“No hay agresión sin respuesta”, dice una pinta en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en donde la semana pasada se confrontaron feministas y estudiantes. La frase resume mucho de lo que hoy acontece en nuestra casa de estudios: la radicalización de la protesta como respuesta a un contexto de agresión hacia las mujeres que es cada vez más visible. El debate hasta ahora ha sido planteado  en términos binarios: legitimar o condenar los métodos de lucha de nuestras compañeras. Sin embargo, poco se ha discutido sobre lo que está fallando, sobre el porqué las universitarias han tenido que tomar las facultades.

¿Qué hay detrás de las pintas y los vidrios rotos? ¿Qué responsabilidad tienen la autoridad y la comunidad en el problema? ¿Qué políticas pueden implementar tanto la Rectoría como la dirección de las Facultades para mitigar la violencia de género? ¿Rectoría y las Facultades pueden implementar para mitigar la violencia de género?  Este texto busca responder estas preguntas mediante un análisis de la variable institucional y con el firme interés de presentar propuestas que revitalicen el debate y frenen la polarización entre la comunidad universitaria.

Ilustración: Estelí Meza

Avances matizados

En 2016, la UNAM implementó un protocolo que establece procedimientos legales para la Oficina de la Abogacía General en casos de violencia de género. Desde entonces se han presentado 926 denuncias, que representan un aumento de más de 1,000%, respecto de los últimos 13 años.1 Aunque es posible que los casos de violencia de género hayan aumentado en la UNAM, como ha ocurrido de manera generalizada en la Ciudad de México, el súbito incremento en las denuncias no es atribuible en su totalidad a un aumento en los niveles de violencia. Existen otras variables que valdría la pena examinar. Procesos culturales enmarcados en la cuarta ola del feminismo, coyunturas como el #MeToo y la creación de instrumentos como el mismo protocolo también han contribuido.

Que más mujeres denuncien es algo positivo. Esta precisión es importante para valorar los avances. Tan sólo en su primer año, el protocolo facilitó 234 denuncias, frente al promedio existente de 25 por año.2 Lo lamentable es que más denuncias no se traduzcan en una mayor percepción de justicia por parte de las víctimas. Para muchas de ellas, los “tendederos de acoso” (nombres y fotografías de agresores expuestos en los pasillos de las facultades) y las denuncias en redes sociales siguen siendo necesarias para visibilizar los actos de violencia y evitar que los responsables queden impunes.3

La UNAM afirma que, como todo “instrumento jurídico el protocolo es susceptible de ser revisado y mejorado”.4 Y, en efecto, en su segunda versión, publicada en marzo de 2019, el protocolo presenta mejoras. Por ejemplo, ya no requiere a la víctima mantener el silencio sobre el caso durante el proceso5 y elimina la prescripción del acto de violencia a los doce meses.6 A pesar de ello, el protocolo sigue siendo acusado de ser “un laberinto” que “obstaculiza la justicia”.7

Justicia en manos de hombres

En primer lugar, las garantías para denunciar sin represalias son cuestionables.  Un relato compartido es que las víctimas dejan de acudir a la universidad para evitar interactuar con su agresor y salvaguardar su integridad física y mental.8 A pesar de que el protocolo contempla “medidas urgentes de protección” (cambio de turno, apoyo académico, etc.), éstas dependen del criterio de la Oficina Jurídica de cada Facultad, cuyos titulares han considerado que las medidas de protección son necesarias sólo en el 25% de los casos.9

Otra crítica hacia el protocolo se centra en la impartición de justicia. Montserrat Sánchez, integrante del Tribunal Universitario de la Facultad de Filosofía y Letras, señala que las “relaciones amistosas entre un acusado profesor y el director” conducen a que no haya sanción.10 Las filias personales entre directivos y académicos pueden interferir en el proceso de justicia, si se considera que el contrato colectivo de los docentes designa al titular de la dependencia (el director) como el encargado de llevar la investigación sobre posibles faltas, como casos de acoso.11 Asimismo, de acuerdo con la legislación universitaria, el director es el encargado de presentar faltas disciplinarias ante el Tribunal Universitario, instancia que  ha sido ampliamente criticada porque, para el colectivo Académicas y Estudiantes de Posgrado de la UNAM “la perspectiva de género no tiene cabida en el Tribunal”.12 Se trata de un órgano cuya creación data de 1945, integrado por “el más antiguo de los profesores del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho”[sic], por un decano del Instituto de Investigaciones Jurídicas y por un vocal académico,13 cargos que históricamente han sido ostentados por hombres.14

Varias compañeras han denunciado que el Tribunal carece de perspectiva de género y revictimiza a las mujeres que denuncian.15 Esta opinión no es exclusiva de las alumnas. En marzo de 2018, un grupo de académicas convocadas por el rector Enrique Graue, concluía en la necesidad de “restructurar la composición del Tribunal Universitario o reemplazar sus funciones por una comisión disciplinaria con enfoque de género”.16 Esta propuesta fue retomada por la Comisión de Género del Consejo Universitario en 2018.17 Sin embargo, hasta al momento nada ha cambiado. El nuevo presidente del Tribunal Universitario, Eduardo López Betancourt, tomó protesta en febrero de este año y más allá de dar la “bienvenida la perspectiva de género”,18 no ha mencionado como garantizará la inclusión de este principio dentro de las sentencias del Tribunal.

Mientras el 99%19 de denunciantes son mujeres, la justicia para los casos de violencia de género en la UNAM depende mayoritariamente de hombres. Al analizar el directorio de las Oficinas Jurídicas de las Facultades de la UNAM, descubrimos que el 83% tienen como titular a un hombre.20 Estos hombres son los primeros eslabones de la burocracia universitaria con quienes tiene contacto la víctima, son los que definen la gravedad del asunto y deciden si hay medidas de protección o no. Finalmente, es también un hombre, el director (en al menos 80% de las Facultades),21 el que se encarga de la investigación y del seguimiento para que el tribunal universitario, históricamente dominado por hombres, dicte sentencia. Para colmo de males, al frente de la Unidad para la Atención de Denuncias, encargada de brindar atención a los casos de violencia de género, se encuentre otro hombre quien, de acuerdo a la versión pública de su currículo, no cuenta con formación ni capacitación en temas de género.22

Las Unidades de Género

¿Sería diferente la situación si existieran más mujeres involucradas en el proceso de atención de denuncias? La evidencia sugiere que cuando las mujeres en cargos burocráticos se encargan de atender asuntos que impactan a otras mujeres ocurre una “representación activa” de sus intereses.23 Un estudio particularmente significativo es el de Meier & Nicholson24 en 60 ciudades de Estados Unidos. Los autores demuestran que un mayor porcentaje de mujeres en los cuerpos de policía conduce a mayores niveles de arresto por violencia sexual, por tres razones simples. Primero, las víctimas tienen más confianza en acercarse a una mujer para denunciar. Segundo, mujeres policías demuestran mayor diligencia, empatía y compromiso en los casos al compartir un cúmulo de experiencias similares con las víctimas. Tercero, las mujeres policías sensibilizan a sus colegas hombres sobre la seriedad de los casos.

En el contexto universitario sería imposible  excluir de un día para otro a los hombres involucrados en el proceso de atención, revisión, investigación y sanción de casos la violencia de género. Es posible, sin embargo, comenzar por garantizar que los encargados en primera instancia de atender y guiar a la víctima en el proceso de denuncia sean funcionarias con perspectiva de género. Este punto, de hecho, ha sido reiterado en los comunicados de las alumnas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde solicitan que el personal de la Oficina Jurídica esté capacitado en perspectiva de género, además de  la creación de una Unidad de Género.25

La propuesta de generar unidades en cada facultad ha cobrado momentum. En varios conversatorios, comunicados y pliegos petitorios se reitera como una exigencia de los colectivos feministas. Sin embargo, no existe consenso en las facultades que deberían tener estas “unidades de género”. Un modelo que puede servir como referente son las oficinas “Title IX” que existen en cada universidad de Estados Unidos financiada con presupuesto público.26 Éstas no sólo previenen activamente la violencia y la discriminación de género a través de campañas de sensibilización y actividades culturales y académicas, sino que también se encargan de brindar asistencia legal y procesar las denuncias.

Para que las Unidades de Género sean efectivas, deben asumir ambos roles, prevención y procesamiento de la denuncia. De lo contrario, devienen casos ominosos como el de Facultad de Filosofía y Letras, donde se instauró la primera Unidad de Género. Ésta tenía el objetivo de “orientar, dar seguimiento y ayudar a interponer denuncias”,27 Al frente se nombró a la abogada Socorro Damian, especialista en temas de género. No obstante, Damian renunció a su cargo acusando de acoso laboral a las autoridades de la Facultad. En una carta pública, Damian relata como las atribuciones que tenía no se encontraban amparadas por la legislación universitaria.28 Por tanto, en la práctica, la Oficina Jurídica seguía procesando los casos. Según Damian, a pesar de estar al frente de la unidad de género, se encontraba incapacitada para evitar que la Oficina Jurídica actuara en contra del interés de las denunciantes y obstruyera la justicia para casos de violencia de género.29

El riesgo de tener Unidades de Género que trabajen de manera paralela a las oficinas jurídicas es el de tener un órgano con duplicidad de funciones y sin injerencia real en el proceso de denuncia. De retomar esta propuesta, la UNAM debe asegurarse que estas unidades dispongan de las atribuciones legales en materia de género que actualmente tienen las Oficinas Jurídicas. Atribuciones como levantar el acta de hechos, definir las medidas urgentes de protección, dar seguimiento al proceso de queja, realizar las investigaciones necesarias, acompañar a la víctima para denunciar al Ministerio Público si la gravedad del caso lo amerita. Aunado a ello, deberá asegurarse su suficiencia presupuestal, cuidar el perfil de las titulares y garantizar su autonomía, dejando su nombramiento fuera de las manos del director de Facultad.

Una oportunidad para escuchar

Hace unos días, la UNAM convocó a comunidad universitaria, “particularmente a las mujeres” a presentar propuestas para combatir la violencia de género. Es una señal que busca el entendimiento con los grupos feministas, los cuales hasta hoy mantienen en paro a varias escuelas de la universidad. Lo importante será que la autoridad sepa escuchar y que tenga voluntad para actuar. Muchas de las propuestas ya están ahí: en informes de la Comisión de Género del Consejo Universitario, en conclusiones de las mesas de discusión, en las entradas de blogs feministas, en los comunicados y pliegos petitorios de las asambleas separatistas. Hace falta asomarse a lo que se ha dicho para entender lo que las universitarias están proponiendo, lo que no está funcionando con el protocolo, lo que flaquea en la implementación. Hace falta tomarse en serio las propuestas y traducirlas en acciones concretas. Ahora que el rector Enrique Graue ha sido reelecto, la Universidad puede volver a lo realmente urgente: garantizar la seguridad de la comunidad y construir un ambiente libre de violencia.

 

José Luis Gallegos Quezada
Politólogo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estudiante de Maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Integrante de Acción Colectiva y Ateneo Nacional de la Juventud.

Karina Aurora Sánchez
Candidata a Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Integrante del Colegio Internacional de Graduados. Presidenta de la Red de Analistas y Evaluadores de Políticas Públicas.


1 De acuerdo con Mónica González Contró, Abogada General de la UNAM, entre agosto de 2003 y el mismo mes de 2016, la UNAM registró un total de 325 quejas por casos relacionados de violencia de género, aproximadamente 25 por año. Eréndira Aquino. Animal Político. 14 Sept 2018. “Denuncias por violencia de género en la UNAM aumentaron 11 veces en los últimos 2 años”.

2 De acuerdo con la Abogada General de la UNAM, del 2003 al 2016, la UNAM registró un total de 325 quejas por casos relacionados de violencia de género, aproximadamente 25 por año. Aquino, Eréndira (14 Sept, 2018). Animal Político. Denuncias por violencia de género en la UNAM aumentaron 11 veces en los últimos 2 años”.

3 Un relato importante que denuncia el encubrimiento de acosadores por autoridades lo ofrece Jocelyn García en “¿Qué pasa en la FFyL? Feminismo en la UNAM, una historia. Parte 2” Publicado en Oleaje el 9 de noviembre.

4 UNAM (Marzo 16, 2018). Boletín UNAM-DGCS-167bis. Ciudad Universitaria.

5 En su primera versión el protocolo señalaba “las partes deberán preservar la privacidad de la información personal en todas las etapas del procedimiento.” Bajo este principio, de acuerdo con declaraciones de algunas denunciantes, se les habría imputados casos de difamación. González, Esteban (Mayo 17, 2018). “Burocracia e impunidad: la violencia de género en la UNAM”. Plumas atómicas.

6 La primera versión del protocolo señalaba “Sólo se recibirán quejas relacionadas con violencia de género dentro de los doce meses posteriores a la comisión del acto reclamado” lo cual había obstaculizado a varias mujeres para que pudieran denunciar.

7 Sin autor. (Noviembre 30, 2016). “Conoce 33 formas en que el Protocolo de la UNAM viola los derechos humanos de las mujeres”. La que arde.

8 La primera versión del protocolo señalaba “Sólo se recibirán quejas relacionadas con violencia de género dentro de los doce meses posteriores a la comisión del acto reclamado” lo cual había detenido a varias mujeres a que pudieran denunciar.

9 Oficina de la Abogacía General (2019). “Informe sobre la implementación del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la UNAM. Informe Anual: Reporte del 9 de junio de 2018 al 7 de junio de 2019”, p. 19

10 González, Esteban (Mayo 17, 2018). Op. cit.

11 En su cláusula No. 23 el contrato colectivo del AAPAUNAM establece que “Cuando se considere que un trabajador académico ha incurrido en alguna falta, no deberá aplicarse sanción alguna, sino hasta que el titular de la dependencia respectiva o sus representantes autorizados […] lleve a cabo una investigación administrativa en días y horas hábiles.”

12 Redacción (Marzo 19, 2018)- “Protocolo de la UNAM para violencia de género, ‘un laberinto burocrático’: estudiantes; exigen cambiosAristegui Noticias.

13 El Estatuto General de la UNAM en su art. 99  señala también como integrantes del Tribunal al “abogado general” con voz y sin voto y a dos estudiantes para cuando el tribunal discute casos de alumnos.

14 Un dato interesante es que la Dra. Mónica González Contró es la tercera mujer en ocupar la titularidad de la Oficina de la Abogacía General, institución que de manera reciente modificó su anterior nombre: Oficina del ‘Abogado General’.

15 Académicas y Estudiantes de Posgrado de la UNAM contra la violencia de género (Marzo 17, 2018) “Pronunciamiento en contra del protocolo para la atención de casos de violencia de género”, retomado de la publicación en Change.Org.

16 Mesa de Atención en Asuntos de Género ( Noviembre 2018 ). “Sobre el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM”. Gaceta.

17 Comisión Especial de Equidad de Género del H. Consejo Universitario (Noviembre 2018). “Documento básico para el fortalecimiento de la política institucional de género de la UNAM”. Consejo Universitario.

18 Soriano, Javier (Febrero 22, 2019). “López Betancourt, nuevo presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, La Jornada.

19 Oficina de la Abogacía General (Junio, 2019). Op. cit. p.5

20 Las estimaciones fueron realizadas al identificar el sexo del titular de las 48 Oficinas Jurídicas en Facultades Institutos, Escuelas Preparatorias y Colegios de Ciencias y Humanidades, a través del directorio electrónico de la UNAM.

21 Las estimaciones fueron realizadas empleando el directorio electrónico de la UNAM.

22 Como Coordinador de la Unidad para Atención de Denuncias se encuentra el abogado Julián Nava Hernández. Su currículo vitae se encuentra en versión electrónica desde la página de la Oficina de la Abogacía Genera.

23 Un texto que resume adecuadamente algunos de  estos hallazgos es: “Representative bureaucracy: a typology of normative institutional strategies for the representation of women” de Karen Johnston Miller & Duncan McTavish,

24 Meier, KJ, Nicholson-Crotty, J, (2006). “Gender, representative bureaucracy, and law enforcement: The case of sexual assault”. Public Administration Review, 66, 6, p. 850–60

25 Comunicado del 10 de Noviembre de la Asamblea Separatista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

26 Catherine E. Lhamon (Abril 24, 2015). “Dear Colleague Letter on Title IX Coordinators”.

27 Correa, Raúl (Marzo 22, 2018). Gaceta.Filosofía, comprometida con la equidad de género”.

28 Comunicado atribuido a Socorro Damián Escobar en redes sociales (Noviembre 7, 2018).

29 Ibid.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.