Una vez que asumió el cargo de presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, apoyado por su partido político en el Congreso, empezó a desahogar, con enorme celeridad, varios de los principales objetivos de su agenda de gobierno. Esto implicó un significativo número de reformas constitucionales, así como la creación de nuevas leyes y decretos presidenciales. Este frenesí de ajustes convirtió al 2019 en el tercer año con más reformas al texto constitucional desde 1917.

Ilustración: Patricio Betteo

En respuesta a este abanico de cambios jurídicos se han presentado, por parte de entidades federativas, municipios, minorías legislativas, órganos constitucionales autónomos, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, presidentes de cámaras legislativas, comunidades indígenas y demás, cientos de litigios en contra de esta batería de normas jurídicas cuya función es dar sustento institucional al corazón del proyecto político de la nueva mayoría en el poder. Al respecto, algunos han señalado que el mero cúmulo de impugnaciones en contra de las decisiones y legislación del presidente López Obrador es prueba de su falta de compromiso con el Estado de derecho. Se traza como rasero para medir la legalidad de las políticas públicas de un gobierno el número de demandas que se acumulan en contra de éstas en los tribunales. Esto no es del todo correcto. Existen otros factores que influyen en que una decisión política, una vez procesada por los poderes representativos, se escudriñe en la arena judicial.

La legislación conocida como Obamacare, por ejemplo, impulsada por la administración de Barack Obama, es una de las piezas legislativas federales que más litigios ha enfrentado en las últimas décadas.1 Esto debido a que se ubicó en el centro de la disputa política entre demócratas y republicanos y, en este sentido, se volvió parte de la batalla cultural de aquel país respecto a los alcances de la libertad individual y los límites del Estado. No obstante, a pesar de las decenas de litigios que ha enfrentado esta legislación, su fortaleza constitucional le ha permitido sortear con éxito dos duros embates ante la Corte Suprema estadunidense y tener buenas probabilidades de librar un tercero que se decidirá el próximo año.2

En esta dirección, una primera pista seria para evaluar en términos jurídicos el conjunto de políticas públicas que ha impulsado el gobierno de López Obrador es precisamente un análisis de las demandas que se han planteado en contra de ellas. ¿Qué clase de argumentos ofrecen los demandantes en estos litigios? ¿Se trata de planteamientos vacuos? ¿Rabietas envueltas de jerga legal? ¿Descalificaciones al gobierno actual adornadas con latinajos y un pomposo lenguaje? No, lo que uno encuentra al analizar buena parte de estos dardos jurídicos es que se trata de razonamientos básicos, mesurados y atinados. Salvo algunos chispazos, no es posible leer argumentos agudos ni esgrimas legales osadas; en varios casos, inclusive, se trata de reflexiones propias de un salón de clases de derecho. Esto significa que para los litigantes de estos asuntos no fue necesario plantear cuestionamientos particularmente creativos o avezados para poner en duda de manera plausible la constitucionalidad del edificio jurídico del actual gobierno federal. En otras palabras, basta a veces un escrutinio elemental para concluir que estas normas jurídicas arrastran en su diseño burdas y patentes violaciones constitucionales.

Vale aclarar que estas demandas no ponen en duda el propósito de las políticas impulsadas por la nueva mayoría en el poder. Es más: algunas reconocen la pertinencia de una ley que regule la fuerza pública, de un instrumento jurídico que desincentive la evasión fiscal, de una legislación que plantee un ataque frontal a las redes económicas del crimen organizado. Su alegato se ubica, entonces, en la exigencia fundacional del pensamiento liberal: ceñirse a las reglas para asir el poder. Su pregunta central es: ¿al aterrizar estas decisiones políticas se siguieron las normas de nuestro texto constitucional?

Ninguna demanda discute que se deban fijar los salarios de los servidores públicos del país en función del sueldo del presidente de la República; la queja presentada se centra, más bien, en que éste se define de manera arbitraria y sin considerar los gastos privados de él y de su familia, que son absorbidos por el Estado mexicano.

La extinción de dominio puede ser un buen instrumento para combatir el crimen organizado, pero cómo operar esta figura de manera eficaz cuando hay una patente contradicción entre la manera como se entiende en el texto constitucional y en la ley que la regula.
Es oportuno regular mediante una ley el uso de la fuerza pública, pero por qué ofrecer una definición tan ambigua de la fuerza letal que inclusive permita la planeación de ésta en operativos de seguridad ciudadana.

La compra de facturas, sin duda, es una práctica que merma la recaudación fiscal del Estado mexicano; no obstante, esto no justifica que se le catalogue sin ningún razonamiento como una actividad que afecta la seguridad nacional.

Nadie discute, hoy en día, que las fuerzas armadas pueden realizar tareas de seguridad pública; por qué, entonces, ignorar las reglas constitucionales que condicionan su uso en el decreto presidencial que lo autoriza.

El Ejecutivo, sin duda, tiene facultades para impulsar una nueva política de energía eléctrica; por qué no, más allá de su viabilidad como política pública, aprovechar su mayoría en el Congreso para diseñar ésta mediante el instrumento adecuado en términos constitucionales que es la ley.

Una de las curiosidades de la evolución del sistema político mexicano es que siendo un sistema presidencial, durante los veinte años de gobierno dividido —esto es, que el partido político del presidente de la República carece de mayoría en el Congreso— no menguó el ímpetu de nuestra clase política por reformar el texto constitucional. Ahora, hay que sumar a esta excentricidad el caso opuesto: si bien el partido político del presidente López Obrador goza de mayoría en ambas cámaras legislativas, aun así ha optado por utilizar los decretos presidenciales para detallar aspectos de seguridad pública, energía eléctrica, fuerzas armadas, así como del modelo de comunicación político-electoral. Lo relevante, como apuntan varias de las demandas, es que hay una duda legítima —y por demás razonable— de que con tales acuerdos el Ejecutivo invade facultades del Poder Legislativo.

En un balance, lo que se desprende de estas demandas es una enorme falta de oficio legal; una omisión en el cuidado de las formas legales más elementales. Un desparpajo por no respetar las reglas básicas de distribución de competencias entre los poderes del Estado mexicano. Y un ninguneo del eventual impacto de tales instrumentos legales en los derechos de ciertos sectores de la población.

Lo sé: Felipe Calderón desplegó en el territorio del país a las fuerzas armadas, con las consecuencias que todos conocemos, con el sustento legal de una mera tesis de jurisprudencia. Enrique Peña Nieto, por su parte, escondió definiciones neurálgicas de su reforma energética en un artículo transitorio cuya función consiste en ordenar los cortes temporales de la entrada en vigor de cierto ajuste normativo; asimismo, a través de marrullerías legales, Peña logró designar a ciertos abogados como ministros de la Suprema Corte que simplemente no reunían los requisitos para dicho cargo.

Esto, sin embargo, es peor. Mientras antes teníamos, desde los principales centros de decisión pública del país, la chicana como estrategia legal, ahora enfrentamos el cinismo como doctrina legal. No más uso de artimañas leguleyas o recovecos abogadiles, ahora se procesan las decisiones de la nueva mayoría en el poder con una obscenidad legal descarada, con impudicia frente a las más elementales pautas legales, como si pensaran que el músculo político libera al Ejecutivo de seguir la Constitución, es decir, las reglas diseñadas precisamente para contener y domesticar al poder. La envoltura legal del gobierno de López Obrador para establecer su agenda política es francamente preocupante, aun en un país cuyos gobernantes han demostrado históricamente un bajo compromiso con la ley.

Pero, con independencia de la valoración que uno tenga de estas demandas y de los cambios jurídicos del gobierno de López Obrador, es clave recordar que casi todas estas impugnaciones se encuentran en la sala de espera de la Suprema Corte de Justicia. Las cortes constitucionales, por supuesto, deben resolver conforme a los tiempos legales. Mal haría una Suprema Corte en decidir al ritmo de los vaivenes políticos, pero también hacen mal los jueces constitucionales cuando evitan votar en razón de esta dinámica. En este sentido, es indiscutible el enorme costo en incertidumbre jurídica que aumenta cada día que la Suprema Corte no discute la suerte de estas demandas. Basta asomarse, por ejemplo, al galimatías legal que sufren miles de servidores públicos en torno a la definición de su salario por no zanjarse aún las impugnaciones en contra de la ley de remuneraciones de servidores públicos ni del presupuesto de egresos del 2020. El otro lado de la moneda, entonces, de este cinismo como doctrina legal, es una Suprema Corte que evite decidir; que esté a la espera de que pasen las elecciones intermedias del próximo año o, peor aún, a que concluya el sexenio para asumir su responsabilidad constitucional. Ya, en su momento, se deberán analizar los votos de los ministros y, sobre todo, sus argumentos. Pero ahora hay que insistir en que la autonomía judicial no se apuntala escabulléndose de votar los casos que justo le importan a la actual mayoría en el poder. Ojalá pronto la Suprema Corte tome la decisión de decidir estos asuntos; en ese ejercicio se juega realmente el futuro de su autonomía y su rol como institución clave para nuestra democracia.

 

Saúl López Noriega
Profesor e investigador de tiempo completo del CIDE.


1 Cunningham, Paige W. “The Obamacare lawsuit, by the numbers” en The Washington Post, 10 de julio de 2019. Consultable aquí: https://wapo.st/3dsPVFy.

2 Goodnough, Abby y Liptak, Adam. “Supreme Court to Hear Obamacare Appeal” en The New York Times, 2 de marzo de 2020. Consultable aquí: https://nyti.ms/3dyHrNl.

 

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