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La política social es uno de los pilares de cualquier gobierno. Más en un país como México, que tiene el 42 % de su población en situación de pobreza. Entre los 42 países de la OCDE, México es el tercero con peor índice de Gini, que mide la desigualdad. Sólo están peor India y Sudáfrica.

La desigualdad no se da en el vacío. Las economías de mercado tienden a concentrar el ingreso y la riqueza. Sólo el Estado, como institución central de la economía puede, a través de políticas redistributivas, corregir esa tendencia, hacer menos desiguales a los países.

Ilustración: Víctor Solís

La calidad y la reorientación de la política social del Estado son cruciales: modulan los resultados del mercado y mitigan las diferencias reales de ingreso y calidad de vida de los ciudadanos.

El instrumento fundamental del Estado en este sentido son los impuestos que primero cobra y luego devuelve a la sociedad bajo la forma de transferencias monetarias, como el seguro de desempleo, o de servicios públicos, como el sistema de salud.

El tamaño y la eficacia de la intervención redistributiva del Estado determinan su impacto en la desigualdad.

En los países más prósperos y equilibrados socialmente, la desigualdad disminuye visiblemente después de la intervención del Estado, es decir, después de que el Estado cobra impuestos y hace transferencias de riqueza mediante sus instituciones de política social.

Antes de impuestos y transferencias, Francia tiene un coeficiente de desigualdad de Gini de 0.451. Después de la intervención del Estado, su Gini disminuye a 0.296. El Gini de México antes de impuestos y transferencias es de 0.479. Después de la intervención del Estado, el Gini mexicano baja a 0.467, un efecto redistributivo de tan sólo 0.012.1

Para romper con el pasado en esta materia, el actual gobierno de México puso en marcha una nueva política social, piedra angular de su proyecto transformador, un cambio de paradigma frente al “modelo neoliberal” de sexenios anteriores.

La nueva política consta de diecisiete programas que pueden agruparse en tres categorías:

1. Los mismos de antes pero con nuevo nombre, como el programa de Producción para el Bienestar, el antiguo PROAGRO.

2. Los mismos programas de antes pero con nuevas reglas, como las Becas para Educación Básica Benito Juárez que suplen las transferencias del antiguo Prospera.

3. Los programas realmente nuevos, como Jóvenes Construyendo el Futuro.

El monto total ejercido por estos programas en el presupuesto público de 2019 fue de 147 031 millones de pesos, equivalente al 2.2 % del gasto del gobierno. Según la Secretaría de Hacienda, el número total de beneficiarios de estos programas fueron 16.5 millones de mexicanos. El presupuesto aprobado para 2020 creció ligeramente a 170 394 millones de pesos, 2.5 % más.2

Las transferencias en efectivo son la piedra de toque de estos programas. No son algo nuevo ni distintivo del actual gobierno. En México hay programas de transferencias en efectivo desde la década de 1990. Algunos con mucho éxito. El modelo de transferencias Progresa-Oportunidades-Prospera, insignia de la política social de gobiernos anteriores, fue replicado como un éxito mundial por otros países.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) examinó recientemente los diecisiete programas para entender su contexto y evaluar sus retos. Entrevistó por igual a beneficiarios, operadores y funcionarios responsables de los programas. Concentró su atención en el diseño y funcionamiento de los programas, no en sus resultados. Dada la ausencia de padrones de beneficiarios, Coneval evaluó sobre todo los aspectos cualitativos.3 Sus conclusiones no son muy alentadoras.

En la mayoría de los casos, los programas fueron puestos en marcha sin diagnósticos detallados.

En muchos de ellos, los objetivos planteados son ambiguos, a veces contradictorios e imposibles de medir.

Los programas apuntan a resolver problemas reales, pero por la falta de diagnósticos certeros no tocan sus causas.

Es imposible decir con precisión el efecto tenido de cada programa, pero podemos medir el peso de todos ellos en el conjunto de la economía y de la política social del Estado mexicano.

Según el mismo Coneval, todo el gasto en programas sociales federales en 2018 fue equivalente al 4 % del producto interno bruto y en 2019, al 4.3 %, un aumento apenas perceptible y magnificado por la caída del PIB del año pasado. Estos números quedan lejos del máximo alcanzado en 2014, cuando el gasto social fue del 5.3 % del PIB.

El gasto específico ejercido en los diecisiete programas prioritarios del gobierno actual apenas representa el 0.61 % del PIB de 2019. Son lloviznas en el desierto. Es difícil que una cifra tan baja haga alguna diferencia en la disminución de la desigualdad.

Lo que este gobierno llama “política social” es sólo un subconjunto de la política redistributiva y deja fuera lo más importante: la protección social institucional. En este último rubro, la política del actual gobierno es prácticamente idéntica a la de los anteriores. El cambio, en todo caso, ha sido en el margen, en los nuevos programas y en las reglas, y el nombre de programas que ya existían.

Peor aún, según los cálculos elaborados por Máximo Jaramillo-Molina, gran parte de la nueva política social es regresiva. Es decir, el dinero que se recauda y gasta no llega a los hogares más pobres de México.4

En su último libro, Thomas Piketty sostiene que las políticas de transferencia son insuficientes para corregir desigualdades de ingreso. Sugiere poner la mirada en la “predistribución” más que en la “redistribución” del ingreso.5

Es el camino que ha propuesto entre nosotros Santiago Levy: transformar el sistema de seguridad social con un enfoque de derechos universales de salud, un sistema de pensiones justo que no discrimine, un seguro de desempleo y servicios de guarderías para todos los mexicanos, por el hecho de serlo.6

Los cambios al sistema de seguridad social propuestos por Levy no sólo disminuirían la desigualdad, sino que mejorarían el funcionamiento del mercado laboral y aumentarían los ingresos de los mexicanos. Cambiarían la economía política de México y por ende las condiciones de “predistribución” del ingreso, tal como lo sugiere Picketty.

Dicha transformación es imposible sin una base tributaria más amplia que permita al Estado recaudar los recursos necesarios. Por el momento, ni la reforma tributaria ni el sistema de seguridad social universal parecen estar en el proyecto de este gobierno.

Lo que tenemos entonces es un sistema de protección social que ya era ineficaz, desarticulado y desigual antes de la aparición de la pandemia, pero que ante la doble crisis que hoy atravesamos, la sanitaria y la económica, parece todavía más precario.

Aún no sabemos el alcance real que tendrá la crisis, pero las anticipaciones no son buenas.

Según la última encuesta de Banxico, la economía decrecerá este año 9.9 %.

Según la Cepal, habrá 7.6 millones de mexicanos más en situación de pobreza y 7.6 millones más en pobreza extrema.

Los cálculos de Coneval son peores: entre 8.9 y 9.8 millones más de mexicanos en pobreza y entre 6.1 y 10.7 más en pobreza extrema.

Según el mismo Coneval, en junio pasado el 48.1 % de la población estaba en una situación de pobreza laboral frente al 35.7 % en marzo.7

Las cifras de desigualdad y pobreza en México ya eran escandalosas. La información disponible hasta ahora indica que se agravarán.

Al momento de escribir estas líneas, el gobierno no había presentado ningún plan para hacer frente a la crisis más allá de los programas sociales existentes.

A pesar de ser uno de los países de América Latina con más posibilidades de endeudarse, México es de los que menos ampliaron su gasto público para ayudar a la población.

El gobierno insiste en que no necesita medidas extraordinarias, que gracias a su política social no aumentará la pobreza. Pero el corazón de su política social son estos diecisiete programas, todos ellos de buenas intenciones, diagnósticos pobres, padrones de beneficiarios imprecisos y resultados concretos imposibles de medir.

Todas estas debilidades eran claras antes de la pandemia. No pueden sino haberse agravado en el camino. Desafortunadamente, serán primero los pobres quienes resientan su insuficiencia.

 

Jorge Andrés Castañeda
Analista en temas económicos.


1 OECD, Income Distribution Database. Ver: https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm

2 SHCP, Avance del gasto 4T, 2019. SHCP, Poblaciones atendidas de programas de desarrollo social, 2019. PEF, 2020.

3 Coneval, Evaluaciones de diseño con trabajo de campo a 17 programas prioritarios, 6 de julio de 2020.

4 Jaramillo-Molina, M. ¿Una nueva política social?: Cambios y continuidades en los programas sociales de la 4T, 2019.

5 Piketty, T. Capital et idéologie, Seuil, 2020, p. 616.

6 Levy, Santiago. “Propuesta para transformar la seguridad social en México”, nexos, octubre 2019.

7 Banxico, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: julio de 2020. CEPAL, 5.o Informe especial COVID-19. Coneval, Información referente a la pobreza laboral con la encuesta telefónica de ocupación y empleo (ETOE) de junio, 2020.

 

4 comentarios en “Lloviznas en el desierto

  1. ojala estas noticias fuesen accesibles a la poblacion con menos recursos y con menos informacion,
    ya que la falta de la misma, da como resultado, que solo recibe la informacion que el gobierno quiere publicar y asi conservar los votos de los poco o mal informados

  2. Jorge excelente análisis por desgracia muy exacto y las predicciones que comentas tienen una tendencia a que vamos hacia una crisis social, económica y de salud agravada por la permisividad en la crisis de inseguridad en la cual no se esta haciendo absolutamente nada.

  3. Acabo de conocer esta revista por leer que los han estado sancionando asi que decidí entrar a revisar. Es una calidad impresionante y de enorme accesibilidad.

    Yo que paso de la política y lo cotidiano de la sociedad, debido a mis estudios en filosofia y antropologia, estoy interesado en seguir leyendo aqui y difundirlos.

    Sobre el articulo simplemente comentar que este panorama hace deseable urgentemente el aceleracionismo como postura politica

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