AMLO sabía, desde antes de llegar al poder, que la seguridad sería el gran reto de su sexenio. Propuso un cambio de rumbo con la esperanza de triunfar ahí donde Calderón y Peña Nieto fracasaron. Tan clara tiene el presidente la importancia de la seguridad, que se empeñó en romper con las instituciones que ya existían y en dejar la encomienda de recuperar la paz a la Guardia Nacional; una institución que los mexicanos identificaremos plenamente con el proyecto transformador.

No todo en el primer año del experimento salió mal. Incluso hay algunos delitos que van a la baja. Sin embargo, López Obrador se equivocó en lo más importante. Pensó que los gestos de buena voluntad del gobierno bastarían para que las organizaciones criminales buscaran la forma de moderar su propia violencia. Hasta ahora, los criminales han respondido con balazos a la oferta de abrazos del presidente.

Ilustración: Víctor Solís

Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto siguieron una fórmula ingenua para intentar revertir la crisis de inseguridad y violencia: repartir dinero e imponer obligaciones formales de profesionalización a las policías de estados y municipios. Confiaban en que estas buenas intenciones —traducidas en presupuesto y en acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública— permitirían construir rápido policías confiables. Este plan fue un completo fracaso.

Es cierto que en muchos casos se aumentaron salarios y prestaciones de los policías y que cada año se realizan decenas de miles de pruebas de control de confianza. También se gasta dinero a manos llenas en otros rubros, sobre todo en obra pública. Los estados y sus contratistas consentidos compiten por construir las instalaciones más imponentes. Los edificios donde se realiza el monitoreo de las cámaras de videovigilancia son el mejor ejemplo. Hace unos años esos edificios se llamaban C4 (Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando). Luego, para distinguir una nueva generación de edificios ultramodernos, comenzaron a llamarlos C5. En 2019 el gobierno de San Luis Potosí estiró la liga un poco más con la inauguración de un C5-i2 (Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Información e Inteligencia).

Sin embargo, el plan de inversión en infraestructura y profesionalización no funcionó, ni funcionará, porque deja intactas las redes de corrupción en las que descansa el control criminal sobre las policías. La tarea difícil y riesgosa de suprimir esas redes de corrupción sólo la llevaron a cabo un puñado de gobernadores, alcaldes y funcionarios excepcionales. Las experiencias de éxito, aunque las hubo, fueron aisladas y efímeras. Casi nadie le entró a la tarea, más difícil incluso, de limpiar el ministerio público.

En lo que se cumplía la promesa de construir policías profesionales, Calderón y Peña Nieto dejaron que las Fuerzas Armadas y la Policía Federal compartieran la responsabilidad de servir como garantes de última instancia de la seguridad y del orden público. Una y otra vez, conforme cada estado se incendiaba por la violencia, se hicieron “operativos” y “reforzamientos” con elementos federales.

Estos operativos han sido un arma de doble filo. Eran indispensables, pues permitieron evitar lo peor cuando la violencia criminal tomó tintes de guerra civil. Sin embargo, los operativos tuvieron un costo enorme. Los elementos federales llegaban a ciegas a combatir a un enemigo que apenas conocían. Se hicieron frecuentes las emboscadas y los enfrentamientos, pero también los “abatimientos” de supuestos criminales y las ejecuciones extrajudiciales. Así lo demuestran las estimaciones del índice de letalidad y la evidencia que tenemos de casos como los de Tlatlaya o Tanhuato. Podemos afirmar, sin temor a exagerar, que por más de una década se solapó que el combate a la delincuencia se condujera siguiendo una lógica de exterminio.

AMLO cambió de rumbo. Desde la toma de protesta, la política de profesionalización de las policías desapareció del discurso oficial. Más importante, este gobierno ha mostrado ya su intención de recortar de forma drástica los recursos que se transfieren a los municipios para temas de seguridad. El anuncio de que el Fortaseg (el fondo destinado a la profesionalización y el equipamiento de las policías municipales) se reducirá en 25 % para 2020 motivó en octubre pasado una inusual manifestación de alcaldes en las puertas de Palacio Nacional.

López Obrador les tiene un profundo recelo a las policías, empezando por la Policía Federal, la cual decidió desaparecer por completo. En lugar de insistir en la profesionalización policial, el presidente le apuesta a su proyecto personal: la Guardia Nacional. La Guardia actualmente está en proceso de absorber todos los recursos que antes se destinaban a la Policía Federal y sospecho que la intención es que, a largo plazo, también se quede con una parte significativa del presupuesto que actualmente se reparte a las corporaciones estatales y municipales. Sólo así se explica que la Guardia, en lugar de concentrarse en las regiones más conflictivas o de especializarse en el combate a los grupos más peligrosos, diluya sus recursos en actividades disímiles por todo el país (desde revisar mochilas en el metro de la capital hasta apoyar operativos de tránsito en Cancún).

AMLO decidió poner la operación de la Guardia Nacional en manos de militares. Sin embargo, tampoco confía plenamente en la cúpula militar (eso, a pesar de que nombró secretario de Defensa al general Luis Cresencio Sandoval en un claro rompimiento con la “plana mayor” que había concentrado el poder en Sedena durante las administraciones de Calderón y Peña Nieto). Quiere que la Guardia tenga menos discrecionalidad respecto a su autoridad de la que las Fuerzas Armadas tradicionalmente han tenido. Por eso la necesidad de las reuniones de las seis de la mañana, con todo el gabinete de seguridad, y de la construcción de una estructura de coordinaciones estatales y regionales para monitorear la operación cotidiana de todo el aparato de seguridad del país. López Obrador, igual que Porfirio Díaz, busca pacificar al país por medio de la centralización del poder.

Los principales indicadores de seguridad, aquéllos que el mismo presidente planteó (homicidios, robos de vehículo y robo de hidrocarburos), han tenido resultados mixtos en 2019. Las víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con lo reportado por las fiscalías de las entidades federativas, aumentaron de forma acelerada en la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto. Este incremento alcanzó un máximo en el tercer trimestre de 2018. 2019 será un año con más homicidios que 2018. Sin embargo, en su primer año de gobierno, López Obrador logró romper la tendencia de crecimiento desbocado de la violencia registrada en años previos.

En lo relativo a los robos de vehículo se observa un avance importante. Si se comparan los primeros tres trimestres de 2019 con el mismo periodo de 2018, la disminución en el número de unidades robadas fue del 12 %. Se trata de un descenso que, además, es consistente con las cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que también ha reportado una baja significativa en el número de unidades robadas. Por otra parte, la disminución en los robos de vehículo ha sido uniforme en las entidades en las que se concentra este delito: Baja California, Ciudad de México, Jalisco y Estado de México. Aunque es necesario realizar un análisis más detallado para explicar esto, es probable que ésta sea un logro atribuible a la estructura de seguimiento de incidentes que se ha establecido por medio de las coordinaciones regionales y estatales para la construcción de la paz.

Por último, hay polémica sobre los resultados reales de la cruzada contra el robo de combustible que el ejecutivo federal lanzó a principios de 2019. El presidente ha insistido en reportar cifras inverosímiles que harían parecer que dicho delito prácticamente desapareció. En el primer informe de gobierno afirmó que el robo de combustible había disminuido 94 %. Sin embargo, de acuerdo con un estudio de México Evalúa, distintos indicadores desmienten las cifras alegres del presidente. En particular, Pemex no ha reportado un incremento en las ventas legales de gasolina que sería la consecuencia lógica de la desaparición del mercado negro de hidrocarburos.

Las cifras del primer año del sexenio no necesariamente apuntan a una catástrofe en materia de seguridad. Sin embargo, hubo grandes descalabros que no tienen que ver con los niveles de incidencia delictiva, sino con la crudeza de algunos eventos de violencia de mayor impacto. Desde los primeros meses de 2019 comenzaron una serie de agresiones y masacres que rápidamente se extendieron por Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz. Dos eventos ocurridos a fines de año (los ataques en Culiacán en el contexto del operativo de captura de Ovidio Guzmán y la emboscada en la que murieron nueve mujeres y niños de una comunidad mormona de Sonora) fueron un parteaguas. En las encuestas publicadas después de estos eventos se registró, por primera vez, una caída significativa en los niveles de aprobación de AMLO. Por otra parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aparece como el funcionario peor evaluado del gabinete, seguido del secretario de Defensa.

En el caso de Culiacán quedó claro que el operativo de captura se planeó y se ejecutó con información deficiente, lo que generó un riesgo injustificable tanto para los elementos de Sedena que participaron como para la población de la ciudad. Los errores y las contradicciones en las declaraciones iniciales de Durazo obligaron a hacer una presentación pormenorizada de los hechos, la cual exhibió el grado de vulnerabilidad de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas ante las milicias del Cártel de Sinaloa. Hubo un recuento de los daños y un reconocimiento de errores tácticos. Lo que se ha extrañado, hasta ahora, es una propuesta para cambiar la estrategia de combate hacia los grupos con alto poder de fuego que desataron la violencia.

Una y otra vez AMLO ha insistido en que su gobierno no va a regresar a la estrategia de guerra y exterminio de las administraciones previas. De acuerdo con la evidencia disponible, la política de pacificación ha sido mucho más que un ejercicio retórico. Todo parece indicar que hay instrucciones inequívocas de reducir al mínimo el uso de la fuerza en los operativos del gobierno federal. No sólo hemos visto imágenes de elementos militares que se limitan a replegarse ante agresiones con palos y piedras por parte de comunidades. De acuerdo con las cifras presentadas por el presidente en la conferencia de prensa del 23 de octubre, también ha habido una drástica disminución de los “abatimientos” de supuestos criminales (las cifras de enero a septiembre de 2019, anualizadas, implican una disminución del 29 % respecto a 2018). Por primera vez desde 2010, durante las agresiones a fuerzas federales han sido más los detenidos que los fallecidos. Esta disminución de la letalidad de las fuerzas federales, si se sostiene, será uno de los grandes méritos por los que se recuerde al actual gobierno.

Sin embargo, AMLO se equivocó al calcular la respuesta que los grupos con mayor poder de fuego, en particular el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, tendrían ante su oferta de paz. Éste fue el error crítico durante el primer año de gobierno. Explicar las razones por las que los criminales respondieron con extrema violencia ante el discurso y las acciones pacifistas del presidente excede los alcances de este ensayo. Me limito a sugerir que la fragmentación del crimen organizado, sumada a los conflictos que existen entre organizaciones en varias regiones, hacen imposible que los “brazos armados” se autolimiten en el uso de la violencia.

Ni las becas ni los programas de empleo —ni la política social en general— servirán de nada para evitar más agresiones y masacres (por la simple razón de que quienes cometen estas atrocidades generalmente son profesionales del uso de la violencia que trabajan para organizaciones prósperas, no jóvenes en condiciones de precariedad económica). Para que la política de pacificación, la centralización de la seguridad pública y la Guardia Nacional tengan éxito, todavía hace falta un ingrediente.

Ese ingrediente tiene que ver con el uso disuasivo del aparato de procuración de justicia. Recurrir a la ley donde antes sólo se usaba la fuerza. En México no hay capacidades para investigar y castigar todos los delitos ni siquiera todos los delitos de alto impacto. Sin embargo, es indispensable marcar algún límite a los criminales. En casos como el de Culiacán hay herramientas que se podrían usar para mandar el mensaje de que la violencia extrema tendrá costos. Una herramienta es la investigación y la aprehensión de figuras clave. No sólo capos, que son extremadamente difíciles de capturar, sino también de un número importante de sus operadores locales, incluyendo mandos policiales corruptos. El congelamiento de cuentas desde la Unidad de Inteligencia Financiera, junto con el uso de la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio (mucho más amplia en sus alcances que la normatividad previa) pueden servir como medidas complementarias. Sólo así el gobierno podrá darle a su política de pacificación los dientes que son necesarios. Sólo así podrá renunciar a la lógica del exterminio sin morir en el intento.

 

Eduardo Guerrero Gutiérrez
Socio de Lantia Consultores.

 

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