Política energética: perder el futuro

El programa de Estados Unidos en materia de transición energética es uno de los más ambiciosos del mundo: busca la neutralidad de emisiones en un periodo de tiempo relativamente corto. Pero, dado el poderío económico del Estado norteamericano, el compromiso del gobierno impacta a su propia industria.

Ilustración: Víctor Solís

Por ejemplo, General Motors —la gran armadora de autos— prevé ser neutro en emisiones en 2035; ello tiene dos implicaciones. En primer lugar, dejar de construir autos de combustión interna en ese año. No es sólo cambiar el armado, sino los proveedores —los de litio o baterías de litio, si es lo que usarán— y estructurar toda la cadena de proveedores. En segundo lugar: tener energía limpia y/o renovable para alimentar sus actividades de ensamblado.

¿Cómo se logra eso? Por un lado, con lo que ya tienen. Buena parte de la industria, incluidos los armadores de autos, son socios de autoabastecimiento. Esto significa que generan el total de la energía que consumen en algún punto de la red, y la consumen en sus plantas. Inyectan el total de su consumo mediante fuentes renovables, principalmente eólica. Por otro lado, con lo que pueden tener a futuro. Me refiero a contratos con suministradores que les venden energía generada en nuevos proyectos renovables, ya dentro del mercado eléctrico. Hay una razón adicional para usar renovables: cada vez son más baratas y su energía representa ahorros.

El problema es que este gobierno quiere cambiar la ley. Ya lo hizo en ambas cámaras, pero afortunadamente la aplicación se detuvo con demandas de amparo, recursos de inconstitucionalidad y demás. Pero si esa reforma a la ley prospera pasarán dos cosas. En primer lugar, desaparecerá lo que ya se tiene. El presidente busca revocar los permisos de las sociedades de autoabastecimiento; así, de un día para otro, las empresas que tenían este modelo —por ejemplo, con parques eólicos— tendrían que consumir energía de la CFE, incluyendo sus termoeléctricas. Eso haría que se pierda la certeza de que su energía es de origen limpio o renovable, además del incremento del costo. En segundo lugar, no habría certidumbre en la creación de nuevos proyectos de renovables, sino que tendrían que estar alineados con la planeación del gobierno y no habría garantía de que su energía sería recibida. De esta manera, la empresa no podría asegurar el cumplimiento de sus obligaciones corporativas.

Hay algo más que resaltar. Cuando promovió su reforma, el presidente prometió no subir el precio de la energía eléctrica en términos reales. Eso quiere decir que, en el mejor de los casos, prevé mantener el costo de la energía al mismo nivel que la inflación. Pero a nivel mundial la industria baja el costo de la energía con el uso de renovables. Esto no es teórico: los parques eólicos mexicanos y los solares en Portugal o Dubai entregan energía por menos de la décima parte del costo promedio de CFE.

¿Qué significa esto en conjunto? Que las empresas armadoras de autos que tienen obligaciones corporativas de energía limpia o renovable no tendrán mecanismos para garantizar su cumplimiento. Por lo tanto, México dejaría de ser un sitio con las condiciones necesarias para invertir. Esta situación no aplica sólo para armadoras de autos, sino también a la industria tecnológica y a casi toda la manufacturera. Millones de empleos en México.

El país perderá empleos y verá cómo se van a países con condiciones legales necesarias para cumplir sus obligaciones y bajar sus costos, como los países de Centro y Sudamérica. Podremos seguir orgullosos de nuestra soberanía energética llena de humo y de petróleo. Pero ésta no garantizará opciones de desarrollo para los mexicanos, ya no digamos de las siguientes generaciones, sino que afectará a las actuales.

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.

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Publicado en: Energía