Después del covid-19: no más parches

Desde 1996, pasada la crisis de 1994-95, y hasta 2018, nuestro desempeño económico fue mediocre. La razón principal fue que la productividad se estancó, no la falta de inversión ni la baja escolaridad de los trabajadores, como se afirma comúnmente. La productividad no creció porque un complejo entramado de leyes mal diseñadas e instituciones disfuncionales gravó al sector productivo de la economía y subsidió al improductivo. Antes de iniciar esta administración, teníamos un profundo problema de productividad.

En 2019 la contribución de la inversión al crecimiento se debilitó, y el ingreso per cápita pasó de crecer muy lentamente a una ligera caída. Al concluir el primer año de este gobierno, agregamos un problema de inversión al problema de productividad que ya teníamos.

Ilustración: Víctor Solís

En 2020 el covid-19 suma a estos dos problemas una crisis sanitaria y económica, ésta última agravada por la ausencia de una respuesta contracíclica. En estos momentos no sabemos cuándo concluirá la pandemia, pero sí sabemos que experimentaremos la mayor contracción del PIB en más de medio siglo. Las repercusiones serán muchas, pero la más grave será un deterioro adicional del mercado laboral, que ahondará su pobre desempeño durante las últimas décadas.

A partir de 2021 el devenir económico dependerá de Estados Unidos y de las políticas públicas que adoptemos en los próximos meses. Pero aun si Estados Unidos se recupera rápidamente y aun si revertimos la caída en la inversión —el mejor escenario posible—, al concluir este gobierno el ingreso per cápita será menor que al inicio. La razón es sencilla: un crecimiento del PIB de 2 %, resultado sólo del aumento de la población económicamente activa y la inversión, sin ninguna contribución de la productividad, es insuficiente para que en 2024 el ingreso per cápita iguale al de 2018; de hecho, si la contracción del PIB en 2020 es muy profunda, puede que ni en el 2030. Más de lo que hacíamos antes del covid-19, o todavía antes de iniciar esta administración, difícilmente evitará otra década perdida. Es vital tener esto muy claro.

El deterioro social y económico puede llevar a muchas reformas, algunas tributarias, otras en materia laboral y otras más en lo social. Si son similares a las anteriores, fracasarán. Las pasadas reformas han tenido buenas intenciones pero malos resultados. Ello porque se diseñaron de forma aislada, sin considerar el impacto que una tiene sobre las demás, y sobre los incentivos que empresas y trabajadores enfrentan para aumentar la productividad. La reforma de pensiones de 1996 no consideró que en contextos de alta informalidad ningún sistema de pensiones funcionará bien, independientemente de si es de reparto o de capitalización. La reforma de salud de 2003 no contempló su impacto sobre la informalidad ni lo hicieron los programas de guarderías y pensiones impulsados a partir de 2008. Lo mismo puede decirse de las reformas tributarias y laborales del gobierno anterior, y de salud de esta administración. Todas ignoraron, o agravaron, la segmentación del mercado laboral.

El reto es construir una prosperidad compartida. A pesar del temor provocado por la profundidad de la recesión, no debemos pensar que pasado el covid-19 lo urgente es crecer y luego redistribuir; ni ante la angustia causada por el deterioro social, pensar que hay que redistribuir ahora y crecer más adelante. Ni siquiera, como durante las últimas dos décadas y hasta la fecha, pensar que el crecimiento se logra impulsando la inversión, por un lado, y la protección social a través de más y más programas, por el otro, al dejar intactas leyes obsoletas e instituciones deficientes. Requerimos instrumentos de redistribución y protección social que interactúen coherentemente con el resto de los instrumentos de política pública para detonar un proceso simultáneo de aumentos de productividad y mejora de la protección social. No uno o lo otro, sino ambos. Un sistema que proteja mejor a todos, sin gravar los empleos productivos y subsidiar los improductivos; que ofrezca a los trabajadores oportunidades de progreso, no sólo transferencias.

Es imposible lograr lo anterior sin un rediseño profundo de nuestro Estado de Bienestar. Ya no programas e instituciones para los formales, otros para los informales y otros más para los pobres. Requerimos de un Estado de Bienestar universalista. Y para convertir esta expresión de eslogan a política pública, necesitamos asegurar que el objetivo central de la próxima reforma fiscal sea ese Estado, y rechazar todas las propuestas de reformas tributarias, de pensiones, salud, guarderías o laborales que no contribuyan decididamente a construirlo. Ya no más parches.

En diciembre de 1942, en medio de la Segunda Guerra Mundial y aún sin la certeza de la victoria sobre la Alemania nazi, el gobierno de Churchill aprobó la publicación del Reporte de Beveridge: la brújula que guio el diseño del Estado de Bienestar británico después de la guerra. Ese Estado de Bienestar no resultó de una aglomeración de medidas aisladas en materia fiscal, laboral, de pensiones, de salud o de guarderías; había una visión integral. Y funcionó porque propició la productividad; sin esto último, no hubiese pasado de ser una aspiración.

La respuesta al covid-19 puede ser más de lo que hemos hecho desde hace veinticinco años, como hasta hoy, adjetivos aparte. O puede ser un rediseño profundo de nuestro Estado de Bienestar. Si es lo segundo, debemos de hablar de productividad y protección social al mismo tiempo, y luego actuar en consecuencia. Sería lo único bueno que pudiéramos obtener de esta tragedia.

Santiago Levy
Economista. Es investigador principal de Brookings Institution.