Es suficientemente conocido que entre los objetivos fundamentales que la revolución educativa se ha trazado, destaca la transferencia a los estados de los servicios de educación básica y normal que actualmente la federación controla, mediante una política de descentralización que vista globalmente forma parte de una estrategia central de la actual administración. No es necesario insistir en que ésta responde a un largo y continuado proceso de centralización que habiendo sido eficaz en momentos históricos clave trajo aparejados graves efectos negativos en prácticamente todas las zonas de la vida nacional. Tampoco es necesario repasar el cuadro de desigualdades políticas, económicas, sociales y culturales que prevalecen entre las distintas regiones de la geografía mexicana, que ha concentrado la riqueza y la toma de decisiones y que ha puesto en peligro severo el progreso social.
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