En las últimas semanas, Morena escribió otro capítulo en su historia de concentración de poder y destrucción de las instituciones mexicanas: el partido del presidente López Obrador, junto con sus aliados, operó un fraude en el Poder Legislativo para imponer a una presidenta a modo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Para lograrlo, violaron nuestra Constitución, pisotearon la soberanía de una Cámara del Congreso y borraron a los representantes de aproximadamente 4,000,000 de personas en el Senado; además, la ahora “presidenta” de la CNDH, Rosario Piedra, tuvo que mentir y cometer, por lo menos, un delito federal para llegar al puesto.

Ilustración: Víctor Solís

Anatomía del fraude

No es la primera vez que Morena viola la Constitución y la Ley de la CNDH (LCNDH) para imponer a Rosario Piedra Ibarra—militante, dirigente y excandidata para diputada federal de ese partido—como presidenta de dicha Comisión.
El Senado votó tres veces la terna en la que participó la militante morenista, con exactamente los tres mismos candidatos. Con ello, los senadores violaron la Ley de la CNDH, ya que debieron haber formado dos nuevas ternas: una diferente cada vez que no alcanzaron la mayoría necesaria en una votación.1 Es decir, Rosario Piedra compitió en dos votaciones ilegales,2 que les quitaron la oportunidad a algunos de los otros 54 candidatos que buscaban el puesto.

Peor aún, Rosario Piedra nunca debió competir por el cargo. Para fortalecer la autonomía de la Comisión, la LCNDH prohíbe que los dirigentes de partidos políticos sean presidentes de dicho órgano autónomo, a menos que hayan renunciado un año antes.3 Sin embargo, hasta el 24 de octubre de este año,4 Piedra seguía apareciendo como parte del Consejo Nacional de Morena, órgano directivo del partido.

Para llegar al puesto, la morenista mintió: presentó un documento falso ante el Senado, en el cual declaró, bajo protesta de decir verdad, que no ha sido dirigente de partido en el último año, por lo que cometió el delito federal denominado “falsificación de documentos públicos”, el cual amerita de cuatro a ocho años de prisión. Además, cuando compareció ante el Senado, ocultó su dirigencia en el partido, lo cual podría constituir el delito de “declaraciones falsas ante autoridad”, que se castiga con cuatro a ocho años de cárcel.

Sumado a todas estas violaciones a la ley, mentiras y posibles delitos, un grupo de senadores ejecutó un fraude para imponer a su candidata. En la votación en la que, supuestamente, se eligió a Rosario Piedra, había 118 senadoras presentes, según el pase de lista del Senado. Con ese quórum, se necesitaban 79 votos para elegir una nueva presidenta de la CNDH.5 Ahora bien, a pesar de que sólo votaron 116 senadores—o sus representantes—, como se aprecia en la grabación del Canal del Congreso, todavía se necesitaban 79 votos: la Constitución es clara al establecer que se requieren dos tercios de los senadores presentes (118), y no de los que voten (116).6

Sin embargo, la Mesa Directiva hizo el conteo como si sólo hubieran estado 114 senadores presentes. Así, los morenistas lograron que los 76 votos que tenían fueran suficientes para designar a la presidenta de la CNDH, sin tener que alcanzar los 79 que en realidad requerían. En otras palabras, la Mesa Directiva borró arbitrariamente a cuatro legisladores en su conteo. Esto equivale a haber eliminado la representación en nuestra Cámara alta de 1.33 entidades federativas—cada una tiene tres senadores—o de más de cuatro millones de personas—por cada senador hay un promedio de un millón de habitantes—.

En nuestro orden constitucional, sigue sin haber una nueva presidenta de la CNDH. A Rosario Piedra no la eligió el Pleno de la Cámara de Senadores, único órgano facultado para ello; la impuso un grupo de senadores a través del fraude legislativo, que falseó e intentó sustituir la voluntad de su Pleno.

Ante todas esas irregularidades, el senador Ricardo Monreal anunció que se repetiría la elección. Sin embargo, cuando se sometió la decisión al Pleno—aunque no correspondía a este tomarla—, los senadores de Morena, junto con el PRI y otros aliados, votaron por no repetir la votación. ¿Por qué? Una hipótesis plausible es que el coordinador parlamentario, al darse cuenta de que no lograrían, por cuarta ocasión, los votos necesarios, decidió operar en contra de su propia propuesta.

Pero, ¿por qué la insistencia en poner a Rosario Piedra en la CNDH?

Silenciar a un vigilante

Capturar a la CNDH es una buena forma de silenciar a un vigilante, ocultar los abusos de poder y fortalecer las “verdades históricas” del gobierno.

La Comisión se encarga, entre otras cosas, de supervisar a la administración pública y su rendición de cuentas, investigar violaciones graves de derechos humanos y defender al pueblo a través de recomendaciones, denuncias y querellas.7 Idealmente, la “Defensoría del Pueblo” debería ser una figura incómoda para el gobierno, dedicada a señalar cada arbitrariedad, sacarla a la luz y acompañar a las personas que han sido víctimas de las autoridades.
Una CNDH morenista es todo lo contrario: una aliada de los poderosos. Una vigilante que no vigila, que no denuncia y que no defiende; en resumen, que no está del lado del pueblo. Y, aunque el funcionamiento pasado de la Comisión es criticable, en los últimos cinco años ha tenido una mejoría significativa. El establecimiento de una CNDH explícitamente partidista no implica el rompimiento con el pasado que este gobierno prometió: es, por el contrario, un grave retroceso.

Si ocurren graves violaciones de derechos humanos como Tlatlaya, Atenco o Ayotzinapa en este sexenio, la encargada de vigilarlo será una dirigente del partido involucrado. Sería como si un dirigente y excandidato a diputado federal del PRI hubiera sido el responsable de investigar y denunciar al gobierno de Enrique Peña Nieto, también priista, por esas atrocidades.

¿Podemos esperar una investigación imparcial e independiente de Rosario Piedra? ¿El descubrimiento de verdades incómodas que pongan en riesgo la estabilidad del actual gobierno? ¿El acompañamiento de víctimas para presentar denuncias penales y litigar en contra de la Guardia Nacional y el Ejecutivo de López Obrador, gran amigo de Piedra?  Lo dudo.

La muerte de un contrapeso

Con la captura de la CNDH, el gobierno de López Obrador podría haber eliminado a uno de los mayores contrapesos de su gobierno. Una de las principales funciones de este organismo autónomo consiste en combatir las leyes que sean violatorias de derechos humanos a través de acciones de inconstitucionalidad. Así, puede lograr que dichas normas enfrenten un control de constitucionalidad, y que, en última instancia, sean invalidadas.

En los últimos cinco años, la CNDH ha impugnado gran parte de las leyes arbitrarias del gobierno, tanto a nivel federal como local. Mientras que Raúl Plascencia Villanueva—presidente de la CNDH entre 2009 y 2014— promovió sólo 24 acciones, Luis Raúl González Pérez—presidente entre 2014 y 2019— promovió 220 acciones.

El último ombudsman de México combatió la Ley de Seguridad Interior, la “Ley Chayote”, la reforma a la Ley General de Salud que permite el uso discriminatorio de la “objeción de conciencia”, así como distintas leyes locales violatorias del derecho a la consulta indígena o que prohibían el matrimonio igualitario, entre muchas otras. Sólo en este sexenio, la Comisión ha impugnado las siguientes leyes o normas generales:

• Ley de Remuneraciones;
• Ley Nacional de Extinción de Dominio;
• Ley de la Guardia Nacional;
• Ley Nacional de Uso de la Fuerza Pública;
• Ley Nacional de Registro de Detenciones;
• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
• Ley Bonilla;
• Ley Garrote.

Sin embargo, con una presidenta morenista que controle a la CNDH, más el nombramiento que se viene de cinco de los diez consejeros que integran al Consejo de la Comisión—y que renunciaron en protesta contra el fraude—, el gobierno podría aprobar leyes arbitrarias que violen derechos humanos sin tener una ombudsperson que lo obligue a ir a juicio y enfrentar la Constitución. Así, el régimen de López Obrador avanza un paso más en la destrucción de sus contrapesos y, por lo tanto, de nuestro Estado de Derecho.

 

Miguel Alfonso Meza
Miembro del área de investigación y litigio de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.


1 La Ley de la CNDH dispone:
Artículo 10 Ter. El pleno del Senado o, en su caso, los integrantes de la Comisión Permanente deberán elegir al Presidente de la Comisión Nacional a más tardar diez días hábiles antes de que concluya el periodo del Presidente saliente.
Si no se reuniera la votación requerida para designar al Presidente, la comisión o comisiones correspondientes deberán presentar una nueva terna, tantas veces como sea necesario para alcanzar la votación requerida.
(…)”.

2 Esa decisión se basó en la convocatoria que emitió el Senado para elegir al nuevo presidente de la CNDH, la cual es ilegal, ya que viola el artículo citado anteriormente.

3Artículo 9o. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá reunir para su elección los siguientes requisitos:
(…)
IV.- No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación”.

4 Su pertenencia a la dirigencia de Morena puede consultarse, hasta el día de la publicación del presente escrito, en el siguiente vínculo, donde aparecen los dirigentes de partido que Morena y otros partidos informan al INE.

5 Nuestra Constitución General establece:
Artículo 102. (…)
B. (…)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución”.

6 Quienes sostienen que no hubo un fraude en el Senado argumentan que “es una práctica común que sólo se cuenten los votos de los senadores que votan” y, además, que dos de los votos depositados en la urna de votación no contenían una cédula, sino un papel en blanco.
Como cualquier jurista sabrá, es evidente que las prácticas de nuestras autoridades, incluso si constituyeran una costumbre—una práctica reiterada en el tiempo y sentida como socialmente obligatoria—no pueden derogar lo que establece nuestra Constitución—que, en este caso, es bastante clara: se necesita el voto de dos terceras partes de los senadores presentes—.
Así, suponiendo sin conceder que se hubieran depositado dos hojas en blanco, ese hecho no elimina la presencia, para efectos legales, de los 118 senadores o sus representantes. Más aún, si dos senadores—los que no votaron—o más hubieran abandonado el recinto, para efectos legales, aún deberían ser contabilizados como presentes, ya que registraron su asistencia a la sesión. El único caso en que podrían haberse considerado como ausentes por retirarse de la sesión sería en una votación nominal—no por cédula—, tal y como lo establece el artículo 60 del Reglamento del Senado de la República:
Artículo 60
1. Se considera inasistencia a una sesión cuando el senador no registra su asistencia conforme a lo señalado en el artículo 58 de este Reglamento. Asimismo, si no se encuentra presente durante las votaciones nominales”.

7 Artículo 6o. La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos;II.- Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:
a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal;
b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente en tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas;
III.- Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IV.- Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que se presenten respecto de las recomendaciones y acuerdos de los organismos de derechos humanos de las Entidades Federativas a que se refiere el citado artículo 102, apartado B, de la Constitución Política;
V.- Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que incurran los organismos de derechos humanos a que se refiere la fracción anterior, y por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de éstos por parte de las autoridades locales, en los términos señalados por esta ley;
VI.- Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita;
VII.- Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país;
VIII.- Proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a juicio de la Comisión Nacional redunden en una mejor protección de los derechos humanos;
IX.- Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional;
X.- Expedir su Reglamento Interno;
XI.- Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos;
XI Bis.- Presidir y garantizar el cumplimiento de las atribuciones conferidas al Mecanismo Nacional de Prevención, en términos de lo establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
XII.- Supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país mediante la elaboración de un diagnóstico anual sobre la situación que éstos guarden.
En dicho diagnóstico deberán incluirse, además de las evaluaciones que la Comisión pondere, datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de los homicidios, así como de las riñas, motines, desórdenes, abusos y quejas documentadas que sucedan en las prisiones, centros de detención y retención federales y locales.
El diagnóstico se hará del conocimiento de las dependencias federales y locales competentes en la materia para que éstas elaboren, considerando las opiniones de la Comisión, las políticas públicas tendientes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos;
XIII.- Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de derechos humanos;
XIV.- Proponer al Ejecutivo Federal, en los términos de la legislación aplicable, la suscripción de convenios o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos;
XIV Bis.- La observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres;
XV.- Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas, y
XVI.- Las demás que le otorgue la presente Ley y otros ordenamientos legales.

 

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