El viernes pasado, en plena crisis de Covid-19, Andrés Manuel López Obrador anunció una nueva ocurrencia durante su conferencia matutina. El objetivo, indicó, era que los concesionarios de radio y televisión pudieran conservar los trabajos de sus colaboradores, Dijo textualmente: “La industria de la radio y la televisión están [sic] pasando por un mal momento porque han bajado sus ingresos en general y nosotros no podemos darles dinero para publicidad, como era antes; se ha reducido considerablemente y se va a reducir aún más el gasto de publicidad”. Para ello prometió “devolver” a los concesionarios los llamados tiempos fiscales para que puedan comercializar estos espacios.

Suena bien, ¿no? Sin embargo, no es la primera vez que su discurso dista mucho de la realidad.

Basta hacer un pequeño análisis para entender las graves implicaciones legales y financieras que tiene este despropósito, y decidir si en efecto busca beneficiar a los medios de comunicación y los ayuda a conservar empleos, o en realidad es una ingeniosa estrategia para deshacerse de la libre prensa de la que tanto habla la actual administración.

Ilustración: Belén García Monroy

¿Qué son los tiempos fiscales? Distintos ordenamientos jurídicos y publicaciones de colegas estudiosas del derecho de las telecomunicaciones distinguen los tiempos de Estado de los tiempos fiscales, que pertenecen a un mismo género: los tiempos oficiales. Los primeros (tiempos de Estado) son transmisiones gratuitas diarias de hasta 30 minutos, en cada estación y por cada canal de transmisión, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social en los términos que determine el ejecutivo federal. Los segundos (tiempos fiscales) consisten en el pago en especie de una contribución aplicable a concesionarias de radio y televisión, originada en 1968 durante el sexenio de Díaz Ordaz. Estos “tiempos fiscales” son los que López Obrador pretende regresarle a la radio y a la televisión.

Pero, ¿de qué manera se “devuelven” esos tiempos fiscales a los concesionarios si únicamente representan el pago en especie de un impuesto más? La idea del presidente es muy sencilla: la radio y la televisión recuperan estos espacios en sus programas y podrán venderlos a empresas que quieran publicitarse a través de mensajes comerciales.

¿Hay algún problema? Sí, pues en el país donde el jefe de Estado repite ad nauseam la célebre frase “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, resulta que existe una prohibición expresa en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de rebasar los tiempos de mensajes comerciales. Estos tienen un límite que, naturalmente, tendría que ser agotado por toda radiodifusora y en caso de que no sea así el problema será aún más grave. El artículo 237 de dicho ordenamiento limita el tiempo destinado a publicidad comercial a 18% del tiempo de cada transmisión por cada canal en estaciones de televisión y de 40% en estaciones de radio. ¿Qué pasa si no se respetan estos límites? Se impondrán multas hasta del doble de los ingresos obtenidos derivados de rebasar los topes máximos de transmisión de publicidad (artículo 311).

Es decir, estos tiempos fiscales que supuestamente se “devuelven” a las empresas de radio y televisión no podrán ser utilizados para contratar publicidad adicional. No sólo eso, sino que generarán más trabajo a los concesionarios, pues ellos deberán analizar de qué manera generar contenidos y producciones adicionales, lo cual representará nuevos gastos e inversiones en perjuicio de las finanzas de las empresas. Esto repercutirá en los trabajadores que supuestamente son protegidos por la nueva medida.

Por último, falta hacer mención a otro gran problema. Como mencionábamos, los tiempos fiscales representan el pago en especie de un impuesto de Díaz Ordaz. De “devolverse” dichos espacios en las programaciones a los concesionarios, ¿cómo le responderán ahora al fisco? La respuesta es clara: el impuesto se encuentra previsto en una ley publicada en el Diario Oficial de la Federación del primero de diciembre de 1968. Sin embargo, mediante un decreto del primero de julio de 1969 se autorizó a la secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir el pago de dicho impuesto a través de los famosos “tiempos fiscales”. Esto quiere decir que no se dejará sin efectos el impuesto de la ley, sino el beneficio fiscal del decreto posterior. Es decir, la Cuarta Transformación publicitó una medida que, en apariencia, beneficiaría a las radiodifusoras cuando en realidad implicará mayores cargas fiscales en perjuicio de sus finanzas.

¿Es ésta una medida favorable para los medios de comunicación o resulta una zancadilla disfrazada de beneficio? Queda la pregunta en el aire.

 

Gerardo Carrasco Chávez
Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Director Jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.