El falso dilema de Sener

Los juicios emprendidos por particulares y por organizaciones no gubernamentales contra la política energética del gobierno han puesto de manifiesto las confusiones ideológicas y lo ajeno que es el gobierno al asunto legal.

La argumentación de quienes defienden los actos de la autoridad  ha sido digna de rememorarse y estudiarse.

El primer punto curioso ha sido la visión del gobierno de que los privados y organizaciones que promueven algún juicio están “atacando” al gobierno. Al grado de decir que para negociar algo, primero se retiren los juicios de amparo.

Tal vez valga la pena explicarles que es deber de los privados defender sus derechos. Me explico: si un director ve un cambio normativo que afecta a su empresa y además es contrario a derecho, está obligado a actuar en contra del mismo. Es como si usted tuviera una tienda, el encargado se da cuenta de que le están robando y no denuncia. Sería administración fraudulenta.

Pero hay otro argumento más delicado. La titular de la secretaría de Energía, en una entrevista hace varias semanas, desestimó los juicios de amparo, centrándose en un controversia constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica, en contra del acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía y de la política de confiabilidad de Secretaría de Energía, que buscan ambas limitar la participación de renovables y de privados en el sector eléctrico.

El planteamiento de la defensa de los actos de gobierno se basa en la versión de la titular de Sener de que la controversia permitirá distinguir si el sector eléctrico es un asunto de servicio público o de mercado.

Es un falso dilema pues el hecho de que sea un mercado no elimina el servicio público, ni el que sea un servicio publico elimina que sea un asunto que pueda ser abordado como mercado.

Verdad

Ilustración: Jonathan Rosas

Es por eso que hubo consideraciones como mantener la distribución dentro de las facultades que solo puede resaliese el Estado, o la creación del Fondo del Servicio Universal Eléctrico que busca que la energía eléctrica llegue a todos los hogares, incluso cuando no sea económicamente rentable hacerlo; y las subastas, que aseguran costos estables y bajos de energía para los usuarios del servicio básico. En otras palabras, el tener una estructura de mercado no elimina que el sector energético sea un servicio público o de interés público, sino que aporta herramientas para que las empresas puedan ser más eficientes al brindar el servicio público.

Ahora, un mercado abierto y totalmente libre si podría generar abusos de parte de los participantes del mercado, que buscarán siempre maximizar sus ganancias. Por eso los mercados requieren de un regulador cuya función será proteger el interés del consumidor. Esa es, al menos en la teoría, la función de la Comisión Reguladora de Energía.

El problema es que cuando el regulador es capturado por una de las empresas que regula, el interés que impone es el de la empresa y es justo lo que ha sucedido desde mayo del año pasado.

El regulador capturado bloquea la participación en el mercado, los mecanismos de participación, amplía contratos a las empresas que lo capturan, aunque todo esto vaya en contra de los intereses del consumidor.

La negativa de permisos, la limitación de modificaciones de los mismos, la modificación de contratos de un actor preponderante en el sector para ampliarlos, es idéntico que cerrar tiendas en una colonia para dejar una sola y decir que es por el bien de la colonia.

El monopolio sí tiende a ir en contra del interés publico, al imponer sus intereses sobre los del consumidor. Y es ahí donde se requiere que tanto empresas como ciudadanos defiendan sus derecho a competir y a tener opciones para buscar lo que más les convenga.

 

Víctor Florencio Ramírez Cabrera
Vocero de la Plataforma México Clima y Energía.

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Publicado en: Energía