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La política de seguridad en México es cuestión de fe. Hay quien le tiene fe a invertir en la policía. Hay quien le apuesta a poner cámaras y hay quien también considera que se debe dar apoyos a los jóvenes. Es imposible saber cuáles alternativas realmente funcionan. Las policías, las fiscalías y el Poder Judicial prácticamente no publican cifras creíbles, ya no digamos confiables. Cuando bien nos va cuentan delitos, pero nos dicen muy poco sobre el perfil de las víctimas, sobre reincidencia o sobre a qué dedican su tiempo los policías.

Ilustración: Estelí Meza

A lo largo de la última década, el Inegi ha buscado subsanar esta deficiencia por medio de una serie de encuestas que nos permiten construir un panorama más completo del fenómeno delictivo. Hasta 2018 este esfuerzo fue creciendo y la cobertura temática de las encuestas se amplió para abarcar distintas aristas del ámbito de la seguridad, además de la victimización y la percepción.

En particular, en 2016 se levantó la primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL). Se trató de un estudio sumamente ambicioso. Fueron encuestadas más de 64 000 personas (una muestra representativa en cada uno de los 37 centros penitenciarios en operaciones). La ENPOL 2016 fue la primera foto de la población penal del país: contextos familiares, ocupaciones, delitos que se imputan y circunstancias de las detenciones.

Se tenía proyectado que la ENPOL fuera trienal. El segundo levantamiento se debió hacer en 2019. Éste nos hubiera permitido entender, entre otras cosas, qué perfiles fueron los que se beneficiaron al restringirse el uso de la prisión preventiva. Sin embargo, ese 2019, el primer año del actual gobierno, se atravesó un recorte de 5000 millones de pesos al presupuesto del Inegi. La ENPOL quedó en el aire, junto con otras trece encuestas. Tampoco salió en 2020. Al parecer este año finalmente se hará. Podremos conocer los resultados hasta 2022.

 

Roberto Valladares Piedras
Consultor sénior de Lantia Intelligence

 

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