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En un escenario en el cual hay más de dos millones de casos confirmados, han muerto más de 200 000 personas y decenas de miles presentan graves secuelas de covid, las vacunas son un medio idóneo para el control sanitario de la pandemia y para el cumplimiento del derecho a la protección de la salud. La política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y las vacunas, consideradas como bienes escasos, encuentran su regulación primigenia en las normas constitucionales, de las cuales también derivan otras finalidades que pueden ser satisfechas, tales como la salvaguarda de otros derechos humanos (el derecho a la educación o al trabajo, por ejemplo) o la preservación de la seguridad nacional y que, al tratarse de finalidades de segundo orden, requieren de una mayor justificación.

Ilustración: Raquel Moreno

La necesidad de maximizar los beneficios que la colectividad puede obtener como consecuencia de la vacunación y el entorno ontológicamente dinámico de la propia pandemia determinan que las autoridades sanitarias deban contar con un margen amplio de configuración de políticas públicas para satisfacer las finalidades constitucionales de la vacunación (dado que se presume su alta preparación médica-científica), y que el Poder Judicial deba ser particularmente deferente al juzgar los actos de las autoridades, sin que tales aspectos sean llevados al extremo de considerarlas facultades de ejercicio arbitrario.

Por ello, la definición y operación de la política pública de vacunación deben ser consideradas de manera tripartita como una obligación constitucional, como un deber de máxima diligencia y como una facultad discrecional, que para evitar que se tornen en actos de naturaleza meramente programática o configuren un evidente incumplimiento de las finalidades constitucionales, puedan ser cuestionados en sede judicial, excepcionalmente, con el fin de evitar un escenario de “judicialización total”, que podría generar un impasse en la consecución de las finalidades constitucionales.

Compartimos el criterio sustentado por diversos tribunales colegiados de circuito al revocar las suspensiones de plano otorgadas por jueces de distrito para efectos de “ordenar” la vacunación de determinadas personas, en el sentido de que “conceder la suspensión contra la negativa de vacunar… de forma inmediata, desatendiendo las etapas y esquemas previstos en la política nacional de vacunación, vulnera el interés de la colectividad (sic)”, o dicho en palabras coloquiales: que no es dable permitir que vía la obtención de medidas cautelares alguna persona “pueda saltarse la fila establecida” para acceder a la vacunación.

Sin embargo, creemos que la vía judicial es idónea para evitar que “puedan saltarse la fila establecida” ciertos grupos poblacionales (por decisiones gubernamentales irrazonables o con motivaciones políticas) o determinadas personas (recuérdese el caso de los dos integrantes de la Suprema Corte de Justicia que obtuvieron una matrícula consular o las gestiones realizadas por jueces y magistrados federales para ser “considerados prioritariamente para recibir la vacuna contra el covid-19, a efecto de que las tareas esenciales de impartición y administración de justicia se lleven a cabo con mayor normalidad”).

La vía judicial también puede utilizarse para impugnar decisiones a simple vista arbitrarias, como son la designación del presidente de la República como coordinador general de la estrategia federal denominada Operativo Correcaminos o la participación en el programa de vacunación de los servidores de la nación, previa vacunación.

Es deseable que los actos que propendan a alcanzar la justiciabilidad en materia de vacunación privilegien la obtención de beneficios colectivos, evitando que sea la simple intención de denostar al gobierno el faro que guíe los procedimientos judiciales.

 

Pedro Isabel Morales Aché
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especializado en el tema de salud y derechos humanos.

 

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