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Andrés Manuel López Obrador es una criatura política. A diferencia de la casta de funcionarios que dominó en sexenios previos, el actual presidente, junto con varias figuras destacadas de su movimiento, se formó en el trabajo de calle, lejos de la comodidad de los despachos de la alta burocracia. Tal vez es por eso que este gobierno no oculta su desdén hacia los tecnócratas y los organismos autónomos, y que no considera necesario mantener la pretensión de seguir políticas de Estado.

Ilustración: Estelí Meza

Da lo mismo si se trata de deshacerse de un avión o de distribuir vacunas. El actual gobierno simplemente no concibe que las decisiones se deban someter, ni siquiera en teoría, a métricas frías de costo y beneficio. La política siempre cuenta y, de todos los ámbitos de gobierno, probablemente el de seguridad pública es aquél en el que el presidente encontró menos resistencia para imponer un modelo plenamente apegado a sus objetivos políticos. El fracaso de los proyectos del pasado reciente era rotundo (en particular la eterna promesa de “profesionalizar” las corporaciones estatales y municipales); y el tufo a corrupción en la Policía Federal era fuerte. López Obrador se dio cuenta de que el desprestigio de las instituciones de seguridad pública le abría la puerta no sólo para hacer tabula rasa, sino también para cambiar la conversación en materia de seguridad.

Desde el triunfo electoral de Morena, en julio de 2018, se habla cada vez menos de modelos de policía de proximidad, de condiciones laborales y pruebas de control de confianza, de certificados y mandos únicos. Las fórmulas tecnocráticas para hacer frente a la crisis de seguridad, aunque no han sido oficialmente derogadas, van quedando gradualmente en el olvido. En sustitución de esas fórmulas, López Obrador propuso, en el plano retórico, una nueva mística de pacificación. También buscó impulsar un nuevo esquema de gestión política de la seguridad, a partir del establecimiento de mesas estatales y regionales para la construcción de la paz.

Antes de entrar al análisis de ese nuevo esquema, vale la pena señalar que López Obrador encontró un compañero de viaje en la Secretaría de la Defensa Nacional, en particular en un grupo de generales ajeno a la plana mayor que por décadas había dominado el Ejército. Este grupo de generales, sin mayor ambición política, se convirtió en el responsable de ostentar el mando operativo, y maneja recursos y responsabilidades inéditos, tanto por la creación de la Guardia Nacional como por las numerosas obras públicas.

Sin embargo, la nueva cúpula militar se vio obligada a renunciar a parte de la autarquía con la que tradicionalmente se conducían las Fuerzas Armadas. No sólo han tenido que comparecer y dar explicaciones durante las mañaneras (como ocurrió, de manera penosa, después del Culiacanazo de octubre de 2020). Los mandos militares también han quedado sujetos a la supervisión del grupo de operadores políticos que ocupa las posiciones clave, tanto en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como en la estructura de mesas de coordinación.

Uno de los rasgos más elocuentes del esquema de seguridad de López Obrador es precisamente el perfil de algunos de sus funcionarios: Rosa Icela Rodríguez, Alfonso Durazo, Leonel Cota, Ricardo Mejía. Se trata de un grupo de operadores políticos y gestores sociales de primer orden. Sin embargo, ninguno se formó en el sector seguridad. También llama la atención la presencia en las mesas de los “delegados para programas sociales”, “delegados estatales” o “superdelegados” (los términos a veces se usan de forma indistinta). Varios de estos delegados claramente aspiran (tal vez no en lo inmediato, pero sí en algún futuro) a contender por las gubernaturas de sus estados. El mensaje no podría ser más claro. Este gobierno considera indispensable que las decisiones en materia de seguridad en cada estado se tomen bajo la supervisión directa de sus principales figuras políticas.

La presencia de los delegados en las mesas de coordinación difícilmente ha sido inocua o meramente testimonial. Por un lado, estar en las mesas les permite construir una relación de confianza con líderes comunitarios y otros actores locales. Ser ellos, por ejemplo, quienes gestionan el envío de elementos de la Guardia Nacional para atender una emergencia o patrullar un camino. Lo anterior, de forma adicional a su función formal de supervisar la entrega de apoyos y fondos de programas sociales (y a su nueva función extraordinaria de encabezar la vacunación contra el covid). Por otro lado, sospecho que los delegados tienen incluso menos incentivos que los gobernadores para afectar los intereses de criminales demasiado poderosos o bien conectados.

En el nuevo esquema, las diferencias o afinidades políticas son centrales. Algunos gobernadores han llegado a un buen entendimiento con los delegados y los funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; es el caso de varios morenistas, como Cuitláhuac García, de Veracruz, quien frecuentemente recibe elogios del gobierno federal, a pesar del repunte de la violencia en su estado. También hay otros gobernadores de oposición que han logrado mantener una relación tersa con el aparato de seguridad de López Obrador: Alfredo del Mazo, del Estado de México, y Héctor Astudillo, de Guerrero.

En contraste, en Chihuahua se llegó al extremo de un rompimiento. En septiembre de 2020, después de una serie de descalificaciones por parte del gobernador Javier Corral a la actuación de la Guardia Nacional, el gobierno federal anunció que la mesa estatal sesionaría por su cuenta, es decir, sin participación de autoridades estatales. Unos meses después trascendió que el gobierno había condicionado la reanudación de las mesas a que éstas se realizaran en las instalaciones de la Quinta Zona Militar.

El actual esquema no ha dado los resultados esperados, al menos no si tomamos como indicador la tasa de homicidios y las embestidas violentas de las organizaciones criminales. Sin embargo, el gran problema de no tener una política de Estado en materia de seguridad tiene que ver con el largo plazo. Más allá de los malos resultados, es un esquema concebido exclusivamente en función de las circunstancias y los objetivos políticos del actual presidente y su grupo. Un presidente con mayoría en el Congreso y un grupo que todavía mantiene alguna cohesión, pero que necesita multiplicar su vinculación con actores locales si quiere ganar gubernaturas en la elección de 2021.

Es difícil pensar que este esquema sea sostenible, por ejemplo, para un presidente débil, al que los gobernadores de oposición no le tuvieran miedo, como parece ser el caso en Chihuahua y en un creciente número de estados de la Alianza Federalista. Tampoco será un arreglo funcional el día en que las tribus que integran Morena rompan definitivamente (un día que podría llegar incluso antes de que termine el sexenio). En fin, en 2024 otra vez cambiará la conversación. Haremos borrón y cuenta nueva. Se habrá perdido un sexenio más.

 

Roberto Valladares Piedras
Consultor sénior de Lantia Intelligence.