“Se ha desmoronado el castillo de naipes, sentenció James Galbraith. Un mundo entero de ilusiones, autoengaños y sofismas ha muerto (…) El espejismo es la economía tal y como la conocemos (…)”.1 Aquí, al sur de la frontera, no es menor la sensación de derrumbe. En particular, la economía ofrece ya un panorama ruinoso. La enfermedad económica, que cae sobre un cuerpo productivo dañado desde antes por un largo estancamiento relativo, podría conducir a una depresión profunda afectando la abigarrada y debilitada trama de las relaciones sociales y económicas, con posibles daños sobre el sistema político.

Recientemente el Coneval ofreció unos panoramas sociales ominosos: “La crisis podría provocar que la población que en 2018 no era pobre ni vulnerable, tenga afectaciones que la lleven a encontrarse en alguna de estas condiciones”.2 El Seguro Social, por su parte, informó que en abril se perdieron 555 000 empleos formales (en 2019 se crearon 342 000 empleos); en mayo siguió la caída y es probable que el desempleo formal llegue a cerca de un millón y medio de trabajadores al final del año.

Ilustración: Víctor Solís

Este cuadro, debería bastar para preguntarse si las medidas anunciadas hasta ahora por el gobierno son el programa de política económica y social que se requieren no sólo para proteger los signos vitales de la sociedad y su organismo económico, sino para trazar un nuevo curso de desarrollo. Desde una proyección simple de los sentimientos de la nación, ahora puede proponerse que se requerirá algo más que una recuperación del statu quo ante. Lo que está ante nosotros es la necesidad de contar con soportes flexibles de gobernanza política y económica para avanzar en una reforma del Estado, pospuesta por demasiado tiempo, que lo haga un Estado constitucional y democrático, a más de desarrollista y social, cuya construcción deberá ser el resultado de un gran acuerdo nacional, y tendrá que batallar por contar con mayores capacidades de gasto e institucionales para ofrecer su mejor asignación.

Lo urgente es disponer de los fondos públicos suficientes para atender los horadados renglones laborales y sociales que constituyen la base del bienestar. Urge inyectar liquidez a miles de pequeñas y medianas empresas que son decisivas generadoras de empleo y podrían ver clausurado su futuro. Sin desmedro de los programas de alivio social anunciados, se requiere gastar mucho y más, teniendo como divisa central la defensa del empleo y la de sus fuentes principales.

Un mayor gasto implica presiones adicionales sobre los magros ingresos fiscales del gobierno federal y los otros órdenes de gobierno. El reconocimiento de esta realidad debería reafirmar la urgencia de una reforma hacendaria tributaria y del gasto y, en general, de su financiamiento. Sabemos que aún si esta reforma se asumiera ya, sus frutos empezarían a darse el año entrante. Ahora, debe servir para fortalecer la capacidad de contratación financiera del Estado que tendrá que dirigirse a convenir los montos de deuda necesarios para sostener el gasto adicional y evitar que los servicios públicos se deterioren más.

La protección del empleo y el ingreso deben ser prioritarios, los primeros auxilios de una política económica en curso de transformación sobre la marcha. Pero no son ni serán suficientes para apurar la recuperación, menos para inducir al conjunto económico y social hacia un nuevo rumbo. Las tasas de consumo y acumulación de capital requeridas para despegar el crecimiento son elevadas, pero no tienen por qué verse como antinómicas a los propósitos de redistribución social para la equidad y rumbo a la igualdad. La reforma del Estado supone hacer una reforma hacendaria fincada en impuestos progresivos y recaudatorios, orientada a recobrar una economía mixta desarrollista. Una combinatoria azarosa pero que se ha mostrado política e históricamente eficaz.

Es momento de (re)crear mecanismos de comunicación de Estado, así como de recuperar los instrumentos para programar la acción pública; crear un Consejo Económico y Social y un Consejo Fiscal del Congreso, para promover la confianza ciudadana y las capacidades políticas necesarias para erigir un auténtico Estado fiscal. En el camino, habría que encontrar las combinaciones de la inversión pública y privada, ordenadas por compromisos innovadores de programación, redistribución y rendición de cuentas para reducir las brechas sociales existentes. Se trata de recuperar el ánimo deliberativo, inspirado por un objetivo mayor: evitar el incremento de mexicanos pobres y vulnerables y defender empleos y fuentes de trabajo. Lograrlo supone un Estado que cultiva certidumbre, se asume como promotor económico y el que constitucionalmente le corresponde para la redistribución social y regional.

Estos son los primeros pasos para encarar la pandemia y (re)tomar la tarea: redefinir nuestro curso de desarrollo, bajo la divisa de progreso económico regido por criterios de equidad y de igualdad, seguridad y democracia.

 

Rolando Cordera Campos
Economista. Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Entre sus libros: Crónicas de la adversidad y Políticas sociales al fin del milenio. Descentralización, diseño y gestión.


1 Galbraith, J. K. “La movilización que ha de empezar ahora”, consultado en: https://bit.ly/2BEMD4F.

2 Reforma, 12 de mayo de 2020.

 

2 comentarios en “Primeros auxilios (económicos)

  1. Creo que si el personal académico estable resuelve renunciar a una fracción del salario en favor de alguna institución o.personas que los necesitan- políticos y empresarios deberán reconsiderar sus inflexibles actitudes.

  2. Me gustó el título de Primeros Auxilios (Económicos), pero la propuesta sobre los consejos, hacen que sean los últimos auxilios, que además, no se van a lograr.