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El fin y los medios

El artículo que reproducimos se publicó originariamente en el periódico turinés La Stampa el 17 de julio de 1977. Italia vivía, por esos años, la furia destructiva lanzada por el terrorismo de ultraderecha y ultraizquierda. Fue el primero de una serie de reflexiones reagrupadas luego como tercera parte de su libro Leideolgie e il potere in crisi de 1981 (acaba de aparecer en España la edición en español). Bobbio tituló a esa tercera parte, dedicada específicamente a la violencia como metodología política,“El fin y los medios”. Su pertinencia es directa para el tiempo mexicano; la lectura de las reflexiones de Bobbio deberían servir a las corrientes democráticas y socialistas para iniciar ese debate aún no entablado sobre el verdadero significado de la violencia.


Es más que natural que los grupos revolucionarios justifiquen la propia violencia considerándola como una respuesta, la única respuesta posible, a la violencia del estado. Cualquiera que haya podido hacer alguna reflexión sobre la continua presencia de la violencia en la historia a pesar de la milenaria y recurrente condena de todas las religiones y morales, sabe que el modo más común de justificar la violencia propia es afirmar que ésta es una respuesta, la única posible en circunstancias dadas, a la violencia de los otros (por eso la máxima válida en los ordenamientos, aun en los menos dispuestos a tolerar la violencia, es vim vi repellere licet).

Por otra parte, este mismo argumento fue usado por el estado para justificar el uso de la violencia propia, de la violencia llamada institucionalizada, respecto de la violencia revolucionaria. Cae de su peso que la justificación de la violencia con la violencia presupone que de las dos violencias contrapuestas una es originaria y por lo tanto, injustificada. No creo hacer una observación peregrina si digo que la violencia originaria, y por lo tanto injustificada, es siemrpe, para cada uno de los dos contendientes, la del otro: cualquiera que haya asistido a una disputa sabe que cada uno se defiende acusando al otro de haber empezado. Con esta consecuencia: que todo acto de violencia es al mismo tiempo justificado (por el que lo realiza) y condenado (por el que lo sufre).

Es menos natural que algunos intelectuales, que no moverían un dedo para derrocar el estado que repudian, no ejerciten su mente para darse cuenta de la diferencia entre varias formas o gradaciones de institucionalización de la violencia, propia de los diversos tipos de régimen, y haciendo una montaña de un grano de arena terminan por asumir la responsabilidad de alentar actos de violencia políticamente insensatos, además de moralmente abyectos.

Que el estado, cualquier estado, sea un instrumento de represión, nadie lo cuestiona. Aun aquellos que creen en el fin del estado, consideran que mientras sea necesaria alguna forma de represión, existirá el estado. Para una ética de la no violencia, el estado, cualquier estado, es moralmente condenable: justamente en esta necesidad del uso de la violencia reside la imposible, aunque varias veces intentada, resolución de la política en la moral. A pesar de lo cual, todas las grandes corrientes de pensamiento político (exceptuando las diversas formas de anarquismo) están de acuerdo en afirmar que el único modo hasta ahora elegido por los hombres para limitar la violencia es el de concentrarla, distinguiendo una violencia lícita de una violencia ilícita, y considerando ilícita toda forma de violencia privada y, por lo tanto, imposible la guerra de todos contra todos.

Con otras palabras: es verdad que el estado, como dicen los adversarios del régimen que quieren derrocar, es la violencia institucionalizada; pero hasta ahora ninguno ha logrado demostrar que es verdad que hay menor violencia allí donde aún no existe un estado o ha dejado de existir. Además, todos saben que el único medio que tienen varios estados soberanos para eliminar la guerra recíproca es la unión de un estado superior.

No hago el elogio del estado (y mucho menos de cualquier estado): ya tuve ocasión de decir y de reafirmar que el poder político se sostiene en última instancia en la fuerza; el problema consiste en si el estado es o no una fuerza (y a quien por lo general pertenece esta fuerza concentrada); el problema se centra en si desaparece el reinado de la fuerza allí donde desaparece el estado. Cualquiera que sea la solución dada a este problema por los revolucionarios de todas las épocas y también de la nuestra, para mí caben dudas: combaten un estado no para destruir el aparato de fuerza sino para apoderarse de él o crear con él uno nuevo (como todas las revoluciones realizadas lo han demostrado hasta ahora). La guerra civil es para un revolucionario un mal necesario; pero también para el revolucionario el estado, el nuevo estado, es respecto de la guerra civil un mal menor, justamente porque representa el fin de la violencia “sin leyes ni frenos”.

Que cada estado sea en cuanto tal un instrumento de represión, no quiere decir que todos los estados sean igualmente represivos. Este es un punto sobre el que quienes crean en la democracia no deben dejar zonas oscuras y permitir interesadas confusiones (como la que se produce entre marxistas y en especial entre marxistasleninistas, según la cual todos los estados son dictaduras). La diferencia entre dos tipos extremos de régimen político que solemos designar con los nombres de democracia y dictadura es enorme, justamente respecto del uso de la fuerza y por lo tanto del ejercicio de la función represiva.

John Locke, el primer gran teórico del estado liberal, ya sostuvo repetidas veces que sólo a través del gobierno civil basado en el consenso, los individuos salen realmente del estado natural (o sea del estado de guerra civil permanente) mientras que el estado despótico, cuyo poder reposa en la mera fuerza sin consenso, no es más que la continuación, casi la cristalización, del estado natural.

Tan grande es la diferencia, que toda la tradición del pensamiento, primero liberal y luego democrático, siempre consideró como verdadero salto cualitativo no el paso del estado natural al estado en cuanto tal, sino el paso del estado natural al estado basado en el consenso, y vio la verdadera línea de división entre el momento negativo y el positivo de la historia de la humanidad no en la diferencia entre estado natural infeliz y el estado (feliz) sino entre el estado despótico (tan infeliz como el estado natural) y el gobierno civil, que es la forma de gobierno en la cual el uso de la fuerza está regulado por las leyes y sometido al juicio de jueces por encima de la partes.

La diferencia fundamental entre las dos formas antitéticas de régimen político, entre la democracia y la dictadura, reside en que sólo en un régimen democrático las relaciones de mera fuerza, que subsisten y que no pueden dejar de subsistir donde no hay estado o hay estado despótico (o sea basado en el derecho del más fuerte), se transforman en relaciones de derecho, o bien en relaciones reguladas por normas generales, seguras y constantes y, lo más importante, preestablecidas (tanto que nunca pueden ser válidas retrospectivamente). La consecuencia principal de esta transformación es que en las relaciones entre los ciudadanos y el estado, o entre los ciudadanos entre ellos, el derecho de guerra basado en la autotutela y en la máxima “tiene razón el que vence” es reemplazado por el derecho de paz basado en la heterotutela y en la máxima “vence el que tiene razón” y el derecho público externo que se rige por la supremacía de la fuerza es reemplazado por el derecho público interno inspirado en el principio de la “supremacía de la ley”.

La prueba de fuego de este tipo de ordenamiento se produce en el caso tan frecuente en nuestro país desde hace algún tiempo, en que personas o grupos declaran estar en guerra contra el estado. No dudo en creer que muchos se sientan tentados a razonar de este modo: la guerra es una relación recíproca y, por lo tanto, como no se puede hacer la guerra solo, el que declara la guerra a otro obliga a ese otro aunque no quiera a estar en guerra con él. Estos, aterrados y horrorizados por la difusión de verdaderos actos de guerra, como son las agresiones a personas tomadas como objetivos no por culpas individuales sino sólo en cuanto representan al “enemigo”, apoyan (y cada vez lo apoyarán más) que a actos de guerra el estado responda con actos de guerra. El fin de la guerra, ya sabemos, no es identificar a un eventual culpable y condenarlo, sino poner fuera de combate al enemigo, matándolo o haciéndolo prisionero.

Y no de manera contraria. La prueba de fuego, repito, del estado democrático es no dejarse envolver en un estado de guerra con ninguno de sus ciudadanos, y por lo tanto reside en la capacidad de responder a las declaraciones de guerra reafirmando una vez más, solemnemente, las tablas de la ley (que son nuestra Constitución). La fidelidad obstinada y coherente a estas tablas de la ley es el único y último baluarte contra los dos males extremos del despotismo y de la guerra civil.