393.8 millones —62 % más de lo autorizado. Aunque las autoridades han garantizado una y otra vez que tras la extinción del fideicomiso habrá recursos suficientes para atender las solicitudes de protección, lo cierto es que el PEF 2021 no considera el gasto real del año anterior.

De diciembre de 2018 a la fecha, diecisiete periodistas han sido asesinados por motivos posiblemente vinculados a su labor, de acuerdo con Artículo 19. La organización CEMDA apunta que, en 2020, dieciocho personas defensoras del medioambiente fueron asesinadas. Ante este panorama, la eliminación del fideicomiso obstaculizó y ralentizó los procesos para brindar protección a quienes lo necesitan, poniendo más vidas en riesgo.

En los últimos meses, colectivos y organizaciones civiles han impulsado amparos para suspender la desaparición de estos fideicomisos. Como resultado, los jueces han ordenado que las víctimas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas sigan teniendo acceso a los recursos que necesitan. Sin embargo, estas medidas no son definitivas.

Al eliminar los fideicomisos de golpe y sin un plan alternativo, el gobierno generó una gran incertidumbre ahí donde tenía que garantizar derechos humanos. Para alcanzar realmente la pacificación del país, son urgentes alternativas claras, flexibles y suficientes para atender las responsabilidades que antes cubrían estos dos fondos.

 

Ricardo Alvarado Andalón
Investigador de MCCI

 

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